El PCR cumplió 53 años

El PCR de Mendoza realizó un brindis para celebrar los 53 años luchando por la revolución. El viernes 8 de enero, camaradas de distintos lugares se reunieron en el salón Kefren situado en la ciudad mendocina para celebrar la gran trayectoria de lucha en nuestra provincia.

El brindis se realizó con protocolo y sin superar una cantidad de personas ya que los casos de covid en la provincia están aumentando y es importante cuidarnos para poder estar para lo que se viene. El acto se transmitió en vivo por facebook, lo que permitió que quienes no pudieron asistir lo vieran en vivo, y que luego quede en las redes.

En el acto hablaron una compañera de los movimientos sociales, quienes tuvieron un rol importantísimo durante la pandemia al frente de comedores y merenderos enfrentando el hambre y la crisis sanitaria. La referente de la JCR quién destacó el rol de las y los jóvenes en las barriadas sosteniendo comedores y diferentes actividades, y también el rol en las facultades y en el movimiento de mujeres, resaltando el gran papel el día que logramos la IVE. También la responsable de la comisión de género habló e hizo referencia a la lucha enorme para lograr que la IVE se apruebe, recordó a las compañeras que marcaron el camino y nos dejaron mucho aprendizaje, pidió aplausos para recordar a la compañera Clelia Íscaro. Cerró el acto el secretario zonal quien inició recordando al camarada Otto Vargas, a sus aciertos y sus enseñanzas, y que somos el partido de Otto. El recorrido del año que realizó dejó traslucir la importancia de haber estado a la cabeza de la lucha en este 2020 tan difícil, pero del cual seguimos sacando aprendizaje. Y sobre todo de que debemos prepararnos para la ir a fondo en la lucha por la revolución.

Es necesario el estudio, debemos ser mas para los objetivos planteados, por ello, es necesario desplegar la campaña de afiliación al partido mas que nunca, ofrecer un puesto de lucha y ser protagonistas en las luchas que se avecinan.

Para cerrar se alzaron los vasos para brindar por este aniversario del querido PCR.

Salud a todas y todos los camaradas!!!

Mientras se congelan tarifas nacionales: Suárez castiga a las y los mendocinos con nuevos tarifazos

Mientras se congelan tarifas nacionales: Suárez castiga a las y los mendocinos con nuevos tarifazos y sigue con salarios de indigencia para trabajadores estatales.

En una semana, el gobierno de Suarez dio un nuevo golpe a los bolsillos de los mendocinos con tres aumentos muy significativos que afectan, principalmente, a los sectores mas golpeados por la crisis, desocupados, asalariados y pymes. El transporte de uso diario obligatorio para la mayoría de los trabajadores y desocupados, tendrá un incremento de casi el 39%, de $18 a $25. El agua y la electricidad, consumidos necesariamente por todos, con un mercado cautivo y con aumento de consumo por la pandemia, sufre un aumento del 30% para el primero (25% tarifa mas 5% para cubrir costos de obras) y 30% promedio para la segunda.

Mas allá de los argumentos dados por el gobierno y las empresas, son nuevamente los usuarios quienes deben pagar el costo del mal manejo y el mantenimiento de ganancias de las empresas privadas y estatales de servicios.

En los tres casos hay que destacar que los aumentos los decide el gobierno con el consenso ficticio que da el mecanismo de participación ciudadana a través de Audiencias Públicas, que no son vinculantes, se realizaron en forma virtual limitando la participación y en donde los Entes Reguladores, que deberían defender los derechos de los usuarios, parecen solo escribanías de lo que decide el Gobernador Suarez.

Estos aumentos se dan en el marco de haber atravesado un año muy difícil, debido a la crisis heredada del Macrismo-Cornejismo, agravada por la pandemia. No a todas las empresas de servicio les fue mal. La permanencia en los domicilios obligados por la pandemia, generó mayores consumos especialmente en gas, agua, electricidad, telefonía etc. Y a quienes si les fue mal es a los trabajadores asalariados, estatales sin aumentos y privados con aumentos que no recuperaron lo perdido. Les fue mal a los trabajadores informales, cuentapropistas, pequeños productores del campo y pymes que vieron dificultadas sus posibilidades de ingresos.

Pero todo esto no lo tiene en cuenta el Gobierno de Suarez, tan solo mira para un solo lado.

En el caso del transporte, que si ha sido un sector afectado por la pandemia al disminuir los kilómetros recorridos pero que siempre tuvo buenas ganancias, además del valor del boleto las empresas reciben un subsidio nacional de cerca de 100M$ y provincial de 800 M$. En este sector se encuentra la particularidad de que, según el decreto5/2021, a la STM, empresa mixta 51% estatal y 49% privado (creada luego del desguace y los despidos realizados por Cornejo sobre la ex EPTM) se le reconoce mayores costos, casi el doble promedio, por km que a las empresas privadas. (https://www.mdzol.com/politica/2021/1/6/se-fue-25-pesos-el-precio-del-boleto-de-colectivo-en-mendoza-130941.html). El sistema de pago por kilómetro recorrido y no por usuario transportado, no estimula la mejora del servicio y si asegura buenas ganancias a las empresas.

El aumento de la tarifa de agua, se da en una situación de mala prestación del servicio en muchas zonas, con una alta cantidad de reclamos, cerca de 12000 mensuales (https://www.aysam.com.ar/redactor_files/2/9bd04a82b0-audiencia-tarifa-2020-vf.pdf). En este caso el aumento del 25% se ve acrecentado por un 5% (que está habilitado a subir hasta el 20%) que deberá pagar cada usuario para financiamiento de obras. La tarifa de agua ya fue aumentada durante 2020 en plena pandemia en un 100%. Con este nuevo aumento la tarifa mínima pasará de $600 a $900. Sin embargo, dada la situación de esta sociedad anónima con mayoría estatal, al aumento se le suma la autorización de endeudamiento de la empresa.

La tarifa eléctrica, más compleja, se ve incrementada un 30% por el aumento del VAD (Valor Agregado de Distribución) que es el único que puede aumentar la provincia, con un valor calculado en base a la tarifa que debería haber tenido en octubre/20, por lo cual, si se descongela la tarifa de generación y transporte por parte de la Nación, podría haber nuevos aumentos.

EDEMSA con un porcentaje de participación del estado provincial y en manos del Grupo Vila-Manzano, cuyos negocios históricamente se han visto financiados por el estado, “está en crisis hace más de una década, es deudor crónico, tiene tensión con el Estado mendocino por los litigios cruzados y según la auditoría que se realizó hace algo más de un año había manejos irregulares”. A su vez la participación de ese grupo empresario (Andina PLC) está entrelazada y depende de empresas situadas en paraísos fiscales, con lo cual no se sabe quiénes son los beneficiarios finales de sus ganancias, ni donde se toman las decisiones que afectan al usuario de electricidad mendocino. (https://www.unidiversidad.com.ar/edemsa-parte-de-las-sociedades-offshore). Para completar el panorama, EDEMSA tiene una deuda mayor a sus activos con CAMMESA, la empresa mixta (privada 80% y estatal 20%), que administra el mercado eléctrico mayorista.

Como agregado muy “curioso”, en estos días el grupo Vila-Manzano-Filiberti acaba de adquirir al grupo Mindlin (Pampa Energía) la principal distribuidora eléctrica del país, EDENOR, que tiene un valor de mercado de 168 MD, por 95 MD en cuotas y que también se encuentra en una difícil situación financiera. (https://www.pagina12.com.ar/315707-las-claves-de-la-sorpresiva-venta-de-edenor) … Cuales son entonces, los verdaderos negocios en el área eléctrica?. Empresa en crisis pero dueños que se llenan los bolsillos y les permite comprar nuevas empresas con aumento de tarifas que pagan los usuarios.

En momentos en que el Gobierno Nacional prorroga el congelamiento de tarifas por 90 días en virtud de la crisis y contemplando la situación de los usuarios de menores ingresos, estas medidas confirman cual es la orientación de Suarez y a quién beneficia su gobierno. Quienes deben pagar la crisis, a criterio de Suarez, y quienes pueden seguir haciendo negocios y enriqueciéndose a costa de los bolsillos populares.

