QUE PAGUEN LOS QUE SE ENRIQUECEN A COSTA DE NUESTRA POBREZA
DERECHO A TRABAJAR EN MEJORES CONDICIONES COMO PRODUCTORES DE ALIMENTOS.
Ayer organizaciones sociales, de la economía popular y agricultores/as, salieron a las calles a reclamar por trabajo y por la emergencia productiva de nuestra provincia.
La inflación generada por un grupo concentrado de la economía: terratenientes, bodegueros, grandes empresarios, bancos e hipermercados que atan los precios locales a los internacionales, golpea cada vez mas fuerte, los sueldos no alcanzan y en el campo la situación no se aguanta mas. Ellos nunca pierden.
La situacion de los Agricultores/as que estan en crisis y desapareciendo en nuestra provincia es de suma preocupación. Se esta atravesando momentos muy difíciles, se cierra el año y para miles la Navidad será muy amarga. La inflación que va a rozar el 100%, el aumento de las tarifas de electricidad y gas Oíl, mas los alquileres que se fueron por las nubes, hace que, lo que estamos sacando no valga nada. Ejemplo de esto es el ajo, nos pagan $20 por kilo, el cajón de tomate $500 como mucho, cuando vamos a comprar insumos nos cobran a dólar “blue” y como si esto fuera poco, el clima tambien juega, una grave sequía afecta a gran parte del territorio: no hay agua para nuestros animales, bajan las napas y se queman las bombas, poco o nada de pasto para nuestro animales, etc. Las heladas fuera de época castigaron duro a Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba entre otras produciendo muchos daños en los cultivos. Con este contexto los agricultores estan desapareciendo lentamente generando una concentración de la producción y de la tierra en manos de pocos. La Provincia deja de lado y excluye a un gran sector de la agricultura familiar por no tener Rut (registro único de tierra) que los golpea nuevamente dejándolos a deriva y expulsándolos de las zonas rurales.
La organizacion y la lucha ha sido y es una forma de reclamar y exigir, pero tambien las organizaciones sociales y de la economía popular junto a sectores de pequeños productores han presentado proyectos y propuestas al gobierno, el proyecto de trabajo y vivienda, proyectos agrarios para producir alimentos y otros para desarrollar integralmente la economía popular. ¿Cuál ha sido la respuesta de Suarez? Más aumentos e impuestos como la RTO, más subsidios para las grandes bodegas y las constructoras que hacen el negocio de romper calles.
Por ello este miércoles 7 de novimenbre, salieron a las calles juntos a exigir al gobierno de Suarez que revea las medidas implementadas en Mendoza sino será responsables de la desaparición de miles y miles de familia agricultoras y de que la navidad sea muy dura para las familias mendocinas.
En Mendoza, con un 47% de pobreza, hay barrios sin agua, productores en la quiebra, centros de salud y hospitales sin insumos ni profesionales por eso urge atender las emergencias en lo agrario y generar trabajo:
No al recorte de los Potenciar Trabajo y asistencias sociales: Salud y educación.
Salario Mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar.
Insumos y herramientas para los trabajadores de la economía popular y el sector de pequeños productores.
Eliminación del IVA a la canasta básica familiar.
Basta de especular con los alimentos
Agua para los barrios y para producir.
Derecho a trabajar en mejores condiciones como productores de alimentos.
Basta de aumentos de luz y transporte.
Ley de emergencia contra la violencia de género.
Suspensión e investigación de la deuda contraída en el gobierno macrista.
1. El 1/9 Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a la cabeza de la vicepresidenta. El arma tenía balas. El hecho es de suma gravedad y de escalada en la violencia política. Los sectores reaccionarios y medios de comunicación a fines, han intentado meter la idea del autoatentado o de restarle importancia al hecho como si fuera un “loco” suelto. Sin embargo, el reseteo del teléfono del potencial homicida que estaba en manos de la justicia muestran que este no fue un hecho aislado ya que se enmarca en una campaña general que promueve en forma directa o indirecta acciones de desestabilización.
2. El atentado está enmarcado en una campaña general llevada adelante por JxC, los grandes monopolios y sectores más reaccionarios. Entre ellos se puede mencionar: campaña mediática (fake news) para sembrar un clima de desestabilización con los medios hegemónicos y los trolls en las redes; corrida cambiaria impulsada por las grandes corporaciones para profundizar la crisis económica; declaraciones golpistas de personajes como Aldo Rico; utilización de sectores de la justicia para la persecución política (lawfare) a sus adversarios y encubriendo los negociados de sus propios sectores (estafa con el FMI); allanamientos y persecución a movimientos sociales, sindicales y políticos (entre ellos la CCC); encarcelamiento y procesamiento a dirigentes gremiales por luchar (caso Mza y Chubut, etc); intento de proscripción y encarcelamiento a CFK (como a Lula en Brasil); impulso de juicio político al presidente que casi obtiene mayoría; presentación de proyectos represivos como el de encarcelamiento hasta 6 años a los dirigentes obreros por bloquear empresas.
3. Los sectores políticos y económicos que impulsan la campaña de desestabilización, son los responsables y máximos beneficiarios de la estafa con el FMI, son las corporaciones que remarcan los precios, especulan con la devaluación y el dólar. Estos grupos no están dispuestos a perder ningún privilegio, condicionan al gobierno nacional y buscan generar las condiciones para que vuelvan al gobierno sus voceros directos de JxC. Macri y compañía buscan desarmar, desarticular y destruir toda posible resistencia u oposición a sus planes de ajuste estructural para llegar al gobierno. Como dijeron en 90 días quieren eliminar derechos laborales, elevar edad jubilatoria, privatizar salud y educación, eliminar ayudas sociales, etc.
