Proyecto de Ley: «Contribución extraordinaria de las grandes fortunas»

Comunicado de prensa

Consiste en exigir una contribución extraordinaria al 0,1% de la población que concentra el 50% de las riquezas.

Proyecto de Contribución Extraordinaria de las grandes fortunas provinciales para enfrentar la crisis

Desde la Junta provincial del PTP en el Frente de TODOS, hemos propuesto un “proyecto de Ley de Contribución Extraordinaria” que plantea una contribución única y especial dirigida “a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierras, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la Provincia”, como se afirma en el artículo 1°.

El proyecto propone en su artículo 4°: “Destinar los fondos recaudados para enfrentar la grave emergencia sanitaria, social, alimentaria y económica, haciendo parte a los sectores afectados, a través de la conformación de un Comité de Emergencia”.

La Contribución extraordinaria se enmarca en la grave crisis agravada por la pandemia que ha profundizado los niveles de pobreza e indigencia; la crisis alimentaria y social; el quiebre de empresas y negocios; las rebajas salariales, despidos y suspensiones; sumado a los propios requerimientos del sistema sanitario que amerita considerables refuerzos tanto en los establecimientos como de insumos y medidas de protección para el personal de salud.

Mientras amplios sectores sociales y productivos han agravado su situación, un núcleo de sectores altamente concentrados han mantenido su situación económica o inclusive la han mejorado. Existe una profunda desigualdad social, mientras el 60% de la población cobra salarios menores a 30 mil pesos, las grandes empresas que superan en Mendoza los cien millones de pesos de facturación concentran en conjunto más del 50% del total del PBG (Producto Bruto Geográfico), que el año pasado (se estima) superó los 500 mil millones de pesos.

La gran desigualdad en patrimonios e ingresos, hace que la crisis se viva de diferentes modos y la contribución a su abordaje no puede ser similar entre quienes pelean por llegar a fin de mes y quienes han acumulado amplias riquezas. Ya de por si el sistema impositivo es absolutamente regresivo, por ejemplo la empresa francesa Danone paga en concepto de regalías al Estado por mil litros de agua mineral $24, mientras cientos de miles de usuarios pagan cifra inmensamente mayores por el servicio del agua en un pequeño lote.

Ante este agravamiento de la crisis y la caída de la recaudación, surgen distintas políticas y posiciones. O se ajustan las partidas sociales y se continúa buscando recaudar sobre los que menos tienen, o se abordan las graves emergencias sociales impulsando una contribución extraordinaria sobre los grandes grupos que concentran la riqueza provincial.

Continuar con la actual política significa reducir sueldos del estado, eliminar contratos labores, postergar aguinaldos, negar partidas de emergencia en salud (lo que implica escatimar testeos o no proveer de medidas de protección al personal sanitario), congelar ayudas sociales (mientras desbordan comedores y merenderos comunitarios), y no brindar ayudas concretas a la pequeña y mediana empresa, negocios y producción agropecuaria.

La contribución extraordinaria podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, que representa el 50% del actual presupuesto de salud. Urge un debate sobre este y otras medidas de emergencia que permitan afrontar la grave crisis sanitaria, social y económica.

Esquema de la “Contribución Extraordinaria provincial”:

a) Una contribución extraordinaria a las personas y asociaciones que hayan superado los cien millones de pesos anuales de facturación en el 2019, a los que se les cobrará una alícuota que tomará como parámetro los ingresos brutos abonados en ese año, que será progresiva y escalonada partiendo de 25% de los mismo y alcanzando el 100% a los que hayan superado los diez mil millones de pesos.

b) A las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 500 y de secanos mayores de 5.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota progresiva y escalonada tomando como parámetro el impuesto inmobiliario anual del 2019, que partirá del 50% y alcanzará el 100% según la superficie y la zona de la propiedad.

c) A las empresas o entes que abonan regalías, ya sean privatizadas de servicios públicos o de sectores de usufructo de recursos y bienes comunes de la Provincia, a los que se le aplicará una cuota extraordinaria equivalente al 50% sobre los pagos de regalías efectuados en el 2019.

Junta Provincial del PTP

Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de TODOS

Proyecto de ley de contribución extraordinaria a las grandes fortunas provinciales

Legislatura de Mendoza:
Proyecto de ley de contribución extraordinaria a las grandes fortunas provinciales
para afrontar las graves urgencias sanitarias, sociales y económicas

