El decreto de Milei y la nueva ley implican: privatización de empresas públicas, pérdida de derechos laborales, extranjerización de tierras, declive de la industria nacional por la apertura indiscriminada de importaciones, ataque a las libertades democráticas como el derecho a la protesta, etc.
La inmensa mayoría de las medidas favorecen a los monopolios locales y extranjeros y a la concentración económica en desmedro de los trabajadores, pequeños productores y el pueblo en general. La aprobación de la ley ómnibus y del DNU, representan un retroceso de más de 100 años de conquistas de derechos del pueblo argentino.
La ley le otorga a Milei facultades especiales en materia económica, política y social. Las mismas permiten que el presidente adopte medidas sin la necesidad de pasar por el Congreso, por ejemplo, podrá endeudar o aumentar impuestos en forma unilaterar.
Llamamos a enfrentar este tremendo avasallamiento a los derechos del pueblo que solo tendrán como consecuencia más pobreza para las mayorías, más riqueza para las minorías privilegiadas y un brutal ataque a nuestra soberanía.
A continuación, comentaremos algunos de los puntos más destacados de del DNU y de la llamada ley ómnibus:
Soberanía
-Eliminación de la ley de compre nacional, que favorecía a los proveedores locales en las licitaciones.
-Deroga la ley de tierras, que establecía un límite del 15% de las tierras para los propietarios extranjeros. Si bien la ley nunca fue retroactiva y fue modificada por el macrismo, constituía en la actualidad un límite a la extranjerización de tierras. Entre sus artículos planteaba la prohibición de que extranjeros sean propietarios de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
-Propone el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino, lo que implica liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina.
-Deroga la ley de endeudamiento, que sostenía que nuevos endeudamientos extranjeros tenían que ser aprobados por el Congreso, para evitar acuerdos como el que Macri realizó con el FMI.
Privatizaciones
Son 41 empresas «sujetas a privatización»: YPF, Banco de la Nación, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, la administración general de puertos, entre otras. A la vez, se elimina la figura de sociedades estatales transformándolas en sociedades anónimas.
Muchas de estas empresas prestan servicios esenciales y estratégicos que no pueden solo regularse por el criterio de la ganancia, sino por la necesidad de otorgar servicio a la comunidad. Estas empresas controlan o regulan bienes estratégicos o fundamentales para la soberanía del país. A la vez, muchas de ellas tienen superávit comercial. Las privatizaciones ya la vivimos en los 90°, desguazaron y vaciaron las empresas dejándolas al borde de la quiebra y retrocediendo en la calidad de los servicios.
Desregulación económica
El proyecto y el DNU, buscan eliminar todas las normas (que aunque precarias) regulan la actividad económica. Modifica el código aduanero, eliminando los aranceles a las importaciones, licitaciones y normativas esenciales para la importación/exportación, lo que impactará en la destrucción de la industria nacional y de las economías regionales.
-Elimina los cupos de exportación y la necesidad de abastecer el mercado interno (podrán exportar combustibles, carnes, etc, sin límites).
-Favorece con reducciones impositivas y otras facilidades el ingreso de capitales extranjeros (proyecto grandes inversiones), promoviendo el saqueo y la entrega.
-Deroga la “Ley de Abastecimiento”, que permitía regular la comercialización, imponer sanciones ante situaciones de desabastecimiento y especulación por parte de los monopolios, establecer precios máximos y mínimos, etc.
-Elimina la “Ley de Góndolas”, que impedía que una empresa no tuviera más del 30% de los productos en las góndolas.
– Elimina el “Observatorio de Precios”, que permitía monitorear los precios en toda la cadena productiva y comercial.
-Derogación de las regulaciones de las producciones regionales (azúcar, yerba, algodón, olivicultura, vitivinicultura, etc), suprimiendo las escasas normativas existentes (precios, cupos de producción, contratos, comercialización, etc).
-Faculta a la Secretaria de Energía a redefinir los precios y subsidios de electricidad, gas y barril de crudo, posibilitando el anunciado tarifazo.
“Liberalización” y mercantilización
El proyecto y el DNU, plantean que no tiene que haber ninguna regulación para ámbitos de comercialización, contratos, favoreciendo a los monopolios y los grandes capitales.
-Elimina la “Ley de Alquileres”, beneficiando aún más a los propietarios e inmobiliarias, posibilitando contratos en moneda extranjera, y permitiendo que los propietarios definan plazos y montos, etc.
-Permite que los clubes deportivos se transformen en SA, mercantilizando aún más el deporte; lo que implica que las entidades deportivas dejaran de ser de sus socios.
-Desregula los contratos de señales satelitales, permitiendo el ingreso de monopolios extranjeros como el de Elon Musk.
-Introduce la Ley de “cielos abiertos”, para que las empresas monopólicas accedan a las distintas rutas aeronavegables sin restricción.
-El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito (ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios), beneficiando las entidades financieras y en perjuicio de los usuarios. También se elimina la cuenta sueldo y sus beneficios de gratuidad.
Laborales
-Deroga la actualización automática de jubilaciones y pensiones, que aumentan por decreto.
