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Proyecto de ley de contribución extraordinaria a las grandes fortunas provinciales

Legislatura de Mendoza:
Proyecto de ley de contribución extraordinaria a las grandes fortunas provinciales
para afrontar las graves urgencias sanitarias, sociales y económicas

Lee el proyecto

Considerando:
Que producto de la grave crisis social, sanitaria, económica y alimentaria, agravadas por el virus COVID-19, es imprescindible adoptar medidas extraordinarias para recaudar fondos necesarios para afrontar dichas emergencias.
Que el presupuesto 2020 de la Provincia de Mendoza no podrá ser ejecutado como fue proyectado debido a la crisis derivada de la merma económica producida por la pandemia, ya que la baja en la recaudación será de una magnitud considerable si no se toman medidas extraordinarias.
Que de no adoptarse medidas extraordinarias, la crisis afectará en mayor profundidad a los sectores vulnerables que ya soportan situaciones de emergencia por la falta de trabajo, despidos, rebajas salariales, que han provocado un incremento de la pobreza y de la indigencia en la Provincia.
Que existe una difícil situación en la pequeña y mediana empresa, en la producción agropecuaria, en los negocios y comercios, que debe atenderse con ayudas económicas que eviten la quiebra, los despidos y el riesgo de aperturas comerciales que no son indispensables.
Que hay grandes disparidades en la capacidad para afrontar la crisis entre los distintos sectores económicos debido a las diferentes posiciones en el mercado y en el sistema productivo, por lo que se requiere que su aporte sea diferencial.
Que el sistema impositivo de la Provincia es altamente regresivo, por gravar proporcionalmente más a los que menos tienen y que el alto nivel de desigualdades sociales nos obliga a discutir cómo se generan las riquezas y cómo se distribuyen los beneficios en la Provincia.
Que los sectores altamente concentrados como el sistema financiero; el comercio minorista controlado por súper e hipermercados; las telecomunicaciones; la extracción y refinación del petróleo; la propiedad territorial de las explotaciones agropecuarias; la vitivinicultura, especialmente las grandes bodegas exportadoras en su mayoría de capitales extranjeros; los grandes complejos y propietarios inmobiliarios; entre otros, son quienes deben realizar una contribución extraordinaria ante la situación de emergencia social, sanitaria y económica.
Que es fundamental adoptar las medidas necesarias para evitar que la contribución extraordinaria se traslade a los precios perjudicando a los consumidores finales.
Que esta medida requiere un profundo análisis y replanteó de la estructura impositiva provincial y su relación con el ámbito nacional en relación a la coparticipación en un futuro próximo, para avanzar en una reforma impositiva integral que modifique el sistema impositivo regresivo y avance hacia una estructura progresiva y diferencial según sector, origen y facturación para hacer realidad la premisa de que paguen más los que más tienen.
Que en tanto se estudie esta reforma integral deben tomarse medidas de carácter coyuntural sobre los recursos de origen provincial.
Que el proyecto se articule y relacione con proyectos similares como el presentado por la diputada provincial Laura Soto, que busca gravar en un 100% la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) a bancos e instituciones financieras privadas que operen en la provincia.
Resuelve:
Art. 1
Establecer una contribución extraordinaria a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierras, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la Provincia.
Art. 2
La contribución extraordinaria se realizaría por única vez sobre la base del siguiente esquema y de los datos, facturaciones y registros del 2019:
a) Una contribución extraordinaria a las personas, asociaciones y entidades económicas que hayan superado los cien millones de pesos anuales de facturación en el 2019 o su equivalente en moneda extranjera. Según la facturación anual, se cobrará la siguiente cuota tomando como parámetro los ingresos brutos del año mencionado: una alícuota del 25% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cien millones de pesos ($100.000.000); una alícuota del 50% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de mil millones de pesos ($1.000.000.000); una alícuota del 75% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000); una alícuota del 100% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