Lee el proyecto

Considerando:
Que producto de la grave crisis social, sanitaria, económica y alimentaria, agravadas por el virus COVID-19, es imprescindible adoptar medidas extraordinarias para recaudar fondos necesarios para afrontar dichas emergencias.
Que el presupuesto 2020 de la Provincia de Mendoza no podrá ser ejecutado como fue proyectado debido a la crisis derivada de la merma económica producida por la pandemia, ya que la baja en la recaudación será de una magnitud considerable si no se toman medidas extraordinarias.
Que de no adoptarse medidas extraordinarias, la crisis afectará en mayor profundidad a los sectores vulnerables que ya soportan situaciones de emergencia por la falta de trabajo, despidos, rebajas salariales, que han provocado un incremento de la pobreza y de la indigencia en la Provincia.
Que existe una difícil situación en la pequeña y mediana empresa, en la producción agropecuaria, en los negocios y comercios, que debe atenderse con ayudas económicas que eviten la quiebra, los despidos y el riesgo de aperturas comerciales que no son indispensables.
Que hay grandes disparidades en la capacidad para afrontar la crisis entre los distintos sectores económicos debido a las diferentes posiciones en el mercado y en el sistema productivo, por lo que se requiere que su aporte sea diferencial.
Que el sistema impositivo de la Provincia es altamente regresivo, por gravar proporcionalmente más a los que menos tienen y que el alto nivel de desigualdades sociales nos obliga a discutir cómo se generan las riquezas y cómo se distribuyen los beneficios en la Provincia.
Que los sectores altamente concentrados como el sistema financiero; el comercio minorista controlado por súper e hipermercados; las telecomunicaciones; la extracción y refinación del petróleo; la propiedad territorial de las explotaciones agropecuarias; la vitivinicultura, especialmente las grandes bodegas exportadoras en su mayoría de capitales extranjeros; los grandes complejos y propietarios inmobiliarios; entre otros, son quienes deben realizar una contribución extraordinaria ante la situación de emergencia social, sanitaria y económica.
Que es fundamental adoptar las medidas necesarias para evitar que la contribución extraordinaria se traslade a los precios perjudicando a los consumidores finales.
Que esta medida requiere un profundo análisis y replanteó de la estructura impositiva provincial y su relación con el ámbito nacional en relación a la coparticipación en un futuro próximo, para avanzar en una reforma impositiva integral que modifique el sistema impositivo regresivo y avance hacia una estructura progresiva y diferencial según sector, origen y facturación para hacer realidad la premisa de que paguen más los que más tienen.
Que en tanto se estudie esta reforma integral deben tomarse medidas de carácter coyuntural sobre los recursos de origen provincial.
Que el proyecto se articule y relacione con proyectos similares como el presentado por la diputada provincial Laura Soto, que busca gravar en un 100% la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) a bancos e instituciones financieras privadas que operen en la provincia.
Resuelve:
Art. 1
Establecer una contribución extraordinaria a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierras, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la Provincia.
Art. 2
La contribución extraordinaria se realizaría por única vez sobre la base del siguiente esquema y de los datos, facturaciones y registros del 2019:
a) Una contribución extraordinaria a las personas, asociaciones y entidades económicas que hayan superado los cien millones de pesos anuales de facturación en el 2019 o su equivalente en moneda extranjera. Según la facturación anual, se cobrará la siguiente cuota tomando como parámetro los ingresos brutos del año mencionado: una alícuota del 25% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cien millones de pesos ($100.000.000); una alícuota del 50% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de mil millones de pesos ($1.000.000.000); una alícuota del 75% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000); una alícuota del 100% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
b) A las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 500 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 50% del impuesto inmobiliario anual del 2019 y a las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 1.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 75% del impuesto inmobiliario anual del 2019. A las propiedades de zonas irrigadas y de secanos mayores de 5.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 100% del impuesto inmobiliario anual del 2019.
c) A las empresas o entes que abonan regalías, ya sean privatizadas de servicios públicos o de sectores de usufructo de recursos y bienes comunes de la Provincia, a los que se le aplicará una cuota extraordinaria equivalente al 50% sobre los pagos de regalías efectuados en el 2019.
Art. 3
Se exceptuarán de las contribuciones extraordinarias a aquellas empresas, asociaciones y personas que atraviesen una situación financiera crítica producto de la crisis económica en el marco de la pandemia, y que estén en condiciones de justificar dicha situación.
Art. 4
Las empresas, asociaciones, personas y actividades que superen el umbral de facturación de los cien millones de pesos y que cuenten con el beneficio de Tasa 0 en relación a los ingresos brutos u otros beneficios, también serán incluidos en la Contribución Extraordinaria y la alícuota se establecerá calculando los porcentajes que tendrían que haber abonado si no contarán con dicho beneficio.
Art. 5
Destinar los fondos recaudados para enfrentar la grave emergencia sanitaria, social, alimentaria y económica, haciendo parte a los sectores afectados, a través de la conformación de un Comité de Emergencia con la participación del Gobierno, las intendencias, asociaciones de la pequeña y mediana producción, las organizaciones sociales y los sindicatos de los sectores afectados para mejor distribución, seguimiento y control del uso y destino de los fondos.
Fundamentos
De carácter excepcional, por única vez, con destino a la emergencia económica, social y sanitaria, arrastrada desde fines de 2019, agravada por la pandemia, y como contribución al relanzamiento productivo de la Provincia de Mendoza.
De carácter provincial, independiente de los gravámenes nacionales que se estuviesen estudiando (como el Proyecto de Impuesto a las grandes riquezas presentado por el Frente de Todos, que prevé establecer una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos).
a) Crisis económica y social:
En el marco de la pandemia la situación social y económica se ha agravado considerablemente, aumentando los niveles de pobreza e indigencia, la desocupación y la caída de la actividad económica con el cierre de negocios y empresas.
Esta situación tiene como precedente un contexto previo de gravedad estructural. En la ley tributaria 2020 se anexa el documento “Consenso Fiscal 2019” firmado por el Presidente y los gobernadores, incluido Rodolfo Suárez. Allí se explicita que la “grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad. Entre los años 2015 y 2019 el PIB se contrajo más de un 5% y el PIB per cápita un 8%”. Se citan los niveles de pobreza (superiores al 35% de la población) y la tasa de desempleo (10,6%), la alarmante tasa de inflación, las altas tasas de interés, los incrementos en las tarifas de servicios públicos y el enorme peso de la deuda pública, “en su mayor parte contraída durante los últimos cuatro años”. Todas esas razones fundamentaron las modificaciones en los anteriores consensos fiscales.
La Provincia de Mendoza no escapa a las características generales e incluso presenta números más graves en muchos casos. Un PBG 2019 menor al de 2015; un 29,7% de hogares y un 42,1% de población en condiciones de pobreza, lo cual significa unos 800.000 mendocinos y mendocinas; vencimientos de capital e intereses de deuda imposibles de afrontar, entre otros.
b) Sistema impositivo regresivo
Según el presupuesto aprobado para 2020 los recursos de origen provincial representan el 54% (el resto, 46%, son de origen nacional). La Provincia puede legislar sobre los primeros, clasificados en Tributarios (54%), y No Tributarios (46%).
En los recursos Tributarios la distinción central es entre Patrimoniales (Inmobiliario, Automotor) y los relacionados con la actividad económica (Ingresos Brutos, Sellos, etc.). Vistos históricamente, los relacionados con actividad económica crecieron de un 72 a un 78% en 2007/2011, y llegar al 87,6 en 2018.

En tanto los impuestos patrimoniales eran el 18% en 2007 y fueron disminuyendo en
importancia hasta representar el 9,5% en 2014 y quedar en 12,1% en 2018.
En los recursos No Tributarios, la distinción central es entre las regalías que representan un 21,5%, mientras que otros recursos no tributarios trepan al 72% de este rubro. Las regalías por hidrocarburos están reguladas por la ley 27.007 (modificatoria de la ley de Hidrocarburos 17319), establecidas en un 12% con posibilidades de reducirlas a un 5% o incrementarlas a un 18%.
En relación al origen de los fondos provinciales, en primer lugar se encuentran los ingresos brutos que representan el 53% de los recursos provinciales; el segundo lugar el rubro “otros no tributarios”
que representa casi el 16%, y en tercer lugar las regalías con un poco más de 12% (principalmente las
de origen petrolero); en cuarto lugar “Sellos y tasas” representa el 6,7% de los ingresos de origen provincial; en quinto lugar automotor con el 5%; en sexto lugar “tasas retributivas de servicios con un 3,6%; en séptimo lugar inmobiliario con un 2,9%; entre otros.
El análisis presupuestario refleja que la estructura impositiva es totalmente regresiva, paga más el que menos tiene. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el 45,5% de los ingresos de las familias están destinados a pagar impuestos.
La mayor parte del presupuesto proviene de la actividad y el trabajo de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediana producción agropecuaria y de los contribuyentes asalariados. En relación a los ingresos brutos, si bien hay diferencias por actividad, no presentan diferencias según tipo de empresa o facturación (excepto algunos casos específicos), ni progresividad en general. Esta estructura impositiva no grava a las grandes riquezas o facturaciones, que son las que concentran las principales actividades económicas, Pese a la necesidad de una reforma impositiva integral, dado el carácter ineficiente y regresivo del sistema actual, la grave emergencia impone una recaudación excepcional y rápida, basada en la estructura impositiva actual, y que solo afecte en la Provincia a un número reducido de grandes empresas líderes en sectores económicos concentrados y una pequeña cantidad de personas propietarias de importantes patrimonios.
Esta premisa parte de un principio de justicia y equidad toda vez que no puede imponerse mayores cargas a ciudadanos sumidos en la pobreza (42% en el último registro de la DEIE, octubre 2019), desempleados, precarizados o con muy bajos salarios.
La Contribución Patriótica, de carácter excepcional, por única vez y con destino específico que proponemos, combina una base de cálculo basada en impuestos de carácter económico (Ingresos Brutos) y patrimonial (inmobiliario y automotor). No modifica estos impuestos (ni en su naturaleza, ni en sus disposiciones establecidas en la ley tributaria 2020) sino que toma esas bases para calcular el monto de este tributo de emergencia.
c) Concentración de la riqueza
Junto a esos datos duros debe destacarse la gran desigualdad en patrimonios e ingresos, lo cual hace que la crisis se viva de diferentes modos. En el periodo 2015/2019 algunos sectores continuaron acumulando capital y propiedades mientras más de 20.000 hogares y de 100.000 habitantes caían en la pobreza.
La gigantesca concentración de la riqueza en la Provincia se puede observar a través del análisis del PBG (Producto Bruto Geográfico) y las facturaciones de los rubros más importantes (1).
. Utilizaremos los datos del 2017 ya que los restantes son provisorios. En comparación, se estima que el PBG del 2019 fue de $500 mil millones.

(1) Los datos se obtuvieron de los informes de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) y del Ministerio de Hacienda y la Legislatura de Mendoza.

