El gobierno provincial ha dado el visto bueno para el avance del proyecto Cerro Punta Negra, con la realización, el día 14 de mayo, de la audiencia pública no vinculante.
El proyecto, ubicado a 14 km al oeste del Manzano Histórico, incluye la construcción de 31” unidades habitacionales”, es decir un barrio residencial, con terrenos inmensos y viviendas de cerca de 700 m2 (una vivienda de barrio suele tener entre 60 y 90 m2) en plena montaña dentro un Area Natural Protegida. Además incluye un ClubHouse con restaurant, hospedaje, planta de agua potable, cloacal y de generación eléctrica y un parque de nieve con elevadores y demás servicios.
Nuevamente, como sucede con la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel en el sur, en donde la empresa SOMINAR se hará cargo de la gestión de la misma, el gobierno de Suarez prioriza el negocio de una empresa de capital privado por sobre el interés del conjunto de los mendocinos, pasando por arriba de los derechos comunes a disfrutar de la zona y por encima del cuidado de nuestros bienes comunes, de la flora y fauna, de los cerros, del agua y con efectos “impredecibles” sobre los glaciares cercanos. Burlando, además, el objetivo de creación del Area Natural Protegida.
¿Por que el No al proyecto?
Además del impacto de cuatro años para la concreción del proyecto, la misma empresa “Uco los tres Valles SRL”, de la familia Junco, con domicilio legal en Buenos Aires, en la MGIA declara un numeroso punteo de los efectos negativos que tendrá la obra sobre el ambiente, totalmente incompatibles con los objetivos de conservación del Área Natural Protegida.
Esta empresa cuenta ya con un primer mal antecedente, dado que fue sancionada en 2016 por iniciar los trabajos sin contar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la autorización del Gobierno Provincial..
Tanto el IADIZA, como la Dirección de Recursos Naturales Renovables, han dado su dictamen negativo a la realización de la obra. Según señalan estudiosos desde las Asambleas Socio ambientales, a esto se suma tareas pendientes del Gobierno Provincial sobre la mensura y registro del Area Natural, que harían imposible la realización del proyecto. Existiendo además el problema de litigios sobre los derechos de propiedad en la zona, que se verían agravados con la realización del proyecto.
Sin embargo el Gobierno Provincial, a pesar de todos los argumentos en contra, al realizar la Audiencia Pública está dando un primer aval a un proyecto que, según las asambleas, debería haber sido rechazado de plano al contraponerse a los objetivos del Area Natural Protegida.
Manejo de nuestros bienes comunes: estatal con control o privado
Si vemos el panorama de la política aplicada en los últimos años a la zona de montaña mendocina, encontramos en la misma línea privatista las concesiones en la zona del perilago de Potrerillos, el area protegida de Villavicencio también en manos privadas, la expropiación de Penitentes para llamar a concurso de explotación con participación pública y privada, el no tratamiento de la declaración del Área natural protegida Uspallata – Polvaredas que duerme en la Comisión de Ambiente desde agosto del 2020, la concesión del manejo de la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel, entre otros.
Con lo cual se aprecia una decisión política del gobierno provincial de dejar en otras manos, a expensas de un negocio del capital privado, el cuidado de áreas tan delicadas para la subsistencia y el desarrollo de Mendoza como son las áreas de montaña donde nacen los ríos mendocinos.
Entendemos que tanto el estado nacional, como el provincial, son quienes deben garantizar, mediante políticas de estado y con el protagonismo de las organizaciones ambientales, las universidades y las poblaciones factibles de ser afectadas, el manejo sustentable de nuestros bienes comunes y el cuidado de las áreas naturales, priorizando el bien común sobre los emprendimientos privados, con el objetivo de asegurar condiciones ambientales, de desarrollo y de vida dignas para las generaciones actuales y futuras.
Ante la compra de acciones de IMPSA por parte del estado:
Por solicitud del gobierno provincial, la legislatura de Mendoza acordó la compra de acciones (clase C) de IMPSA por 5 millones de dólares. Por su parte, la Nación compró acciones por 15 millones de dólares. La composición accionaria quedó de la siguiente manera: Nación 63,7%, provincia 21,2%, acreedores privados 9,8% (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileros, etc), y la familia Pescarmona 5,3%.
De esta forma, el estado nacional y provincial pasan a tener mayoría accionaria y mayoría en el directorio, que de los 3 integrantes originales por los acreedores privados, se suman cuatro más: tres por la Nación y uno la provincia. Aparte se agregan dos síndicos por la Nación a los dos que tenían los sectores privados.
¿Qué cambios se produjeron para que el estado pase a controlar IMPSA y qué implica para la provincia?¿Por qué el grupo de acreedores privados impulsó el ingreso del estado a la empresa?¿qué llevó a los ultraliberales de Suárez/Cornejo a impulsar esta acción?¿IMPSA se ha transformado en una empresa estatal?¿cuáles son las perspectivas de la empresa?
En primer lugar, la venta de acciones por parte del grupo privado, responde a la necesidad de capitalizarse, pagar deudas y afrontar los proyectos existentes, que sin los nuevos fondos serían imposible de concretarse. Actualmente IMPSA está trabajando en la elaboración del reactor nuclear de Atucha II, las nuevas turbinas para Yacyretá, las turbinas para el parque eólico de la Rioja, entre otros proyectos.
En segundo lugar, el actual directorio busca terminar de revertir la crisis que arrastra desde una década la empresa, cuando se sumaron los contratos impagos por las obras en Venezuela y la quiebra de su filial en Brasil (Wind Power Energía). Con una deuda de casi mil millones de dólares, Pescarmona entregó la mayoría de las acciones a los acreedores (centralmente entidades bancarias) en compensación por una parte de sus deudas. En el 2018 en medio de la crisis económica y de las denuncias de corrupción, Pescarmona dejó el cargo de CEO y comenzó una nueva restructuración de sus deudas que se han extendido en sus plazos. El nuevo CEO, Juan Carlos Fernández, es un técnico que trabajó 37 años en la empresa, es decir es una persona de Pescarmona. Con el nuevo acuerdo con el estado nacional y provincial a través de la compra de acciones, el grupo de acreedores no sólo logra obtener los fondos necesarios (20 millones de dólares) para las obras en curso, sino que obtiene implícitamente acuerdos políticos que le permitirán afrontar nuevos litigios y licitaciones.
En tercer lugar, el acuerdo tiene como principal impulsor al gobierno de Suárez y al grupo de Cornejo, que son los que tramitaron para que la Nación comprará la mayoría de las acciones y se concretará la operación. Si bien Pescarmona ha tendido relaciones con la mayoría de los gobiernos de turno, los vínculos entre IMPSA y el gobierno de Cambia Mendoza son importantes y estrechos. Entre los múltiples funcionarios que pasaron por la empresa, se destaca el ex Ministro de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, (que fuera el director de la filial brasileña de IMPSA que quebró y que mantiene múltiples juicios) y que recientemente ha sido reubicado como director de la empresa estatal que administrará el polo logístico y la mina de Potasio Rio Colorado. Pescarmona en agradecimiento a las tratativas de Cornejo, donó hace un par de años a la provincia una residencia que ha pasado a utilizarse como la residencia del gobernador en cargo.
Más allá de las personas, el objetivo reciente que unió la gestión con la empresa, ha sido la concreción del proyecto de Portezuelo del Viento, obra que supera los mil millones de dólares y que tuvo como único oferente un consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, con sus socias locales: CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. A diferencias de otras obras, la provincia dispone de los fondos que Nación ha girado en compensación por los efectos de la promoción industrial. ¿Por qué se ha planteado una megaobra y no un conjunto de obras esenciales en el marco de la crisis y la pandemia?¿Por qué no realizar las obras en su totalidad por empresas y cooperativas nacionales y locales, si el financiamiento es 100% estatal?
Lo que surge entre los vínculos de funcionarios con las grandes obras, la empresa y el gobierno provincial (y que tientan a sectores del gobierno nacional), es un tipo de proyecto que estimula la inserción de grandes monopolios (inversiones como llaman ellos) para la explotación de determinados recursos que en su mayoría serán exportados (que según ellos derrama trabajo y algunas regalías), a costa de reforzar nuestra dependencia, impedir nuestro verdadero desarrollo, facilitar el saqueo de nuestros recursos y ofrecer contratos laborales flexibles a bajo “costo”.