4. El gobierno nacional se equivoca al avanzar en el ajuste hacia abajo: inflación, tarifazos, recorte de partidas presupuestarias. El ajuste impulsado por Massa de 200 mil millones (en educación, salud, jardines maternales, etc) es parte de una exigencia del FMI de un recorte de 600 mil millones. Mientras ajusta para abajo, el gobierno cede a la presión de los grandes monopolios y exportadores con el dólar soja a 200 pesos. Es decir, más beneficios para los que más ganancias obtienen por esta política. De esta forma no sólo pierde apoyo popular, sino que fortalece a los sectores que llevan adelante la persecución, que se benefician con el ajuste y que buscan volver al gobierno. No es ajustando hacía abajo la solución, sino haciéndole pagar la crisis a los verdaderos responsables, a los que se llenan los bolsillos a costa del hambre del pueblo.
5. El atentado contra CFK ha generado un profundo debate en la sociedad. Los medios hegemónicos y la derecha de JxC alimentan corrientes reaccionarias en la masa. Nosotros mantenemos diferencias con CFK, pero estos grupos no buscan ni justicia, ni políticas independientes, sino demonizar y destruir a CFK y a toda organización social y popular para avanzar en sus planes de ajuste. Por eso ha sido tan importante la respuesta popular al atentado y es tan necesario el debate activo en la masa. La gravedad de la situación demanda medidas de emergencia para enfrentar la embestida de la derecha y resolver las graves urgencias sociales y, como en otras oportunidades, sólo el pueblo en la calle podrá enfrentar los planes de ajuste y avanzar en un camino de soberanía nacional.
En el acto de Avellaneda la vicepresidenta realizó un discurso sobre la situación política y económica. En el mismo hay aspectos interesantes para debatir como las causas de la inflación, el problema de la concentración económica, el condicionamiento de la deuda, etc.
Al final del discurso y en relación al trabajo, Cristina Fernández cuestionó el rol de las organizaciones sociales. Se desconoce el gran trabajo que vienen haciendo los movimientos sociales, sosteniendo comedores comunitarios, impulsando unidades productivas, enfrentando las situaciones de violencia de género, el flagelo de las adicciones, y organizando a los barrios para enfrentar la difícil situación social y económica que se vive día a día. Esta organización fue la base de la enorme red solidaria que permitió enfrentar la pandemia. Pero sobre todo, subestima el rol político que han asumido los movimientos sociales para conformar el Frente de Todos expresando la voz de los más humildes en su lucha por Tierra, Techo y Trabajo, que los hace imprescindibles en el debate de una Argentina soberana y con trabajo productivo.
Las organizaciones sociales no han sido las inventoras de los planes sociales, estos aparecieron como consecuencias de las políticas neoliberales, de la brutal desocupación que trajeron aparejadas las privatizaciones y la apertura económica de los noventa que golpeó severamente la industria nacional.
Los voceros de Juntos por el Cambio difunden que el problema de la Argentina son los planes sociales. Esconden que han sido sus políticas de ajuste y entrega las que incrementaron la desocupación y que hoy vuelven a impulsar. Los programas sociales como el Potenciar trabajo representan el 1% del presupuesto nacional y si se incluyen AUH, tarjeta alimentar, se llega al 4%.
Sin embargo, los gastos por intereses y capital de la deuda externa alcanzan históricamente un 10% del presupuesto nacional. Los bancos y grupos especulativos fugaron cerca de 87 mil millones de dólares (dos presupuestos nacionales) durante el gobierno de Macri y nos endeudaron en 45 mil millones de dólares. Y se podría seguir con el negociado de las grandes exportadoras e importadoras, la usura de los bancos y la especulación con las Leliq, el verdadero costo del barril de crudo y el subsidio a las petroleras, etc. La pregunta entonces es ¿quién vive del estado?
Los programas sociales no son la solución de fondo a la falta de trabajo, pero para los que no llegan a fin de mes y pelean contra el hambre todos los días, son una gran ayuda para enfrentar las graves emergencias sociales.
De los 20 millones de ocupados que hay en Argentina, 5 millones son trabajadores no registrados que no tienen ningún tipo de derecho laboral, que cobran los salarios más bajos, y trabajan en las condiciones más vulnerables. Además, hay casi 3 millones de cuentapropistas informales que busca sobrevivir. Esta grave situación no se resolverá con programas sociales, sino que requiere de políticas estructurales que impulsen el empleo y el trabajo formal.
Para impulsar una verdadera política de trabajo es necesario terminar con las condiciones estructurales que generan y aprovechan el trabajo informal y precario. ¿Es posible impulsar el trabajo formal si no se cambia con el modelo de país agroexportador que traba la industrialización y la sustitución de importaciones? ¿es posible terminar con el hambre y desnutrición si los alimentos que producimos están determinados por la exportación y atados a los precios internacionales?¿es posible impulsar un desarrollo nacional y soberano, si nuestras riquezas y empresas estratégicas están en manos de capitales extranjeros concentrados?¿es posible impulsar el desarrollo de los pueblos y economías regionales, si las tierras y el mercado están en manos y regulado por un puñado de terratenientes y monopolios?¿es posible invertir en obras indispensables para el desarrollo y el trabajo, si nuestros recursos y fondos se fugan al exterior por deudas fraudulentas y negocios especulativos?