b) A las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 500 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 50% del impuesto inmobiliario anual del 2019 y a las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 1.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 75% del impuesto inmobiliario anual del 2019. A las propiedades de zonas irrigadas y de secanos mayores de 5.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 100% del impuesto inmobiliario anual del 2019.
c) A las empresas o entes que abonan regalías, ya sean privatizadas de servicios públicos o de sectores de usufructo de recursos y bienes comunes de la Provincia, a los que se le aplicará una cuota extraordinaria equivalente al 50% sobre los pagos de regalías efectuados en el 2019.
Art. 3
Se exceptuarán de las contribuciones extraordinarias a aquellas empresas, asociaciones y personas que atraviesen una situación financiera crítica producto de la crisis económica en el marco de la pandemia, y que estén en condiciones de justificar dicha situación.
Art. 4
Las empresas, asociaciones, personas y actividades que superen el umbral de facturación de los cien millones de pesos y que cuenten con el beneficio de Tasa 0 en relación a los ingresos brutos u otros beneficios, también serán incluidos en la Contribución Extraordinaria y la alícuota se establecerá calculando los porcentajes que tendrían que haber abonado si no contarán con dicho beneficio.
Art. 5
Destinar los fondos recaudados para enfrentar la grave emergencia sanitaria, social, alimentaria y económica, haciendo parte a los sectores afectados, a través de la conformación de un Comité de Emergencia con la participación del Gobierno, las intendencias, asociaciones de la pequeña y mediana producción, las organizaciones sociales y los sindicatos de los sectores afectados para mejor distribución, seguimiento y control del uso y destino de los fondos.
Fundamentos
De carácter excepcional, por única vez, con destino a la emergencia económica, social y sanitaria, arrastrada desde fines de 2019, agravada por la pandemia, y como contribución al relanzamiento productivo de la Provincia de Mendoza.
De carácter provincial, independiente de los gravámenes nacionales que se estuviesen estudiando (como el Proyecto de Impuesto a las grandes riquezas presentado por el Frente de Todos, que prevé establecer una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos).
a) Crisis económica y social:
En el marco de la pandemia la situación social y económica se ha agravado considerablemente, aumentando los niveles de pobreza e indigencia, la desocupación y la caída de la actividad económica con el cierre de negocios y empresas.
Esta situación tiene como precedente un contexto previo de gravedad estructural. En la ley tributaria 2020 se anexa el documento “Consenso Fiscal 2019” firmado por el Presidente y los gobernadores, incluido Rodolfo Suárez. Allí se explicita que la “grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad. Entre los años 2015 y 2019 el PIB se contrajo más de un 5% y el PIB per cápita un 8%”. Se citan los niveles de pobreza (superiores al 35% de la población) y la tasa de desempleo (10,6%), la alarmante tasa de inflación, las altas tasas de interés, los incrementos en las tarifas de servicios públicos y el enorme peso de la deuda pública, “en su mayor parte contraída durante los últimos cuatro años”. Todas esas razones fundamentaron las modificaciones en los anteriores consensos fiscales.
La Provincia de Mendoza no escapa a las características generales e incluso presenta números más graves en muchos casos. Un PBG 2019 menor al de 2015; un 29,7% de hogares y un 42,1% de población en condiciones de pobreza, lo cual significa unos 800.000 mendocinos y mendocinas; vencimientos de capital e intereses de deuda imposibles de afrontar, entre otros.
b) Sistema impositivo regresivo
Según el presupuesto aprobado para 2020 los recursos de origen provincial representan el 54% (el resto, 46%, son de origen nacional). La Provincia puede legislar sobre los primeros, clasificados en Tributarios (54%), y No Tributarios (46%).
En los recursos Tributarios la distinción central es entre Patrimoniales (Inmobiliario, Automotor) y los relacionados con la actividad económica (Ingresos Brutos, Sellos, etc.). Vistos históricamente, los relacionados con actividad económica crecieron de un 72 a un 78% en 2007/2011, y llegar al 87,6 en 2018.