Como dato de color es interesante reflexionar como los sectores de Juntos por el Cambio, que se presentan como los máximos defensores del liberalismo económico y que recientemente se opusieron férreamente a la intervención de Vicentín, hoy son los paladines de la “estatización”. Cínicamente, mientras critican al gobierno nacional por acciones semejantes y mientras su principal representante solicita separar a Mendoza de la Nación, en esta ocasión no sólo piden la intervención del estado nacional, sino financiamiento para la adquisición de acciones por parte de la provincia. ¡Que grandes exponentes de la coherencia!
Por su parte, el gobierno nacional surge como el accionista mayoritario y con mayor influencia dentro del directorio, en este sentido será fundamental su participación y las políticas que llevará adelante. ¿Impulsará una empresa nacional con vistas al desarrollo industrial y agrícola o una empresa nexo de las grandes corporaciones internacionales?¿impulsará obras que sean realizadas por las PyMES nacionales y locales o continuará con un esquema similar al realizado en las represas del sur (N. Kirchner y J. Cépernic), donde los socios mayoritarios son empresas chinas?¿Acordará con el proyecto de saqueo de Suárez y Cornejo o desarrollará un proyecto que avance en un proceso de sustitución de importaciones? ¿Matriz productiva agroexportadora o desarrollo soberano de nuestra industria y recuperación de nuestros bienes y recursos estratégicos?
En cuarto lugar, en general se ha presentado el rescate de la empresa, como una empresa “provincial”, que es fundamental por su historia e importancia. Acá vale aclarar algo de su historia y de la evolución del grupo que la conforma. El inmigrante italiano Enrique Pescarmona (abuelo) funda en 1907 los Talleres Metalúrgicos Pescarmona en la provincia y se desarrolla al calor de la producción de insumos metalúrgicos para la vitivinicultura en ascenso. En 1966 el actual Enrique Pescarmona (nieto) se integra a la conducción de la compañía y al poco tiempo se casa con Lucy Pujals, hija del dueño de Acindar. “Yo sabía que la empresa no sería viable en el largo plazo si no era competitiva a nivel internacional”, dijo en una de sus biografías. Desde esta perspectiva cierran la línea de alambres y clavos y comienza el proceso de producción de obras de gran valor agregado: las grúas, las turbinas hidráulicas, los componentes para la industria nuclear, y los recipientes de presión para plantas químicas y petroquímicas.
Pero fue durante la última dictadura militar y siendo parte de la cámara argentina-soviética de comercio, que industrias Pescarmona realiza una importante expansión, adquirió los gigantescos galpones, los tornos de última tecnología y gran envergadura, y pasa a obtener la mayoría de las “licitaciones” de las usinas hidroeléctricas. En ese periodo construye la terminal de ómnibus de la provincia y fabricar turbinas para Yaciretá. Estas obras y el equipamiento las obtiene gracias al gran endeudamiento autorizado por la dictadura, parte de las deudas que Cavallo terminó estatizando.
En momentos en que avanza un fuerte proceso de desindustrialización, Pescarmona pasó de una fábrica de clavos, a la metalúrgica que realizaba las principales obras hidráulicas en el país y a expandirse en los negocios internacionales. De una Oficina Técnica con una decena de Ingenieros a fines de los setenta a más de 400 en algo más de cinco años. Fue proveyéndose de patentes y tecnologías de punta para abordar todo tipo de Obras Metalmecánicas y lograr un crecimiento record en poco más de diez años, monopolizando la mayoría de la materia gris que egresaba de las Universidades cercanas y también lejanas.
Durante los 90, la empresa se consolida como una gran empresa con múltiples obras en distintos países (más de 20), principalmente en el sudeste asiático (Malasia, Filipinas y China, entre otras), Europa del este y América del Sur. Como anécdota de color, se comentaba en la empresa como el CEO de IMPSA, había intermediado para que el grupo anglo-malayo Walbrook, que tiene como figura al premier malayo, comprará a principio del nuevo mileno las tierras y el complejo de Las Leñas; tierras que suman cerca de medio millón de hectáreas y que transformaron al grupo en el principal latifundio de la provincia.
Durante esta época en consonancia con el modelo “neoliberal” de menemismo, Pescarmona terceriza gran parte del proceso productivo y expande las obras a la producción de energía eólica centralmente. Ya había obtenido la aerolínea Austral, con las privatizaciones de Alfonsín que al poco tiempo vendió a Iberia y contaba desde hacía décadas con una bodega en la provincia. Siendo parte del grupo Magna participó activamente en la privatización del Banco Mendoza y fue uno de los grandes beneficiados de su quiebra. La última obra importante en la provincia fue el dique Potrerillos realizado junto a Cartellone.
Con la llegada de los Kirchner, Pescarmona desarrolla una importante relación, aunque contradictoria, con el gobierno nacional. Varios factores contribuyeron a esta relación, como los estrechos vínculos de Enrique con China (sus negocios datan de mediados de los 80 en ese país) y sus enfrentamientos con Techint, entre otras cosas. Fue un ferviente impulsor de la candidatura de Julio Cobos como vice de Cristina, en épocas en la que Cornejo era el principal asesor de Julio. Durante este periodo la empresa ganó varias licitaciones en Venezuela, Ecuador, Brasil y Paraguay, muchas de las que posteriormente entraron en crisis.
La relación entre los Kirchner y Pescarmona se fue tensando ante los distintos intentos de adquisición de la empresa por parte de sectores vinculados al matrimonio presidencial o para incorporar socios a las licitaciones. Enrique se quejaba que lo habían excluido de las obras energéticas en San Juan y repetía en público que lo único que le habían dado los Kirchner era la entrada a Venezuela. Durante el gobierno de Cristina gana la licitación de las represas «Néstor Kirchner» y «Jorge Cepernic», que implican una orden de compra record en la historia de la empresa en el ámbito nacional por 4.500 M de dólares. La relación termina de romperse cuando el gobierno nacional anula la licitación, y pasa a ser adjudicada a monopolios chinos en asociación con Electroingienieria. También coincide en momentos en que China anula contratos con la empresa, luego de obtener por izquierda las patentes para la fabricación de determinados componentes que realizaba la empresa.
La empresa Pescarmona, que comenzó como una empresa familiar, bajo la dirección de Enrique supo adaptarse a los distintos gobiernos de turno, cambiando radicalmente su carácter y función. Sus posturas ideológicas fueron acompañando esos ambivalentes acuerdos. Entre sus frases célebres se puede mencionar las siguientes: “Yo no hago filosofía sino negocios, no me pregunto lo que está bien y lo que está mal, sino cómo se hace para ser más competitivo”. En 1997 en pleno proceso de ajuste y de precarización laboral planteaba: “Las chicas filipinas que trabajan en nuestras oficinas de Hong Kong están siempre dispuestas, no hay sábados ni domingos, si hay licitaciones y se tienen que quedar varios días sin dormir lo hacen y no cobran horas extras ni piden nunca nada. Los asiáticos trabajan todos los días 20 horas por día, por ochenta dólares por mes y además están preparados, son educados y buena mano de obra”. En el 2006 en medio de un coloquio de IDEAS y cuando era ferviente kirchnerista dijo: “Yo estuve 45 días secuestrado (en 1985) y estoy vivo gracias a la prensa libre (…) Les pido a todos que no se olviden de Jorge Julio López, que la Gendarmería y la policía lo sigan buscando. No volvamos al pasado”. En el 2016 y ya producidas las rupturas con el kirchnerismo planteo: «las chicas de 14 años se hacen preñar para tener bebes y cobrar unos mangos de la asignación«. En el 2018 y en medio de las denuncias por las coimas de las obras públicas, y mientras Pescarmona y su segundo (Francisco Valenti) solicitaban incluirse bajo la figura de “arrepentidos”, planteo: “tuve que pagar porque si no me mataban…”, tratando de justificar sus propias acciones.
En síntesis, es un empresario poco interesado en el desarrollo nacional y provincial, como a veces tratan de presentarlo. Su expansión está claramente relacionada con la dictadura y su crecimiento estrechamente vinculado a los favores del gobierno de turno. A pesar de cuestionar las políticas asistenciales, es una empresa que ha crecido por la “ayuda” del estado, autorización de endeudamiento y financiamiento del mismo, licitaciones dirigidas, préstamos y subsidios millonarios, ayudas para pagar sueldos como los REPRO (mientras él despedía obreros), etc. Recientemente la CECIM (Cámara Empresarial da la Construcción Independiente de Mendoza), planteó que la ayuda del estado no se tendría que reducir a una mega empresa, sino atender la situación del conjunto de las PyMEs locales, y en un comunicado sostuvieron que con los fondos que se destinarán a IMPSA, se podrían rescatar 150 empresas pequeñas y medianas.