Es posible generar millones de puestos de trabajo, pero es necesario cambiar las políticas de fondo que permiten que unos pocos concentran la riqueza a costo de la desgracia de la inmensa mayoría del pueblo. Para esto es necesario impulsar un proyecto de país soberano que recupere nuestras riquezas nacionales, impulse la industria nacional y la agricultura vinculada al mercado interno. Son políticas como las que hemos presentado en el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo.
Ante la avanzada de los sectores que critican la situación no para mejorarla sino para profundizar su crisis: buscan terminar con los derechos laborales y sociales, volver a las privatizaciones, aumentar la edad jubilatoria, arancelar la educación y la salud, dolarizar la economía, etc; ante esta avanzada es fundamental la unidad de las fuerzas y sectores del campo popular y del Frente de Todos para luchar por medidas de emergencia que busquen resolver las grave crisis, impulsando un proyecto de desarrollo nacional y soberano.
La prensa oficial del gobierno de Mendoza anunció que “un importante proyecto de seguridad ciudadana ganó un premio internacional entre 12 países”. El proyecto fue impulsado por el observatorio de Seguridad Ciudadana de Mendoza, la Unidad de Acción Preventiva de la Dirección General de Policías del Ministerio de seguridad, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que cuenta con la mayor cantidad de preventores en el gran Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén cuyo intendente niega a los 30000 desaparecidos y reivindica la teoría de los dos demonios. Este proyecto se denomina “Producción de Información para la Gestión Interagencial de Problemáticas de Seguridad Intermunicipales en el Área Metropolitana de Mendoza” El encuentro fue organizado por la OEA, Organización de Estados Americanos presidida por Almagro que fue la principal impulsora del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia junto al gobierno de Donald Trump de EEUU y la International Asociation of Crime Analysts (IACA). Participaron en la convocatoria 17 iniciativas de varios países de la región: México, Chile, Ecuador, El Salvador, Colombia, entre otros. Según el gobierno de Mendoza, la zona no fue elegida al azar, sino que se delimitó en base a los llamados al 911, las tareas de monitoreo y tras una encuesta realizada a los comerciantes de la zona. Se trabajó sobre los alrededores de la Terminal de Ómnibus, el Hospital Central y el Acceso Este. Esta área se caracterizó en las últimas décadas por ser zonas que parecen liberadas y donde prosperan negocios de trata y narcotráfico, a su vez, es una zona donde se da la mayor cantidad de operativos de averiguación de antecedentes y detenciones arbitrarias, entre ellas la búsqueda de testigos para presenciar allanamientos en barriadas populares bajo la amenaza de procesamiento penal ante la negativa del ciudadano elegido por los oficiales de la policía. La terminal fue cercada en todo su perímetro y el código contravencional fue implementado para recaudar a través de multas y criminalizar a los trabajadores de la economía popular y a las personas en situación de calle que frecuentan la zona fronteriza de ambos municipios. El ministerio de seguridad y los intendentes Iglesias y Ulpiano Suárez armaron grupos de tareas mixtos entre policías armados de provincia y las fueras represivas no armadas de los municipios mal llamados preventores. Estos grupos de tarea fueron equipados con un software diseñado no solo para monitorear lo que iba sucediendo en tiempo real sino para “brindar una resolución inmediata de las problemáticas que iban surgiendo in situ” explicó el gobierno provincial en su página web de prensa. La propaganda oficial del gobierno de Mendoza intenta lavarle la cara al ministro de seguridad y a la fuerza policial en un contexto actual dónde diariamente se viralizan situaciones de violencia policial en las redes sociales, quedando estéril el ocultamiento de los medios de prensa hegemónicos sobre la represión policial en las barriadas populares. Intenta el Gobierno, con esta operación mediática, con el falaz “policiamiento” y la “academialización” de las fuerzas represivas del estado, levantar la credibilidad de la policía de Mendoza en una semana donde se vienen gestando iniciativas populares masivas de organizaciones sociales, estudiantes y organismos de DDHH para protestar contra la violencia policial ocupando las calles y los espacios públicos en repudio a la represión creciente hacia los niños, juventudes, trabajadores y artistas populares. La ascendente participación de los jóvenes en jornadas como la lucha por la defensa de la 7722, la lucha por Tierra, Techo y Trabajo en los movimientos sociales y la articulación que se viene dando entre estudiantes con la red de DDHH, van gestando una movilización sin precedentes para la Marcha anual contra el gatillo fácil y la violencia institucional por 5to año consecutivo a realizarse este 27 de agosto. LIBERPUEBLO MENDOZA https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2022/02/2_Policiamiento-puntos-calientesMendoza-Argentina.pdf
Este 3 de junio se cumplió un centenario de la creación de YPF. En nuestra provincia se realizó un importantísimo caravanazo y acto frente a la puerta de Destilería Lujan de Cuyo con la consigna: “… por los 100 años de YPF, por un YPF 100% estatal motor del desarrollo y el progreso para nuestro pueblo”.
