El gobierno provincial ha dado el visto bueno para el avance del proyecto Cerro Punta Negra, con la realización, el día 14 de mayo, de la audiencia pública no vinculante.
El proyecto, ubicado a 14 km al oeste del Manzano Histórico, incluye la construcción de 31” unidades habitacionales”, es decir un barrio residencial, con terrenos inmensos y viviendas de cerca de 700 m2 (una vivienda de barrio suele tener entre 60 y 90 m2) en plena montaña dentro un Area Natural Protegida. Además incluye un ClubHouse con restaurant, hospedaje, planta de agua potable, cloacal y de generación eléctrica y un parque de nieve con elevadores y demás servicios.
Nuevamente, como sucede con la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel en el sur, en donde la empresa SOMINAR se hará cargo de la gestión de la misma, el gobierno de Suarez prioriza el negocio de una empresa de capital privado por sobre el interés del conjunto de los mendocinos, pasando por arriba de los derechos comunes a disfrutar de la zona y por encima del cuidado de nuestros bienes comunes, de la flora y fauna, de los cerros, del agua y con efectos “impredecibles” sobre los glaciares cercanos. Burlando, además, el objetivo de creación del Area Natural Protegida.
¿Por que el No al proyecto?
Además del impacto de cuatro años para la concreción del proyecto, la misma empresa “Uco los tres Valles SRL”, de la familia Junco, con domicilio legal en Buenos Aires, en la MGIA declara un numeroso punteo de los efectos negativos que tendrá la obra sobre el ambiente, totalmente incompatibles con los objetivos de conservación del Área Natural Protegida.
Esta empresa cuenta ya con un primer mal antecedente, dado que fue sancionada en 2016 por iniciar los trabajos sin contar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la autorización del Gobierno Provincial..
Tanto el IADIZA, como la Dirección de Recursos Naturales Renovables, han dado su dictamen negativo a la realización de la obra. Según señalan estudiosos desde las Asambleas Socio ambientales, a esto se suma tareas pendientes del Gobierno Provincial sobre la mensura y registro del Area Natural, que harían imposible la realización del proyecto. Existiendo además el problema de litigios sobre los derechos de propiedad en la zona, que se verían agravados con la realización del proyecto.
Sin embargo el Gobierno Provincial, a pesar de todos los argumentos en contra, al realizar la Audiencia Pública está dando un primer aval a un proyecto que, según las asambleas, debería haber sido rechazado de plano al contraponerse a los objetivos del Area Natural Protegida.
Manejo de nuestros bienes comunes: estatal con control o privado
Si vemos el panorama de la política aplicada en los últimos años a la zona de montaña mendocina, encontramos en la misma línea privatista las concesiones en la zona del perilago de Potrerillos, el area protegida de Villavicencio también en manos privadas, la expropiación de Penitentes para llamar a concurso de explotación con participación pública y privada, el no tratamiento de la declaración del Área natural protegida Uspallata – Polvaredas que duerme en la Comisión de Ambiente desde agosto del 2020, la concesión del manejo de la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel, entre otros.
Con lo cual se aprecia una decisión política del gobierno provincial de dejar en otras manos, a expensas de un negocio del capital privado, el cuidado de áreas tan delicadas para la subsistencia y el desarrollo de Mendoza como son las áreas de montaña donde nacen los ríos mendocinos.
Entendemos que tanto el estado nacional, como el provincial, son quienes deben garantizar, mediante políticas de estado y con el protagonismo de las organizaciones ambientales, las universidades y las poblaciones factibles de ser afectadas, el manejo sustentable de nuestros bienes comunes y el cuidado de las áreas naturales, priorizando el bien común sobre los emprendimientos privados, con el objetivo de asegurar condiciones ambientales, de desarrollo y de vida dignas para las generaciones actuales y futuras.
Junta Provincial PTP Mza -14/05/21