En tanto los impuestos patrimoniales eran el 18% en 2007 y fueron disminuyendo en
importancia hasta representar el 9,5% en 2014 y quedar en 12,1% en 2018.
En los recursos No Tributarios, la distinción central es entre las regalías que representan un 21,5%, mientras que otros recursos no tributarios trepan al 72% de este rubro. Las regalías por hidrocarburos están reguladas por la ley 27.007 (modificatoria de la ley de Hidrocarburos 17319), establecidas en un 12% con posibilidades de reducirlas a un 5% o incrementarlas a un 18%.
En relación al origen de los fondos provinciales, en primer lugar se encuentran los ingresos brutos que representan el 53% de los recursos provinciales; el segundo lugar el rubro “otros no tributarios”
que representa casi el 16%, y en tercer lugar las regalías con un poco más de 12% (principalmente las
de origen petrolero); en cuarto lugar “Sellos y tasas” representa el 6,7% de los ingresos de origen provincial; en quinto lugar automotor con el 5%; en sexto lugar “tasas retributivas de servicios con un 3,6%; en séptimo lugar inmobiliario con un 2,9%; entre otros.
El análisis presupuestario refleja que la estructura impositiva es totalmente regresiva, paga más el que menos tiene. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el 45,5% de los ingresos de las familias están destinados a pagar impuestos.
La mayor parte del presupuesto proviene de la actividad y el trabajo de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediana producción agropecuaria y de los contribuyentes asalariados. En relación a los ingresos brutos, si bien hay diferencias por actividad, no presentan diferencias según tipo de empresa o facturación (excepto algunos casos específicos), ni progresividad en general. Esta estructura impositiva no grava a las grandes riquezas o facturaciones, que son las que concentran las principales actividades económicas, Pese a la necesidad de una reforma impositiva integral, dado el carácter ineficiente y regresivo del sistema actual, la grave emergencia impone una recaudación excepcional y rápida, basada en la estructura impositiva actual, y que solo afecte en la Provincia a un número reducido de grandes empresas líderes en sectores económicos concentrados y una pequeña cantidad de personas propietarias de importantes patrimonios.
Esta premisa parte de un principio de justicia y equidad toda vez que no puede imponerse mayores cargas a ciudadanos sumidos en la pobreza (42% en el último registro de la DEIE, octubre 2019), desempleados, precarizados o con muy bajos salarios.
La Contribución Patriótica, de carácter excepcional, por única vez y con destino específico que proponemos, combina una base de cálculo basada en impuestos de carácter económico (Ingresos Brutos) y patrimonial (inmobiliario y automotor). No modifica estos impuestos (ni en su naturaleza, ni en sus disposiciones establecidas en la ley tributaria 2020) sino que toma esas bases para calcular el monto de este tributo de emergencia.
c) Concentración de la riqueza
Junto a esos datos duros debe destacarse la gran desigualdad en patrimonios e ingresos, lo cual hace que la crisis se viva de diferentes modos. En el periodo 2015/2019 algunos sectores continuaron acumulando capital y propiedades mientras más de 20.000 hogares y de 100.000 habitantes caían en la pobreza.
La gigantesca concentración de la riqueza en la Provincia se puede observar a través del análisis del PBG (Producto Bruto Geográfico) y las facturaciones de los rubros más importantes (1).
. Utilizaremos los datos del 2017 ya que los restantes son provisorios. En comparación, se estima que el PBG del 2019 fue de $500 mil millones.

