COMUNICADO La Mesa Política conformada por SOMOS BDP, Movimiento EVITA y Partido del Trabajo y del Pueblo, realizó este sábado 3 de julio, una jornada de trabajo en al Playón Barrio Suyai de Guaymallén. Nuestra lucha es por #TierraTechoTrabajoyAgua, venimos dando pasos de unidad dentro del Frente de Todos para salir adelante. Sostenemos merenderos, comedores, postas sanitarias, etc. Seguiremos luchando y trabajando porque no vamos a bajar los brazos cuando nuestro pueblo está sufriendo muchas necesidades. Convencidos y convencidas de que Mendoza se levanta con Trabajo, exigimos que el gobernador de la provincia brinde las herramientas necesarias para poder trabajar, pero también solicitamos más obras donde las y los trabajadores de la economía popular planifiquemos las actividades y nos organicemos al calor de trabajo digno. La pandemia ha castigado mucho a las barriadas y al pueblo en general. La crisis sanitaria, económica y social ha dejado a miles sin trabajo, y desde nuestros espacios políticos y sociales estamos organizados dando batalla en cada lugar y sobre todo para salir adelante con trabajo colectivo. Pedimos:
Hace unos días estuvimos con Jose Barro y el amigo Julio Muñoz por la zona de Pata Mora. Hablamos con el Gerente de YPF en Chachauén y con directivos de PECOM para solicitar que se tenga en cuenta a los desocupados de Malargüe en las próximas obras que están por realizar. Si bien nuestra Constitución Nacional permite trabajar en territorio argentino a cualquier ciudadano, consideramos ético y sumamente necesario e imprescindible que las empresas locales contraten mano de obra local en Malargüe. Entregamos nota con la solicitud, donde también se enumeran las piezas legales existentes en el HCD Malargüe que solicitan la mano de obra local, como la 1776/2015 que en su momento presentara José.- 290/2.019 01-08-19 Solicitar al Sr. Gobernador de la Pcia. de Mendoza la inclusión de cláusulas que prioricen mano de obra y compre malargüino en Concesión de Áreas Petroleras.- 440/2.019 10-10-19 Solicitar al Departamento Ejecutivo conforme la Comisión Intersectorial para el contralor del Compre Malargüe y mano de obra malargüina.- 379/2.018 06-09-18 Solicitar a Empresas Petroleras en forma urgente procedan a la toma de mano de obra local reduciendo personal foráneo que opera en el Departamento.- 107/2.016 28-04-16 Solicitar a las mineras, petroleras, contratistas de mano de obra pública del Departamento deberán contratar mano de obra local cubriendo el 70% de los puestos c/personal con 2 años de residencia.- 1.776/2.015 Fortalecimiento, desarrollo y creación de empleo local genuino. La misma nota fue entregada también en la gerencia de YPF Malargüe. Todas con la firma de los cinco integrantes del Bloque de Concejales Frente Todos MalargüeEs necesario que de todos los ámbitos solicitemos se tenga en cuenta a los malargüinos en petróleo, minería, obras, provincia o municipio, porque los recursos y las ganancias de las empresas salen de nuestro suelo.Tuvimos la oportunidad también de conversar con el personal del Centro de Salud de Pata Mora. Muchas gracias al amigo Julio Muñoz.
Esta obra es uno de los temas estructurales más importantes de la provincia, y con fuerte impacto coyuntural. Su ejecución no responde a una verdad sustentada técnicamente, sino que requiere de una decisión compleja basada en múltiples dimensiones.
¿Portezuelo por 1.000 MD ó 1.000 MD para un plan de desarrollo quinquenal, infraestructura hídrica, energética y productiva? Se necesita una propuesta superadora del dilema (hacer o no hacer la obra), inscripta en un proyecto de desarrollo provincial. ¿Qué producir (agro, minería, etc.); ¿cómo? (respetar los bienes comunes); ¿quién detenta la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas de productores, etc.) Se trata de incrementar la producción, atacando la concentración de la propiedad y la distribución desigual.
La proyectada obra de la represa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, despierta múltiples interrogantes técnicos, sociales, políticos. Ahora se ha prorrogado el plazo para que la UTE única oferente mejore el presupuesto presentado.
Es un tema que no divide (como ocurre en otros) según la “grieta”, sino al interior de partidos opuestos (aunque se mantenga en voz baja la disidencia). Las razones son tanto objetivas (en el sentido técnico de la conveniencia o no de la obra), sino también subjetivas en cuanto a la oportunidad coyuntural, la dimensión y el tipo de obra (hay diversos proyectos).