Desde temprano se concentraron este sábado 4 de junio, delegaciones de la CCC, Apepro Cuyo- FNC, Ni un pibe/a menos por la droga, PCR-JCR, PTP de Maipú, Guaymallen, Luján, Capital, San Martín. La concentración tuvo diferentes puntos para luego llegar juntos a la puerta de la Destilería ubicada en el departamento de Luján de Cuyo dónde se volanteó y se realizó un breve acto en el que habló Guido Peña coordinador provincial de la CCC y Nicolás Guillén presidente del PTP, quien en su discurso hizo un recorrido histórico de lo que ha sido la lucha por el control de YPF, y sobre todo de lo que debemos recuperar, entre lo planteado también dijo lo siguiente: “…vamos por una YPF 100%estatal, soberana, base de desarrollo nacional, de industria nacional, y de alimentos accesibles para el pueblo.”
Reconocemos que la recuperación del 51% de las acciones de YPF en el 2012, fue un paso adelante que ha posibilitado al estado volver a intervenir en la política hidrocarburífera. Sin embargo, esta medida fue parcial, el 49% de empresa sigue en manos extranjeras, YPF controla la mitad del petróleo nacional y menos de un tercio del gas. La lucha sigue y hay que redoblarla porque durante el gobierno de Macri volvió a crecer la deuda de YPF y la desinversión. YPF directamente pasó a ser manejada por los CEOS de las compañías extranjeras. Crecieron los subsidios a las petroleras privadas que pagamos todos los argentinos y argentinas, y el gobernador Suárez con “Mendoza Activa”, reintegra el 40% de las inversiones y redujo las regalías provinciales del 12 al 6%.
Es necesario un cambio de política, con la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania volvieron a demostrar el impacto en los hidrocarburos. Mientras continúa subiendo el precio de los combustibles, crece la ganancia del puñado de monopolios que controla lo fundamental del petróleo y el gas, mientras el pueblo hoy recorre diferentes estaciones para conseguir combustibles, que lleva hasta horas de cola la espera por cargar.
Es fundamental avanzar en una YPF 100% estatal y federal:
Que maneje la totalidad de los hidrocarburos y sea controlada por trabajadores, técnicos y usuarios.
Una empresa que defina condiciones de producción, volúmenes y precio de los mismos, regulando su comercialización según las necesidades del pueblo y la patria;
Una YPF que elimine las concesiones privadas y los subsidios a las grandes corporaciones y avance en un proceso de industrialización con participación de las PyMES y universidades;
Una empresa que busque el autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética, desarrollando energías “limpias y alternativas”;
Una YPF que termine con la tercerización y precarización laboral y garantice condiciones y salarios acorde a esta actividad.
Más que nunca es necesario un gran movimiento patriótico que recupere plenamente YPF, ya que como diría Enrique Mosconi: “Entregar nuestro petróleo, es como entregar nuestra bandera”.
Este 3 de junio se cumple un centenario de la creación de YPF. En esos momentos el petróleo estaba totalmente en manos de empresas extranjeras y la Nación dependía absolutamente de ellas. El gobierno radical de Yrigoyen por impulso del general Mosconi, decidió crear la primera empresa del petróleo estatal del mundo. YPF se constituyó en una empresa clave para el proceso de industrialización del país, controlando un recurso estratégico no renovable según las necesidades de la Nación. La privatización en los 90´ y su proceso de vaciamiento la llevó al borde de la quiebra con consecuencias sociales y económicas gravísimas (sobreexplotación de pozos reduciendo reservas, incremento desmedido de las exportaciones, brutal desocupación, etc). La recuperación del 51% de las acciones de YPF en el 2012, aunque incompleta e insuficiente, fue un paso adelante. Sin embargo, actualmente las grandes operadoras privadas y extranjeras mantienen el control central de nuestro petróleo y gas. YPF sólo controla cerca de la mitad del petróleo y menos de un tercio del gas, pero la mitad de sus acciones son privadas. Es decir que estas riquezas continúan mayoritariamente en manos de grandes monopolios, que obtienen super ganancias ajustando a los trabajadores y al pueblo con los continuos aumentos. En este sentido es fundamental avanzar en una YPF 100% estatal y federal, controlada por trabajadores, técnicos y usuarios; que posea la totalidad de los recursos estratégicos, definiendo condiciones de producción, volúmenes y precio de los mismos, regulando su comercialización según las necesidades del pueblo y la patria; que elimine las concesiones privadas y los subsidios a las grandes corporaciones y avance en un proceso de industrialización con participación de las PyMES y universidades; una empresa que busque el autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética, desarrollando energías “limpias y alternativas”; una empresa que termine con la tercerización y precarización laboral y garantice condiciones y salarios acorde a esta actividad.
Hoy más que nunca es necesario un gran movimiento patriótico que se proponga recuperar plenamente YPF, ya que como diría Mosconi: “Entregar nuestro petróleo, es como entregar nuestra bandera”. Corriente Clasista y Combativa- Partido del Trabajo y del Pueblo- Partido Comunista Revolucionario Mendoza, mayo de 2022
La inflación de 6,7% de marzo fue la de mayor registro en los últimos 20 años. Este indicador refleja la grave crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Si bien bajo la pobreza unos puntos, se mantiene en niveles sumamente alarmantes (37% y 8% de indigencia). Cada punto de estos indicadores representa 467 mil personas, no son números abstractos, son familias que no llegan a fin de mes o no tienen para comer. Según los datos (elaborados sobre parámetros muy bajos que no incluyen por ejemplo el ítem de alquileres) una familia de 4 personas necesita 89 mil pesos para no ser pobre y 39 mil para no ser indigente.