Este gobierno provincial, que no tiene vergüenza de extorsionar y dar aumentos paupérrimos a los estatales, que mantiene un sistema de salud que solo pudo atravesar esta parte de la pandemia por el gran esfuerzo laboral y económico de los trabajadores de salud, que no dio ayuda ni a la economía popular ni a las pymes, que se vanagloria de mantener cuentas claras mientras se vuelve a endeudar para pagar la deuda de su antecesor, tiene siempre como único recurso político para solucionar los desarreglos financieros y económicos, descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo para salvar a sus amigos para quienes gobierna: los grandes empresarios locales y extranjeros.

Es necesario investigar y dar a conocer el porqué de la situación económica de las empresas donde participa el estado provincial AySAM y EDEMSA. Que herencia dejó la privatización en el primer caso y en ambas cuales fueron las políticas que llevaron a la situación actual. Tampoco es imaginable que las empresas de transporte no hayan tenido ganancias importantes en estos años. A partir de eso, siendo servicios esenciales para la vida y el desarrollo productivo, analizar alternativas de estatización de electricidad y transporte (con lo cual se suprime el “costo” de la ganancia empresarial) el control por parte de trabajadores y usuarios para evitar el mal manejo y el diseño de una política de servicios con destino a mejores condiciones de vida e impulso de la producción local como objetivos centrales, en contraposición con el objetivo actual de ganancias de las empresas privadas.

Es Ley!!

La historia es nuestra y la hacemos en la calle, así las mujeres hemos conquistado cada derecho.

La plaza Independencia se tiñó otra vez de verde. A cada minuto llegaban pibas y pibas y la marea empezaba a apoderarse de este día que quedará grabado en la historia. La vigilia fue de fiesta, de unidad, de compartir, de respetar, de cuidarnos, de cantar, de reír, de abrazarnos, de bancar, de llorar, de recordar, porque juntas lo logramos. Es importantísimo el rol de las jóvenes que hizo que esta marea sea grande.

Desde muy temprano las compañeras de la Campaña por derecho al aborto legal seguro y gratuito fueron armando su gacebo, al igual que las compañeras del NUM y demás organizaciones. La JCR y PCR también estuvieron presentes con sus materiales de lectura, merchandising, canciones, juegos, maquillaje, para hacer de la vigilia un momento de lucha, de unidad y de afiliación.

La aprobación de la ley de la IVE Interrupción Voluntaria del Embarazo marca una página en la historia de conquistas y nos da energía para seguir la lucha por los que faltan.

Las que ya no están fueron faro en esta lucha, por ellas, por las que no sobrevivieron a la clandestinidad, por las no pudieron estar, por todas ellas, ya es Ley!!!
Terminamos el 2020 con un triunfo del reclamo histórico 💚

Hasta la victoria siempre camarada Oscar Monzón

Desde el Comité zonal de Mendoza hacemos llegar nuestro pésame a la familia y camaradas del PCR de Salta por el fallecimiento del camarada Oscar Monzón, miembro del Comité Central del PCR, Secretario del PCR en Salta y coordinador de la CCC provincial, tras sufrir un grave accidente automovilístico la noche del lunes 7 de diciembre pasado.

Hasta la victoria siempre compañero Oscar Monzón!

La marea verde tiñe a Mendoza

Hoy se está debatiendo en el congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y es un momento histórico para el movimiento de mujeres y el pueblo argentino en su conjunto. Con los Encuentros Nacionales de Mujeres y las grandes jornadas de lucha vamos por una nueva conquista.

Mendoza se tiñe de verde, luchamos contra la doble opresión y la violencia, que en este contexto de de pandemia se ha agravado. En todo el país estamos en la calle, en las plazas y en el Congreso luchando por la legalización del aborto. Ni mas ni menos que es la gran pelea por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

Los abortos se hacen en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Las que se mueren son principalmente las más pobres. Su consigna es: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Desde temprano la JCR-PCR y PTP están en la plaza independencia junto a las diferentes organizaciones de mujeres, a la campaña por el aborto legal seguro y gratuito y junto a las miles de la marea verde siguiendo el debate, alentando y haciendo fuerza, porque como todos los derechos conquistados, este también será gracias a la lucha.

Seguiremos el debate en la plaza, juntas, juntos, juntes, porque sabemos que la lucha en las calles ya la hemos ganado, vamos por la ley.

Presupuesto Mendoza 2021

Los números desnudan la orientación política del Gobierno de Mendoza: no recaudar por arriba, ajustar por abajo y endeudar la provincia
Por Carmelo Cortese (*)