(1) Los datos se obtuvieron de los informes de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) y del Ministerio de Hacienda y la Legislatura de Mendoza.

Hidrocarburos: La facturación petrolera y gasífera provincial en su conjunto (explotación, destilación y comercialización) durante el 2017 fue de 42 mil millones de pesos aproximadamente. La actividad total estaría representada por el 95% del sector de minas y canteras (trabajo en yacimientos), el 42% del sector industrial (refinación del petróleo) y aproximadamente el 14% del sector comercial por la venta de combustibles. Esta actividad que se encuentra concentrada por un puñado de operadoras, varias de ellas de origen extranjero.
Vitivinicultura: La vitivinicultura en su conjunto (cultivo y elaboración de vinos) representa el 40% del sector agrario y el 30% del sector industrial (bodegas); en conjunto moviliza una gran cantidad de actividades. Se calcula que la facturación vitivinícola en el 2017 fue de 20 mil millones de pesos. Las 15 bodegas más importantes concentran el 40% de la producción y las 8 principales concentran el 60% de las exportaciones.
Supermercados: La actividad minorista y mayorista está incluida en el PBG junto al rubro de restaurantes y hoteles, así como también la venta de vehículos y naftas. El conjunto de estos sectores facturaron en el 2017 $61.371 millones.
De este total el 52,5% lo concentran las ventas minoristas, canalizadas principalmente a través de los supermercados, la mayoría monopolios extranjeros; el 30,6% directamente por los grandes comercios mayoristas; la venta de autos y combustibles representa el 5,8%, y los hoteles y restaurantes el 11,2%. Es decir que un puñado de supermercados concentró casi 50 mil millones de pesos.
Transporte y Comunicaciones: Este rubro facturó en el 2017 $10.971 millones. En relación a los ingresos del sector de transporte: correo 10,8%, transporte provincial de pasajeros 9,8%, aerolíneas 6,4%, cargas 4,5%, transporte interprovincial de pasajeros 1,8%, ferrocarriles 0,2%, y otros 9,6% (taxis, almacenamiento, playas, turismo). En comunicaciones se distribuye entre telefonía 44,5% y medios (radio, tv, etc.) 12,8%.
Ocho empresas concentran el transporte de pasajeros con una facturación superior a los mil millones de pesos. Unas pocas aerolíneas concentraron en el 2017 más de 700 millones de pesos. En el área del correo (concentrado en tres empresas) se produjo una facturación de $1.200 millones.
Las comunicaciones están concentradas en tres empresas con mayoría de capital extranjero. Sólo el sector de la telefonía facturó ese año 5 mil millones de pesos. El sector de medios y publicidad alcanzó en el 2017 una facturación de $1.500 millones.
Finanzas: En el PBG el sector de establecimientos financieros incluye entidades financieras, seguros, bienes inmuebles y servicios comerciales. Las tres principales actividades son la inmobiliaria con el 52% del total del sector; las netamente financieras realizadas en bancos y entidades con el 24,7% (préstamos, créditos, depósitos, etc.), seguros con el 8,5% y servicios a las empresas 14,5%. El conjunto de este sector facturó en el 2017 $44.535 millones. Sólo el sector de bancos y seguros alcanzó los 15 mil millones de pesos, casi un 6% del PBG.
Empresas de servicios: El sector de Electricidad, Gas y Agua facturó el 2017 más de 6 mil millones de pesos. La participación de cada rubro es la siguiente: 82% electricidad, 5,7% gas y 11,9% agua. En proporción Edemsa paga menos del 2% en concepto de regalías. La empresa francesa Danone paga en concepto de regalías al Estado por el agua mineral $24 por mil litros de agua.
Construcción: El rubro Construcciones facturó en el 2017 $12.554 millones. Es sector abarca las actividades privadas (67% de la misma) y públicas (33% restante). Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Mendoza dijo: “Mendoza tiene aproximadamente 900 empresas registradas, nosotros como Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza tenemos 50 empresas, que hacemos el 60% de inversión de obra pública”.
Explotaciones agropecuarias: El último elemento que tomamos para graficar la desigualdad existente (fundamento principal para un tributo especial a quienes acumulan propiedades e ingresos) está referido a las explotaciones agropecuarias.

Cuadro: Explotaciones agropecuarias con límites definidos y mixtas por escala de
extensión, en unidades y hectáreas. Al 31 de diciembre de 2017. Mendoza, CNA 2018.

La radiografía actual de la concentración de las tierras en las EAP de mayor extensión, sin entrar a considerar la evolución de este proceso, es notable. El 84,1 % de las explotaciones son pequeñas y medianas de hasta 50 hectáreas, y ocupan sólo el 3,21% de la superficie total. En el otro extremo se ubican las explotaciones de más de 5.000 hectáreas, las que representan el 1,5% del total y concentran el 70,35% de la superficie.
La contribución extraordinaria sólo abarcaría al 4,7% de las explotaciones agropecuarias que son las que concentran el 92,14% de las tierras.
Partido del Trabajo y del Pueblo
Mendoza, 27 de julio de 2020

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Portezuelo: ¿es la megaobra que salva a nuestra provincia?

A diez días de abierta la primera etapa de la licitación de la obra de Portezuelo del Viento, van saliendo a la luz nuevos cuestionamientos e irregularidades del proceso y de la obra.