Hidrocarburos: La facturación petrolera y gasífera provincial en su conjunto (explotación, destilación y comercialización) durante el 2017 fue de 42 mil millones de pesos aproximadamente. La actividad total estaría representada por el 95% del sector de minas y canteras (trabajo en yacimientos), el 42% del sector industrial (refinación del petróleo) y aproximadamente el 14% del sector comercial por la venta de combustibles. Esta actividad que se encuentra concentrada por un puñado de operadoras, varias de ellas de origen extranjero.
Vitivinicultura: La vitivinicultura en su conjunto (cultivo y elaboración de vinos) representa el 40% del sector agrario y el 30% del sector industrial (bodegas); en conjunto moviliza una gran cantidad de actividades. Se calcula que la facturación vitivinícola en el 2017 fue de 20 mil millones de pesos. Las 15 bodegas más importantes concentran el 40% de la producción y las 8 principales concentran el 60% de las exportaciones.
Supermercados: La actividad minorista y mayorista está incluida en el PBG junto al rubro de restaurantes y hoteles, así como también la venta de vehículos y naftas. El conjunto de estos sectores facturaron en el 2017 $61.371 millones.
De este total el 52,5% lo concentran las ventas minoristas, canalizadas principalmente a través de los supermercados, la mayoría monopolios extranjeros; el 30,6% directamente por los grandes comercios mayoristas; la venta de autos y combustibles representa el 5,8%, y los hoteles y restaurantes el 11,2%. Es decir que un puñado de supermercados concentró casi 50 mil millones de pesos.
Transporte y Comunicaciones: Este rubro facturó en el 2017 $10.971 millones. En relación a los ingresos del sector de transporte: correo 10,8%, transporte provincial de pasajeros 9,8%, aerolíneas 6,4%, cargas 4,5%, transporte interprovincial de pasajeros 1,8%, ferrocarriles 0,2%, y otros 9,6% (taxis, almacenamiento, playas, turismo). En comunicaciones se distribuye entre telefonía 44,5% y medios (radio, tv, etc.) 12,8%.
Ocho empresas concentran el transporte de pasajeros con una facturación superior a los mil millones de pesos. Unas pocas aerolíneas concentraron en el 2017 más de 700 millones de pesos. En el área del correo (concentrado en tres empresas) se produjo una facturación de $1.200 millones.
Las comunicaciones están concentradas en tres empresas con mayoría de capital extranjero. Sólo el sector de la telefonía facturó ese año 5 mil millones de pesos. El sector de medios y publicidad alcanzó en el 2017 una facturación de $1.500 millones.
Finanzas: En el PBG el sector de establecimientos financieros incluye entidades financieras, seguros, bienes inmuebles y servicios comerciales. Las tres principales actividades son la inmobiliaria con el 52% del total del sector; las netamente financieras realizadas en bancos y entidades con el 24,7% (préstamos, créditos, depósitos, etc.), seguros con el 8,5% y servicios a las empresas 14,5%. El conjunto de este sector facturó en el 2017 $44.535 millones. Sólo el sector de bancos y seguros alcanzó los 15 mil millones de pesos, casi un 6% del PBG.
Empresas de servicios: El sector de Electricidad, Gas y Agua facturó el 2017 más de 6 mil millones de pesos. La participación de cada rubro es la siguiente: 82% electricidad, 5,7% gas y 11,9% agua. En proporción Edemsa paga menos del 2% en concepto de regalías. La empresa francesa Danone paga en concepto de regalías al Estado por el agua mineral $24 por mil litros de agua.
Construcción: El rubro Construcciones facturó en el 2017 $12.554 millones. Es sector abarca las actividades privadas (67% de la misma) y públicas (33% restante). Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Mendoza dijo: “Mendoza tiene aproximadamente 900 empresas registradas, nosotros como Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza tenemos 50 empresas, que hacemos el 60% de inversión de obra pública”.
Explotaciones agropecuarias: El último elemento que tomamos para graficar la desigualdad existente (fundamento principal para un tributo especial a quienes acumulan propiedades e ingresos) está referido a las explotaciones agropecuarias.

Cuadro: Explotaciones agropecuarias con límites definidos y mixtas por escala de
extensión, en unidades y hectáreas. Al 31 de diciembre de 2017. Mendoza, CNA 2018.

La radiografía actual de la concentración de las tierras en las EAP de mayor extensión, sin entrar a considerar la evolución de este proceso, es notable. El 84,1 % de las explotaciones son pequeñas y medianas de hasta 50 hectáreas, y ocupan sólo el 3,21% de la superficie total. En el otro extremo se ubican las explotaciones de más de 5.000 hectáreas, las que representan el 1,5% del total y concentran el 70,35% de la superficie.
La contribución extraordinaria sólo abarcaría al 4,7% de las explotaciones agropecuarias que son las que concentran el 92,14% de las tierras.
Partido del Trabajo y del Pueblo
Mendoza, 27 de julio de 2020

Portezuelo: ¿es la megaobra que salva a nuestra provincia?

A diez días de abierta la primera etapa de la licitación de la obra de Portezuelo del Viento, van saliendo a la luz nuevos cuestionamientos e irregularidades del proceso y de la obra.

Desde aquel uso electoral que hizo Cambia Mendoza, ilusionando con una inscripción para capacitación que no era otra cosa que “contar como era el proyecto” -lo cual le ayudó a ganar las elecciones instrumentando la necesidad de trabajo de muchos mendocinos- hasta los últimos cuestionamientos provenientes de sectores no opositores, el proyecto va mostrando su orientación y debilidades.

Entendemos que, de fondo, el gran debate es sobre el modelo de desarrollo y los beneficiarios principales del mismo. Un desarrollo basado en la lógica capitalista de acumulación a todo precio, que alienta y construye mega emprendimientos que le reportan buenas ganancias a quienes participan, abasteciendo a otros grandes proyectos que luego muy poco derraman para abajo. O un desarrollo orientado a satisfacer, primero, las necesidades básicas de la población en este marco de 50% de pobreza, desocupación y pandemia, generando empleo masivo, trabajo para las pymes, beneficios a los usuarios de los sectores populares; y en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible.

No son nada despreciables los 5000 puestos de trabajo prometidos. Sin embargo está aún latente la estafa de los puestos prometidos con el fracking en Malargüe; y el recuerdo de la huída de la Minera Vale, dejando miles de desocupados. También entusiasma que nos hablen de energía para 130.000 hogares, pero nos preguntamos –sin respuestas- ¿energía para el correspondiente plan de viviendas? ¿O solo se trata de dar una idea de la cantidad de energía generada, ya que la misma va al sistema interconectado nacional con diferentes destinos?

Se debe agregar también el entusiasta anuncio de la futuras regalías para Mendoza, lo cual en realidad desnuda que, en la etapa de recolectar las ganancias para amortizar el dinero invertido por la provincia, será una empresa o un consorcio privado quién manejara la Central y venderá la energía. ¿Tendrá ya nombre y apellido puesto, como ocurrió con la licitación de la obra? ¿No es mejor propuesta que una empresa pública provincial se haga cargo, obteniendo así una fuente de recursos genuinos?

Todo esto en un marco político complejo, con pésimas condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares, fruto en gran medida de los cuatro años de Macri y Cornejo. Ahora agravadas en la situación de pandemia, con necesidades de recursos frescos inmediatos, para protección del personal de salud, para mejorar servicios de hospitales y salas, para garantizar los controles sanitarios y para la infraestructura básica para llevarlo a cabo.

Un defensor de este proyecto es Cornejo, el separatista aspirante a nuevo líder de la derecha argentina, que no para de alentar la grieta y el rencor contra las provincias hermanas, contra el gobierno nacional y contra cualquiera que piense en las necesidades populares. Ocultando su responsabilidad en esta crisis.

Otro es el gobierno provincial de Suarez ( y Suarez) que, con matices, va en el mismo sentido, castigando a estatales con sueldos de enero/20 pero haciéndolos trabajar como si fueran bien reconocidos, o reprimiéndolos abiertamente mientras mienten con su gobierno de diálogo y genera muchísimas dudas sobre sus datos de pandemia.

Para continuar están las irregularidades de la obra.

Un elemento es la variación en el presupuesto de la obra. Era de 493 MD en 2011 (Jaque-CFK) y en este momento se habla de 1023 MD en letras intransferibles que depositará la Nación y un presupuesto de cerca de 850 MD. En el acuerdo de 2011, se hacía mención al trasvase del río Grande al río Atuel como obra complementaria, con el fin de mejorar la generación en los Nihuiles y abrir nuevas hectáreas a la actividad agrícola-ganadera. Hoy no se menciona esa obra y no figura en el proyecto licitado.

Todo esto relativizando el hecho de que nuestros ríos vienen de varios años de sequía y hoy los caudales del río Grande, no son los originales del proyecto.