  1. Debates sobre los objetivos de la política económica y el presupuesto estatal
    El debate sobre el presupuesto 2021 de Mendoza fue presentado ante la opinión pública como una discusión técnica imposible de comprender para los ciudadanos comunes. O como una comedia de enredos y mezquindades políticas entre oficialismo y oposición. El gobierno culpaba a la oposición: “Si no me dan roll over y nuevo endeudamiento, habrá ajuste”. El martes 17 de noviembre ambos bloques acordaron finalmente en la Cámara de Senadores un nuevo endeudamiento y se aprobó el presupuesto en Diputados. ¿Evitará el ajuste? ¿Resolverá la desocupación y la pobreza? ¿Es para aliviar la crisis económica, social y sanitaria?
    El mismo día, la mayoría oficialista aprobó la “ley Difonso” que castiga a los más pobres entre los pobres: aquellos que, al no tener nada de nada, desesperados toman un pedazo de tierra para vivir, no tendrán ni la más mísera ayuda estatal. Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza consideran que son parásitos, y les concede una típica libertad capitalista, la de morir de hambre. En el Congreso Nacional utilizaron esos argumentos de la “libertad”, la “defensa de la propiedad privada” y el “estímulo a las inversiones” para oponerse al Aporte Solidario de Emergencia; protegiendo así a un puñado concentrado de grandes propietarios de latifundios, bancos, grupos monopólicos industriales, comerciales y exportadores, que han acumulado gigantescos patrimonios. Se defiende la libertad de especular, de fugar capitales a paraísos fiscales, de evadir impuestos, de estafar a la banca pública, de superexplotar a los trabajadores y asfixiar a las pymes del campo y la ciudad.
    Mientras en la Legislatura Provincial y en el Congreso Nacional se daban estos debates, el día jueves 12 de noviembre se abatió una tormenta sobre el Gran Mendoza. Las zonas anegadas y los hogares afectados no fueron efectos inesperados, sino la consecuencia lógica de una desidia estructural del poder económico y político que permitió arrasar con la protección natural del piedemonte al construir sobre terrenos aluvionales. Hubo pérdidas materiales y humanas producto de la falta de obras adecuadas para contener o escurrir las fuertes correntadas.
    No es la tormenta en sí misma, sino las decisiones políticas-económicas anteriores que, por ejemplo en Las Heras, destinaron 120 millones de pesos a refaccionar por segunda vez en 5 años la Plaza Departamental. El médico-intendente Orozco parece desconocer los problemas acuciantes de la emergencia sanitaria y alimentaria de su departamento. Y tanto él, como la ministra de Salud, necesitaron que las imágenes de TV viralizaran el deplorable estado, ya conocido por la población, en que se encuentra el Hospital Gailhac, para prometer ocuparse del mismo.
    El Gobierno de Cambia Mendoza, entre 2015 y 2019, gastó muchos cientos de millones de pesos en obras muy vistosas: los parques San Martin y O’Higgins, las plazas España y San Martín; las calles Arístides Villanueva, Peltier y Pedro Molina; la Terminal y la Costanera;… Tal vez no inútiles, pero tampoco imprescindibles o prioritarias en una provincia que a fines de 2019 producía menos que en 2010, tenía 70.000 desocupados abiertos, 42% de pobreza, 50% de asalariados y trabajadores independientes informales, y un déficit habitacional cercano a las 100 mil viviendas. Esa situación es previa a la pandemia, la cual vino a agravar todo. Y si bien las causas estructurales vienen de largo tiempo atrás, todo empeoró con las políticas de Macri y Cornejo.
    Planteamos de este modo el tema como una forma pedagógica de entender el presupuesto provincial. Para que los tecnicismos no oculten los temas de fondo. Existe un mito muy difundido sobre que los “liberales” cuidan los dineros estatales y los “populistas” lo despilfarran. Lo real es que los gobiernos de cualquier signo administran los fondos públicos, decidiendo cuánto recaudar, a quienes cobrar más impuestos y a quienes menos, y cuánto y en qué gastar. Nos inducen a creer que los “populistas”, o la izquierda, gastan en parásitos, choripanes y planes. Pero ocultan la sangría del endeudamiento público y la especulación financiera. Disimulan los costos de la corrupción de grandes empresas como Vicentín. En Mendoza silencian el proceso de la multimillonaria licitación de Portezuelo del Viento, armada a medida de la UTE Malal Hue (única oferente), con la intervención decisiva de un funcionario que (casualmente) fue ejecutivo de una de las empresas beneficiadas. Los gobiernos autoproclamados liberales como los de Cornejo-Suárez, con el disfraz del “mendocinismo”, deciden gastar 1.000 millones de dólares en una sola megaobra antes que en decenas de obras urgentes, que tendrían resultados económico-sociales inmediatos para reactivar la producción, el empleo y mejorar la infraestructura social básica ¿Se beneficia Mendoza o es un jugoso negocio para la gran empresa china Synohidro?
    Las decisiones técnicas sobre el presupuesto no pueden ocultar las orientaciones socio-políticas que guían su tratamiento. El presupuesto pone números, técnica financiera contable, mecanismos de recaudación, gastos y financiamiento, a las decisiones sobre qué políticas públicas ejecutar. De fondo, la política económica fija fines y objetivos, escoge instrumentos y adopta medidas para resolver ¿qué y cómo producir y distribuir? ¿Qué modelo de desarrollo para la acumulación de cuáles sectores sociales? ¿Quiénes enriquecen y quienes empobrecen? La dimensión del “gasto público” no es el problema central ni la causa de los males (como argumenta el macri-cornejismo), sino su composición y direccionamiento. El gobernador Suárez se niega a cobrar impuestos extraordinarios de emergencia a los sectores más concentrados de la economía, pero congela el salario y posterga el aguinaldo de los trabajadores públicos: es una decisión política de proteger al 0,1% de la población, manteniendo en la pobreza a 800.000 habitantes.
    Partimos de conceptos y definiciones simples. La vivienda y el hábitat, el agua y la electricidad, la salud y la educación no son mercancías para el lucro de empresas privadas sino derechos sociales. Por eso es justo destinar el trabajo social excedente a la infraestructura social básica, al sistema de salud y educación, antes que a la construcción de hermosos paraísos privados y cerrados que incluso acaparan la escasa agua disponible, en medio del desierto mendocino. Así evitaremos que una tormenta sea una tragedia para muchos.
  2. Un examen de los números
    Los últimos presupuestos del estado mendocino deben contextualizarse en el escenario económico-social de pronunciado estancamiento productivo y retroceso del producto por habitante, agravado por la desigualdad distributiva, pérdida de empleo y calidad laboral, e incremento de la pobreza. La planificación fiscal provincial está atada a previsiones macroeconómicas nacionales, de incierto cumplimiento como el valor del dólar y el crecimiento del PBI. Y al propio desempeño económico provincial, trabado por el rumbo de ajuste impuesto por los gobiernos de Cambia Mendoza.
    Los problemas, carencias y déficits estructurales no deben buscarse simplistamente en temas recurrentes como “no nos dejan hacer minería”, sino en el despliegue impuesto desde mediados de los años 80 de un modelo de “modernización productiva” desigual, concentrada y reaccionaria. En el marco de una Argentina dependiente y disputada por varias potencias se produjo una penetración acentuada de capitales extranjeros que aprovecharon condiciones de privilegio para ocupar porciones cautivas de mercado (servicios públicos) y concentrar aún más la propiedad, producción e ingresos en sectores rentables. El poder estatal no estuvo ausente, más bien impulsó los cambios regresivos (privatización de Giol, OSM, EMSE, bancos de Mendoza y Previsión Social). Un éxito para un puñado de grupos que acumularon riquezas a costa del deterioro productivo, la desaparición de pequeños productores, industriales y comerciantes; la superexplotación obrera y la precariedad laboral; el endeudamiento provincial.
    La obsesión gubernamental por el “ordenamiento de las cuentas públicas” oculta la despreocupación por la suerte de las mayorías populares, las que necesitan un presupuesto promotor de un desarrollo provincial sustentable, armónico e integrador del territorio, cuidadoso de los bienes comunes, para lo cual deben afrontar problemas de fondo (comunes a todas las provincias): el sistema impositivo regresivo e ineficiente, el régimen de coparticipación federal, el sistema de regalías hidrocarburíferas.
    El gobierno provincial ha señalado que “prevé recuperar el equilibrio de las cuentas públicas…sin la creación repentina de impuestos junto a esquemas insostenibles de gasto público”. Dos comentarios al respecto:
  3. Si bien es cierto que cualquier presupuesto (desde los familiares hasta los públicos) deben tender al equilibrio, este se ajusta según las necesidades y los objetivos. Cuando los recursos son escasos se agudiza la puja por su apropiación y distribución, pero ¿es así realmente? El sistema impositivo es regresivo: pagan proporcionalmente más quienes menos tienen. No hay razón para disminuir los ingresos, ya que hay suficiente espacio para una recaudación más eficiente y equitativa. Y ocupar esa recaudación en la inversión social imprescindible: vivienda, hábitat, educación y salud, políticas de género, niñez, adultos mayores, discapacidad.
  4. Pese a la mencionada orientación de “consolidación fiscal” y a los recortes reales del gasto público, éste NO ES UN PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO como mienten Suarez y sus funcionarios. Los fríos números indican que necesita financiamiento por $ 20.000 millones.
    A continuación haremos algunos comentarios sobre el Presupuesto aprobado, realizando una comparación con el presupuesto del año 2019, último del gobierno de Cornejo. Para estimar las diferencias reales entre ambos hemos tomado el IPC Mendoza acumulado para el año 2019 (53,8%) y la estimación para el año 2021 (29%)(1). Se trata de un cálculo de mínima, ya que la depreciación entre puntas del periodo considerado puede ser mayor; y además la crisis integral del año 2020 haría suponer un esfuerzo mayor del estado provincial en términos de gastos sociales.
    Cuadro 1: Análisis comparativo de los presupuestos Mendoza 2019 y 2021. Diferencias nominales y reales
Fuente: Elaboración propia en base a https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/proyecto-de-presupuesto-2021/ ; https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/presupuesto-2019/; http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/repositorio-de-novedades/precios-al-consumidor-octubre-2020-297.

(1) Los criterios metodológicos pueden discutirse y adoptarse otros, arrojando algunas diferencias cuantitativas; sin embargo los resultados cualitativos a los que hemos arribado coinciden con las conclusiones del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (Análisis del Presupuesto 2021, disponible en www.ciecmza.org ); y con estimaciones del colectivo Ni Una Menos, que han circulado en las redes sociales.