Recordemos que el Gobierno y otras voces que apoyan la obra enfatizan: 1) es una obra estratégica en una zona relegada del sur, que abastecerá de energía eléctrica al sistema interconectado nacional; 2) permitirá contar con un suministro eléctrico directo para Malargüe; 3) regulará el río según las temporadas para su mejor aprovechamiento; 4) permitirá impulsar la producción minera no metalífera como la de yeso; 5) servirá para suplantar con energía eléctrica la falta de otras fuentes de energía en la zona; 6) ha generado una gran expectativa en el departamento sobre todo por el tema laboral. 7) la dificultad de revisar el proyecto.
Aclaremos que no se trata de hallar una verdad sustentada técnicamente, sino de una decisión compleja basada en múltiples dimensiones. Esbozamos algunas (en un orden no necesariamente de importancia), partiendo de un presupuesto: no nos convencen argumentalmente ni la oposición frontal negativa a la realización de la obra, ni el apoyo total. Los primeros la rechazan de plano por el negociado que viene de la mano del ex gobernador Cornejo y las distintas implicancias ambientales y sociales; los segundos plantean apoyar el proyecto original por la importancia de la obra en una zona estratégica y por las expectativas que ha generado en el sur. Trataremos de fundamentar una posición superadora en base al análisis de esas dimensiones
1) El diagnóstico de la situación provincialy la urgencia en los problemas a resolver
No se puede analizar la obra al margen de la crisis desatada en la nación y la provincia. A fines de 2019 la situación económico-social era muy grave, y durante el 2020 la pandemia empeoró todo. Nada es más urgente que enfrentar la pandemia y el hambre. El PBG provincial viene en declive, con alta inflación, desocupación, precarización laboral, pobreza y desigualdad, concentración económica obscena (visible en vitivinicultura, comercio interior, finanzas y otras ramas).
Se necesitan proyectos como el de “Tierra, Techo y Trabajo” para incorporar rápida y efectivamente a miles de trabajadores desocupados o precarizados, de toda la provincia, a la producción agraria y agro-industrial, la construcción de viviendas, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, escolar y vial, etc.
2) Los fondos: su origen, carácter irrenunciable y su destino
Esto implica tener en cuenta quiénes se benefician con la obra, ya que se utilizará un fondo perteneciente a Mendoza para fines de carácter nacional (energía eléctrica para el sistema interconectado, ampliación de superficie irrigada aguas abajo).
Los temas de la deuda nacional y la planificación de Portezuelo del Viento están unificados por el acuerdo establecido entre la Nación y la provincia. Pero son dos temas que venían separados: los estudios y proyectos sobre obras hidroeléctricas en los ríos provinciales por un lado, y por otro el juicio por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial en provincias vecinas.
Desde el 2006 se avanzó en acuerdos y en desacuerdos. El acta acuerdo 2006 estableció: “…obra denominada «Presa y Central Portezuelo del Viento» que integra el proyecto denominado «Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río Grande – Trasvase del Río Grande al Río Atuel» (Convenio Kirchner-Cobos por 92 MD). No se cumplió. Un nuevo acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Celso Jaque se firmó en 2011, contemplando la construcción de la represa y el trasvase de aguas al río Atuel por 493 MD.
Ya en 2016 con Alfredo Cornejo se producen variaciones y se aprueba la ley 8949 ratificando la ejecución de la obra «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento». Y finalmente el acuerdo de 2018 entre Macri y Cornejo lleva el monto a 1.023 MD, emitiéndose la letra por ese importe en junio de 2019, estableciendo cuotas trimestrales desde octubre 2019 hasta octubre 2024. Ya se han desembolsado 7 pagos por unos 215 M$ depositados en un fideicomiso.
Vistos los cambios del convenio a lo largo del tiempo, es válido pensar que logrado un acuerdo final por la indemnización, el dinero debería venir a la provincia renegociando el tipo de obras a encarar.
El proyecto actual contempla un gran dique que embalsará 2000 hm3, de 185 m de altura; con una potencia de 210 MW para generar energía para unos 130.000 usuarios familiares. Ha desaparecido el trasvase de aguas al Atuel. Y cabe señalar que la planificación se hizo en base a un caudal de 107 m3/s, pero hoy el rio está en 48 m3/s.