Se continuó con una licitación, a todas luces dirigida a un sector de empresas o un consorcio, el que ganó, pese al escándalo de la salida del subsecretario de Obras Publicas Chicahuala, presunto gestor de los pliegos y a la queja, entre otros, de la Cámara Argentina de la Construcción por la misma razón. Funcionarios impunes, como el responsable de filtrar datos de la obra del acueducto Monte Comán –La Horqueta que originó la caída del préstamo del BID.

Sobre las empresas del Consorcio, único oferente de la obra llave en mano: Sinohydro, con el 40 % de la UTE, una empresa estatal china, aunque les moleste a los que se quejan por el reclamo de estatización de Vicentin, además de su particularidad de ser una empresa del imperialismo chino y como tal, parte de su penetración en nuestro país, viene siendo cuestionada por una obra similar en Ecuador, con presuntas fallas y costo final casi duplicando el presupuesto inicial. Lo cual nos trae a la memoria lo que se dice entre quienes conocen de obra pública: cuando hay un solo oferente, el costo final es el que quiere el oferente.

La segunda empresa es “China Gezhouba Group Corporation«, 40% estatal china, que por ejemplo tiene a su cargo la construcción de la represa «Néstor Kirchner» en Santa Cruz.

De las empresas mendocinas la más importante es IMPSA, con una vasta trayectoria mundial en obras similares, especialmente a nivel generación de energía, pero que hoy se encuentra en una situación particular, manejada por sus bancos acreedores, lista para ser vendida, o, pensamos nosotros, lista para ser declarada de utilidad pública y expropiable como Vicentin.

Para el final CEOSA, muy beneficiada por la obra pública provincialy OASA  del grupo Alvarez, que está enroscado en una gran campaña chauvinista contra La Pampa mediante sus diarios digitales. Estas empresas también eran uno de los oferentes del, ahora frustrado, acueducto M. Comán –La Horqueta.

Completarían el grupo de trabajo, unas 50 pymes, de un total de casi 300 inscriptas, que irían como subcontratistas.

La pregunta es entonces, quienes son los mayores beneficiarios de la obra y quienes serán los futuros beneficiarios del proyecto funcionando?. Para quién es Portezuelo del Viento? Cuáles son las inversiones necesarias que estimulen la actividad económica- productiva de la provincia?

La provincia necesita de muchas pequeñas y medianas obras de infraestructura, vial, viviendas, hospitales como el de Luján, cloacas y agua potable como en Malargüe (proyecto AySAM) y Lavalle (que consta en el presupuesto 2020). Malargüe, siendo el primer productor provincial de gas no tiene red de gas natural en su villa cabecera y necesita también caminos internos en buenas condiciones, para comunicación, para comercio y turismo. Están también esperando las obras señaladas en el presupuesto 2020 sujetas a financiación. O el señalado acueducto M. Comán –La Horqueta que beneficiará a 75 productores ganaderos, con 376 kilómetros de cañería y que, en total, irrigarán una superficie de 434.580 hectáreas. Las obras eléctricas eólicas y solares del plan RenovAr, algunas en Mendoza, son una opción para la generación limpia de energía domiciliaria a bajo costo por MW instalado.

Esta claro que la deuda de la Nación con la Provincia, originada en el juicio iniciado por Mendoza por la promoción industrial que la perjudicó, juicio al cual se renuncia en 2006 a cambio de los recursos para el plan de «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, y que fue ratificado por los acuerdos sucesivos, es dinero de la provincia de Mendoza y debe cobrarse y recibirse. 

También es correcto utilizarlo para proyectos integrales de desarrollo y de infraestructura en beneficio de la provincia y la región y sus pobladores, con empresas locales, pymes, cooperativas, con la participación y control del estado provincial. Asi como es necesaria la regulación de los ríos para energía, mejor aprovechamiento del agua, ampliación de la zona productiva, turismo y demás posibilidades, en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible en el tiempo. Y en el caso de cuencas interprovinciales, en acuerdo con las provincias vecinas.

Lo que entendemos es que no es, ésta megaobra, la que va a salvar a la provincia de la crisis. A su vez, en este momento, hay posibilidades inmediatas de enfrentar otros déficit de desarrollo a largo, mediano y corto plazo, con inversiones menores y medias, como las que se han planteado, en las que el estado provincial sea protagonista, con una fuerte participación de empresas de la región, pymes, cooperativas, organizaciones sociales y mano de obra locales.

Es necesario abrir este debate, ante un proyecto que va enturbiándose cada día más. El tipo de desarrollo y en beneficio de quién, es la gran discusión que debemos hacer los mendocinos.

La conducción de la UCR ensaya el bolsonarismo en Mendoza y disputa el liderazgo de la derecha en Argentina

El domingo 5 de julio, el largo conflicto de un sector de municipales de la ciudad de Mendoza, sumó un nuevo episodio de represión y arresto de los trabajadores y varios dirigentes sindicales.

El origen del conflicto es claro: sueldos de hambre, precariedad y pésimas condiciones laborales. A lo que se suma el desconocimiento autoritario de los derechos laborales (convenios colectivos, paritarias, representación sindical).

Frente a hechos públicos e inocultables, el Comité Mendoza de la UCR publicó una carta ofensiva, mentirosa, que debería avergonzar a propios y ajenos.

Nosotros reivindicamos los diferentes afluentes que nutren una tradición democrática, popular y nacional. Recordamos que el radicalismo surgió luchando contra el “régimen oligárquico” a fines del siglo XIX. Protagonizó luchas y rebeliones que contribuyeron a lograr la ley del voto secreto y obligatorio. Esas posiciones fueron la causa de golpes de estado oligárquico-imperialistas que derrocaron los gobiernos radicales de H. Irigoyen en 1930 y H. Illía en 1966. No por sus falencias y errores, sino por sus aspectos positivos: el primero impulsor de la creación de YPF y defensor del petróleo nacional; el segundo por la sanción de la ley de medicamentos. Ambos, honestos y honrados, bajo la perspectiva ideológica y política de los Cornejo y Suárez, hoy serían calificados de “ineficientes”, “enemigos de la propiedad privada”, “chavistas”, “populistas”.

La conducción de la UCR (entendemos que no todos los militantes adhieren a la profesión de fe neoliberal y represiva actual) ensaya un recurso discursivo repulsivo: demoniza a La Cámpora y el kirchnerismo para estigmatizar cualquier manifestación opositora. Se asemeja al macartismo anticomunista de los años 40 y 50 del siglo pasado. Reproduce la persecución antiperonista de los golpistas de 1955. La UCR, en el gobierno mendocino desde 2015, prohíbe, multa, persigue, enjuicia, reprime y encarcela a sus opositores. No acepta disidencias, reclamos, marchas, ni nada que suponga exhibir públicamente una crítica al rumbo derechista adoptado. ¿Qué hay de la deliberación pública como esencia de la democracia? ¿Qué hay de respetar instituciones democráticas y constitucionales como las paritarias y los Convenios Colectivos de Trabajo?

En los 90 supimos coincidir con peronistas, radicales y fuerzas de izquierda enfrentando el rumbo privatista, ajustador y entreguista del neoliberalismo menemista. Jóvenes de la Franja Morada y del radicalismo compartieron con nosotros Marchas educativas y Marchas Federales. Tal vez ha pasado mucho tiempo y perdieron la memoria.

En el presente, contrariando esa historia, la UCR formó parte y continúa defendiendo un gobierno como el de Macri, que en cuatro años dejó una catástrofe económica y social: recesión económica; endeudamiento record, con virtual default desde abril 2018, cubierto por el préstamo impagable del FMI; aumento del desempleo y la pobreza; emergencia social, alimentaria y sanitaria. Pero también exhibió pobre calidad institucional: desde el nombramiento de dos jueces de la Suprema Corte por decreto, hasta una vergonzosa red de espionaje sobre opositores y hasta oficialistas; pasando por una cantidad de negocios en torno a la especulación financiera, licitaciones y obras, que tarde o temprano deberán explicar ante el pueblo y la justicia.