Los recursos y las erogaciones corrientes arrojan un Resultado Económico positivo de alrededor de $ 4.400 millones. Pero disminuyen en términos reales, respecto a 2019, en 12, 10 y 60% respectivamente. ¿Se puede conducir un crecimiento económico con tanto retroceso?
En los recursos corrientes tienen mayor peso los de origen nacional, que crecieron un 3% real, pasando de representar el 44,3% al 52%. En tanto los de origen provincial disminuyen en 24%, reduciendo su participación del 55,7% al 48%. Este dato desnuda la falacia de la campaña del gobierno provincial contra el gobierno nacional, acusándolo por la escasez de fondos; y demuestra la falsa capacidad de “independencia” de Mendoza. El rubro Coparticipación federal + Financiamiento educativo (90% de los aportes nacionales) crecerá en 2021 un 17% en valores reales.
En la composición de los recursos corrientes de origen provincial, los tributarios caerán 14,5%, pero su incidencia crece del 50,7% al 57,2%. El impuesto a los Ingresos Brutos es el rubro más importante (casi 77% del total de los ingresos tributarios) y caerá 10,5% respecto a 2019. Si bien es cierto que la recesión económica, proveniente de la gestión Macri-Cornejo, hoy agravada por la pandemia, explica parte de la caída de estos ingresos, ésta se podría amortiguar incrementando progresivamente impuestos a los grupos concentrados que dominan actividades como la vitivinicultura, los hiper y supermercados, el sector financiero, el de comunicaciones, etc. Se trata de grandes conglomerados empresarios que no han disminuido su actividad ni sus ganancias, y podrían pagar al menos un aporte extraordinario mientras dure la emergencia.
Los ingresos no tributarios caerán 34,1% en términos reales; representan el 42,8% de los recursos provinciales (en el 2019 fueron el 49,3%). El rubro que muestra la mayor caída es el de las regalías, 56% en valores reales. Aquí también la pandemia suena más a justificación que a argumento real. La política petrolera provincial no ha resuelto ni el tema productivo (incrementar la producción petrolera) ni el fiscal (incrementar la recaudación de regalías). Un decreto del anterior gobernador Cornejo había reducido regalías en las concesiones para fracking en el sur mendocino, argumentando que así aumentaría la producción y la recaudación.
Las erogaciones corrientes disminuyen 10% en valores reales. Esto es muy preocupante ya que 2019 había sido un año negativo en producción, empleo, pobreza, y otros indicadores. Se supone que la pandemia obliga a aumentar todo tipo de gastos, pero la perspectiva para el año próximo es un descenso. Al desagregar las partidas observamos:
– El único rubro que se incremente es el de las transferencias a municipios y otros (4,3%). Aunque el valor no es significativo y el aumento nominal expresa apenas el mantenimiento de los fondos acorde al IPC. Seguramente esto se relaciona con las negociaciones implícitas en el presupuesto, destinadas a buscar el apoyo de intendentes propios y opositores.
– Los intereses y gastos de la deuda ascienden a 8.231 millones de pesos, una baja real del 44% respecto al 2019, reduciendo su incidencia en los gastos corrientes del 5,9% al 3,6%. Esto se explica por la negativa al “roll over” y por el incremento en los vencimientos de capital (amortización de la deuda) en el presupuesto 2020. Recordemos que los intereses de la deuda se computan en los gastos corrientes, y los vencimientos de capital “debajo” del Resultado Financiero(2).
– La partida “Personal” representa el 49,6% del total, frente al 50,9% de 2020; y cae 9,6% respecto 2019. La comparación de las plantas de personal 2021 versus 2019 muestra una caída de 0,6% en la permanente y del 9,8% en la temporaria. Es decir que los empleados públicos esenciales en la situación de crisis sanitaria, económica y social pagarán los costos de la misma con baja del salario real o pérdida de puestos laborales.
Los movimientos de capital y su resultado parcial negativo de $ 14.000 millones exhiben los desequilibrios del presupuesto provincial, expresión de los problemas económicos estructurales. Para el año 2021 la Nación transferirá U$S 232,8 millones (son $ 23.838 millones y 92% del total de recursos de capital), correspondientes a las Letras del Tesoro Nacional emitidas para Portezuelo del Viento. Las erogaciones de capital incluyen los Trabajos Públicos por unos $ 12.000 millones, sin financiamiento genuino, e implícitamente atados a la renegociación de los vencimientos de capital de la deuda pública.
La diferencia entre el total de los ingresos y los egresos es el Resultado Financiero negativo de $ 9.971 millones, incrementado en 128%. Este agujero se planea cubrir con dos fuentes:
a) Remanente de ejercicios anteriores por unos $2.000 millones, que provienen del “ahorro” que la administración ha realizado en este severo año 2020 sobre salarios de los empleados públicos, y retaceando recursos al sistema sanitario, como reveló dramáticamente el caso del Gailhac.
b) Nuevo endeudamiento por cerca de $ 8.000 millones, solicitado en el artículo 4° del presupuesto (necesidades de financiamiento neto).
2.1. El cáncer de gobernar con deuda
La deuda provincial no solo implica los pagos anuales de intereses y gastos (incluidos en las erogaciones corrientes), sino también los vencimientos de capital (art. 5: amortización y ajuste de la deuda consolidada). Para 2021 deben afrontarse unos $11.800 millones, para lo cual el art. 38 autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito. Y ese es todo el secreto del “roll over”: tomar nueva deuda para cancelar vieja deuda. Un verdadero collar de eterna dependencia.
A esto se suma la aprobación para tomar créditos por hasta 160 millones de dólares (art. 40) destinados a un plan de inversión pública (anexo 1 del artículo 62), un listado sin prioridades y sin estimaciones del costo individual, por lo cual no hay certeza de cuáles y cuántas podrán efectivamente ser planificadas, financiadas y licitadas.
Por lo tanto, el costo real del supuesto “ordenamiento fiscal” realizado en los 4 años anteriores de Cambia Mendoza son 20.000 millones de pesos (vencimientos de capital e intereses) imposibles de afrontar, para lo cual se toma más deuda.

(2) Obsérvese que como contrapartida al descenso de los intereses, la amortización de la deuda consolidada crece casi 61%. Es decir que el gobierno escoge una u otra cuerda para ahorcar las finanzas provinciales.

Fuente: Elaboración propia en base a datos https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/deudapublica/

Es importante tomar en cuenta no solo la magnitud de la deuda(3), sino también su composición según acreedor y moneda. La deuda total consolidada a fines de 2015 (Gobierno Francisco Pérez del PJ) era de 1.119 MD, y creció a 1.220 MD (un 9%) a fines de 2019 (gobierno Alfredo Cornejo de Cambia Mendoza). En los primeros nueve meses del 2020 disminuye respecto a ésta última en 5,7%. Sin embargo el cambio cualitativo es el más importante y gravoso para las finanzas provinciales. Las deudas con el Gobierno Federal y el Banco Nación representaban el 56,6% a fines de 2019 y descienden al 32,7% y 31% en 2019 y 2020 respectivamente. La contrapartida es el aumento del endeudamiento con los Tenedores de Bonos, que crece del 18,1% al 50,6% y al 52 % en las fechas indicadas.

(3)La deuda pública se contabiliza en dólares, por lo cual su aumento o disminución se ve influido por el tipo de cambio al final del periodo. Si el tipo de cambio aumenta, disminuye el valor total de la deuda contraída en pesos, y se vuelve más onerosa la parte contraída en moneda extranjera. De diciembre 2019 a setiembre 2020, se incrementó el tipo de cambio nominal de $59,89 a $76,17 por dólar, impactando en la disminución del monto total de la deuda.

Cornejo emitió en 2016 los bonos Mendoza 24 y Cárcel 24 por 530 millones de dólares. Ese es la causa principal del incremento de la deuda nominada en dólares, que pasó de representar el 41 % en 2015, al 63% en 2019. Y ocasionó el default de mayo de 2020, cuando el Gobierno de Suárez, ante la imposibilidad de pagar los intereses del Bono, se vio obligado a una renegociación y emisión del Bono Mendoza 2029 por 530 millones de dólares(4).
Esa renegociación impactó en el perfil inmediato de vencimientos. Al finalizar 2019, debían afrontarse $ 14.704 millones para el 2020; ahora, al 30/09/20, los vencimientos para 2021 son $ 13.800 millones. Un alivio poco significativo en el corto plazo a costa de estirar el endeudamiento. El resultado final consiste en vivir endeudados, ocupando una parte de los ingresos en pagar intereses y gastos de la deuda, mientras el stock total se mantiene constante o crece. Las explicaciones “sensatas y racionales” del “roll over” apelan hipócritamente a las necesidades de los y las mendocinas, pero son funcionales al capital financiero que vive del endeudamiento perpetuo de los estados nacionales y provinciales.
En síntesis: el presupuesto 2021 se cubrirá con un endeudamiento total, entre renegociación y nuevos créditos (art. 4, 38 y 40) de alrededor de 36.000 millones de pesos, equivalentes a unos 360 millones de dólares. De concretarse significarían como mínimo un incremento del 20% sobre el stock de deuda consolidada, y un aumento en dólares, a lo que debe agregarse el peso de los intereses correspondientes en los presupuestos venideros.
2.2. La reducción del gasto público

(4)No hubo quita de capital; la disminución de los intereses del 8,38 al 5,04% resulta escasa respecto a los valores mundiales actuales; y el estiramiento de plazos significa una hipoteca provincial de 777 millones de dólares (amortización más intereses pagaderos desde este 2020 hasta 2029).