Por otra parte, las obras de estas características (ejemplo, los dique y centrales N. Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz, entre otras) han sido financiadas por la Nación, ya que los beneficios que generan es inter-jurisdiccional. En este sentido surge la pregunta, ¿por qué Mendoza tiene que destinar los fondos de compensación a una obra de carácter centralmente nacional?
3) La compleja problemática de las cuencas interprovinciales
Aquí entra en juego la concepción de un país federal, con relaciones interprovinciales que aseguren beneficio mutuo. Ya tenemos un conflicto centenario con La Pampa por el Río Atuel. Es un grave error colocar contradicciones principales entre provincias. Los trabajadores y pequeños agricultores pierden en todos lados. Hay un intento de desplazar y ocultar las contradicciones reales. Se trata de buscar un método federal y democrático para resolver diferencias.
Remarquemos también nuestra crítica a la forma violenta y chauvinista que ha tomado la discusión del Proyecto, lo que transforma a cualquier observador crítico, en enemigo de Mendoza o La Pampa, trazando una disputa entre provincias, o entre Mendoza y la Nación que no es tal. En todo caso la contradicción real es la que enfrenta los intereses de los gobiernos y las grandes empresas locales, chinas, etc., con los intereses de los trabajadores, los productores agrarios y los pueblos de las provincias comprometidas. Tal virulencia ha llegado a expresarse con toda gravedad en los comentarios divisionistas del diputado Cornejo que plantea una Mendoza independiente.
4) Las necesidades estructurales de Mendoza ancladas en la problemática hídrica
La característica principal de Mendoza es la escasez hídrica y la abundancia de tierra árida. Es una situación crónica agravada por la disminución histórica de los caudales de los ríos. Deben resolverse de forma urgente los problemas en la red de riego, la impermeabilización de canales, renovar la red de agua potable, saneamiento y colectores cloacales. La obra no busca proteger y mejorar el aprovechamiento del agua, un bien escaso e imprescindible en la provincia, que atraviesa una de las sequías más prolongadas y profundas.
Mencionemos que el 80% del agua está destinada al riego agrícola, sólo un tercio de estos canales están impermeabilizados, por lo que se calcula una pérdida de las dos terceras partes del agua en su recorrido. Existe una gran deficiencia en el sistema de riego y son imprescindible nuevas obras y diques intermedios como Los Blancos.
Por otro lado, la población sufre por la falta de obras de agua potable (en cantidad y calidad) y cloacas en zonas muy pobladas, como por ejemplo en la barriada de la Favorita y es cada vez más dificultoso el acceso al agua para zonas postergadas como Lavalle.
5) Las necesidades de generación de energía eléctrica para la producción y usos residenciales
Para estos fines se cuenta con diferentes fuentes: hidroeléctrica, térmica (uso de gas, petróleo), eólica, solar. ¿Cuáles son más convenientes? ¿Cuáles son las demandas más acuciantes? ¿Cuáles obras hidroeléctricas son más beneficiosas?
Existen numerosos proyectos provenientes de la antigua empresa estatal Agua y Energía, con obras de regulación hídrica y generación eléctrica en varios ríos provinciales. Deben revisarse para una planificación y un cronograma eficiente y adecuado de las obras. También está en discusión la construcción de grandes represas o minirepresas/mini centrales de menor costo y mayor aprovechamiento que podrían ser realizadas íntegramente por empresas locales o nacionales. Existen alternativas de instalación de plantas de energía solares y eólicas.
Por otra parte, es imprescindible que en la evaluación de las necesidades, se priorice la construcción del gasoducto que permita el aprovisionamiento de gas natural a Malargüe, región que es el principal productor de gas pero que paradójicamente no cuenta con una red para su aprovechamiento.
6) La polémica específica sobre la obra a realizar en el río Grande y el trasvase al Atuel
La obra tal cual está proyectada con la licitación y los fondos actuales no cubre el trasvase. El carácter de la obra -megaobra o pequeñas obras- está en discusión. Existe una alternativa de cuatro pequeños diques anteriormente planificados más Portezuelo en escala menor (La Estrechura, Risco Negro, El Seguro y Rincón de los Godos, en Bardas Blancas) que podrían ser realizados con minicentrales.