El Comité UCR habla de un plan, dentro del cual cita, sin explicar y mezclándolos, diversos temas:

* Portezuelo del Viento: ¿cuál?; ¿el de la oferta única y cantada?; ¿el del proceso licitatorio que obligó a echar al funcionario incompatible sin explicar nada?; ¿la obra que beneficia en primer lugar a una empresa estatal china?

* Vicentín: ¿cuál?; ¿la del fraude gigantesco que dejó miles de obreros y productores esperando cobrar?; ¿el grupo que recibía préstamos del Banco Nación por su relación con Cambiemos?; ¿el que armó empresas off-shore para evadir impuestos y fugar las divisas?; ¿el que no pagó impuestos a la AFIP y a la Aduana?

* Roll over: ¿cuál?; ¿el que necesitan porque es imposible pagar los vencimientos de deuda pública heredada de Cornejo?; ¿el imprescindible para escapar del ahogo de una deuda en dólares del 60% del total?; ¿el relacionado con la irresponsable emisión del Bono 24 por 590 MD?

* Coparticipación: ¿cuál?; ¿la que Cornejo desistió de pelear al firmar el Consenso Fiscal con Macri, favoreciendo a la CABA, principal reducto del PRO, mientras Mendoza perdía?

* Ayuda Nacional e IFE: ¿cuáles?; ¿las medidas del populismo?; ¿las que Mendoza necesita para subsistir mientras agitan la independencia “porque tenemos de todo” y “no precisamos de Argentina”?

El gobierno de Suárez se queja de falta de recursos y quiere exprimir más los bolsillos vacíos de trabajadores precarizados y desocupados. Oculta la pobreza legada por el gobierno anterior. Pero se preocupó por favorecer a los bodegueros, dejando luego abandonados a los cosechadores migrantes del norte argentino. Esos hermanos norteños ¿también eran parte del siniestro plan opositor a la gestión Cornejo-Suárez?

La solución es muy sencilla, aunque les resulte extraña a las ideas de la moderna UCR-promacrista. Reconocer a los sindicatos, convocar paritarias, constituir Comités de emergencia socio-sanitaria. ¿No hay acaso, funcionarios del gobierno con experiencia suficiente para indicar al gobernador que todos ganan sentando a la mesa paritaria a las representaciones sindicales? Los trabajadores estatales y los de la educación han puesto el cuerpo y el alma en esta pandemia. Maltratarlos y despreciarlos del modo en que lo hace el Comité de la UCR es renegar de las mejores tradiciones democráticas. Golpear y encarcelar trabajadores y dirigentes sindicales es regresar a lo peor de la historia argentina. Olvidan incluso que fue bajo un gobierno radical que el pueblo argentino levantó la consigna del Nunca Más.

Somos parte del Frente de Todos. No nos apliquen etiquetas. Debatan y confronten ideas y posiciones. Participamos de las luchas sindicales, sociales y políticas en Argentina y en Mendoza para terminar con el infierno macrista. Hoy cuestionamos el rumbo del gobierno de Mendoza y de la conducción nacional de la UCR. No necesitamos disfrazarnos de nada, no apretamos a nadie. Al contrario, nos aprietan y asfixian con el Código Contravencional y otros instrumentos persecutorios. Defendemos las libertades democráticas y los derechos laborales, humanos y sociales. Rechazamos la concentración y la extranjerización económicas, y repudiamos el saqueo y los negocios vinculados a esos procesos. Defendemos la soberanía nacional y la liberación social. Por eso decimos:

#SolidaridadConLosTrabajadoresMunicipales

#BastaDeAutoritarismoYRepresión

#BastaDeProvocaciones

Mendoza, 7 de julio 2020

Junta Provincial del Partido del Trabajo y del Pueblo

Elecciones Municipales en Mendoza: AVANZA EL FRENTE ELEGÍ-TODOS

El domingo se realizaron las elecciones generales en los cuatro municipios que adelantaron en donde el Frente Elegí/Todos ganó por mayoría en tres de ellos y Cambia Mendoza se impuso en San Martín. En general todos avanzaron en comparación con las elecciones primarias ampliando sus porcentajes, en San Rafael de 55% a 59%, en Tunuyán de 70% a 73% y en Lavalle de 56% a 62%. Estos resultados reflejan la oleada de castigo a las políticas del gobierno nacional y provincial que se expresaron con contundencia en las elecciones nacionales.
En San Rafael el PTP junto a Evita, PSOL, y otras fuerzas, conformamos el reagrupamiento interno “Tierra, Techo y Trabajo” que integró el frente general y ayer consagró a Mariana Abraham como concejal departamental. En este caso la elección se realizó en el marco de la aprobación del Plan Departamental de Emergencia Alimentaria que se realizó por iniciativa de los movimientos sociales, el cual contempla la creación de la mesa de emergencia, refuerzos alimentarios a comedores, escuelas, etc.
En San Martín Cambia Mendoza se impuso por 7 puntos aprovechando el desgaste y las políticas funcionales a proyectos dependientes del intendente que buscaba su cuarta reelección.
Como analizamos en otra nota, el frente es condición necesaria pero no suficiente y las elecciones nacionales no se trasladan matemáticamente, sí los candidatos y los frentes por lugar no demuestran y avanzan en políticas que busquen resolver las graves urgencias populares, es muy difícil enfrentar el proyecto de ajuste del gobierno provincial que oculta su responsabilidad ante la crisis y que profundizará las políticas de ajuste.
Las elecciones departamentales reflejan la ola de castigo a las políticas del gobierno nacional, a la vez, la importancia de no subestimar a los poderosos sectores que expresan el gobierno; y demuestra la necesidad de que el frente avance lo más posible en políticas y medidas que busquen resolver la grave crisis, situación que no se concretará sin el protagonismo de las corrientes populares que integran el frente.

El Mendotran es Ajuste: miles de usuarios contra el nuevo sistema y el tarifazo

En Mendoza ya se realizó la quinta marcha contra el nuevo sistema de transporte «Mendotran».

El mismo es un sistema que no fue elaborado a través de la consulta al pueblo, al usuario del transporte. El gobierno de Cornejo comenzó haciendo oídos sordos a las protestas, pero las multitudinarias movilizaciones y la organización de los usuarios de diferentes zonas reclamando recorridos  eliminados, hizo que se empezara a modificar algunos recorridos. Pero el sistema no es solo el motivo del reclamo, el aumento del boleto hizo que la indignación y la bronca se expresara por las calles de la ciudad. 

Miles reclamando en las calles, calles que el gobernador creyó tener limpias y en silencio. NO!, los mendocinos/as, salieron una vez más ayer 17 de enero para decir:

– NO AL MENDOTRAN

– NO AL AUMENTO DEL BOLETO Y DE LOS PASAJES DE LARGA Y MEDIA DISTANCIA.

– NO AL TARIFAZO.

Cabe destacar que las marchas contaron con el apoyo de la gente que transitaba por la ciudad, mientras veía pasar la marcha con carteles y cánticos que repudian las acciones del gobernador y del secretario de transporte. 

La marchas y cortes se han ido realizando en diferentes zonas de la provincia, Maipú, Guaymallén, Luján, San Rafael, Malargue, Las Heras,etc.

Pero a pesar de algunas modificaciones que se van anunciando, la lucha sigue, las propuestas para cambiar el sistema de trasnporte empiezan a salir, vecinos, usuarios tienen distintas ideas sobre como debería ser, y esto es lo que el gobierno debería escuchar. 

Desde el partido del Trabajo y del Pueblo estuvimos escuchando y analizando esto y la terrible situaciòn econòmica que vivimos, por eso proponemos:

– Ley de Emergencia Tarifaria, hoy los salarios han quedado muy bajos para afrontar todo tipo de aumento que se haga.

 Anular el aumento del boleto y los pasajes de larga y media distancia, porque son un golpe mas al bolsillo del pueblo trabajador. 

– Reorganizar el sistema de transporte público a partir de la participación activa de usuarios, representantes de organizaciones sociales, vecinales y distintos sectores de la comunidad mendocina.