Para estimar adecuadamente el rumbo del gobierno provincial en materia de prioridades en el gasto público, hemos comparado algunos ítems significativos de las planillas del gasto provincial. A simple vista se constata la disminución en términos reales en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en la DGE, el Ministerio de Seguridad y en el Poder Judicial.
En todos los casos seleccionados las partidas de personal disminuyen entre 8,9 y 13,5%. También los presupuestos de hospitales, ejemplificados con el Central (cae casi 5%), el Pediátrico Notti (menos 7%) y el Gailhac (reduce 20%).
Una muestra de insensibilidad social son las reducciones aplicadas a las principales Direcciones que atienden los sectores más desprotegidos y vulnerados de la población. Los dirigentes de Cambia Mendoza se han opuesto públicamente a cobrar un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, y se ensañan con niños, niñas y adolescentes, mujeres y diversidad, discapacidad, adultos mayores. En el cuadro resaltamos en color celeste las Direcciones, cuyas partidas se reducen entre el 10 y el 35%.
Por último comparamos dos ítems del plan de Obras Públicas (https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/25/2020/09/7-3.pdf): a) El Polo Judicial Penal más los complejos penitenciarios Almafuerte II y Luján de Cuyo suman $ 1.390 Millones; b) la Subsecretaría de Infraestructura Escolar se lleva $ 1.193 millones para mantener y conservar los edificios educativos, es decir 200 millones menos. Una apuesta ideológico-política por castigar y encarcelar a la población, por encima de la declamada “prioridad en la calidad educativa”. Ideología meritocrática que desprecia a una parte de la población como “in-educable”, reservada al trabajo informal, precario y marginal, cuyo destino final es la indigencia o la cárcel si busca otros caminos para salir de la miseria.

Reflexiones finales
La defensa mediática de cierto periodismo (¿militantes?, ¿rentados?) que incluyó feroces ataques a docentes y sindicatos no alcanza para disimular que simplemente “el rey está desnudo”. La provincia tiene una inflación acumulada del 26%, una interanual de 36,7%, y el año va a terminar superando el 30%. Frente a eso los docentes, el personal de salud, los estatales en general, continuaron trabajando, presencial o virtualmente, y no tuvieron ni paritarias ni arreglos salariales. El Gobierno adelanta que no habrá recomposiciones ni aumentos, que el aguinaldo será postergado.
Durante la pandemia hubo ahorros al no abrir las escuelas. Pero no se utilizaron para arreglar las escuelas pensando en la vuelta a las clases presenciales. Cualquier madre o padre de los barrios populares conoce la infraestructura y condiciones de las escuelas de sus hijos: hay mucho que poner en puertas, ventanas, techos, bancos, calefacción, ventilación, cocinas, agua, baños y cloacas,… Y al regresar a las aulas habrá que añadir lavandina, alcohol, elementos de protección personal. La situación en el área de Salud es más patética aún, con manifiesta desatención hacia quienes pusieron el cuerpo en la primera línea de batalla contra la pandemia. En todo este periodo, el Gobierno no vaciló en reprimir los reclamos laborales a la vez que alentaba las manifestaciones anti-cuarentena.
La conducta presente del Gobierno frente a las necesidades y reclamos populares, y el análisis cuantitativo y cualitativo del presupuesto 2021, nos demuestran que se financia con ajuste y endeudamiento. El presupuesto aprobado asegura tranquilidad a los “concentrados” de siempre; sólo “sangre, sudor y lágrimas” para las mayorías populares; y un mayor endeudamiento para la provincia en su conjunto, que se pagará con nuevos ajustes.
El pueblo mendocino ha acumulado una larga experiencia en décadas de lucha. Hace casi un año, cuando en la Legislatura hubo acuerdos que atacaron los bienes comunes y derechos sociales, tronó el escarmiento popular en las calles y pueblos de toda la provincia. El camino popular debe ser el de la unidad, la organización y la lucha de los movimientos sociales, los sindicatos, las diferentes representaciones barriales, estudiantiles, campesinas, y las agrupaciones políticas, para motorizar un camino inverso al tomado: investigar la deuda, recaudar cobrando a los que amasaron riquezas en estos años, y atender las demandas de la emergencia sanitaria, económica y social.
Mendoza, noviembre 2020
(*) Sociólogo. Profesor Consulto UNCuyo. Integrante Junta Provincial PTP

REPUDIO TOTAL A LA MEDIA SANCIÓN DE LA LEY DIFONSO, QUE CASTIGA LA POBREZA Y LA FALTA DE VIVIENDA.

Esta Ley dejaría sin acceso a la ayuda social y medios de subsistencia, a quienes tampoco tienen vivienda.

Desde el Partido del Trabajo y del Pueblo Mendoza, en el Frente de TODOS, repudiamos la Ley Difonso, que en lugar de legislar para solucionar el problema del derecho humano a una vivienda digna, Difonso y Cambiemos persiguen, reprimen y castigan a los más necesitados.

Esta Ley dejaría sin acceso a la ayuda social y medios de subsistencia, a quienes tampoco tienen vivienda. Representa un nuevo castigo a la pobreza y coincide con la línea impulsada desde el gobierno provincial del ex Gobernador Cornejo y el actual R. Suárez.

Resulta muy contradictorio que un legislador conocido por su defensa del derecho al ambiente sano y el agua pura, impulse este proyecto que en lugar de intentar solucionar otro derecho humano como es el acceso a una vivienda digna, castiga aún más a los que tienen vulnerados ese y otros derechos (alimentación, salud, educación) cuando buscan soluciones, al modo que pueden llevados por la extrema necesidad, frente al drama de no tener vivienda.

Es un grave error. El legislador debería preocuparse por buscar vías de solución al problema planteado, de falta de vivienda y ocupación de terrenos sin uso, antes que castigar.

Este proyecto es otro avance represivo de un gobierno que ha plasmado un estilo de persecución, multa, procesamiento y violencia policial contra todo aquel que reclama por un legítimo derecho. Asi ha pasado con reclamos gremiales y sociales y también (NO DEBE OLVIDARSE DIFONSO), cuando salimos, miles y miles de mendocinos a defender la ley 7722 de la cual Difonso no solo es defensor sino que es coautor.

Repudiamos la media sanción y llamamos a la cordura a los Srs. Senadores, para que rechacen el proyecto y no legalicen esta nueva agresión contra los que menos tienen.

Junta Provincial del Partido del Trabajo y del Pueblo Mendoza

GRAVE SITUACIÓN EN MENDOZA: Crónica de un final anunciado

«Estoy viviendo en carne propia lo que ha sido esta enfermedad, hasta el día de hoy estoy aislado. Estamos viendo el tsunami venir, hay que prepararnos. El virus nos está golpeando la puerta de la casa para entrar, no hay que dejar que entre. Sabíamos que la etapa más cruel sería para principios de septiembre, este mes puede ser el de los máximos contagios» (Diego Irigo, Director del Hospital Carrillo, en MDZ Radio, 3/9).

Mendoza superó ayer los 10.000 contagiados de Covid-19, una barrera que parecía inalcanzable hace apenas dos meses y que se precipitó por la explosión de julio y sobre todo agosto. Setiembre no trae buenas noticias, al contrario: ayer se detectaron 533 nuevos casos y en apenas cinco días ya acumula 2.775, más que los registrados hasta hace un mes y 27% de los 10.182 confirmados desde el 21 de marzo (Los Andes, 6 /9).

«En hospital Central, Lagomaggiore y El Carmen, la ocupación es de 100% más pacientes intubados en guardia. En otras palabras, el sistema de salud está absolutamente colapsado» (Mariano Antonio, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central, MDZ, 7/9).

Hasta hace una semana los medios de comunicación pintaban otra realidad. Pero, quienes estamos ligados a los trabajadores y los sectores populares, manejábamos otros datos y estábamos seriamente preocupados. Por ejemplo, en el Hospital Central solo se había testeado a una parte del personal en julio. Quienes tenían síntomas leves y medios, o eran sospechosos, se enviaban a su casa para aislamiento, sin testeos. El seguimiento y control de los enfermos era deficiente.

Uno de los testimonios recibidos: “Toda una familia en Las Heras se enfermó, les hicieron PCR y están en su casa sin monitoreo, no los llamaron nunca…, es más, el jefe de hogar no sabe cómo hacer para volver a trabajar porque no tiene quien le dé el alta.”

Otro de una trabajadora de la salud: “- Hola V. ¿cómo estás?, ¿trabajando? – Sí, está saturado, no se descansa trabajando todos los días con doble laburo. A los casos leves y medios los mandan a su casa porque no hay lugar y te atiende como el traste. – ¿y se cumplen los protocolos? – Nooo, trabajamos todos los días, sólo se descansa un día a la semana o dos, nada más. A mí nunca me hicieron el control, sólo barbijos usamos”.