Desde aquel uso electoral que hizo Cambia Mendoza, ilusionando con una inscripción para capacitación que no era otra cosa que “contar como era el proyecto” -lo cual le ayudó a ganar las elecciones instrumentando la necesidad de trabajo de muchos mendocinos- hasta los últimos cuestionamientos provenientes de sectores no opositores, el proyecto va mostrando su orientación y debilidades.

Entendemos que, de fondo, el gran debate es sobre el modelo de desarrollo y los beneficiarios principales del mismo. Un desarrollo basado en la lógica capitalista de acumulación a todo precio, que alienta y construye mega emprendimientos que le reportan buenas ganancias a quienes participan, abasteciendo a otros grandes proyectos que luego muy poco derraman para abajo. O un desarrollo orientado a satisfacer, primero, las necesidades básicas de la población en este marco de 50% de pobreza, desocupación y pandemia, generando empleo masivo, trabajo para las pymes, beneficios a los usuarios de los sectores populares; y en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible.

No son nada despreciables los 5000 puestos de trabajo prometidos. Sin embargo está aún latente la estafa de los puestos prometidos con el fracking en Malargüe; y el recuerdo de la huída de la Minera Vale, dejando miles de desocupados. También entusiasma que nos hablen de energía para 130.000 hogares, pero nos preguntamos –sin respuestas- ¿energía para el correspondiente plan de viviendas? ¿O solo se trata de dar una idea de la cantidad de energía generada, ya que la misma va al sistema interconectado nacional con diferentes destinos?

Se debe agregar también el entusiasta anuncio de la futuras regalías para Mendoza, lo cual en realidad desnuda que, en la etapa de recolectar las ganancias para amortizar el dinero invertido por la provincia, será una empresa o un consorcio privado quién manejara la Central y venderá la energía. ¿Tendrá ya nombre y apellido puesto, como ocurrió con la licitación de la obra? ¿No es mejor propuesta que una empresa pública provincial se haga cargo, obteniendo así una fuente de recursos genuinos?

Todo esto en un marco político complejo, con pésimas condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares, fruto en gran medida de los cuatro años de Macri y Cornejo. Ahora agravadas en la situación de pandemia, con necesidades de recursos frescos inmediatos, para protección del personal de salud, para mejorar servicios de hospitales y salas, para garantizar los controles sanitarios y para la infraestructura básica para llevarlo a cabo.

Un defensor de este proyecto es Cornejo, el separatista aspirante a nuevo líder de la derecha argentina, que no para de alentar la grieta y el rencor contra las provincias hermanas, contra el gobierno nacional y contra cualquiera que piense en las necesidades populares. Ocultando su responsabilidad en esta crisis.

Otro es el gobierno provincial de Suarez ( y Suarez) que, con matices, va en el mismo sentido, castigando a estatales con sueldos de enero/20 pero haciéndolos trabajar como si fueran bien reconocidos, o reprimiéndolos abiertamente mientras mienten con su gobierno de diálogo y genera muchísimas dudas sobre sus datos de pandemia.

Para continuar están las irregularidades de la obra.

Un elemento es la variación en el presupuesto de la obra. Era de 493 MD en 2011 (Jaque-CFK) y en este momento se habla de 1023 MD en letras intransferibles que depositará la Nación y un presupuesto de cerca de 850 MD. En el acuerdo de 2011, se hacía mención al trasvase del río Grande al río Atuel como obra complementaria, con el fin de mejorar la generación en los Nihuiles y abrir nuevas hectáreas a la actividad agrícola-ganadera. Hoy no se menciona esa obra y no figura en el proyecto licitado.

Todo esto relativizando el hecho de que nuestros ríos vienen de varios años de sequía y hoy los caudales del río Grande, no son los originales del proyecto.

Se continuó con una licitación, a todas luces dirigida a un sector de empresas o un consorcio, el que ganó, pese al escándalo de la salida del subsecretario de Obras Publicas Chicahuala, presunto gestor de los pliegos y a la queja, entre otros, de la Cámara Argentina de la Construcción por la misma razón. Funcionarios impunes, como el responsable de filtrar datos de la obra del acueducto Monte Comán –La Horqueta que originó la caída del préstamo del BID.