En quinto lugar, se encuentra el dilema sobre la compra de acciones por parte del estado que básicamente presenta dos grandes caminos. La empresa rescatada por el estado, puede ratificar y profundizar el rol de empresa intermediaria de los monopolios externos para avanzar en los proyectos de saqueo de nuestras riquezas que refuerzan la dependencia externa e impiden un verdadero desarrollo provincial. Este carácter se pondrá de relieve tanto en la elección del tipo de obras (en función de los intereses externos o internos), en los sectores participantes (grandes monopolios o las PyMES locales) y en la forma en que se realizaran las mismas (es decir el cuidado de nuestro medio ambiente y recursos). Si este es el camino, el estado sólo servirá como financista y rescatista de los grupos privados, que aprovecharan las múltiples influencias que esta situación permite. Esta historia los mendocinos ya la hemos conocido con el famoso caso Greco, entre otros. En este sentido será clave, indagar como serán los mecanismos de decisión en la empresa que es una sociedad anónima con mayoría estatal, donde las acciones clase C no tienen derecho a voto y se entremezclan las instancias de decisión entre los síndicos, el directorio y la asamblea de accionista.
El otro camino, es avanzar en una empresa 100% estatal, que priorice las obras indispensables para un desarrollo industrial y agrícola provincial en función de las necesidades de las grandes mayorías. Una empresa que coloque su capacidad técnica en función de las obras de ampliación e impermeabilización de riego que permitan el acceso al agua a los pequeños y medianos productores, que emprenda obras necesarias como el dique los Blancos en Tunuyán, el dique La Estrechura con el trasvase al río Atuel, obras de tratamiento de aguas en Lavalle que afrontan altos niveles de arsénico, la realización de cloacas y red de gas en Malargüe, obras intermedias que permitan el abastecimiento de agua suficiente para el este y norte de la provincia, el estudio y desarrollo de emprendimientos de energías renovables en nuestro territorio, el posible impulso y desarrollo para la fabricación de insumos y partes industriales que actualmente dependen de las importaciones, el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos, la imprescindible renovación y expansión de la red de agua y cloacas en la provincia, la producción de materiales para la producción agrícola local, etc.
A la vez, que se coloque como bastión principal para el abastecimiento y cooperación del conjunto de las pequeñas y medianas industrias locales, y de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales, trabajando en conjunto y transformándose en la proveedora de los insumos y elementos necesarios para las obras locales.
Para esto es necesario, que el estado tenga un rol activo de control y decisión, solicitando la apertura de los libros de la empresa, regulando y supervisando los contratos y cláusulas de obra, derivando las ganancias a las necesidades de la empresa y no al grupo de acreedores privados, fijando los criterios salariales del personal jerárquico y de los trabajadores, estableciendo pautas de control que eviten coimas, sobresueldos e hiperganancias a costa de la quiebra de la empresa. Este camino será imposible si no se avanza en una verdadera empresa estatal, que permite el control directo del estado y evita las múltiples normas que utilizan los fondos de inversión para proteger sus negocios a través de los mecanismos de las sociedades anónimas. A la vez, sin la participación en las instancias de decisión de los técnicos y trabajadores, y de los sectores interesados en el desarrollo de una verdadera empresa provincial de producción local, será muy difícil la concreción de este proyecto.
En síntesis, la compra de acciones por parte del estado, que se ha realizado con múltiples intereses, en sí es un paso positivo, siempre y cuando avance en un camino de desarrollo industrial local. De las fuerzas y sectores populares y patrióticos dependerá que la empresa avance en un camino de soberanía o de nueva dependencia.
El estado compra acciones en IMPSA. Atención regantes y pueblos del interior. Son dos sectores estratégicos de la obra pública donde esta empresa juega un rol fundamental: en la generación de energía, y en la ampliación de la frontera agrícola. Y el debate que se viene es poder transparentar el verdadero costo de la obra pública en la Argentina. Este debate tiene una necesidad que urge, terminar con los grises de licitaciones millonarias, pagadas varias veces, y con ritmos de construcción a cuentagotas. Hay muchos proyectos de construcción de diques que esperan desde hace décadas por lo caro que es hacer una obra de este tipo que cotiza en dólares. Tener una empresa estatal debería ser para pagar las obras al costo real, sin negociados de ningún tipo, ni como caja chica de ningún partido, ni como bolsa negra de ningún empresario. Si alguien me pregunta por renombrar la empresa yo le diría: Agua y Energías Limpias para la Ampliación de los Oasis Mendocinos. Pescarmona, antes de ser la gran fabricante de turbinas hidroeléctricas fue constructora de compuertas para riego. Esas dos potencialidades hacen de esta empresa una joya para el desarrollo provincial y nacional. Por supuesto que hay que esquivar el debate en abstracto que están planteando los liberales que demonizan toda intervención del estado que exceda el cuidado de las ganancias empresariales. Desde ya que según la política que se defina será si este buen comienzo de compra estatal de una porción de la empresa se dirige a dar felicidad a nuestro pueblo, o termina siendo una experiencia frustrada como ha pasado en algunas ocasiones, o en el peor de los casos termina siendo el estado bobo poniendo plata para que algunos grupos privados hagan sus negociados. Por eso, además de opinar sobre quién debe ser el dueño de la empresa, propongo opinar sobre qué proyectos energéticos y de obra hídrica hacen falta en la provincia para generar puestos de trabajo productivo: el aprovechamiento del rio Tunuyan con Los Blancos por ejemplo; proyectos de energías limpias para reducir la generación de electricidad a combustión de gas oil. También hay que proponer organismos de dirección y control de la empresa que involucren a los pueblos que necesitan las obras, con representantes de las Cuencas hidrográficas de la provincia, con representantes de los trabajadores metalúrgicos, y también de las pymes metalmecánicas de la provincia. Eso sería posible si el Estado hace valer todos sus créditos, los del Banco Nación, los del BICE, y los del BID. Recuerdo una anécdota atribuida a Enrique Pescarmona, cuando se quejaba de que grupos vinculados al gobierno se querían quedar con la empresa mientras la ahogaban negándole licitaciones, que eran todas adjudicadas a empresas chinas. En eso el empresario tiene que ser escuchado, y que diga todo lo que sabe ante la justicia. Pero también la justicia debiera preguntarle si pagó los 89 millones de dólares que pidió prestado y luego el Estado estatizó de la mano de Domingo Cavallo. O si pagó todas las “ayudas” cuando el Estado le pagaba parte de los sueldos a los empleados. La pandemia nos ha dejado un agujero emocional, social y económico. Ojalá este camino abierto sea para la reconstrucción de Mendoza y el país, con una Impsa como palanca del desarrollo ayudando a generar nuevos puestos de trabajo y riquezas en la provincia.
Este miércoles 17 de marzo, la Corriente Clasista y Combativa junto a la organización Apepro Cuyo FNC, 8 de Octubre Obreros Rurales, la OTRAL, el Frente Popular Darío Santillán y una delegación del Movimiento Evita, concentraron en el nudo vial para movilizarse a Casa de Gobierno.
Jornada Nacional por Tierra, Techo y Trabajo
Organizaciones sociales, agrarias y políticas, se movilizaron en todo el país, y nuestra provincia no quedó afuera.
La jornada se se realiza ante el agravamiento de la situación social y productiva, la cual fue agravada durante los cuatro años de las políticas de ajuste y entrega llevadas adelante por el ex presidente Macri. Los referentes comentaron que se incrementó la pobreza y los padecimientos sociales, mas aún con la pandemia y toda la crisis sanitaria y económica que trajo la cuarentena. Agregaron que, la situación social y económica se agravó a pesar de las medidas del gobierno nacional que resultan insuficientes y en particular en Mendoza, donde el gobierno provincial no ha tomado medidas de emergencia significativas para enfrentar el aumento de la pobreza, la falta de trabajo y la terrible situación sanitaria. Por estas razones, se movilizaron para reclamar que la crisis la paguen sus verdaderos responsables, los que se enriquecieron enormemente con la especulación y endeudaron al país, y para que se adopten medidas de emergencia que eviten que la crisis se siga descargando sobre los trabajadores y el pueblo.