No es ocioso mencionar el menor caudal del Río Grande para llenar la represa y generar la energía planificada, en relación a los problemas actuales de generación eléctrica en las centrales Nihuiles por la escasez hídrica en el Atuel. De allí la relevancia de la obra de trasvase de aguas al rio Atuel, para aumentar caudal y ganar tierras cultivadas y proyectos ganaderos. Hay que tener en cuenta que este tema será de debate con las provincias del sur, según la cantidad de agua que plantee derivarse.
7) La obra planificada resultará alrededor de tres veces más cara que la original
Se pasó de un proyecto de unos 400 MD a otro de 1.023 MD, con menos obras que no incluyen el trasvase al río Atuel y la posibilidad de irrigar mayores hectáreas en la zona de Malargüe. No solo la obra es costosa, sino que la ecuación valor del megavatio generado/rentabilidad resulta inadecuada. Actualmente el costo del Megavatio promedio eólico o solar es menor. Por ejemplo
8) ¿Quiénes realizan la obra, monopolios extranjeros u empresas nacionales/provinciales?
Existen serias dudas y sospechas sobre la transparencia de la licitación y el otorgamiento a un consorcio liderado por la corporación china Synohidro, la cual representa el 50% de la UTE, integrada por IMPSA, CEOSA (Fernando Porreta, empresario que ha obtenido múltiples licitaciones y está acusado en distintos hechos de corrupción –ver https://www.losandes.com.ar/fernando-porretta-si-mis-obras-son-mas-baratas-es-porque-somos-eficientes/ –) y Obras Andinas (Omar Álvarez, dueño del grupo Medios Andina con fuerte presencia en el sur y asociado a Manzano en varios “emprendimientos”
Fuera de lo estrictamente legal la licitación está teñida de sospechas, dada la relación estrecha entre la obra, el tema IMPSA, el interés chino, y los distintos intereses en juego. La disputa y los alineamientos atraviesan todos los ámbitos, y cruzan a los partidos tradicionales en el marco de las próximas elecciones.
8) Conflictos sociales y socio ambientales ocultos o subestimados
El principal conflicto afecta al pueblo de Las Loicas; pero también a la situación de los pueblos y provincias de la cuenca del rio Grande/Colorado que se abastecen y dependen de sus afluentes. Existe oposición del resto de las provincias de difícil resolución.
Se presenta una problemática ambiental-climática asociada a las grandes represas que almacenan enormes cantidades de agua, afectando en este caso la flora y la fauna cordilleranas. Son elementos muy difíciles de evaluar numéricamente en una relación costos – beneficios.
El proyecto 2006 aconsejaba “seleccionar el salto útil más conveniente para el Proyecto en general considerando que para la definición del nivel máximo del embalse, sería de sumo interés para la Provincia de Mendoza, no afectar la localidad de Las Loicas ubicada aguas arriba” (pág. 26, Anexo I, Acta Acuerdo 2006). Impacto asimismo en los caminos de transhumancia de los productores caprinos de la zona, situación que sería contemplada si se emprendieran obras menores que no necesitarían el traslado de la población de Las Loicas, ni modificar el ancestral y cultural camino de veranada e invernada de los crianceros caprinos.
9) ¿Portezuelo por 1.000 MD ó 1.000 MD para un plan de desarrollo quinquenal, para infraestructura hídrica, energética y productiva?
No sería utópico pensar en un plan quinquenal que sumando los fondos de la compensación nacional más los fondos presupuestados cada año para obras e inversiones de capital, sumaran alrededor de 1.500 MD para un plan que incluya obras sobre el río Grande, generación hidroeléctrica y otras energías limpias, más las obras hídricas para las necesidades de agua potable y saneamiento de la población.
Se requiere de un plan federal que priorice zonas postergadas como Malargüe; inclusivo socialmente, desconcentrador en lo económico y regional; con políticas públicas para todos los habitantes. Con obras que deberán promover la participación de empresas nacionales y provinciales y cooperativas de trabajo, para fomentar el empleo y enfrentar la grave crisis social. En este sentido sería importante impulsar la participación de IMPSA no como empresa secundaria o intermediaria, sino como empresa central.
La capacidad de estadista es tomar decisiones que impliquen la mejor solución a la situación planteada. NO es un buen camino la negación: no ayuda negar la situación estructural previa a 2015, no resuelta con la redistribución de ingresos; peor aún es negar la pandemia económica que asoló Argentina y Mendoza en el período 2015-19; y es una ceguera total negar la pandemia que trae sufrimientos y muerte. Es ilusorio confiar mágicamente en Portezuelo, una obra que en el caso de confirmar sus beneficios, lo hará dentro de muchos años, y como decía el economista Keynes, “en el largo plazo estaremos todos muertos”.