Otra situación comentada por una empleada: “El shopping funcionando, hay muchos contagios, cuando aparece un caso lo mandan a su casa, desinfectan el local y al otro día los demás siguen trabajando”.

Esto sin entrar a detallar la situación desesperante de los comedores y merenderos sostenidos con un inmenso sacrificio de las organizaciones sociales, y en algunos casos cerrados por contagios, y en general sin ayuda estatal (salvo honrosas excepciones).

Durante agosto comenzaron a encenderse alarmas. El Gobernador Suárez manifestó algunas preocupaciones por la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva del orden del 75-80%. Sin embargo la orientación general del gobierno provincial, obediente a la estrategia política macri-cornejista, priorizó otras cuestiones y desestimó las recomendaciones científicas.

La curva de contagios y el estado crítico del sistema hospitalario comenzaron a hacerse evidentes hacia fines de agosto y en la primera semana de setiembre prácticamente colapsó. La situación es compleja y grave para todos, pero en especial para los sectores populares. Recordemos que ya a fines del año pasado la pobreza golpeaba al 42% de la población y al 50% de niños y adolescentes.

Lejos de las falsas sensaciones de “equilibrio entre salud y economía” emitidas desde el gobierno y replicadas hasta el cansancio por la mayoría de los medios (alineados por convicción ideológica, o estimulados por la pauta oficial), estos viraron el discurso durante la última semana y comenzaron a exigir responsabilidad a los ciudadanos mendocinos. De incitarlos a recorrer shoppings; a consumir en negocios, restaurantes y bares; de indicar destinos de turismo interno y apoyar aperturas; pasaron a sugerir “mejor quedarse en casa”; amenazar con “volver a fase 1”, etc. Durante todo este tiempo ocultaron prolijamente los reclamos justos de municipales, docentes y personal de salud; mientras difundían las marchas anticuarentena, y publicitaban el reclamo de funcionamiento de “los hoteles alojamientos, pero con protocolo”.

De una supuesta unidad nacional para enfrentar el coronavirus, que pareció predominar hacia fines de marzo y abril, se pasó a una durísima campaña mediática contra la cuarentena, llegando a difundir falsas noticias de todo tipo. Desde “Juntos por el Cambio” se comenzó a hacer responsable al gobierno nacional de usar la enfermedad de excusa para recortar libertades, de no atender la economía e incrementar la pobreza.

Con razón el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo el pasado jueves 3/9 que “ Cornejo no ha planteado nunca una alternativa» a las políticas que critica, y que «la politiquería es una discusión que no va a llevar a ningún lado». También recordó que habían advertido a Suárez (y a otros gobernadores) del crecimiento de contagios.

Se ha llegado a embrollar tanto la verdadera situación, tensada desde ciertos sectores políticos y en la discusión mediática, que nos exige replantear el proceso real de la pandemia. Y lo hacemos claramente desde la situación angustiante de grandes barriadas populares, desde el sacrificio enorme del personal de salud, del esfuerzo de trabajadores de la educación y otros servicios esenciales, desde los trabajadores privados y los precarizados; y también desde los pequeños productores y trabajadores agrarios que sostuvieron la producción alimenticia; y desde las pymes afectadas por la grave parálisis económica.

Las causas de la pandemia

No es el objetivo de esta nota pero recordemos lo fundamental: las actuales enfermedades pandémicas no son desastres naturales, sino que se relacionan con el avance de la producción capitalista sobre todo lo existente, la cual se expande destruyendo todos los ecosistemas: grandes concentraciones urbanas, industrialización contaminante, cría intensiva de animales, apropiación de los últimos bosques primigenios, deforestación, agricultura industrial, monocultivo genético de animales domésticos. A esto se suma la intensificación de viajes y contactos en todo el planeta. Es un sistema de producción que explota a los seres humanas y destruye la Naturaleza.

Por lo tanto no son Fernández ni Macri, ni Suárez ni Cornejo, en cuanto personas, los inventores del virus ni lo esparcen. Pero enfrentan la pandemia de diferentes modos, con objetivos y prioridades distintos. La pandemia no debe “partidizarse” en términos de grieta absurda e irresponsable. Pero sí debe “politizarse” en términos del necesario debate sobre políticas públicas, las que serán acertadas o erróneas para enfrentarla. Y en general, las políticas de salud se corresponden con el enfoque ideológico y las políticas económicas o sociales que se tenían en tiempos “normales”: definirán como van a transitar la enfermedad quienes necesiten del sistema de salud.

El virus enfrentado a un organismo individual no pregunta si es macrista, peronista o de izquierda. Pero la evolución de la enfermedad dependerá de las políticas adoptadas y de las previas condiciones de vida, económicas, sociales y sanitarias.

El Aislamiento no es el culpable de la crisis económica y, aunque no evita que llegue la enfermedad, resultó la medida necesaria para retrasar la llegada del pico de contagios, dando tiempo para preparar y reforzar el sistema sanitario. No es correcto ni justo hacer politiquería barata como la de Cornejo que acusaba al presidente Fernández de “enamorarse de la cuarentena”.

Se planteó erróneamente un dilema entre economía y salud, cuando se trata de economía y de política y de salud. La realidad es compleja, abarca todas esos aspectos que plantean contradicciones y prioridades. Además la economía en abstracto no existe; cuando el macri-cornejismo plantea cuidar la economía se refiere a mantener los negocios de los grupos que “se la han llevado con pala”: capital financiero, terratenientes, agro-exportadores, hiper y supermercados, telecomunicaciones, grandes bodegas, etc. El parate económico no afecta por igual a una gran bodega que a los contratistas, pequeños viticultores, cosechadores u obreros bodegueros.

Abordamos la complejidad del problema desde la posición de salvar las vidas, y desde allí prestar los auxilios económicos necesarios, buscar los mecanismos para producir los bienes esenciales en la crisis, establecer y respetar protocolos para producir con seguridad, etc. El gobierno nacional, aún con limitaciones e insufciencias, tomó ese camino. El Gobierno provincial priorizó las ganancias por ejemplo de las grandes bodegas desentendiéndose de la suerte de los obreros “golondrinas”.

No hay sinceridad cuando se protesta contra los “170 días de cuarentena”, porque en Mendoza solo hubo cuarentena real un mes, y luego se fueron relajando las limitaciones y restricciones a las actividades y circulaciones, y prácticamente sin controles. Recordemos lo que pasó el día del amigo (20 de julio), y el día de la marcha opositora al gobierno nacional (17 de agosto). El diputado nacional De Marchi se mostró desafiante ese día cuando es uno de los responsables de Luján sin hospital.

Epidemiología simplificada para enfrentar las mentiras

Este gráfico publicado en Los Andes (6/9) muestra claramente la “disparada” de los contagios en los meses de julio y agosto.

Gráfico publicado en Los Andes (6/9)

Vamos a realizar un ejercicio sumamente simplificado de los números para que se comprenda la naturaleza del nudo más grave del problema: el número limitado de recursos y de personal de salud. Comenzando setiembre en Argentina se contabilizaban 500.000 contagios y 10.000 personas fallecidas. En Mendoza se orillaban los 10.000 casos y 150 muertes.

Lo preocupante pasó a ser la velocidad de crecimiento de los contagios. Al 26 de agosto en nuestra provincia había 5.585 casos (206 en personal de salud). Al 7 de setiembre se registró un total de 10.972, es decir que en 12 días se produjeron 5.387 nuevos casos. Se desprende claramente que el aumento de las actividades, las aglomeraciones, el descuido de normas mínimas, ha provocado la mayor circulación del virus, por lo cual también se aceleró la tasa de positividad: los testeos que daban positivo en un 22% de casos a comienzos de agosto, saltaron al 49% a fin de mes.

No hace falta ser epidemiólogo, sino observar con racionalidad y realizar unos simples cálculos, a grosso modo, para entender cualitativamente la gravedad del problema. En 15 días se producen la misma cantidad de contagios que en 4 meses. Haciendo cálculos redondos sobre 1,9 millones de habitantes, un 10% de contagios son 19.000 personas. Se estima que el 2,5% va a requerir atención en UTI, lo cual significa unas 475 camas. Según la información oficial el sistema cuenta con unas 330. Además las camas y respiradores pueden aumentarse más rápidamente que el personal capacitado para atenderlas. Las camas pueden resistir; en cambio las personas sometidas a meses de trabajo exigente y angustiante se enferman y mueren.