A pesar de los discursos de “orden y progreso” del gobernador Suárez y del mandamás Cornejo, la situación en Mendoza es aún más grave que la nacional, la recuperación económica es más baja y los ingresos menores que la media nacional. La pobreza alcanzó en la provincia casi al 45%, es decir 7 puntos más que la del país.
Hay una recuperación económica escasa, muy concentrada en pocos sectores, si bien hay trabajo, crece el empleo en negro o informal (turismos, comercio, construcción, agro) con ingresos más bajos que los formales o en blanco y más precarizados.
El acuerdo con el FMI y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, agravarán la actual crisis. Aparte de las exigencias de ajuste del gasto (hacía bajo y no hacía arriba) y tarifazos, el Fondo ya plantea reformas estructurales que implican eliminar derechos y conquistas sociales.
Crisis para los de abajo, ganancia para los de arriba
Mientras la jubilación mínima se mantiene en 32 mil pesos y el salario promedio de un trabajador es de 55 mil, ambas cifras muy por debajo de la canasta familiar; un grupo de grandes monopolios tuvieron ganancias records: grandes exportadores de soja y alimentos, grandes petroleras, bancos y grupos especuladores, entre otros. Son los que fugaron el préstamo del FMI y que se benefician con las subas de los precios internacionales por la guerra, mientras la inmensa mayoría del pueblo paga las consecuencias de la estafa macrista y de la suba de los precios.
Por ejemplo, si tomamos el caso de la soja paso de 300 dólares la tonelada antes de la pandemia a 600 dólares en la actualidad. Lo mismo paso con el maíz que trepo de 150 a 450 dólares. Las empresas de agronegocios liquidaron el mes pasado 2.984 millones de dólares, fue el mejor marzo de los últimos 20 años. Estos grupos a pesar de ganar millones presionan para bajar retenciones y aumentar el precio de los productos a los valores internacionales, como es el precio de la carne que hoy se paga a más de 5 dólares el kilo y ha condicionado el precio nacional.
El peligro de la derecha y las ideas reaccionarias
Ante la difícil situación, vuelven a surgir los voceros del ajuste y la dependencia concentrados mayoritariamente en Juntos por el Cambio y en personajes fogoneados como Milei. Son los sectores que mientras gobernaron avanzaron en el ajuste y la entrega (ataron al país a potencias externas como EEUU e Inglaterra, endeudaron a la nación con el FMI, permitieron la fuga de capitales y la timba financiera, apoyaron el golpe de Bolivia, aplicaron un brutal tarifazo, intentaron avanzar en la reforma jubilatoria, etc). Durante la pandemia cuestionaron las medidas preventivas y de cuidado, hicieron campaña contra las vacunas y promovieron cacerolazos contra las medidas del gobierno. Como muchos compañeros/as dicen ¿qué hubiera pasado si Macri gobernaba durante la pandemia?
Ante la difícil situación, estos grupos junto a los medios de comunicación hegemónicos han metido una serie de ideas sobre el problema del país y han promovido propuestas desastrosas que han tenido eco en amplios sectores de la población y que hay que ubicar y contrarrestar con argumentos.
-Dicen: el problema es el gasto del estado y sobre todo los planes sociales: el “gasto” en toda la política social (AUH, tarjeta alimentar, seguro desempleo, potenciar trabajo, etc) representa sólo el 4% del presupuesto nacional[1]. Aunque son insuficientes, estas políticas han permitido contar con ayudas para enfrentar el desempleo y las graves urgencias sociales y organizar una red de solidaridad comunitaria como se evidenció en la pandemia con los comedores barriales. Los voceros de Cambiemos han metido la idea de que los planes generan vagos y evitan el trabajo (utilizando los malos ejemplos de algunas organizaciones funcionales) tratando de enfrentar a trabajadores y desocupados, es decir a pobres contra pobres. La desocupación estructural es producto de las políticas que históricamente han impulsado los sectores que representa Cambiemos que, a la vez, son los que se oponen a desarrollar políticas de soberanía y trabajo. Los planes dejaran de ser necesarios si se desarrollan políticas genuinas de trabajo y si hay una verdadera recomposición salarial, que rompa con el falso dilema de optar entre sueldos miserables y en pésimas condiciones, o mantener planes que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
Para estos sectores el problema es que se “gasta” mucho en los pobres, pero con la excusa de los planes, de fondo buscan cuestionar las partidas para salud, educación y jubilación. Milei dijo que las universidades hay que cerrarlas porque son un gasto y lugares de adoctrinamiento. Macri transformó el Ministerio de salud en una secretaria y redujo su presupuesto. El FMI planteo cínicamente que “en Argentina hay muchos jubilados y cobran haberes muy altos”.
Estos sectores ven el problema en los que cobran 7 mil pesos en una AUH o 32 mil pesos en una jubilación, pero ocultan (porque defienden sus intereses) que el verdadero agujero presupuestario lo representa los gastos en los grupos a los que ellos defienden. Los pagos de interés por la fraudulenta e ilegítima deuda externa han representado históricamente un 10% del presupuesto nacional. Los bancos y grupos especulativos fugaron cerca de 400 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri (casi todo un PBI anual) y hacen fortunas con las Leliq, que consume cerca de cien mil millones de pesos al mes. El gobernador Suárez redujo a la mitad las regalías hidrocarburíferas (del 12 al 6%) y estableció un subsidio del 40% para las inversiones en petróleo y gas[2]. El estado paga 60 dólares el barril criollo de crudo cuando su costo no supera los 20 dólares. La pregunta es ¿quién vive del estado?
