La prensa oficial del gobierno de Mendoza anunció que “un importante proyecto de seguridad ciudadana ganó un premio internacional entre 12 países”.
El proyecto fue impulsado por el observatorio de Seguridad Ciudadana de Mendoza, la Unidad de Acción Preventiva de la Dirección General de Policías del Ministerio de seguridad, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que cuenta con la mayor cantidad de preventores en el gran Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén cuyo intendente niega a los 30000 desaparecidos y reivindica la teoría de los dos demonios.
Este proyecto se denomina “Producción de Información para la Gestión Interagencial de
Problemáticas de Seguridad Intermunicipales en el Área Metropolitana de Mendoza”
El encuentro fue organizado por la OEA, Organización de Estados Americanos presidida por Almagro que fue la principal impulsora del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia junto al gobierno de Donald Trump de EEUU y la International Asociation of Crime Analysts (IACA). Participaron en la convocatoria 17 iniciativas de varios países de la región: México, Chile, Ecuador, El Salvador, Colombia, entre otros.
Según el gobierno de Mendoza, la zona no fue elegida al azar, sino que se delimitó en base a los llamados al 911, las tareas de monitoreo y tras una encuesta realizada a los comerciantes de la zona. Se trabajó sobre los alrededores de la Terminal de Ómnibus, el Hospital Central y el Acceso Este.
Esta área se caracterizó en las últimas décadas por ser zonas que parecen liberadas y donde prosperan negocios de trata y narcotráfico, a su vez, es una zona donde se da la mayor cantidad de operativos de averiguación de antecedentes y detenciones arbitrarias, entre ellas la búsqueda de testigos para presenciar allanamientos en barriadas populares bajo la amenaza de procesamiento penal ante la negativa del ciudadano elegido por los oficiales de la policía.
La terminal fue cercada en todo su perímetro y el código contravencional fue implementado para recaudar a través de multas y criminalizar a los trabajadores de la economía popular y a las personas en situación de calle que frecuentan la zona fronteriza de ambos municipios.
El ministerio de seguridad y los intendentes Iglesias y Ulpiano Suárez armaron grupos de tareas mixtos entre policías armados de provincia y las fueras represivas no armadas de los municipios mal llamados preventores.
Estos grupos de tarea fueron equipados con un software diseñado no solo para monitorear lo que iba sucediendo en tiempo real sino para “brindar una resolución inmediata de las problemáticas que iban surgiendo in situ” explicó el gobierno provincial en su página web de prensa.
La propaganda oficial del gobierno de Mendoza intenta lavarle la cara al ministro de seguridad y a la fuerza policial en un contexto actual dónde diariamente se viralizan situaciones de violencia policial en las redes sociales, quedando estéril el ocultamiento de los medios de prensa hegemónicos sobre la represión policial en las barriadas populares. Intenta el Gobierno, con esta operación mediática, con el falaz “policiamiento” y la “academialización” de las fuerzas represivas del estado, levantar la credibilidad de la policía de Mendoza en una semana donde se vienen gestando iniciativas populares masivas de organizaciones sociales, estudiantes y organismos de DDHH para protestar contra la violencia policial ocupando las calles y los espacios públicos en repudio a la represión creciente hacia los niños, juventudes, trabajadores y artistas populares.
La ascendente participación de los jóvenes en jornadas como la lucha por la defensa de la 7722, la lucha por Tierra, Techo y Trabajo en los movimientos sociales y la articulación que se viene dando entre estudiantes con la red de DDHH, van gestando una movilización sin precedentes para la Marcha anual contra el gatillo fácil y la violencia institucional por 5to año consecutivo a realizarse este 27 de agosto.
LIBERPUEBLO MENDOZA
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Partido del Trabajo y del Pueblo