Un plan de obras para los próximos 5 años puede generar condiciones para un desarrollo sostenible. Ahí tenemos el quid estructural de la cuestión. Pero también hay un problema político coyuntural que lo tiene a mal traer al gobernador Suarez: recibió la herencia de Macri en lo nacional y de Cornejo en local, y no puede reclamar nada, porque es su continuador. Todos sus proyectos y sueños antipopulares fueron cacheteados: derogar la 7722, reformar la Constitución, una nueva ley de educación. Ahora sufre la pandemia, pero la niega, y se empeña en llenar el Shoping y los bares de la Arístides Villanueva antes que en vaciar las salas de terapia intensiva
Existen temas legales para resolver si la obra no se hace tal cual se ha licitado. Pero no es ese el escollo principal, sino las decisiones y acuerdos políticos que exigen acomodar posteriormente los temas técnicos.
Los interrogantes, análisis de varias dimensiones y planteamientos realizados posibilitan pensar en propuestas (que habrá que presupuestar y evaluar si son factibles de financiamiento en su conjunto) superadoras a la original, impulsando el cuidado y aprovechamiento del agua, la generación de energía (tema original del proyecto), y el impulso agroindustrial. Un plan de este tipo también permite liberar fondos corrientes para medidas de urgencia vinculadas a la pandemia.
Conclusiones
La obra tal cual se plantea hacer no resuelve los graves problemas coyunturales de la pandemia y la crisis económica. Tampoco resulta totalmente clara la conveniencia en términos estructurales de largo plazo. Porque no aparece un beneficio exclusivo ni inmediato para Mendoza en términos de generación eléctrica (va al interconectado) ni en áreas bajo riego (ya existen 250.000 has desaprovechadas por una política de nulo incentivo a la pequeña producción).
No se trata estrictamente de un problema legal porque una ley se reemplaza por otra ley; un acuerdo se reemplaza por un nuevo acuerdo en la medida que se conserven algunos aspectos esenciales: compensar a Mendoza por la pérdida ocasionada por la ley de promoción industrial; uso de los fondos para gastos de inversión en obras; destino principal en la problemática hídrica y la generación de energía eléctrica.
El tema central en debate es: ¿Cuál proyecto de desarrollo tenemos?¿Qué debemos producir? (agro, minería, industria, etc.); ¿cómo? (respetando los bienes comunes y el ambiente); ¿Quién tiene la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas productores, etc.). Se trata de hacer crecer la producción, atacando la concentración de la propiedad y la desigualdad en la distribución.
Esta iniciativa necesita organizar un gran frente que desnude las intenciones del proyecto original y priorice un proyecto de desarrollo provincial integral en el marco de la gran sequía, la crisis estructural y de la pandemia. Amplias fuerzas se han pronunciado por proyectos alternativos y surge un contexto favorable para incidir en esta situación, colocando por delante las necesidades del pueblo y la patria.
Nosotras y nosotros; herederas y herederos de la tradición productivista perdida en la provincia, nos unimos y convocamos a todas las voces que lleven a la provincia y al país en el corazón y quieran ser parte de la recuperación de una Mendoza productora de alimentos como causa provincial y nacional. Que los motores del crecimiento de Mendoza estén en retroceso, como viene ocurriendo desde hace años en la agricultura y en la industria, nos ponen en alerta y nos convoca a la acción colectiva, buscando torcer el rumbo actual que nos lleva a peores escenarios, con megaproyectos extranjerizantes empujados por un sector del elenco político provincial. El tiempo nos da la razón cuando decimos que la agricultura y la industria local dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado ha llevado a un campo y una industria para pocos, y de afuera, mientras nuestros chicos pasan hambre, y las poblaciones rurales migran a las ciudades. Es necesaria una acción estatal decidida que garantice rentabilidades mínimas en los cultivos de la canasta familiar, y que ordene el uso de los principales recursos que tenemos para crecer: la tierra, el agua, el crédito, y la existencia de mercados internos fuertes con salarios con poder adquisitivo de los consumidores. Las y los productores hemos demostrado en los últimos 100 años que nuestra interacción con los recursos naturales renovables ha sido exitosa. A lo largo de la historia hemos sabido cuidar el medio ambiente y sacarle provecho para nuestro pueblo: hemos producido, vendido en fresco, en conservas, hemos hecho dulces, alimentos varios, y eso ha funcionado.