Dicen: para sacar al país adelante hay que traer “inversiones extranjeras”: es decir plantean reforzar la dependencia de nuestro país con los monopolios extranjeros (agroexportadores, petroleros, mineros, etc), que son los responsables del saqueo de nuestras riquezas, de la contaminación de nuestro suelo, y de la explotación y precarización de los trabajadores.
Pero por sobre todo las cosas, los monopolios extranjeros junto a los grandes terratenientes latifundistas (grandes poseedores de tierra), han deformado nuestra economía impidiendo un verdadero desarrollo nacional, privilegiando el mercado externo sobre el interno, impulsando el monocultivo exportable en vez de una agricultura vinculada al consumo local, la importación de manufacturas en vez del desarrollo de la industria nacional.
En el país de las inversiones extranjeras, el principal cultivo es la soja que se exporta en un 95% y condiciona al resto de la producción. En el país de la dependencia, se estimula una industria condicionada o del ensamble, donde la mayor parte de los componentes del producto final son importados. Basta pensar en la producción tecnológica, maquinaria, herramientas, insumos agrícolas, etc. Por ejemplo, se calcula que en la industria automotriz el 70% de sus componentes son importados. Llegamos a exportar materia prima como el potasio para importar posteriormente los fertilizantes elaborados con ese producto.
La concentración y extranjerización de la economía es tal que de las 100 empresas que más facturan en el país, 78 son extranjeras. En el sector de alimentos 18 fabricantes de un total de 260 controlan el 60% del mercado. Las 10 principales agroexportadoras concentran el 90% del comercio de granos y son las que hoy están protestando por el aumento de las retenciones. El 2% de los grandes terratenientes tienen el 54% de la tierra en Argentina y 18% están en manos extranjeras. De esta forma la tierra se concentra en pocas manos e impide que la misma sea un medio accesible para vivir y trabajar.
Es decir, Juntos por el Cambio (o Juntos por la Entrega mejor dicho) proponen profundizar el ingreso de los grupos económicos que son responsables estructurales de nuestros problemas.
Dicen: hay que hacer reformas estructurales para reducir la intervención del Estado y facilitar el ingreso de las inversiones extranjeras: estos grupos buscan reducir la intervención del Estado en favor del mercado controlado por los grandes monopolios, es decir dejar librado a que los grandes grupos económicos impongan las reglas de juego, donde prevalecen las corporaciones sobre las PyMES, los intermediarios sobre los productores y los formadores de precio sobre los consumidores.
Entre otras cosas, para los Macri esto quiere decir eliminar aún más las trabas para el ingreso de productos importados (una de las grandes exigencias de los monopolios) lo que implica agudizar la crisis de la industria nacional y las economías regionales. Eliminar retenciones a las exportaciones en general (no segmentándolas) favoreciendo aún más a las grandes corporaciones con la excusa de que estas “traban” la inversión en el campo. Eliminar los controles de precio y la escasa intervención del Estado en la producción y comercialización. Esta idea de terminar con todo tipo de regulación llega al extremo de plantear la dolarización completa de la economía[3] (como lo ha propuesto Milei, Cobos y diversos dirigentes de Cambiemos), lo que implica sepultar cualquier tipo de control soberano de nuestra economía y quedar atado a los destinos de EEUU, experiencia que ya vivimos con la convertibilidad y que termino con el estallido del 2001.
Y cundo hablan de “reformas” lo que verdaderamente plantean es eliminar los derechos adquiridos en años y años de lucha. Ya en su gobierno Macri había planteado las cinco reformas fundamentales para ellos: trabajo, jubilación, salud, educación y política. Bajo el término de reforma laboral, se plantea eliminar los convenios colectivos y que los empresarios negocien directamente con cada trabajador cuánto le paga, cuánto trabaja, de qué forma y en qué horarios, entre otras desastrosas cosas (eliminar indemnización por despido, avanzar en la precarización y tercerización del trabajo como el modelo delibery). Cuando hablan de reforma jubilatoria plantean subir la edad jubilatoria (hoy 60 mujeres, 65 hombres) y avanzar en sistemas privados como los AFJP que implicaron un brutal negociados para los privados y las estafas para millones de jubilados (este modelo jubilatorio fue una de las causas del estallido en Chile, en donde un jubilado cobraba con suerte un tercio de su sueldo activo). Cuando hablan de reforma de la salud y la educación, de fondo lo que buscan es terminar con el sistema público y gratuito y avanzar en formas de arancelamiento y privatización. Con reforma política y bajo el planteo del gasto de la política (que tiene aspectos reales como los altos haberes de funcionarios y jueces y el sistema podrido que ellos defienden) de fondo lo que buscan es avanzar en el control político y jurídico como se evidencia en las maniobras realizadas en el Concejo de la Magistratura. En general buscan volver a una Argentina de hace 100 años atrás sin derechos para el pueblo.
La debilidad del gobierno y la crisis política
Las propuestas de Junto por el Cambio agravarán drásticamente la situación económica y social. Sin embargo, las actuales políticas del gobierno nacional (que se agravaran por el acuerdo con el FMI), no sólo son ineficaces para enfrentar la embestida de los sectores más conservadores, sino que actualmente permiten descargar la crisis en la espalda del pueblo y la producción nacional.