En la jornada tuvieron una importante presencia sectores agrarios y obreros rurales, quienes visibilizaron la situación que viven, este mes mucho se habló de la vendimia y justamente es uno de los sectores mas castigados junto a quienes trabajan la tierra en general, y decían: …»muchas de las verduras no tienen precio, lo que hace que debamos regalar la mercadería para no tirarla».
El sector está de pie, cansado de ser castigado y hoy pusieron en sus pancartas los distintos reclamos: Alta inmediata de las AUH al finalizar el trabajo temporario, Paritarias antes de empezar la cosecha, No a la quita de salario social para el obrero rural, Jardines maternales en chacras y galpones, Implementación del Programa Intercosecha, entre otras.
La movilización arrancó en el nudo vial y tuvo una parada en la secretaría de Trabajo donde se hizo entrega de una nota para solicitar una audiencia y poder abordar alguno de los puntos planteados por la agrupación de obreros rurales 8 de Octubre, y solicitar que se intervenga en la gestión del Programa Intercosecha realizando los convenios pertinentes con el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que necesitan contar con algún ingreso en el periodo invernal cuando disminuye la ocupación la fuerza de trabajo y los ingresos para alimentar a sus familias se ven reducidos. También solicitaron que se arbitren los mecanismos necesarios a fin de que se cumplan los acuerdos paritarios ya que en las bodegas, galpones y chacras los salarios son a criterio de la patronal muy por debajo de la canasta básica y en condiciones de precariedad e insalubridad. Por último, exigen que por su intermedio el Ministerio de Gobierno Justicia y Trabajo de la provincia implemente políticas publicas para alentar el trabajo en forma y la relación de dependencia en blanco ya que los trabajadores sufren la pérdida de ingresos de la AUH cuando son registrados temporalmente y las asignaciones demoran entre 4 y 5 meses en ser dadas de alta luego del cese de la actividad registrada.
La movilización culminó en la casa de gobierno donde una delegación fue recibida por un funcionario de gobierno, quien recibió la nota elaborada por las distintas organizaciones. Para cerrar mientras esperaban a la delegación, el referente provincial de la CCC Guido Peña dio unas palabras, al igual que los referentes de las organizaciones sociales presentes, y quienes traían su adhesión.
Medidas a favor del pueblo
La diferentes organizaciones piden el tratamiento y sanción del proyecto de LEY DE TIERRA, TECHO Y TRABAJO a nivel nacional y provincial:
-Para la Pequeña y mediana producción: entrega de tierras fiscales y mal habidas para los productores sin tierra. Acceso al agua y tarifas diferenciales según la producción. Compra estatal de la producción para garantizar alimentos accesibles y saludables a la población sin intermediarios.
-Para los trabajadores precarizados: implementación de planes de vivienda y obras esenciales de agua potable y cloacas, refacción de escuelas para garantizar la educación en condiciones y los centros de salud, a través de proyectos de trabajo productivos con las organizaciones sociales.
Obreros rurales: implementación del “Plan Intercosecha” y revisión nacional del sistema AUH y planes sociales para que las altas y bajas se realicen en forma automática, lo que permitiría enfrentar el trabajo en negro.
Medidas de emergencia: -Partidas extraordinarias para salud para enfrentar el colapso sanitario en el marco de la segunda ola. Garantizar la vacunación para todos, comenzando por los más expuestos y más vulnerables.
-Partidas extraordinarias para educación para garantizar el regreso educativo en condiciones.
Medidas para que paguen los verdaderos responsables: -Aplicación del Aporte Extraordinario a las grandes fortunas a nivel nacional y tratamiento del proyecto similar a nivel provincial.
-Investigación y suspensión del endeudamiento nacional y provincial, diferenciando deuda legitima de la ilegitima y fraudulenta
Estas son las organizaciones sociales y políticas que movilizaron en la jornada de hoy: CCC (Corriente Clasista y Combativa), APEPRO (Asociación de Pequeños y Medianos Productores) en la FNC (Federación Nacional campesina), Agrupación de Trabajadores Rurales “8 de octubre”, PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) en el Frente de Todos, OTRAL, Frente Popular Dario Santillán, JCR-PCR.
Gran jornada de lucha en fotos- Gracias a las y los equipos de comunicación de la CCC- Apepro-PTP-JCR
Un nuevo 8 de Marzo, un Día Internacional de la Mujer Trabajadora lleno de lucha. Un año más ganamos las calles, a pesar de la pandemia. Mujeres y disidencias de toda la provincia marcharon y gritaron bien fuerte ¡ NOS QUEREMOS VIVAS!!
Sin duda que el tema de la violencia atravesó esta marcha, miles pidiendo la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres. Miles diciendo basta, el estado es responsable.
Año a año las mujeres vienen dando batalla para transformar la realidad y es así que llegamos a este 8M con la aprobación de la ley IVE, gran triunfo que nos permite avanzar en otras discusiones. Pero aún sigue existiendo una brecha salarial enorme entre hombres y mujeres, y mucho trabajo sin ser reconocido como el de las promotoras de en salud y contra la violencia de género o el trabajo en comedores y merenderos.
La pandemia trajo mas trabajo precarizado y mal pago, a eso se le suma hoy las diversas dificultades que se generan debido a la compleja forma del regreso a clases presenciales.
Desde Ni una Menos se convocó a varias asambleas para coordinar el 8 y así fue que desde el movimiento de mujeres, feministas y diversidades, organizaciones sociales, sindicales y políticas, desde las 18 se concentraron en el nudo vial y desde ahí arrancó la marcha que culminó en la Plaza Independencia donde se leyó el documento consensuado.
Cabecera de la Marcha 8M- MendozaOradoras del documento
Es de destacar la columna de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres, integrada por La Encuentras, Las Pichonas, Las mujeres de la Verde 4 de Abril, la CCC, Apepro-FNC, PCR-JCR, PTP, quienes llenaron de color y pancartas con reclamos que durante todo el recorrido se hicieron escuchar.
Otra columna a destacar fue las de las Cayetanas, que bajo una bandera de arrastre marcharon unidas.
En varias pancartas se pudo leer: Ni olvido Ni perdón a los Femicidios- Ma… sino vuelvo quema todo- Fuera Munives y Levrino- Emergencia en violencia ya!!- Tierra Techo y Trabajo para las Mujeres Campesinas, etc…
La jornada que transcurrió con la alegría de encontrarse en la calle, sin bajar la guardia ante el Covid19, después de un año de pandemia, jóvenes bailando con las batucadas, las canciones celebrando la histórica conquista del aborto legal a fines de 2020 y con ganas de seguir conquistando derechos, pero sobre todo exigiendo No mas Femicidio.