Tenemos que recuperar esa relación virtuosa con los recursos naturales renovables con más productores y más producciones cada año, cuidando el equilibrio de los ecosistemas, sobre todo del agua. Queremos dejarles a nuestros hijas e hijos una provincia y un país mejor que el que vivimos nosotras/os. Queremos poner en la agenda política que lo primero es la producción de alimentos, con nuestros propios recursos de tierra, agua y brazos dispuestos a trabajar, con destino a nuestra población privilegiada: las niñas y niños. Estamos convencidos de que la crisis del modelo actual es profunda y tiene sus raíces en que muy pocos actores se han beneficiado con el perfil productivo impuesto. Desde el dominio del Estado utilizado en su provecho, han hecho de Mendoza una zona de producción especializada para fines de exportación introduciendo el monocultivo de la vid, la concentración y extranjerización bodeguera, la dependencia tecnológica, y el drenaje de capitales generados en nuestra tierra que migran al exterior. Tampoco podemos esperar que el empresariado concentrado local traiga las soluciones, porque ha demostrado en todos estos años que sólo les ha interesado su bolsillo. Ese modelo debe ser puesto en discusión si queremos soñar con una Mendoza donde nuestras hijas y nietos tengan un lugar que no sea el descarte. No aceptamos como natural que nuestros niños pasen hambre en un país que produce calorías para 500 millones de habitantes.
El modelo económico debe ser pensado desde los intereses del pueblo de Mendoza y del país, y no desde la rentabilidad de algunos grupos que han copado la escena del poder real en la provincia y el país. No nos resignamos a ver cómo se pierden puestos de trabajo en el agro y en la industria. Entre los años 1988 y 2018 se perdieron 13.000 explotaciones agropecuarias. La Mendoza de hoy tiene un agro cada vez menos importante en la participación total del producto, y con menos industria que hace 30 años. El sector agrario (primario) cayó del 20% al 6,6% del producto bruto interno entre 1970 y 2020, y el industrial (secundario) del 41% al 14,3%. Y esto se da en el marco de una caída en términos reales del producto entre 2011 a 2019, en promedio del -1,8%, cuando en el período anterior 2003-2011 se venía creciendo al 5% promedio. Mirando ahora el contexto nacional vemos que mientras el PBI promedio del país creció un 50% entre los años 2003-2017, Mendoza lo hizo en un 25%, dando la pautas que muestran signos de fatiga en los motores del crecimiento de la provincia. Un modelo generador de riquezas equitativamente distribuidas parte del acceso a la tierra y al agua de cualquier persona que quiera trabajarla, garantizando rentabilidades mínimas para los productos de la canasta alimentaria. Un modelo que se proponga el autoconsumo en verduras, frutas, carne, huevos y lácteos. Un modelo donde tengan lugar las agropymes, donde cada familia pueda y quiera seguir en el campo. En ese sentido, la agroindustria nacional, de pequeña y mediana escala, debe ser recuperada como eslabón estratégico de desarrollo.