Desde el PTP somos parte del Frente de Todos, pero no somos parte del gobierno. Peleamos por mantener unido el Frente de Todos y por avanzar en una salida popular. No somos ni cristinistas, ni albertistas, es decir no apoyamos a uno contra otro, aunque no somos indiferentes a las discusiones planteadas, por lo que sostenemos que es imprescindible medidas de emergencia que resuelvan las graves urgencias del pueblo y la patria, y para esto es clave la organización y lucha del pueblo. La grave situación no se resolverá con personalismos o candidaturas sino con proyectos y políticas verdaderamente nacionales y populares.
Tenemos la cualidad de poder abordar el gigantesco debate con independencia, criticando lo incorrecto del gobierno, advirtiendo y mostrando el peligro del macrismo, y argumentando en la necesidad de sumar al proyecto de soberanía, trabajo y producción que venimos impulsando desde abajo.
Medidas de emergencia
En este sentido, desde el PTP/PCR sostenemos que hay un camino para resolver la grave crisis, adoptando medidas de emergencia a nivel provincial y nacional que impulsen el trabajo y la producción nacional como condición para enfrentar la inflación y la pobreza. Síntesis y expresión de nuestras 10 medidas nacionales[4].
1 Revisión del acuerdo con el FMI: que legitimó la estafa macrista, ni un solo dólar se usó para beneficio del pueblo y la patria. Los 44 mil millones de dólares del préstamo son equiparables a un plan de 2 millones de viviendas. Rechazar las imposiciones de ajuste y entrega que plantea el Fondo (aumento de tarifas, ajuste presupuestario, reformas). Suspender e investigar esta deuda, recuperar los fondos mal habidos, y castigar legal y económicamente a los responsables.
2 Que paguen los que la juntaron con pala: Establecer el impuesto a las grandes fortunas en forma permanente en camino a una reforma impositiva con impuesto progresivos a las superganancias y rentas y diferenciados para las PyMES, productores y trabajadores. En Mendoza se presentó un proyecto para gravar a las 100 empresas que más facturan concentran la mitad de la producción provincial[5]. En la provincia aumentar las regalías hidrocarburíferas a un 25% (hoy están en 6%). Terminar con los subsidios a las grandes y destinarla a proyectos de vivienda y trabajo.
3 Enfrentar la inflación: Desacoplar los precios nacionales de los internacionales, terminar con la fuga de capitales y sacar los pesos de la especulación y volcarlos a la producción. Acabar con el chantaje de los “precios del mercado mundial”; precios y tarifas basados en el costo de producción nacional. Creación de Juntas de productos y alimentos (o proyectos provinciales similares como el ente regulador de la producción hortícola[6]), para garantizar un precio sostén a los productores, terminar con la especulación y el saqueo de los exportadores e intermediario y garantizar alimentos accesibles al pueblo. No es posible que los productos tengan recargas entre 5 y 10 veces de lo que se paga al productor.
4 Soberanía y desarrollo nacional: Recuperar nuestras riquezas y empresas estratégicas como el petróleo, litio, ferrocarriles, hidrovía, etc.Por una YPF 100% nacional (hoy YPF controla la mitad del petróleo y menos de un tercio del gas y la mitad de esta empresa está en manos de capitales privados). Impulso a la producción nacional y sustitución de importaciones. En el ámbito provincial reorientar la megaobra de Portezuelo del Viento para destinarla a la realización de obras indispensables para agua, riego, energía, como se solicita en pedido de múltiples organizaciones[7].
5 Defensa del trabajo y el salario: Reapertura de paritaria y aumento de emergenciade salarios y jubilaciones acorde a la canasta familiar para contrarrestar la embestida inflacionaria. Aprobar el Programa de “Tierra, Techo y Trabajo[8]” o de “Trabajo y Vivienda” provincial que implican plan de soluciones habitacionales y nuevas viviendas, acceso a lotes para producir y vivir, y generación de fuentes de trabajo.
Este fin de semana realizamos un exitoso campamento del Ni un pibe y piba menos por la droga en Mendoza.
Nos encontramos para debatir la situación que atravesamos los jóvenes en los barrios, en el campo, en las escuelas, en la universidad y los terciarios; pusimos en común las diferentes experiencias que venimos desarrollando en la provincia y los desafíos que nos planteamos para la lucha.
Demostramos en este campamento que esa idea que nos meten de que para divertirnos tenemos que consumir es una mentira con el objetivo de dormirnos y mantenernos divididos, fuimos protagonistas de esos derechos que nos niegan día a día como el deporte, la recreación y la cultura.
Realizamos talleres culturales, danzas (twerking, salay, tinkus, Saya, kpop), hicimos karaoke, freestyle, cantamos cumbias, pileteamos, realizamos sketch y radio abierta camino al 8M.
Salimos unidos y fortalecidos para transformar la realidad que vivimos y nos plantamos diciendo que la deuda es con la juventud y que queremos que la plata que se va a pagarle al FMI se ponga para que la tierra, el techo, el trabajo sea para todos.
La tormenta del miércoles 23/2 golpeó gran parte del territorio mendocino, con fuertes ráfagas y sobre todo granizo, afectando viviendas, comercios y zonas productivas. Hay una gran cantidad de hogares con techos dañados y vidrios rotos, principalmente viviendas humildes en las grandes barriadas populares. A la vez, hay extensas zonas agrícolas afectadas con la consiguiente pérdida de la producción.