Imágenes de distintos puntos de la provincia: Mendoza Capital, San Rafael, Malargue
Compartimos aquí parte del documento que se leyó:
EXIGENCIAS ALZAMOS NUESTRA VOZ HERMANADAS Y EN MANADA Y EXIGIMOS:
EXIGIMOS REAL ACCESO A TECHO, TIERRA Y LA VIVIENDA REPUDIAMOS LA REPRESIÓN A LAS FAMILIAS SIN TECHO. EXIGIMOS SALARIOS DIGNOS Y RECLAMAMOS AUTONOMÍA ECONÓMICA COMO BASE FUNDAMENTAL PARA HACERLE FRENTE A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS SEGUIMOS EXIGIENDO IGUAL SALARIO POR IGUAL TAREA RECLAMAMOS VISIBILIZACIÓN Y REMUNERACIÓN DE LAS TAREAS DE CUIDADO BASTA DE PRECARIZACIÓN A TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD DE NUESTRA PROVINCIA. ¡EXIGIMOS EL PASE A PLANTA PERMANENTE YA DE TODAS LAS TRABAJADORAS PRECARIZADAS! CONTRA LAS CORPORACIONES INMOBILIARIAS QUE MANEJAN LOS PRECIOS DE ALQUILER Y LOS DESALOJOS REPUDIAMOS LA LEY DE DIFONZO. SEGUIMOS DICIENDO QUE EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA. ……………………………………………………………………………………………………. BASTA DE FEMICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 26.485 ¡APLICACIÓN DE LA LEY MICAELA YA! EXIGIMOS MAYOR PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS NACIONALES Y 5 PROVINCIALES DE GÉNERO PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. ¡LEY DE EMERGENCIA PROVINCIAL Y NACIONAL YA! BASTA DE REDES DE TRATA. CONSEJO AUTÓNOMO DE MUJERES Y DIVERSIDAD CON REPRESENTANTES ELECTAS Y REVOCABLES DEL MOVIMIENTO DE LUCHA. ……………………………………………………………………………………………………….. EXIGIMOS EL ACCESO REAL A CAMBIOS REGISTRALES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO EXIGIMOS LEY NACIONAL DE CUPO E INCLUSIÓN LABORAL TRAVESTI-TRANS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES PARA SU ACCESO A LA SALUD Y A LA VIVIENDA; YA QUE LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN, LAS VIOLENCIAS Y LOS CRÍMENES DE ODIO, PONEN HOY UNA EXPECTATIVA DE VIDA DE MENOS DE 40 AÑOS. DENUNCIAMOS AL SISTEMA HETERONORMATIVO QUE EXCLUYE Y MATA. EXIGIMOS PEDIDO DE JUSTICIA POR EL TRAVESTICIDIO DE MELODY BARRERA. JUSTICIA POR EL HOMICIDIO, CRIMEN DE ODIO, DE DAVID CALDERÓN. ABSOLUCIÓN PARA MARIAN GÓMEZ Y PARA HIGUI. …………………………………………………………………………………………………… ¡CELEBRAMOS PROFUNDAMENTE QUE EL ABORTO EN LA ARGENTINA ES LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!! Y EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA IVE RECLAMAMOS LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
………………………………………………………………………………………………………… SEGUIMOS REPUDIANDO LA DESIGNACIÓN DE JUECES Y JUEZAS SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA REPUDIAMOS LA REVICTIMIZACIÓN HACIA MUJERES Y DISIDENCIAS POR PARTE DEL SISTEMA JUDICIAL REPUDIAMOS A LA POLICÍA DE MENDOZA. DENUNCIAMOS LAS SITUACIONES DE REPRESIÓN POLICIAL EN LA PROVINCIA: MUJERES FERIANTES, CASO PARQUE CANOTTA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. EXIGIMOS EL DESPROCESAMIENTO DE LAS PIBAS DE SAN MARTÍN. REFORMA JUDICIAL FEMINISTA. SEGUIMOS PIDIENDO JUSTICIA POR FLORENCIA ROMANO, VIVIANA VILLEGAS, MELODDY BARRERA, PAULA TOLEDO, URSULA BAHILLO, MERCEDES ZARATE, KAREN PONCE, Y POR TODAS LAS HERMANAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE EL PATRIARCADO Y EL RACISMO NOS ARREBATAN SILENCIOSAMENTE ¡NO NOS OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS! EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LEVRINO Y MUNIVES, CÓMPLICES Y RESPONSABLES DE LOS FEMICIDIOS EN NUESTRA PROVINCIA ¡PEDIMOS APARICIÓN CON VIDA DE GISELLA GUTIÉRREZ Y VIVIANA LUNA! SEGUIMOS EN LUCHA POR LA MEMORIA DE JOHANA Y SOLEDAD
HOY EN ESTE 5TO PARO INTERNACIONAL FEMINISTA, DECIMOS QUE SI 6 NUESTRAS VIDAS NO VALEN ENTONCES PRODUZCAN Y REPRODUZCAN SIN NOSOTRAS Y NOSOTRES.
El viernes 5/3 se constituyó en Mendoza la agrupación de obreros rurales 8 de octubre. Con representantes de los departamentos de Lujan, San Martin, Maipú Guaymallén y Rivadavia. Se pusieron en común las necesidades urgentes del sector más precarizado de la provincia y la que genera la riqueza más importante. La misma está integrada con compañeras y compañeros de la CCC y pequeños productores que también cosechan en determinadas épocas dónde la producción no es lo suficientemente rentable por la presión tributaria y las carentes políticas agrarias de la provincia. Fue sin dudas un gran avance que permitió definir una acción colectiva para movilizar el 17/3 por techo tierra y trabajo junto a los Cayetanos y APEPRO-CUYO FNC, con el objetivo de visibilizar el abandono del Estado y de la problemática del sector.
Cosechadores del Ajo, Cebolla, tomate, aceituna y uva coincidieron en plantear que es urgente una «acordada y/convenio» entre Anses y el «ministerio de Trabajo de la Nación» para estimular el trabajo en blanco ya que hoy quien es blanqueado solo por la temporada o por alguna semana pierde la AHU por cuatro meses después de hacer cesado la relación de dependencia.
A esto se le suma que la mano de obra disminuye en los meses de invierno y la provincia no gestiona el programa nacional intercosecha. Las condiciones de trabajo en medio de la pandemia son y han sido insalubres, los galpones de corte y empaque no tienen baños, las madres no pueden ir con sus hijos y el gobierno provincial no garantiza los jardines maternales y guarderías que brinden cuidado a los niños.
Las jornadas laborales a destajo no respetan los convenios colectivos ni se respetan los precios de la ficha del tacho de uva acordado en paritarias.
Los pequeños productores reciben menos del 70% por ciento del valor del precio de las frutas y hortalizas en las góndolas, no tienen acceso a crédito ni subsidios, no se les provee malla antigranizo, los costos de producción muchas veces son mayores a las ventas y las ganancias de los intermediarios avanzan sobre la de los productores. No existe un plan para que los pequeños productores, contratistas y campesinos pobres accedan a la tierra y el precio de alquiler de la hectárea lo fijan los grandes terratenientes.
La situación es insostenible porque el gobierno de Macri profundizó la crisis en el sector agrícola y las patronales la descargaron sobre los trabajadores rurales.
La constitución de la agrupación 8 de 0ctubre en Mendoza y la confluencia nacional con los Cayetanos en la marcha del 17 de Marzo es un hecho político de suma importancia para el movimiento obrero rural en un provincia que se prepara el festejo de la Vendimia, festejo que es para unos pocos mientras que para la gran masa trabajadora se profundiza el ajuste y la desocupación.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este jueves, contestándole a A. Cornejo que, «no ha planteado nunca una alternativa» a las políticas que critica, y que «la politiquería es una discusión que no va a llevar a ningún lado».
Pero sin dudas, así como sucede en economía o en educación, en salud también las decisiones políticas son las que deciden que tan bien o tan mal, la van a pasar quienes necesiten del sistema de salud.
Entonces aparecen aquí las diferencias entre las políticas aplicadas. El equilibrio entre economía y salud, miradas desde el punto de vista del gobierno, intentado por Suarez, parece muy difícil y están los datos de estos últimos días para muestra.
Por un lado se trató de que siguiera funcionando la economía de los sectores concentrados: bodegas, bancos, hipermercados, shopping, olvidando al otro sector: cuentapropistas, pymes, desocupados, asalariados, que también comen y necesitan del servicio de salud y recibieron casi exclusivamente, ayuda del estado nacional.
Por el otro en salud, el gobierno habla de haber gastado más de 3000 millones en la pandemia (Los Andes 6/9/20), teniendo un presupuesto previsto para salud de 26.500 millones y un Decreto 401 que le da amplias facultades para el manejo de partidas, sin embargo han sido permanentes los reclamos de trabajadores del sector por falta de insumos, se han incorporado pocas camas UTI y hoy el sistema de salud, dicho por autoridades de los hospitales, está colapsado.
A principios de agosto, el mismo Suarez, ya estaba alertando sobre la crítica situación, dado que el tope de ocupación en unidades de Terapia Intensiva (entre 330 y 360 en la provincia) rondaba entre el 75% y el 80%, según fuentes oficiales, para COVID, ya que hay otras patologías que también ocupan UTI. Sin embargo no se aumentaban las restricciones a la circulación.
Hoy se habla de un 83% de ocupación, casi uno de cada dos hisopados da positivo, 45%, cuando la OMS sugiere que la situación es manejable cuando ese valor esta en el 10%. El sábado 6/9, se hicieron 1001 determinaciones dando 533 positivos (53%). Al día siguiente fueron 615 determinaciones y 290 positivas (47%).
Sobre los fallecidos, se plantea que la mayoría contaba con patologías previas y murieron por el agravamiento de esas morbilidades, pero, si no se hubieran infectado, seguirían vivos manteniendo sus patologías el tiempo que se pudiera.