Las conclusiones son obvias. Es un virus de baja letalidad, pero muy contagioso, que requiere asistencia para un porcentaje determinado de enfermos La tasa de letalidad promedio del COVID 19 es del 2%. Pero si faltan camas, respiradores, o personal, es decir si hay déficits de atención la tasa se eleva. El número de contagios avanza más rápido que el número de recuperados, llevando a la saturación de los centros hospitalarios. En esa condiciones se produce el colapso del sistema sanitario, expresado en pacientes intubados en la guardia de un hospital, ambulancias recorriendo horas con pacientes a bordo para conseguirle una cama, o en aparición de protocolos que crudamente indican a quien atender y a quien dejar morir. ¿Era inevitable llegar a este punto? ¿O el erróneo cálculo “económico” de nuestros gobernantes lo provoca? ¿Hay equilibrio posible entre vidas por salvar, entre muertes evitables, y costos económicos?

Llegar a discutir la aplicación de este protocolo de prioridades, claramente, se bebe a la imposibilidad de tratar todos los casos, como si estuviéramos en situación de desastre natural o algún otro hecho imprevisible. Traducido a lenguaje de la calle, quiere decir que un adulto sano, tendrá prioridad en recibir atención frente a un adulto mayor, así como lo tendrá, según se entienda el concepto de “bien común”, un empresario o un profesional frente a un desocupado o un ama de casa.

Hubo decenas de voces (sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos) que advirtieron de la gravedad de la situación. El Gobierno respondió multando a sindicatos, golpeando y encarcelando, amenazando a la oposición, imponiendo su número en la Legislatura. Ni siquiera ha explicado con claridad en qué y cómo ha gastado los supuestos 3.000 millones de pesos volcados a la emergencia.

Es el único responsable de las políticas incorrectas que desembocaron en un sistema de salud colapsado, falta de insumos, pésimos cuidados hacia el personal de salud, precariedad laboral y salarios congelados.

Los sectores populares debemos discutir la política para decidir sobre nuestros destinos

En abril planteamos que era incorrecto el dilema “economía o salud”, “economía o política”, sino que se trataba de hallar una respuesta política a la pregunta ¿Quién paga los costos de la pandemia? Un gran debate político, que ya venía recorriendo la Argentina, se agudizó desde comienzos de marzo. Quienes controlaron el anterior gobierno nacional, que mantienen el poder en nuestra provincia, se opusieron y boicotearon todas las iniciativas que rozaran intereses de los sectores y grupos económicos poderosos del país y la provincia.

El Gobernador Suárez, en línea con el Diputado nacional y presidente de la UCR Cornejo, suspendió paritarias, congeló salarios, postergó pagos de aguinaldo, ignoró los pedidos de las organizaciones sociales, se negó a constituir un Comité de Emergencia. Ambos se quejan por la baja de la recaudación, culpando a las medidas de aislamiento, y se oponen furibundamente a un impuesto a las grandes fortunas.

El Diputado De Marchi, referente del PRO mendocino y ex intendente de Luján participó irresponsablemente de la marcha del 17 Agosto (¿reclamando libertad?) mientras los lujaninos claman desde hace años un hospital para su departamento.

El intendente de Las Heras, Orozco, destinó en julio 125 millones de pesos para remodelar la Plaza Marcos Burgos y alrededores, mientras colapsan los hospitales Gailhac y Carrillo, y la pobreza golpea alrededor de 100 lasherinos y lasherinas.

El intendente de Guaymallén, Iglesias, actúa como lobista del Mendoza Plaza Shopping, cuidando los intereses y negocios del poderoso grupo IRSA. Responde con la policía a los desesperados pedidos de auxilio de los comedores y merenderos de su departamento, y se desentiende del cierre de 8 centros de salud del departamento, dejando sin la mínima atención a un sector importante de la población, varios de ellos (Cnia. Molina, Cnia. Segovia, La Primavera, Jesús Nazareno) de zonas alejadas de los hospitales y centros de más complejidad.

El gobernador Suárez ha estado ocupado en cuestiones como la designación arbitraria de Teresa Day en la Suprema Corte; la reforma de la Constitución para “abaratar la política”; la modificación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura; la apertura de los bares y restaurantes de la Arísitides Villanueva para exhibir un rostro de “normalidad”; etc. Todo esto mientras da la espalda a dos centenares de barrios, villas y asentamientos donde las necesidades sanitarias y alimenticias han crecido exponencialmente.

El jefe del radicalismo y aspirante a líder de la derecha argentina se pasea por los medios estimulando maniobras desestabilizadoras del gobierno nacional, propiciando medidas a lo “Bollsonaro” para enfrentar la pandemia, lo cual significa “que mueran rápidamente los que tengan que morir para encargarnos de nuestros asuntos”. Ha defendido públicamente a los millonarios de Argentina, incluyendo a empresarios corruptos y vaciadores, como el caso de Vicetín.

Los llamados a la responsabilidad individual no sirven si el Gobierno apunta para otro lado. Claramente ha fracasado la línea de privilegiar los negocios de los grupos económicos que sostienen al gobierno provincial por sobre las prevenciones sanitarias y la atención del 50% de la población sumido en la pobreza. O ha triunfado si ese es su objetivo no declarado. Es un enfoque que tiene por finalidad acumular riquezas a costa de la explotación y los sufrimientos de una mayoría. Es una minoría poderosa, indiferente e insensible ante la muerte de sus compatriotas.

Por estas razones, los trabajadores y el pueblo debemos tomar la política en nuestras manos y discutir el rumbo.

PROPUESTAS PARA UNA POLITICA PUBLICA EN MENDOZA QUE PRIORICE LA RESERVACION DE LA VIDA

El Gobierno nacional ha tomado al inicio de la crisis sanitaria medidas acertadas para ganar tiempo y auxiliar a los sectores más afectados. Pero son insuficientes, y se han detenido (caso Vicentín) o demorado (impuesto a las fortunas) ante la terrible presión del poderoso bloque de imperialistas, oligarcas, financistas, y monopolios.

Se requieren fondos necesarios para enfrentar el colapso sanitario, la crisis económica y la emergencia social. No pueden salir de los bolsillos vacíos de los trabajadores, sino de las grandes fortunas acumuladas en los últimos años.

SE REQUIEREN MEDIDAS URGENTES QUE SOLO PUEDEN PROVENIR DE LAS POLITICAS ESTATALES; PORQUE LOS DUEÑOS DEL MERCADO SOLO PRIORIZAN SUS GANANCIAS

* POR UN IMPUESTO DE EMERGENCIA NACIONAL Y POR UNA CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE LAS GRANDES FORTUNAS EN LA PROVINCIA.

*AMPLIACION DEL SISTEMA HOSPITALARIO Y CAPACITACION DE PERSONAL

* PRIORIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.

* ASISTENCIA URGENTE CON ELEMENTOS DE HIGIENE Y ALIMENTOS A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.

* MEDIDAS DE RESTRICCION DE LA CIRCULACION, RESPETANDO DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

* AUXILIO ECONOMICO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL CIERRE PARCIAL DE ACTIVIDADES.

* REDOBLAR TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD POPULAR.

* ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA DESDE ABAJO, EN CADA BARRIO Y LUGAR DE TRABAJO PARA ENFRENTAR LAS MANIOBRAS DE LOS GRUPOS DOMINANTES.

Escribe Carmelo Cortese

Grave crisis sanitaria y social en Mendoza.

Comunicado

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este jueves, contestándole a A. Cornejo que, «no ha planteado nunca una alternativa» a las políticas que critica, y que «la politiquería es una discusión que no va a llevar a ningún lado».

Pero sin dudas, así como sucede en economía o en educación, en salud también las decisiones políticas son las que deciden que tan bien o tan mal, la van a pasar quienes necesiten del sistema de salud.

Entonces aparecen aquí las diferencias entre las políticas aplicadas. El equilibrio entre economía y salud, miradas desde el punto de vista del gobierno, intentado por Suarez, parece muy difícil y están los datos de estos últimos días para muestra.

Por un lado se trató de que siguiera funcionando la economía de los sectores concentrados: bodegas, bancos, hipermercados, shopping, olvidando al otro sector: cuentapropistas, pymes, desocupados, asalariados, que también comen y necesitan del servicio de salud y recibieron casi exclusivamente, ayuda del estado nacional.