Es fundamental que el gobierno provincial declare la emergencia económico y social, implementando medidas de reparación de techos, asistiendo con colchones e indumentaria y producto de limpieza a los hogares vulnerables. Por otra parte, es necesario adoptar medidas políticas y económicas para atender la situación de los pequeños y medianos productores y de los comercios y PyMEs afectados, con subsidios especiales y alivios tributarios extraordinarios.
En momentos de profundo cambio climático y desastres naturales como el de Corrientes, estas contingencias no están desvinculadas de las políticas extractivistas y de saqueo, que vienen afectando gravemente nuestro territorio. Políticas que sólo benefician a unos pocos perjudicando a la gran mayoría del pueblo en el marco de la grave situación económica.
Hacemos extensivo el pedido de solidaridad con las familias afectadas y a la organización social para afrontar esta grave situación social, como lo viene realizando la CCC y APEPRO entre otros. Solicitamos toda la ayuda social con colchones, ropa en buen estado, calzado, elementos de limpieza y aportes de todo tipo.
Colecta solidaria
Lugar: Manuela A. Saenz 2961 del B° 17 de noviembre (a 200mts de Pedro Molina y Sarmiento de Guaymallén) de 9 a 12.30 y de 15hs a 19hs – tel de contacto: 2616 33-5775
Corriente Clasista Combativa Mendoza- PTP – Partido del Trabajo y del Pueblo
Proyecto “El Azufre” o Por quienes se preocupa el Gobierno Provincial.
Suárez entregó mediante el Decreto 2138/21 entre gallos y medianoche, 12.000 ha de nuestra cordillera para un emprendimiento privado a nivel turismo internacional. Para evaluar la magnitud del territorio en cuestión: es más grande que el departamento de Godoy Cruz y seis veces mayor que el centro de ski más grande de Latinoamérica, el cerro Catedral, que tiene dos mil hectáreas.
La empresa El Azufre S.A., beneficiada con esta medida y que en realidad viene ocupando y trabajando en la zona desde 2019, cuenta con una capital inicial de $ 100.000 y dice que va a realizar una inversión de 88 millones o luego de 250 millones de dólares para 2024, según anunciaron en octubre de 2019. Sin embargo, declara un domicilio legal en Malargüe que corresponde a una casa abandonada, para solicitar financiamiento a través de Mendoza Activa, programa destinado a pymes y emprendedores.
Para ello se asociarían con empresas internacionales de proyectos de resorts de montaña, áreas de esquí, recreación e inmobiliarios como Mountainworks, Doppelmayr y Sustentator para lograr construir un complejo de Ski a nivel internacional con 4000 camas, seguramente muy lejos del alcance de la gran mayoría de los mendocinos.
Todo esto en una zona de frontera, sin respetar la Ley provincial de Arraigo (6086), ni la Ley Nacional 26160 que protege a las poblaciones preexistentes, y sin pasar “por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y Consulta Pública de los expedientes, establecidos en la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961, por lo tanto es ilegal”, según se denuncia desde distintos sectores.
Este es un nuevo avance en la habitual política del gobierno de Suárez en cuanto a los bienes comunes, a los territorios de glaciares, nacientes de ríos y ambientes naturales de nuestra cordillera, como sucedió con Cerro Punta Negra y la Laguna del Atuel.
Los campesinos, agricultores familiares, puesteros, pueblos originarios y organizaciones de productores rurales, no están invitados a formar parte de esta política de distribución de tierras del gobierno.
Esta cesión podría afectar incluso intereses del Estado Nacional, teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados «Potreros de Cordillera» eran del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza desde 1969.
En cuanto a lo ambiental, según denuncia el estudioso Federico Soria: “ Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos… Se trata de la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza …se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar” y aclara que se trata de “el humedal altoandino más grande de toda Mendoza: las vegas (terrenos fértiles que constituyen las llanuras aluviales de los ríos) del Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce”.
Este Decreto ha generado ya tres presentaciones objetándolo. Ricardo Pont, abogado y ex intendente de Tunuyán por el PJ en Fiscalía de Estado, el abogado radical Fernando Armagnague en la Suprema Corte de Justicia Provincial y el Diputado Provincial Lucas Ilardo (F. de Todos) quien solicitó un pedido de informes en la Legislatura.
En conclusión Suárez entrega 12.000 hectáreas gratis para una empresa y un emprendimiento privado que solo disfrutarán unos pocos, cuando sólo necesitan 2.000 hectáreas, mientras resulta cada vez más una necesidad tratar la Ley de Tierra Techo y Trabajo presentada en el Congreso Nacional, la Legislatura Provincial, y el Concejo Deliberante de Malargúe, que podría generar una reactivación en puestos de trabajo, alimentos baratos y viviendas.
Hoy mientras un agricultor sin tierra debería tener 8 millones de pesos para comprar 8 ha con derecho a riego en Lavalle y una familia de asalariados mendocina debería contar con ingresos por $147.000, hacer un aporte inicial de $ 2.8 millones y pagar 240 cuotas de $ 43.000 para acceder a la vivienda propia, en un terreno de 0.02 hectáreas, que ofrece el IPV, queda muy claro que cuando decimos que Suárez gobierna para los poderosos y no para los trabajadores y el pueblo, estamos en lo cierto.