Sobre las empresas del Consorcio, único oferente de la obra llave en mano: Sinohydro, con el 40 % de la UTE, una empresa estatal china, aunque les moleste a los que se quejan por el reclamo de estatización de Vicentin, además de su particularidad de ser una empresa del imperialismo chino y como tal, parte de su penetración en nuestro país, viene siendo cuestionada por una obra similar en Ecuador, con presuntas fallas y costo final casi duplicando el presupuesto inicial. Lo cual nos trae a la memoria lo que se dice entre quienes conocen de obra pública: cuando hay un solo oferente, el costo final es el que quiere el oferente.

La segunda empresa es “China Gezhouba Group Corporation«, 40% estatal china, que por ejemplo tiene a su cargo la construcción de la represa «Néstor Kirchner» en Santa Cruz.

De las empresas mendocinas la más importante es IMPSA, con una vasta trayectoria mundial en obras similares, especialmente a nivel generación de energía, pero que hoy se encuentra en una situación particular, manejada por sus bancos acreedores, lista para ser vendida, o, pensamos nosotros, lista para ser declarada de utilidad pública y expropiable como Vicentin.

Para el final CEOSA, muy beneficiada por la obra pública provincialy OASA  del grupo Alvarez, que está enroscado en una gran campaña chauvinista contra La Pampa mediante sus diarios digitales. Estas empresas también eran uno de los oferentes del, ahora frustrado, acueducto M. Comán –La Horqueta.

Completarían el grupo de trabajo, unas 50 pymes, de un total de casi 300 inscriptas, que irían como subcontratistas.

La pregunta es entonces, quienes son los mayores beneficiarios de la obra y quienes serán los futuros beneficiarios del proyecto funcionando?. Para quién es Portezuelo del Viento? Cuáles son las inversiones necesarias que estimulen la actividad económica- productiva de la provincia?

La provincia necesita de muchas pequeñas y medianas obras de infraestructura, vial, viviendas, hospitales como el de Luján, cloacas y agua potable como en Malargüe (proyecto AySAM) y Lavalle (que consta en el presupuesto 2020). Malargüe, siendo el primer productor provincial de gas no tiene red de gas natural en su villa cabecera y necesita también caminos internos en buenas condiciones, para comunicación, para comercio y turismo. Están también esperando las obras señaladas en el presupuesto 2020 sujetas a financiación. O el señalado acueducto M. Comán –La Horqueta que beneficiará a 75 productores ganaderos, con 376 kilómetros de cañería y que, en total, irrigarán una superficie de 434.580 hectáreas. Las obras eléctricas eólicas y solares del plan RenovAr, algunas en Mendoza, son una opción para la generación limpia de energía domiciliaria a bajo costo por MW instalado.

Esta claro que la deuda de la Nación con la Provincia, originada en el juicio iniciado por Mendoza por la promoción industrial que la perjudicó, juicio al cual se renuncia en 2006 a cambio de los recursos para el plan de «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, y que fue ratificado por los acuerdos sucesivos, es dinero de la provincia de Mendoza y debe cobrarse y recibirse. 

También es correcto utilizarlo para proyectos integrales de desarrollo y de infraestructura en beneficio de la provincia y la región y sus pobladores, con empresas locales, pymes, cooperativas, con la participación y control del estado provincial. Asi como es necesaria la regulación de los ríos para energía, mejor aprovechamiento del agua, ampliación de la zona productiva, turismo y demás posibilidades, en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible en el tiempo. Y en el caso de cuencas interprovinciales, en acuerdo con las provincias vecinas.

Lo que entendemos es que no es, ésta megaobra, la que va a salvar a la provincia de la crisis. A su vez, en este momento, hay posibilidades inmediatas de enfrentar otros déficit de desarrollo a largo, mediano y corto plazo, con inversiones menores y medias, como las que se han planteado, en las que el estado provincial sea protagonista, con una fuerte participación de empresas de la región, pymes, cooperativas, organizaciones sociales y mano de obra locales.

Es necesario abrir este debate, ante un proyecto que va enturbiándose cada día más. El tipo de desarrollo y en beneficio de quién, es la gran discusión que debemos hacer los mendocinos.

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¿Quién paga el ajuste?