Para sumar algo más preocupante a lo que ya existe, aparece un siniestro protocolo de bioética al que se deben atener las instituciones de salud, que establece prioridades de atención, frente a la falta de posibilidades de atender a todos, aplicando criterios como el número de años de vida salvados, las posibilidades de vivir en cada una de las etapas de la vida y el beneficio del “bien común” entre otros.
Llegar a discutir la aplicación de este protocolo de prioridades, claramente, se bebe a la imposibilidad de tratar todos los casos, como si estuviéramos en situación de desastre natural o algún otro hecho imprevisible. Traducido a lenguaje de la calle, quiere decir que un adulto sano, tendrá prioridad en recibir atención frente a un adulto mayor, así como lo tendrá, según se entienda el concepto de “bien común”, un empresario o un profesional frente a un desocupado o un ama de casa.
Sin embargo, el gobernador y la ministra de salud insisten con adjudicar las responsabilidades del contagio a la gente, cuando es el Gobierno el principal y doblemente responsable.
Por un lado, por el manejo en el sector de salud, sistema que está a punto de colapsar por falta de recursos, de organización, de insumos de prevención y también debido a salarios congelados y falta de aguinaldo. Y por otro lado, por las medidas de aislamiento tomadas y el mensaje dado con ellas por el gobierno, al permitir la libre circulación y la apertura de lugares de concentración que son focos de contagio. Haciendo entender a una parte de la población que la situación es manejable, por lo tanto se puede salir libremente a bares, hipermercados y shopping.
A esto se suman intendentes como Orozco que destina dinero al arreglo de la plaza departamental y de Iglesias que hace por un lado lobby por la apertura del Shopping propiedad del grupo IRSA (Eduardo Elsztain), gran foco de contagios, pero mantiene cerrados 8 de los 22 Centros de Salud del Departamento.
Entendemos que debe priorizarse la salud y la situación social de la población, restringiendo la circulación de personas para restringir la circulación del virus, tal como aconsejan los expertos en salud, pero cubriendo derechos mínimos a la alimentación y la salud. Atendiendo a cubrir las necesidades de vida de los sectores mas desprotegidos que no pueden encerrarse, de las pymes y negocios que no pueden aguantar sin trabajo y de los sectores básicos del comercio y la producción, para lo cual es imprescindible la ayuda económica del gobierno, coordinada con esos sectores.
En este sentido, es muy buena la experiencia que se desarrolla en San Rafael, con la formación de un amplio Comité de Crisis y la implementación de un convenio, mediante el cual el municipio adquiere viandas al sector gastronómico, que se distribuyen en merenderos y comedores a través de las organizaciones sociales.
Se hace urgente la necesidad de redireccionar recursos, exigir mayores aportes a la nación y apelar a los sectores que están en mejores condiciones económicas para aportar a esta crisis.
Una ayuda es el proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas presentado en Mendoza por el PTP, en consonancia con el proyecto nacional, aplicable a aquellos sectores (0.1 % de la población economicamente activa) que se llenaron los bolsillos en etapas anteriores y hoy lo siguen haciendo, tales como exportadoras, grandes bodegas, hipermercados y el sector financiero.
Se requieren fondos necesarios para enfrentar el colapso sanitario, la crisis económica y la emergencia social. No pueden salir de los bolsillos vacíos de los trabajadores, sino de las grandes fortunas acumuladas en los últimos años.
* POR UN IMPUESTO DE EMERGENCIA NACIONAL Y POR UNA CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE LAS GRANDES FORTUNAS EN LA PROVINCIA.
*AMPLIACION DEL SISTEMA HOSPITALARIO Y CAPACITACION DE PERSONAL
* PRIORIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.
* ASISTENCIA URGENTE CON ELEMENTOS DE HIGIENE Y ALIMENTOS A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.
* MEDIDAS DE RESTRICCION DE LA CIRCULACION, RESPETANDO DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
* AUXILIO ECONOMICO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL CIERRE PARCIAL DE ACTIVIDADES.
* REDOBLAR TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD POPULAR.
* ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA DESDE ABAJO, EN CADA BARRIO Y LUGAR DE TRABAJO PARA ENFRENTAR LAS MANIOBRAS DE LOS GRUPOS DOMINANTES
Junta Provincial del Partido del Trabajo y del Pueblo
El miércoles 17, Mauricio Macri rubricó con el máximo jerarca del imperialismo de China, Xi Jinping, acuerdos para la financiación de proyectos de infraestructura por 17.000 millones de dólares (US$).
Aunque la cifra es impactante, es importante ver cómo son esos proyectos y cuáles sus plazos de maduración: según trascendió, la planificación de la mayoría de ellos comenzará a ponerse en marcha durante el primer semestre de 2018. Después vendrá su realización que llevará varios años; tiempo que también depende del cumplimiento de la contraparte a la que se compromete el gobierno argentino.
Desde el vamos, todos los acuerdos están condicionados al cumplimiento de los convenios firmados por el gobierno anterior (como los ferroviarios, la base espacial-militar en Neuquén o las represas de Santa Cruz) y a que las obras se hagan sin licitación, admitiendo la contratación directa, y sujetas a la cláusula del “cross default”: si una obra se incumple, caen todos los demás acuerdos. Si bien las tasas de interés nominales de los préstamos (deuda) son bajas, si a ello se suman los seguros de riesgo, el costo financiero total llega al usurario 8,19 % anual, en dólares.
El principal acuerdo de financiación, por US$12.500 millones es para la construcción de dos centrales nucleares: una en Campana, provincia de Buenos Aires, y la otra en Río Negro; la programación de la primera tiene fijado como inicio enero de 2018, para la segunda habrá que esperar. Le sigue en importancia la financiación de la infraestructura de Mendoza a Buenos Aires del tren San Martín, con un crédito a 20 años por US$2.400 millones, y otro préstamo de US$1.600 millones de bancos chinos para el Belgrano Cargas, que se agregan a los US$ 2.470 millones comprometidos por la gestión kirchnerista. Otro acuerdo que se destaca es para financiar la instalación de una planta de energía solar en Jujuy, con un préstamo por casi US$400 millones.
En esto es necesario aclarar, además, que no se trata de inversiones directas de capitales de China, que signifiquen una afluencia inmediata o mediata de dólares a la Argentina, sino de créditos a ir utilizando en la compra de equipos y materiales, tecnología y especialistas, traídos desde China. Es decir, lisa y llanamente préstamos para incrementar las ventas de China a la Argentina vinculadas a la realización de esos proyectos, con la contraparte de resignación de decisiones sobre los mismos, que van desde los equipos y tecnologías hasta las cuestiones ambientales y de soberanía, como se puede graficar en las idas y vueltas con las represas en Santa Cruz, la base en Neuquén o los proyectos para las centrales nucleares.
Un intercambio muy desigual
Con estos acuerdos de préstamos, el imperialismo de China busca profundizar nuestra dependencia financiera de él, para asegurarse una mayor incidencia en su disputa con los otros imperialismos. También una mayor dependencia tecnológica y comercial, que tiene como trasfondo un profundo desequilibrio en el intercambio, habiéndose convertido China en uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, sólo por detrás de Brasil, tanto en exportaciones como en importaciones.
Las exportaciones argentinas a China crecieron entre 2001 y 2011, pero a partir de allí comenzaron a caer y en 2016 se ubicaron en US$4.661 millones. Las exportaciones a China representan el 8% del total exportado por Argentina, de lo que el 63% es poroto de soja (sin procesar). En cambio, las importaciones desde China se multiplicaron por 10 entre 2001 y 2011, aunque luego se han mantenido relativamente estables. En 2016 fueron US$10.500 millones, que representan el 19% del total nacional, en lo que juegan un papel importante los artefactos eléctricos y mecánicos, además de las ventas financiadas al Estado a través de “acuerdos” como los de los ferrocarriles, que incluyen no sólo la compra del material rodante, sino hasta las vías y durmientes e incluso las butacas y personal técnico, con el consiguiente desmedro de la producción y los trabajadores nacionales.
La tan alabada por Macri “mayor complementariedad” en el mundo, que tendrá la economía de Argentina con la de China, se basa en venderle productos primarios sin o con poca elaboración (desde porotos de soja, cueros y lana sucia, hasta minerales y carne), a cambio de comprarle productos industriales (desde ferrocarriles y turbinas, hasta juguetes e indumentaria). Ya vivió esto la Argentina en su “complementariedad” con Inglaterra y los otros imperialismos de Europa. “Comprar a quien nos compra” era el lema de la oligarquía del siglo pasado que llevó en la década de 1930 al Pacto Roca-Runciman con los imperialistas ingleses en 1933 y al Convenio Comercial y de Pagos con la Alemania hitleriana en 1934, de características similares (Eugenio Gastiazoro, Historia Argentina, tomo IV, capítulo XIV, págs. 22/24).