Este es un año de grandes luchas, les mendocinos/as venimos demostrando que no vamos a permitir que este gobierno siga pisoteando al trabajador y el pueblo, y mucho menos que nos hagan pagar por sus negociados a través de ajustes. Por eso llamamos a todo el pueblo mendocino/a, a ser protagonista en esta lucha. Trabajaremos en un gran frente de unidad que pueda derrotar esta política de ajuste, hambre  y represión.

Crecen las villas y la indigencia

LAS POLITICAS DESPLEGADAS HASTA HOY PRODUJERON 205 VILLAS Y 63.000 INDIGENTES. AHORA EL PUEBLO DEBE CONQUISTAR TIERRA, TECHO Y TRABAJO.

La noticia cruda: Un 10 % de la población, o sea más de 810.000 familias, alrededor o más de 3,5 millones de personas, viven en las 4.100 villas, asentamientos y urbanizaciones informales.

Estas “se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal) (Decreto PEN 358/2017)

Son poblaciones “distribuidas en todo el país, casi la mitad de sus habitantes son niños y jóvenes menores de 20 años”, según el Relevamiento de Barrios Populares realizado por el Estado nacional junto a cinco organizaciones sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) entre octubre de 2016 y mayo de 2017.

¿Sorpresa? ¿No lo sabíamos? Si hay al menos 30% de pobres ¿Dónde vivirían? Siendo esto muy grave, más preocupantes aún son algunos comentarios de quienes tienen poder y toman decisiones. Tomamos tres expresiones que naturalizan y hasta justifican esta situación en nuestra provincia, supuestamente más rica que otras.

1. Mendoza ocupa el 5to lugar en cantidad de asentamientos.

El gobernador Cornejo dixit “Si Mendoza es el cuarto en población, ser el quinto en villas es lo lógico, eso no quiere decir que esté bien.  La Argentina se ha empobrecido y Mendoza se ha empobrecido”. Esa lógica es incorrecta porque Chaco y Misiones, con menos habitantes, tienen más villas; en tanto Córdoba tiene casi el doble de nuestros habitantes y tiene menos asentamientos. Pero además, no es motivo de mayor o menor lógica la ubicación en semejante ranking del deterioro de las condiciones de vida.

2. El informe “sólo cuenta villas”.

El gobernador también se quejó del informe porque “cuenta las villas, pero no la cantidad de familias”, sugiriendo que podrían ser unas pocas familias y personas por asentamiento. Sin embargo, el decreto señala que según datos “proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, más de QUINIENTOS MIL (500.000) hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de DOS MILLONES (2.000.000) de personas”.

Ese es el piso mínimo de partida. Porque repasando estadísticas ya conocidas, y obviamente disponibles para los gobiernos, encontramos los números de hogares y población en pobreza e indigencia. La Encuesta Deuda Social Argentina de la UCA mostraba que la población en condiciones de indigencia, por ingresos, había oscilado entre 6,4% en 2010 y el 5,4% en 2015, lo cual implicó siempre más de 2 millones de personas. Una evolución similar se da para las cifras de pobreza que tuvieron en esos años un piso mínimo de 10 millones de personas.

Es decir que ya para fines del 2015 se hizo visible un problema estructural muy serio: había más de 11 millones de argentinos en la pobreza, y de ellos 2,5 millones en la indigencia, los cuales ascendieron a 13,3 millones y 2,7 millones respectivamente al finalizar el año 2016.

Indicadores de la gravedad de la situación son las brechas entre los ingresos promedios de indigentes y de pobres para alcanzar respectivamente una Canasta Básica de Alimentos y una Canasta Básica Total, calculadas para una familia tipo de 4 integrantes. El nuevo INDEC retomó estas mediciones para el 2do semestre de 2016.  En promedio, los hogares pobres cubrieron el 63% de la CBT ($13.945), con una brecha de $ 5.156. Los indigentes cubrieron un 60% de una CBA ($5.548). Si les falta $ 2.224 para alimentar su familia ¿cómo y con qué llegarán a los servicios básicos, a superar el hacinamiento, y a lograr una vivienda digna?  Repitámoslo: hay vastos sectores que la están pasando muy mal, y se hallan (sobre todo con la actual política económica) muy lejos de resolver su situación.

La desigualdad social y económica es, desde siempre, un factor de desigualdad territorial; deja huellas marcadas en el hábitat. Los pobres no podrían estar viviendo en un barrio privado; los indigentes, ni siquiera en un típico hogar de clase media.

La EPH-INDEC (2do semestre 2016) estimó para el aglomerado Gran Mendoza (295.000 hogares y unos 935.000 habitantes) lo siguiente:

                      Estimación Gran Mza.      Hogares         Población

                             Pobreza                     72.476             313.284

                             Indigencia                   8.567               34.805

Extrapolando datos para la población total de la provincia podríamos estimar con bastante aproximación unos 570.000 pobres, de los cuales 63.000 viven en condiciones de indigencia.

El estudio citado de la EDSA-UCA afirma que la dinámica de la pobreza se correlaciona estrechamente con las variaciones del PBI per cápita y del salario real; destacando la dificultad histórica de perforar un piso estructural de pobreza del 25-30%.

La reciente investigación de nuestro equipo en la UNCuyo (2016) llegó a similares conclusiones:

Todo indicaría entonces que las mejoras en la redistribución no han alterado la distribución primaria, aquella marcada por una matriz básica de desigualdad económica y social propia de una estructura capitalista dependiente. Por eso, como muestran los acontecimientos de los últimos meses, un cambio de gobierno puede desarmar rápidamente mecanismos de redistribución, arrojando a la desocupación y la pobreza a millones de habitantes, mientras la estructura de propiedad (concentrada y extranjerizada) no cambia.

3. Estado y sector privado

El comentario del gobernador remata con “La pobreza no solo se mitiga con un trabajo del Estado, en principio debe crecer el sector privado. Para distribuir la riqueza, hay que generarla”

La pregunta para el gobernador es ¿acaso la política económica, el marco regulatorio, las condiciones macroeconómicas, son fijadas por el sector privado? ¿Acaso no hubo años de crecimiento económico a tasas chinas sin perforar el piso estructural de precariedad laboral y núcleos duros de pobreza? ¿Acaso no hay 370 mil millones de dólares de argentinos en el exterior? Todo demuestra que sí hubo creación de riquezas, pero acompañada de una distribución profundamente desigual y de una fuga hacia paraísos fiscales, fondos off shore o directamente en valijas o inversiones en el exterior.

No vamos por buen camino: Cada semana hay más hambre, más pobres y son más los que no llegan a fin de mes. El presidente sigue prometiendo “pobreza cero con trabajo de calidad”. Sufre de noche pensando en los pobres, pero durante el día genera pobreza. Unos pocos poderosos cada vez más ricos, y más pobreza para las mayorías populares.

Macri ahora dice “Construir un país se trata de que cada argentino se esfuerce por dar lo mejor que tenga de sí;… que cada argentino por lo menos contribuya con lo mismo que consume”. 

Pero resulta que, bien miradas las cosas, millones de trabajadores argentinos están peleando porque no les alcanza el salario para consumir lo que producen. Lo que crean con su trabajo alimenta a parásitos terratenientes y especuladores financieros, sustenta las superganancias de los grupos monopolistas, contribuye a pagar intereses de la deuda eterna y engrosa los nichos de la corruptela política necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. Una parte pequeña de lo que producen queda para consumo de sus familias.

Un futuro posible: Macri y Cornejo impulsan la compra de casas prefabricadas chinas, restringiendo aún más la producción local, las fuentes de trabajo y los salarios. Por ese camino no accederemos a condiciones dignas de trabajo y de vida, ni desaparecerán las miles de villas y asentamientos.

Un camino viable es enfrentar la especulación inmobiliaria, y emprender un masivo plan de construcción de viviendas populares, apelando a la mano de obra desocupada o subocupada de los mismos habitantes de estas zonas, lo cual constituiría un circulo virtuoso que atiende a la demanda laboral y la necesidad de vivienda.