Por el otro en salud, el gobierno habla de haber gastado más de 3000 millones en la pandemia (Los Andes 6/9/20), teniendo un presupuesto previsto para salud de 26.500 millones y un Decreto 401 que le da amplias facultades para el manejo de partidas, sin embargo han sido permanentes los reclamos de trabajadores del sector por falta de insumos, se han incorporado pocas camas UTI y hoy el sistema de salud, dicho por autoridades de los hospitales, está colapsado.

A principios de agosto, el mismo Suarez, ya estaba alertando sobre la crítica situación, dado que el tope de ocupación en unidades de Terapia Intensiva (entre 330 y 360 en la provincia) rondaba entre el 75% y el 80%, según fuentes oficiales, para COVID, ya que hay otras patologías que también ocupan UTI. Sin embargo no se aumentaban las restricciones a la circulación.

Hoy se habla de un 83% de ocupación, casi uno de cada dos hisopados da positivo, 45%, cuando la OMS sugiere que la situación es manejable cuando ese valor esta en el 10%. El sábado 6/9, se hicieron 1001 determinaciones dando 533 positivos (53%). Al día siguiente fueron 615 determinaciones y 290 positivas (47%).

Sobre los fallecidos, se plantea que la mayoría contaba con patologías previas y murieron por el agravamiento de esas morbilidades, pero, si no se hubieran infectado, seguirían vivos manteniendo sus patologías el tiempo que se pudiera.

Para sumar algo más preocupante a lo que ya existe, aparece un siniestro protocolo de bioética al que se deben atener las instituciones de salud, que establece prioridades de atención, frente a la falta de posibilidades de atender a todos, aplicando criterios como el número de años de vida salvados, las posibilidades de vivir en cada una de las etapas de la vida y el beneficio del “bien común” entre otros.

Llegar a discutir la aplicación de este protocolo de prioridades, claramente, se bebe a la imposibilidad de tratar todos los casos, como si estuviéramos en situación de desastre natural o algún otro hecho imprevisible. Traducido a lenguaje de la calle, quiere decir que un adulto sano, tendrá prioridad en recibir atención frente a un adulto mayor, así como lo tendrá, según se entienda el concepto de “bien común”, un empresario o un profesional frente a un desocupado o un ama de casa.

Sin embargo, el gobernador y la ministra de salud insisten con adjudicar las responsabilidades del contagio a la gente, cuando es el Gobierno el principal y doblemente responsable.

Por un lado, por el manejo en el sector de salud, sistema que está a punto de colapsar por falta de recursos, de organización, de insumos de prevención y también debido a salarios congelados y falta de aguinaldo. Y por otro lado, por las medidas de aislamiento tomadas y el mensaje dado con ellas por el gobierno, al permitir la libre circulación y la apertura de lugares de concentración que son focos de contagio. Haciendo entender a una parte de la población que la situación es manejable, por lo tanto se puede salir libremente a bares, hipermercados y shopping.

A esto se suman intendentes como Orozco que destina dinero al arreglo de la plaza departamental y de Iglesias que hace por un lado lobby por la apertura del Shopping propiedad del grupo IRSA (Eduardo Elsztain), gran foco de contagios, pero mantiene cerrados 8 de los 22 Centros de Salud del Departamento.

Entendemos que debe priorizarse la salud y la situación social de la población, restringiendo la circulación de personas para restringir la circulación del virus, tal como aconsejan los expertos en salud, pero cubriendo derechos mínimos a la alimentación y la salud. Atendiendo a cubrir las necesidades de vida de los sectores mas desprotegidos que no pueden encerrarse, de las pymes y negocios que no pueden aguantar sin trabajo y de los sectores básicos del comercio y la producción, para lo cual es imprescindible la ayuda económica del gobierno, coordinada con esos sectores.

En este sentido, es muy buena la experiencia que se desarrolla en San Rafael, con la formación de un amplio Comité de Crisis y la implementación de un convenio, mediante el cual el municipio adquiere viandas al sector gastronómico, que se distribuyen en merenderos y comedores a través de las organizaciones sociales.

Se hace urgente la necesidad de redireccionar recursos, exigir mayores aportes a la nación y apelar a los sectores que están en mejores condiciones económicas para aportar a esta crisis.

Una ayuda es el proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas presentado en Mendoza por el PTP, en consonancia con el proyecto nacional, aplicable a aquellos sectores (0.1 % de la población economicamente activa) que se llenaron los bolsillos en etapas anteriores y hoy lo siguen haciendo, tales como exportadoras, grandes bodegas, hipermercados y el sector financiero.

Se requieren fondos necesarios para enfrentar el colapso sanitario, la crisis económica y la emergencia social. No pueden salir de los bolsillos vacíos de los trabajadores, sino de las grandes fortunas acumuladas en los últimos años.

* POR UN IMPUESTO DE EMERGENCIA NACIONAL Y POR UNA CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE LAS GRANDES FORTUNAS EN LA PROVINCIA.

*AMPLIACION DEL SISTEMA HOSPITALARIO Y CAPACITACION DE PERSONAL

* PRIORIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.

* ASISTENCIA URGENTE CON ELEMENTOS DE HIGIENE Y ALIMENTOS A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.

* MEDIDAS DE RESTRICCION DE LA CIRCULACION, RESPETANDO DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

* AUXILIO ECONOMICO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL CIERRE PARCIAL DE ACTIVIDADES.

* REDOBLAR TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD POPULAR.

* ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA DESDE ABAJO, EN CADA BARRIO Y LUGAR DE TRABAJO PARA ENFRENTAR LAS MANIOBRAS DE LOS GRUPOS DOMINANTES

Junta Provincial del Partido del Trabajo y del Pueblo

Proyecto: Contribución Extraordinaria de las grandes fortunas provinciales para enfrentar la crisis

Comunicado de prensa

Proyecto: Contribución Extraordinaria de las grandes fortunas provinciales para enfrentar la crisis

Consiste en reclamar una contribución al 0,1% de la población que concentra el 50% de las riquezas

En el marco de la presentación nacional del proyecto de Aporte a las Fortunas, en Mendoza desde la Junta provincial del PTP en el Frente de TODOS, hemos propuesto un “proyecto de Ley de Contribución Extraordinaria” a las grandes fortunas provinciales.

El aporte está dirigido a personas o asociaciones que hayan superado los 100 millones de facturación anual, a los propietarios de más de 500 hectáreas irrigadas y a las empresas que usufructúan recursos provinciales. El aporte es único y progresivo y equivale a una proporción de los ingresos brutos, impuesto inmobiliario o regalías, según la facturación o tamaño de la propiedad.

La contribución extraordinaria podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, que representa el 50% del actual presupuesto de salud para enfrentar la grave crisis sanitaria, social y económica.

La Contribución extraordinaria se enmarca en la grave crisis (social y económica) agravada por la pandemia. El sistema sanitario está desbordado y cercano a una situación de colapso. La pandemia y la política para enfrentarla ha profundizado la pobreza (está llegando a la mitad de la población) y la situación económica con los despidos, suspensiones y cierre de empresas y negocios. Pero no todos pierden en esta pandemia.

Mientras amplios sectores sociales y productivos han agravado su situación, un núcleo de sectores altamente concentrados ha incrementado sus facturaciones, como es el caso de los supermercados y el sistema bancario, entre otros. Existe una profunda desigualdad social: mientras el 60% de la población cobra salarios menores a 30 mil pesos, las grandes empresas que superan en Mendoza los cien millones de pesos de facturación, concentran, en conjunto, más del 50% del total del PBG (Producto Bruto Geográfico), que el año pasado (se estima) superó los 500 mil millones de pesos.

La gran desigualdad en patrimonios e ingresos, hace que la crisis se viva de diferentes modos y la contribución a su abordaje no puede ser similar entre quienes pelean por llegar a fin de mes y quienes han acumulado amplias riquezas. Ante este agravamiento de las crisis, surgen distintas políticas y posiciones. O se ajustan las partidas sociales y se continúa buscando recaudar sobre los que menos tienen, o se abordan las graves emergencias sociales impulsando una contribución extraordinaria sobre los grandes grupos que concentran la riqueza provincial.

Urge un debate sobre esta y otras medidas de emergencia que permitan afrontar la grave crisis sanitaria, social y económica.

Junta Provincial del PTP

Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de TODOS

Contactos:

Carmelo Cortese: 261 515 8719

Nicolás Guillén 261 559 2774