La “complementariedad” entre Argentina y China principalmente desde 2007, con su acrecentada venta de productos primarios sin o con poca elaboración, a cambio de una aún más acrecentada compra de productos industriales, ha resultado en un creciente y sostenido déficit comercial. Un déficit que desde 2011 viene sumando año a año más de US$5.000 millones de dólares, porque terminamos comprando más del doble de lo que nos compran. Lo que se repitió en 2016, con un saldo negativo de US$5.800 millones. De ahí que decimos que también hay un interés del imperialismo de China de atarnos financieramente a esta relación de intercambio desigual en los acuerdos firmados por Macri, dada su débil presencia todavía en inversiones extranjeras directas (IED). Inversiones que Macri también buscó en sus múltiples reuniones particulares con los CEO’s de los monopolios imperialistas de China (en su mayoría “estatales”).
Las inversiones directas
Si bien China se ha convertido en el segundo principal “socio comercial” de Argentina, con ataduras financieras ampliadas por el kirchnerismo y reforzadas ahora por Macri, la participación de la IED (es decir inversiones no financieras) de China en Argentina en relación al total de IED china en el exterior representa una exigua, aunque creciente presencia. El 60% del total se han dirigido al sector de alimentos, bebidas y tabaco, donde China ocupa el quinto lugar entre los países que más invierten.
Según la agencia oficial de China, “durante los últimos cinco años, más de 50 empresas chinas invirtieron en Argentina en proyectos ferroviarios, de energía solar, de telecomunicaciones, agrícolas y de infraestructuras. En estos momentos que Argentina está trabajando en un ambicioso plan de infraestructuras para los próximos 30 años, habrá sin duda enormes oportunidades para las empresas chinas que, según los argentinos (¿?), tienen ventajas en la tecnología y la financiación” (Xinhua, Pekín, 17/5/2017). La subestimación en el número y en el monto de las inversiones del imperialismo de China puede deberse a la “modalidad de implantación”, generalmente a través de “pantallas” nacionales (por ej., Electroingeniería) por lo que no se registran como IED, como ocurre también con las “inversiones” del imperialismo de Rusia y, en parte, de Alemania. A lo que deberían sumarse las “pantallas” en otros países dependientes, de donde se registran importantes IED, como Brasil, Chile y Uruguay o como las Islas Caimán y otros “paraísos fiscales”.
Teniendo en cuenta algunas de las inversiones multimillonarias recientes de China, esta potencia imperialista habría pasado al tercer lugar en las inversiones directas en Argentina, después de Estados Unidos y España. Entre esas inversiones registramos que, en 2010, la petrolera Cnooc compró el 50% de la participación de Bridas en Pan American Energy, por US$3.100 millones. Un año después, Sinopec compró Oxy, de la Occidental Petroleum Corporation por US$2.450 millones. Recientemente el monopolio cerealero Cofco pasó a ser el segundo monopolio imperialista (después del yanqui Cargill) entre las exportadoras radicadas en Argentina, al comprar Noble y Nidera. Por supuesto que, como ocurre con las compras de otros imperialismos de empresas ya existentes en el país, no son dólares que vienen al país, sino que en su mayoría van a las casas matrices de sus anteriores dueños, también imperialistas.
Duro golpe al plan de criminalizar la protesta y sumar las Fuerzas Armadas a la represión. Brutal “prueba de amor” entregando a China, por monedas, las riquezas nacionales.
1. Un duro castigo al macrismo
El miércoles 10 de mayo fue un día histórico. El pueblo se volcó masivamente a las calles y las plazas, quiso ser protagonista, y lo fue, para decirle ¡NO! a un nuevo intento de impunidad de los asesinos, torturadores, violadores y apropiadores de niños de la dictadura. No quiere cruzarse en las calles o ser vecinos de esos genocidas. Se plantó como lo hizo cuando repudió los indultos de Menem y el Estado de Sitio de De la Rúa; como lo viene haciendo frente a la violencia contra las mujeres, o cuando se harta frente a los tarifazos, el hambre y el ajuste.
El pueblo volvió a demostrar que esdueño de las calles y no las va a abandonar.
El gobierno trata ahora de ocultar lo que quedó a la vista. Una semana de silencio de Macri. Un manijazo “institucional” en la Corte Suprema, para consumar la mayoría macrista de los jueces impuestos por este gobierno, Rosenkrantz y Rosatti, y la jueza Highton de Nolasco, que inconstitucionalmente sigue en la Corte Suprema gracias a Macri.Un llamadode la derecha de la iglesia católicaa la reconciliación con los genocidas. Reuniones, el 8 y 9 de mayo, del ministro de Justicia Garavano y sus funcionarios, con abogados de los genocidas de 798 argentinos en la ESMA, y de Pati y otros asesinos.
El fallo del 2×1 fue un paso en el operativo para criminalizar la protesta popular, avanzar en la impunidad de los genocidas y en acuerdos con esos grupos fascistas, cambiando la ley de Defensa para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en la represión al pueblo.
La extraordinaria respuesta popular ha sido un durísimo castigo a la Corte Suprema, y al gobierno de Macri y sus política de imponer el ajuste y la entrega con represión.
2. De mal en peor
El gobierno ha fracasado en sus planes de domar la inflación. Lo peor de la carestía se concentra en los alimentos y los tarifazos en los servicios, que golpean con más fuerza en los más pobres. La garrafa social no existe, y la que se consigue, pasó de $80 a $160, y ahora no se la consigue a menos de $220. Macri sigue macaneando con un crecimiento de la economía que solo él ve.
El gobierno sigue sordo al reclamo de los docentes, y resiste a las paritarias que están reclamando hasta un 40% de aumento para recomponer los salarios, como en la alimentación. Los verdurazos muestran la gravísima situación de millones de pobladores de los cordones verdes de las grandes ciudades, ahorcados por la falta de tierras o los arrendamientos de los terratenientes, y el costo de los insumos para producir. Las inundaciones castigan a miles de productores del campo y a pueblos enteros, y el gobierno no hace nada.
3. “Una prueba de amor”
Con el viaje a China (y a Dubai y Japón), Macri profundiza la entrega de los recursos nacionales y la dependencia del imperialismo.
La visita a China es “el viaje del año”, declaró Macri. Preguntada Malcorra el sentido de ese viaje, “la Cancillería” lo dejó en claro: “una prueba de amor”. Esa “prueba de amor” que le lleva Macri a la China imperialista, es la entrega de las dos represas de Santa Cruz y dos usinas atómicas a monopolios chinos, le compramos 7.000 viviendas prefabricadas, le damos el reacondicionamiento de los ferrocarriles Belgrano Cargas y San Martín. El monopolio estatal chino Sinopec es la cuarta petrolera de la Argentina. Otra petrolera estatal, Cnooc, es dueña del 20% de Panamerican y compró el 50% de la Esso. La Shandong Gold compró el 50% de Veladero (oro y otros minerales), entre otras mineras.
Los capitales chinos se adueñan de las riquezas nacionales, imponen condiciones para el ingreso masivo de sus exportaciones, arruinando la industria nacional petrolera, de la construcción, atómica, ferroviaria, naval, etc. Chupan la sangre de la economía nacional como vampiros, y Macri los presenta como la salvación.
En este viaje a China, Macri paró en Dubai, paraíso de la usura mundial, y le ofreció “una asociación estratégica”: un pedazo de Vaca Muerta. Sigue ofreciendo, por monedas, la soberanía energética nacional.
4. Un voto de cara al futuro
El gobierno usó la movilización del 1° de abril para golpear a las luchas populares y lanzarse a la puja electoral. Ahora el 1/A quedó atrás, desbordado por la marea popular del 10 de mayo, que castigó duro a la Corte Suprema y a Macri. Lo que más le duele a Macri, es que quedó en evidencia, para muchos, que trabaja para la impunidad de los genocidas de la dictadura. Y quedó golpeado su plan represivo, aunque no hay que subestimar su peligrosidad.