Fondos para invertir existen. Hoy se destinan a la construcción suntuaria, o para embellecer las plazas y calles céntricas para deleite de turistas. No se trata de no hacerlo, sino del orden de prioridades. Y eso es una decisión de política económica del Estado.

En los últimos años transitamos primero por la supuesta concesión de derechos “desde arriba”; para luego descubrir la absoluta precariedad de los mismos con un nuevo gobierno de “orden y orden” que desde arriba exige sólo cumplir deberes. Ahora el pueblo, “desde abajo”, debe desplegar su acción colectiva para conquistar de manera segura y estable condiciones dignas de vida y de trabajo.

“Pruebas de amor” en la relación con China

El miércoles 17, Mauricio Macri rubricó con el máximo jerarca del imperialismo de China, Xi Jinping, acuerdos para la financiación de proyectos de infraestructura por 17.000 millones de dólares (US$). 

Aunque la cifra es impactante, es importante ver cómo son esos proyectos y cuáles sus plazos de maduración: según trascendió, la planificación de la mayoría de ellos comenzará a ponerse en marcha durante el primer semestre de 2018. Después vendrá su realización que llevará varios años; tiempo que también depende del cumplimiento de la contraparte a la que se compromete el gobierno argentino. 

Desde el vamos, todos los acuerdos están condicionados al cumplimiento de los convenios firmados por el gobierno anterior (como los ferroviarios, la base espacial-militar en Neuquén o las represas de Santa Cruz) y a que las obras se hagan sin licitación, admitiendo la contratación directa, y sujetas a la cláusula del “cross default”: si una obra se incumple, caen todos los demás acuerdos. Si bien las tasas de interés nominales de los préstamos (deuda) son bajas, si a ello se suman los seguros de riesgo, el costo financiero total llega al usurario 8,19 % anual, en dólares.

El principal acuerdo de financiación, por US$12.500 millones es para la construcción de dos centrales nucleares: una en Campana, provincia de Buenos Aires, y la otra en Río Negro; la programación de la primera tiene fijado como inicio enero de 2018, para la segunda habrá que esperar. Le sigue en importancia la financiación de la infraestructura de Mendoza a Buenos Aires del tren San Martín, con un crédito a 20 años por US$2.400 millones, y otro préstamo de US$1.600 millones de bancos chinos para el Belgrano Cargas, que se agregan a los US$ 2.470 millones comprometidos por la gestión kirchnerista. Otro acuerdo que se destaca es para financiar la instalación de una planta de energía solar en Jujuy, con un préstamo por casi US$400 millones.

En esto es necesario aclarar, además, que no se trata de inversiones directas de capitales de China, que signifiquen una afluencia inmediata o mediata de dólares a la Argentina, sino de créditos a ir utilizando en la compra de equipos y materiales, tecnología y especialistas, traídos desde China. Es decir, lisa y llanamente préstamos para incrementar las ventas de China a la Argentina vinculadas a la realización de esos proyectos, con la contraparte de resignación de decisiones sobre los mismos, que van desde los equipos y tecnologías hasta las cuestiones ambientales y de soberanía, como se puede graficar en las idas y vueltas con las represas en Santa Cruz, la base en Neuquén o los proyectos para las centrales nucleares. 

Un intercambio muy desigual

Con estos acuerdos de préstamos, el imperialismo de China busca profundizar nuestra dependencia financiera de él, para asegurarse una mayor incidencia en su disputa con los otros imperialismos. También una mayor dependencia tecnológica y comercial, que tiene como trasfondo un profundo desequilibrio en el intercambio, habiéndose convertido China en uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, sólo por detrás de Brasil, tanto en exportaciones como en importaciones. 

Las exportaciones argentinas a China crecieron entre 2001 y 2011, pero a partir de allí comenzaron a caer y en 2016 se ubicaron en US$4.661 millones. Las exportaciones a China representan el 8% del total exportado por Argentina, de lo que el 63% es poroto de soja (sin procesar). En cambio, las importaciones desde China se multiplicaron por 10 entre 2001 y 2011, aunque luego se han mantenido relativamente estables. En 2016 fueron US$10.500 millones, que representan el 19% del total nacional, en lo que juegan un papel importante los artefactos eléctricos y mecánicos, además de las ventas financiadas al Estado a través de “acuerdos” como los de los ferrocarriles, que incluyen no sólo la compra del material rodante, sino hasta las vías y durmientes e incluso las butacas y personal técnico, con el consiguiente desmedro de la producción y los trabajadores nacionales.

La tan alabada por Macri “mayor complementariedad” en el mundo, que tendrá la economía de Argentina con la de China, se basa en venderle productos primarios sin o con poca elaboración (desde porotos de soja, cueros y lana sucia, hasta minerales y carne), a cambio de comprarle productos industriales (desde ferrocarriles y turbinas, hasta juguetes e indumentaria). Ya vivió esto la Argentina en su “complementariedad” con Inglaterra y los otros imperialismos de Europa. “Comprar a quien nos compra” era el lema de la oligarquía del siglo pasado que llevó en la década de 1930 al Pacto Roca-Runciman con los imperialistas ingleses en 1933 y al Convenio Comercial y de Pagos con la Alemania hitleriana en 1934, de características similares (Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina, tomo IV, capítulo XIV, págs. 22/24).

La “complementariedad” entre Argentina y China principalmente desde 2007, con su acrecentada venta de productos primarios sin o con poca elaboración, a cambio de una aún más acrecentada compra de productos industriales, ha resultado en un creciente y sostenido déficit comercial. Un déficit que desde 2011 viene sumando año a año más de US$5.000 millones de dólares, porque terminamos comprando más del doble de lo que nos compran. Lo que se repitió en 2016, con un saldo negativo de US$5.800 millones. De ahí que decimos que también hay un interés del imperialismo de China de atarnos financieramente a esta relación de intercambio desigual en los acuerdos firmados por Macri, dada su débil presencia todavía en inversiones extranjeras directas (IED). Inversiones que Macri también buscó en sus múltiples reuniones particulares con los CEO’s de los monopolios imperialistas de China (en su mayoría “estatales”).

Las inversiones directas

Si bien China se ha convertido en el segundo principal “socio comercial” de Argentina, con ataduras financieras ampliadas por el kirchnerismo y reforzadas ahora por Macri, la participación de la IED (es decir inversiones no financieras) de China en Argentina en relación al total de IED china en el exterior representa una exigua, aunque creciente presencia. El 60% del total se han dirigido al sector de alimentos, bebidas y tabaco, donde China ocupa el quinto lugar entre los países que más invierten.

Según la agencia oficial de China, “durante los últimos cinco años, más de 50 empresas chinas invirtieron en Argentina en proyectos ferroviarios, de energía solar, de telecomunicaciones, agrícolas y de infraestructuras. En estos momentos que Argentina está trabajando en un ambicioso plan de infraestructuras para los próximos 30 años, habrá sin duda enormes oportunidades para las empresas chinas que, según los argentinos (¿?), tienen ventajas en la tecnología y la financiación” (Xinhua, Pekín, 17/5/2017). La subestimación en el número y en el monto de las inversiones del imperialismo de China puede deberse a la “modalidad de implantación”, generalmente a través de “pantallas” nacionales (por ej., Electroingeniería) por lo que no se registran como IED, como ocurre también con las “inversiones” del imperialismo de Rusia y, en parte, de Alemania. A lo que deberían sumarse las “pantallas” en otros países dependientes, de donde se registran importantes IED, como Brasil, Chile y Uruguay o como las Islas Caimán y otros “paraísos fiscales”.