-Modifica la Ley de Contrato de Trabajo y el Principio de Inrrenunciabilidad, permitiendo que las partes acuerden pautas (jornada, salario, aportes, etc) fuera del convenio colectivo de trabajo. Esto implica que las empresas tendrán un poder de extorsión muy grande sobre el trabajador y barre con un siglo de conquistas laborales.
-Reduce indemnizaciones por despidos, eliminando distintos ítems que eran considerados anteriormente como el SAC. A la vez, crea la opción de indemnización por el Fondo de Cese Laboral al estilo UOCRA. Se elimina la doble indemnización para situaciones paraticulares.
-Eliminan las horas extras, posibilitando la creación de un banco de horas, que no contarán con un valor especial.
-Se crea la figura del “trabajador independiente” con colaboradores. Permite que un trabajador “autónomo” pueda contar con cinco “colaboradores” sin que supuestamente haya relación de dependencia. De esta forma se avanza en los contratos informales, donde los trabajadores siguen siendo “autónomos” como venían exigiendo las aplicaciones digitales.
-Elimina la responsabilidad solidaria, que implicaba que las empresas centrales que contrataban a empresas terceras (tercerizadas), tuvieran responsabilidad compartida en la situación de los trabajadores tercerizados.
-Eliminan o reducen multas por trabajo no registrado, favoreciendo en los hechos el mismo.
-Permite el pase a disponibilidad de los trabajadores estatales por un año, en las áreas que hayan sido reestructuradas o eliminadas.
-Extensión de los contratos de prueba de 3 a 8 meses. Se elimina el artículo que planteaba que este periodo se computara como tiempo de servicio.
-Se deroga la prohibición que impedía a las agencias de colocación, proveer trabajadores para la realización de actividades laborales.
Ambientales
-Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas protegidas y de gran importancia para los ecosistemas, y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones dejándola casi insulsa.
-Altera la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares, lo que implicaría una catástrofe ambiental en momentos de escases mundial de agua.
-Elimina la Ley de Manejo de Fuego, que incluía normativas y presupuestos para proteger las zonas afectadas por incendios (por ejemplo, impidiendo su comercialización inmediata ante el loby que impulsaba la deforestación).
Educación
-Plantea distribuir el presupuesto universitario en función de la matrícula de cada carrera y del tiempo de egreso de los estudiantes. Modifica los requisitos de ingreso posibilitando los exámenes restrictivos. Arancela la educación «de extranjeros no residentes». Posibilita los acuerdos lucrativos de las universidades con el sector privado.
-propone la evaluación docente cada 5 años (sin especificar sus alcances) y examen evaluatorio al final del ciclo secundario para los estudiantes. Se propone difundir los resultados estandarizados por escuela, abriendo la posibilidad de establecer políticas discriminatorias según los resultados académicos.
Salud
-Pierde el Ministerio de Salud (hoy secretaria) su rol de regulador y controlador de las prepagas. Se “libera” el precio de las medicinas prepagas y los criterios para establecer sus actualizaciones, como la posibilidad de establecer canones especiales para usuarios indeseables por edad o historial médico.
-Desregula los laboratorios públicos, que fueron lo que más aporte hicieron en el programa REMEDIAR que garantizaba acceso a medicamentos esenciales.
-Perjudica a las obras sociales (en beneficio de las prepagas) que podrían recibir peores servicios por el desfinanciamiento de las mismas que supone el DNU.
Criminalización de la protesta
-La ley plantea que una reunión de tres o más personas puede entenderse como una “manifestación”, lo que requiere “permiso” del ministerio de seguridad.
-Limita el derecho a huelga según el servicio o producción. Las actividades consideradas “esenciales” tienen que garantizar el 75% del servicio (salud, educación, servicios públicos, etc) y las “transcendentales” el 50% (bancos, transporte, producción de alimentos, etc).
-Eleva las penas por corte de ruta (de 2 a 5 años) o por convocar a cortes de rutas (de 2 a 6 años), transformándolas en no excarcelables. También elevan las penas por protestas en lugares de trabajo, como piquetes en puertas de fábricas.
Mujeres y diversidades
-Elimina el Ministerio de Mujeres y Diversidad y se crea una secretaría de “protección contra la violencia de género”, desvirtuando y limitando su carácter, alcance y presupuesto.
-Propone acotar la Ley Micaela solo para funcionarios en áreas vinculadas. Antes implicaba la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
-Modifica la Ley de los Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia. Cambia conceptos como «violencia familiar» en vez de violencia de género que incluía distintos ámbitos sociales. Introduce el término “mujer embarazada” en vez de “persona gestante” que incluía a las diversidades. Incorpora la figura de «niños por nacer» en discrepancia con la ECI y la IVE.
-Se elimina el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Cultura
El proyecta deroga el Fondo Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y reemplaza el mecanismo de asignación de fondos de las Bibliotecas Populares. Desfinancia el INCAA y el Instituto Nacional de la Música (Inamu).
Tenemos una dufícil situación por delante, sobre todo de mucho debate con nuestras amigas y amigos, compañeras y compañeros de los distintos lugares de trabajo, en cada barrio, en cada escuela, facultades, fábricas, fincas, etc. Para esta batalla es clave llenarse de argumentos, estudiar el DNU y la Ley ómnibus, explicar el gigantesco peligro que representa para el pueblo y la Patria, y mostrar un camino de unidad y lucha para enfrentarlo.