Como si no hubiera gobernado un año y medio, Macri sigue usando la polarización con Cristina para dividir al pueblo. Es un chantaje político para forzar el voto a su favor en las elecciones.
No es cierto que crezca la franja del medio. Crecen el malestar y la bronca por los sufrimientos que provoca el ajuste, la entrega y la represión. Cada vez se escucha más: “no llego a fin de mes”. Crece el voto castigo a Macri, sin volver atrás, buscando algo nuevo. Es lo que se recoge en la campaña de afiliación al PTP y al Partido Frente Popular.
Tampoco es cierto lo que dijo Cristina: “La sociedad no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias”. Mientras ella pasea por Europa, esta “sociedad”, a la que ella ofende al calificarla de no capacitada, analizó muy bien el fallo de la Corte Suprema y Macri y les contestó con una profundidad maravillosa el 10 de mayo.
En cada provincia y distrito se dan pasos hacia frentes de las fuerzas populares, democráticas, progresistas y antiimperialistas. Muestran que hay condiciones para irrumpir con fuerza en las elecciones. Así lo mostró el lanzamiento, en Santa Fe, de la candidatura a diputado nacional de Carlos del Frade, por el Frente Social y Popular, y la convención del PTP. Se formó el frente en el Chaco, y avanzan las negociaciones frentistas en Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Córdoba, La Matanza y otras.
Las fuerzas populares tienen a su favor la voluntad de miles de luchadores que quieren una herramienta política que enfrente la política macrista. Una gran fuerza para discutir y ganar cada voto. Para que sea un voto con futuro.
Un voto para fortalecer la unidad para la lucha contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri, con un plan de lucha hacia un nuevo paro nacional y multisectorial. Un voto para acumular fuerzas y conquistar un gobierno del pueblo que garantice trabajo, tierra, techo y soberanía: la Patria Nueva.
El fallo de la Corte Suprema que beneficia a los genocidas con el 2×1 es un paso más en un camino represivo que atenta contra las libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo. El ajuste y la entrega de Macri no cierran sin represión. Hay que pararlos con la movilización popular
1. “No llego a fin de mes”
El gobierno está a la ofensiva con su campaña electoral. Macri y Vidal son los protagonistas de esa campaña. El fin de semana pasado, el gabinete nacional y 500 funcionarios bonaerenses fueron a actos y timbreos. Macri ya lanzó su candidatura para la reelección en el 2019. En cada lugar, el presidente, la gobernadora y sus candidatos, sonríen para la foto y la TV. Centran en el Conurbano Bonaerense, y tienen la ambición de ganar Santa Fe para dar la imagen de su triunfo en agosto y octubre. Pero sin descuidar la pelea en ninguna provincia ni en la Capital Federal.
Los plazos se acortan. En junio, el 14 cierran las alianzas y el 24 las listas de candidatos.
Es feroz la presión del gobierno y las clases dominantes para ocultar el marzo caliente y el paro nacional, en nombre de la gobernabilidad. Como si los millones que se volcaron a las calles y pararon la producción no existieron. Solo existieron los movilizados el 1° de abril.
Hoy la frase más escuchada es: No llego a fin de mes. El gobierno fracasó en sacar la economía a flote. Una razón clave de ese fracaso fue que las luchas frenaron el ajuste que cargaba sobre los de abajo la salida de la crisis. Por eso Macri se ve obligado a volver a polarizar con Cristina y repetir el cuento de que, si gana, después de las elecciones vienen las buenas. Pero es al revés, Macri necesita ganar las elecciones para ir a fondo con su plan.
Viajes a Estados Unidos, China y Japón, vienen jefes de Estado de Italia y Alemania, y acuerdos con Inglaterra: vender la soberanía es la otra clave del plan Macri.
Un plan que no cierra sin represión.
2. Quieren aplastar al movimiento obrero
Macri compró a un sector del peronismo sindical, como se vio en el acto del Momo Venegas y “las 62 organizaciones”. Usa los fondos de las obras sociales: el Uatre del Momo fue uno de los que más recibió; y Comercio, UPCN y Construcción recibieron el 22% de los fondos de prestaciones especiales, y poco a nada a otros gremios. Está en marcha paralizar y dividir a la CGT. Confronta con los gremios en lucha, como los docentes, que siguen la pelea. Y quiere dividir la unidad de acción de ocupados, desocupados y precarizados, y jubilados, para golpearlos por separado.
Macri quiere “domar” al movimiento obrero para acabar con los convenios colectivos por rama y rebajar los salarios. Lo está haciendo en gremios de petroleros, mecánicos, construcción, etc. Quiere paralizarlo, que no haya plan de lucha, ni un nuevo paro nacional. Trabaja para sacar de las calles a los desocupados y precarizados que le impusieron la emergencia social, y a los mayores que reclaman por sus jubilaciones de hambre.
3. Quieren paralizar a los movimientos populares
La rebeldía del campesinado y los originarios de las economías regionales, su Marcha Federal y sus jornadas, golpea otra viga maestra del plan de Macri: concentrar y extranjerizar la tierra. Para Macri, la tierra es para los agronegocios, la megaminería saqueadora y contaminante y los emprendimientos para turismo extranjero.
Para esos negociados con la tierra, avanzan en un nuevo genocidio, expulsan a obreros rurales de los cultivos regionales, y a campesinos y originarios de sus tierras como están haciendo con diaguitas en Tucumán, wichis en Salta y mapuches en la Patagonia, entre otros. Y los empujan a las villas de las ciudades para los peores trabajos.
La droga, la trata y la prostitución, son los negocios más rentables. Este es un gobierno de empresarios, y Macri es un empresario que hizo enormes negocios con la dictadura. Ahora puso de jefe de la Bonaerense a un hombre de la DEA (la agencia que abastece de droga a 40 millones de consumidores yanquis y garantiza que los dólares de la droga vayan a sus bancos). Y el jefe de la Policía porteña manejaba las coimas de los negocios sucios. No se puede combatir a la droga negociando con la droga.
Asesinan un cura en Tucumán, permiten que le hagan de todo a un fiscal que actuó contra una cadena de prostíbulos, y está investigando la cadena de las coimas que recibía la Bonaerense de las mafias: tratan de asustar al que se juegue contra las mafias. No hay presupuesto para tomar medidas de fondo en la prevención de la violencia contra las mujeres y de la droga en la juventud.
Todo esto pasa porque el Estado es parte de ese negocio y no de la solución de esas lacras. Por eso quieren silenciar a ese masivo movimiento de mujeres que asombra al mundo. Y quieren impedir que crezca el movimiento juvenil contra la droga y la rebeldía de los jóvenes por un futuro digno. Intentan hacer, con estos movimientos, lo que intentó Cristina con Hebe de Bonafini: coparlos para vaciarlos de contenido.
4. Pelear el voto: para la lucha y la Patria Nueva
Macri viene por todo. Para imponer su plan reaccionario, necesita un triunfo electoral y parar el auge de luchas que enfrenta su política.
En política, Macri necesita aplastar a las fuerzas combativas de la izquierda popular, democrática, antiimperialista y progresista que encabeza la lucha en las calles. Y polariza con Cristina para domesticar una parte del peronismo y dividir al resto. Lo intentó Frondizi, su ídolo: golpista contra Perón en 1955, llegó al gobierno con los votos peronistas, y terminó vendiendo el país, encarcelando y militarizando a los gremios y proscribiendo la constitución.
El Congreso del PTP mostró que la izquierda popular, democrática, progresista y antiimperialista tiene condiciones para irrumpir en las elecciones con fuerza. También lo demostró el lanzamiento, en Santa Fe, de la candidatura a diputado nacional de Carlos del Frade, por el Frente Social y Popular. Se avanza hacia un frente en Buenos Aires, y se acordó en el Chaco un frente del PTP, PS y Libres del Sur. Avanza la negociación en Capital Federal y más provincias.
Nada será fácil en ningún lado. Frente a las campañas multimillonarias, las fuerzas populares tienen la fuerza de miles de luchadores que quieren su herramienta política, denunciando los planes macristas, y discutiendo y ganando cada voto. Para que sea un voto con futuro. Un voto para fortalecer la unidad para la lucha contra los planes de ajuste, entrega y represión de Macri, con un plan de lucha hacia un nuevo paro nacional y multisectorial. Un voto para acumular fuerzas y conquistar un gobierno del pueblo que garantice trabajo, tierra, techo y soberanía: la Patria Nueva.