Teniendo en cuenta algunas de las inversiones multimillonarias recientes de China, esta potencia imperialista habría pasado al tercer lugar en las inversiones directas en Argentina, después de Estados Unidos y España. Entre esas inversiones registramos que, en 2010, la petrolera Cnooc compró el 50% de la participación de Bridas en Pan American Energy, por US$3.100 millones. Un año después, Sinopec compró Oxy, de la Occidental Petroleum Corporation por US$2.450 millones. Recientemente el monopolio cerealero Cofco pasó a ser el segundo monopolio imperialista (después del yanqui Cargill) entre las exportadoras radicadas en Argentina, al comprar Noble y Nidera. Por supuesto que, como ocurre con las compras de otros imperialismos de empresas ya existentes en el país, no son dólares que vienen al país, sino que en su mayoría van a las casas matrices de sus anteriores dueños, también imperialistas. 

firma: 

 Escribe Eugenio Gastiazoro

Brasil: crisis política, económica y social

Un nuevo escándalo de corrupción, afectando directamente al presidente Temer, estalló en Brasil.

Se conoció una grabación en la que Temer negocia un soborno ante los dueños del grupo frigorífico JBS, para comprar el silencio de un diputado preso desde octubre del año pasado. 

El Supremo Tribunal Federal (STF) anunció que autorizó la apertura de una investigación contra Temer por presunto intento de obstrucción de la Justicia. Inmediatamente, por las redes sociales, se convocó a nuevas protestas contra el presidente. En San Pablo, miles de manifestantes se concentraron en la Avenida Paulista exigiendo la renuncia de Temer y la convocatoria a elecciones directas. También se producían concentraciones en otras ciudades, al momento de escribir esta nota, 21 de mayo.

 Pese a que se suponía que Temer, cuyos índices de aprobación se calculan entre un 4 y un 9%, según las consultoras, iba a renunciar, pasó a la contraofensiva, diciendo que las grabaciones estaban fraguadas. 

Más allá de sus contradicciones, un sector de las clases dominantes brasileñas están interesadas en que Temer complete “sus tareas”. Las reformas de Temer están en un momento clave: la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley laboral que modifica la normativa de 1943 y deja en manos de los trabajadores y no de los sindicatos la negociación salarial, además de reducir las obligaciones patronales y evitar la justicia laboral. También se quiere aprobar un régimen de tercerizaciones.

El sistema de jubilaciones y pensiones tiene que ser modificado a través de una enmienda constitucional: el tema está en comisión y debe ser votado en mayo. Aumentan, en promedio, de ¡30 a 40 años!, los aportes necesarios para tener la jubilación completa.

Tanto el ex presidente Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), como sus ex aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño PMDB, al cual pertenece Temer, como sus opositores, como Aecio Neves del Partido Socialdemócrata Brasileño PSB, y decenas de legisladores nacionales o estaduales, ministros y ex ministros, están acusados de corrupción en el llamado Petrolao, o Lava Jato. 

Esta causa comenzó en el 2014, con la investigación de la corrupción en Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil. Ahí se pagaron coimas millonarias por parte de empresas de la construcción, particularmente Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, que actuaron cartelizadas, es decir, de acuerdo, para repartirse fabulosos contratos de la petrolera. Pagaron a funcionarios del gobierno y de la oposición. 

La legislación brasileña permite bajar condenas y dar detención domiciliaria si se denuncia a los que recibieron coimas. Las condenas no son sólo a políticos sino también a directivos de las empresas. Así Odebrecht hijo, condenado a prisión, está delatando coimas no sólo en Brasil sino en toda América Latina. 

La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar las denuncias de corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales. Ahora la denuncia del grupo JBS también alcanzó a Lula y Dilma.

En el trasfondo de la crisis política se encuentra la crisis económica que afecta a Brasil. El PBI cayó 3,8% durante 2015 y 3,6% en 2016. Una caída significativa dos años seguidos no se veía en Brasil desde la crisis del 30. La devaluación del real alcanzó un 48% durante el 2015. El desempleo ya alcanzó un 13,2% según las estadísticas oficiales, es decir 13,5 millones de desocupados. Ya en el 2012 el PBI de Brasil había crecido sólo un 0,9% y desde entonces el gobierno de Dilma Roussef aplicó una serie de medidas de ajuste antipopular como reacción a los efectos de la crisis internacional y los problemas estructurales de la economía brasileña. Estos problemas fueron agravados por una prolongada sequía. Pero el PBI y el real siguieron bajando, mientras la desocupación fue en aumento. Se gestó entonces un golpe institucional, que destituyó a Dilma y puso a Temer en la presidencia.

La huelga del 29 de abril

Los trabajadores y el pueblo brasileño están de pie ante esta situación. Además de las manifestaciones callejeras y diversas expresiones de lucha que ya habían comenzado durante el último Mundial de Fútbol, el 29 de abril se realizó una huelga general convocada por centrales obreras como la CUT, sindicatos y movimientos sociales, contra “las reformas de Temer y los banqueros”. Es decir, contra las reformas en el régimen de jubilaciones, laboral, y contra las tercerizaciones. Hubo concentraciones en las más importantes ciudades. 

En San Pablo pararon el transporte y los metalúrgicos, bancarios, profesores, estatales, etc. El acceso al aeropuerto fue bloqueado por el Frente Pueblo sin Miedo. 70.000 personas participaron en una marcha hasta la residencia de Temer. Río de Janeiro, Porto Alegre, Pernambuco, Belo Horizonte, Goais, fueron escenarios de lucha. En estas dos últimas ciudades se llegó a 100.000 manifestantes. 

La protesta incluyó a sectores directamente afectados por las reformas, como los pequeños comerciantes, los docentes de la red privada y colegios religiosos. Tuvo el respaldo de gran parte de los obispos de la Conferencia Episcopal brasileña. También adhirieron las iglesias evangélicas.

La votación en el Senado de la reforma laboral podrá demostrar el alcance de la huelga. Es por eso que el gobierno retiró cargos a los aliados de diputados que habían votado contra la reforma y eran considerados de la base oficialista. 

Según el presidente de Unidad Popular, Leonardo Pericles, la gran adhesión a la huelga ayudará a cambiar la correlación de fuerzas en la lucha contra las reformas. 

Ahora, con los mismos objetivos está llamada una Marcha a Brasilia para el 24 de Mayo. También habrá concentraciones en distintas ciudades. Una vez más, la cuestión es quién paga la crisis. 

firma: 

 Irene Alonso para Hoy

La Remonta no se vende


Vecinos Autoconvocados de La Remonta se concentraron en Tribunales Federales de la capital mendocina para exigir respuestas a los amparos presentados contra la venta de las tierras  de Campo Los Andes,  Valle de Uco. Esas tierras del Estado son habitadas y trabajadas desde hace años, y en algunos casos por varias generaciones, por pobladores y productores.

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta, en un comunicado, denuncian el silencio cómplice del Gobierno Provincial y la Justicia Federal de Mendoza.

Y agregan: “ El decreto presidencial 225/17 publicado el 4 de abril del corriente año sigue vigente.

Está en venta nuestro Patrimonio Nacional, nuestros Bienes Comunes, nuestro Hábitat y nuestra forma de producir están en riesgo.

Varias acciones hemos desplegado y no tenemos respuestas.

Existe un pedido de anulación del decreto en el Congreso Nacional que duerme en un cajón. Nuestros legisladores nacionales miran para otro lado.

Se presentaron en Tribunales Federales diferentes amparos que darían de baja este decreto por ser inconstitucional y vulnerar derechos básicos, como el acceso al agua potable, no sólo de los pobladores de La Remonta, sino de todos los mendocinos. A varias semanas de presentados la Cámara Federal NO resuelve quien será el Juez que debe hacerse cargo de los expedientes. Negándonos así nuestro Derecho a la Justicia.

El Gobierno Provincial en la figura del Gobernador Cornejo hizo público el anuncio en la COVIAR de cara a los empresarios, únicos beneficiados de las políticas de transferencias de recursos de la gestión que él representa ha impulsado, sin importarle la gente que afecta en su diario vivir . A partir de ahí toda su gestión apostó al desprestigio, la mentira y el silencio cómplice.

La respuesta no podía ser otra que el Conflicto Social.

En este marco, el miércoles 17 de mayo nos movilizamos a Tribunales Federales y Casa de Gobierno.

Nos concentramos a las 10:30 horas en la explanada de tribunales con una consigna clara:

  • La designación de un juez que dé tratamiento a los amparos judiciales.
  • La derogación del Decreto 225/17.