El gobierno de Cornejo se presenta como “ordenador de las cuentas fiscales” ante la crisis dejada por el gobierno de Paco Pérez, sosteniendo que no hay plata y que hay que reducir el gasto presupuestario.

Sin embargo a más de un año de su gobierno las medidas que ha adoptado demuestran que el ajuste lo está pagando el pueblo mientras que los grandes grupos que se beneficiaron con el kirchnerismo y que hoy se benefician con el macrismo no sólo  no han sido afectados sino que incrementaron sus ganancias.

Mientras en el 2016 la inflación por lo menos llegó a un 40%, con el aumento desmedido de los precios y se aplicaron impuestazos y tarifazos (sólo el transporte aumento en un año el 100% de su valor), el gobierno impulsó o decreto aumentos salariales de un 18% y ahora en medio de una nueva oleada tarifaria promueve el 17%.

Mientras se reducía la actividad económica por las políticas de ajuste y comenzó una ola de despidos y suspensiones, el gobierno provincial no impulso un plan de obras o trabajo para contrarrestar esta situación, por el contrario promovió los despidos y privatizaciones en el Estado como se evidenció con la empresa provincial de troles.

Mientras la provincia viene atravesando una profunda crisis agrícola, con la pérdida de producción, el aumento de fincas en remate sobre todo de pequeños y medianos productores, no hubo ni hay medidas para afrontar esta problemática, es más se ha incrementado la importación de vino de Chile sin ninguna regulación.

Por su parte con medidas como el ítem aula o la baja en las suplencias docentes (que incluían las artísticas), se demuestra la noción de educación y cultura que tiene el gobierno, es decir una educación y una cultura como negocio, con trabajadores por productividad sin importar sus condiciones de trabajo.

Ajuste y endeudamiento

Es decir el gobierno “ordena las cuentas” sobre la base de reducir el gasto destinado a los trabajadores (salud, educación, etc), y busca aumentar la recaudación incrementando los impuestos que afectan sobre todo a los sectores populares.

A su vez  ha impulsado un brutal política de endeudamiento que hoy alcanza los 24 mil millones de pesos, es decir más de un tercio de nuestro presupuesto provincial ($66.000 millones). Si bien la deuda durante los últimos años de Pérez se duplicó, el gobierno de Cornejo ya la incrementó entre refinanciaciones y nueva deuda en más de $10 mil millones (sólo el bono internacional fue de 500 millones de dólares). Sin investigar el origen de la deuda y convalidando en definitiva los negociados del paquismo, se está adquiriendo deuda nueva para pagar deuda vieja y pateando el problema para adelante.

Los argentinos ya conocemos a donde llevan las políticas de endeudamientos que luego estallan como burbujas. No es sólo un problema de futuro (ya que hay pagos previstos hasta el 2031), sino que es un problema actual, por ejemplo este año hay vencimientos entre capital e intereses superiores a los 7 mil millones de pesos es decir un monto similar al destinado para salud.

Que el ajuste lo paguen quienes lo provocaron

El gobierno no cuestiona las gigantescas ganancias de los grandes monopolios que se llenaron y se llenan de plata, no toca a las grandes bodegas exportadoras que continúan facturando millones a costa del bajo precio del vino local, no adopta medidas para regular a los grandes supermercados e intermediaros que ganan millones pagando monedas a los verdaderos productores y subiendo los precios a los consumidores (sólo durante el 2015 los supermercados facturaron más de $22 mil millones) y sobre todo termina aceptando los planes del gobierno nacional que continúa acaparando los fondos de coparticipación que le corresponden a las provincias.

Por eso es necesario profundizar la unidad de los distintos sectores populares en un paro nacional para frenar el ajuste e impulsar medidas de emergencia que permitan afrontar las graves problemáticas sociales:

– Impuesto especial del 3% a la facturación de los grandes monopolios. Las 100 empresas más importantes de la provincia facturan el 50% de la producción local.

– Recuperar el porcentaje de Coparticipación de un 30% a un 58% como se legislaba previó al menemismo, duplicando en los hechos la Coparticipación actual.

– Suspender e investigar la deuda pública provincial, deuda de origen fraudulento principalmente adquirida por los grupos económicos cercanos a los gobiernos de turno.

Facundo Guerra

Por el PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) en el Frente Popular