Mendoza supo tener una vigorosa industria del alimento, que nos proponemos recuperar. El modelo productivo y social que hoy se muestra como exitoso, fue implantado a principios del siglo XX y ha llegado a lo máximo que podía dar, y está agotado en cuanto a los beneficios sociales que podemos esperar de él. El paro de trabajadores vitivinícolas de 2021 demostró que las grandes bodegas pagan muy poco en salarios, no más del 8% de su facturación. El 10% de los fraccionadores más grandes pasó de fraccionar el 90% del mercado en 2005 al 94% en 2014. En los últimos 10 años, se elaboró más vino pero en menos bodegas. También el modelo actual de agronegocios pensado como commodities de exportación, donde un capital externo accede a miles de hectáreas, introduce alta tecnología importada, utiliza mínima mano de obra, el agua y la tierra, y migra los excedentes hacia el exterior, es propio de un desarrollo unilateral y deformado, que deja mucho que desear comparado con un modelo de desarrollo integrado, donde capital, trabajo, y comunidad local se vean beneficiados en forma justa y pareja. Mientras algunos siguen pregonando que la salida del estancamiento es repetir la misma receta que nos trajo a este presente, nosotros estamos convencidos que hay que hacer todo lo contrario. En vez de especializar la economía en un sólo producto exportable, hay que diversificarla y darle prioridad a la mesa de los argentinos, para luego exportar los saldos. En vez de concentrar la agricultura y la industria, hay que democratizarlas, en vez de extranjerizarlas, hay que nacionalizarlas, en vez de primarizarlas, hay que industrializar la base agraria. No podemos conformarnos con modelos de desarrollo basados en un sólo producto que depende de variables externas y que además, cae en crisis cíclicas de sobreoferta. Queremos un campo diverso base de una industria alimenticia potente que abastezca prioritariamente al mercado nacional, complementando nuestra economía con las demás provincias argentinas. Un modelo de desarrollo humano en base al trabajo productivo en un esquema nacional autocentrado. Queremos discutir todos los eslabones de la cadena de valor, privilegiando a sus dos extremos, los productores y los consumidores. Propuestas: Elaboración de proyectos para ser impulsados en las instancias de decisión política en Municipios, Provincia y Nación, que apunten a: Sostener rentabilidades mínimas garantizadas en los productos de la canasta familiar, mediante Precios de Reserva Comercial. Observatorio de las cadenas de valor con participación de los productores y los consumidores. Plan General de Producción de Alimentos. Deben haber planes de aumento de producción en cada cultivo con prioridad en los de la canasta familiar: huevo, leche, carne, verduras, frutas. El objetivo es acercarnos a la soberanía alimentaria en cada uno de ellos, en primer lugar pensar en abastecer Mendoza con la totalidad de los productos de la canasta familiar, en segundo lugar abastecer el mercado nacional con los productos que se destaquen en su productividad y precio, y por último reservar ciertos productos de exportación donde todos los actores y la población en general se beneficie por la generación de divisas. El modelo del IAPI debe ser tenido en cuenta como un antecedente válido al respecto.
El arraigo será producto natural de la expansión de la producción en base a miles de productores locales. Industria alimenticia. Promover el rescate de fábricas en crisis o abandonadas, e instalación de nuevas fábricas de dulces, conservas, pulpas, etc. Programas de adquisición y distribución de tierras (Banco de tierras), para garantizar el acceso a la tierra y el agua para quienes quieran producir. Utilización de tierras fiscales en comodato, impulsar convenios entre privados para sacar del abandono el mayor porcentaje posible de las 250.000 hectáreas aptas para el cultivo y no utilizadas, cifra del último censo agropecuario. Zonificación de Parques Verdes en cada departamento de la provincia aprovechando las distintas condiciones naturales y de infraestructura actual. Cada zona debiera tener asignado los frutos principales a desarrollar, pensando en un esquema de intercambio equitativo entre las zonas que potencie el Plan General de Producción de Alimentos. Logística, comunicación y transporte estatal con dirección compartida con representantes de los productores para intermediar entre la producción y el consumo. Ferias y almacenes estatales modelos en los principales centros de consumo. Recuperación del Tren para unir los cordones verdes y centros productivos con los centros urbanos. Desdolarizar los costos, por vía de planes de producción nacional de fertilizantes, como el de potasio en Malargüe. Investigación y desarrollo de semillas a cargo del Estado, fomento de pymes químicas para la producción de fertilizantes. Prioridad en la obra pública al tendido de red eléctrica, gas y conectividad en zonas agrícolas para la instalación de industrias procesadoras. Derogación de las normas que dificultan el arraigo en las zonas rurales, como la de Reservas Paisajísticas Vitivinícolas.
Perú muestra el crecimiento de las izquierdas en América Latina.
En Mendoza registramos esos vientos y nos preparamos para aprender de lo mejor de estos movimientos internacionales. Crecen las izquierdas frente a las derechas consolidadas, son tiempos de cambios profundos. En el fondo de la cuestión está cómo resolver para el pueblo cosas elementales como educación para los jóvenes, salud para los viejos, trabajo digno y salarios que alcance a cubrir la canasta básica, el cuidado del medio ambiente, que se acaben los femicidios, que no se discrimine por la opción sexual, etc. El caso del Perú tiene un ingrediente distinto a las experiencias Venezolana y Boliviana, ya que un candidato abiertamente marxista le hace frente y le gana a una representante de los dueños del Perú. Esto es muy alentador, y nos pone a los marxistas en la responsabilidad de poder dar cada batalla de una forma inteligente. Recuerdo que en el debate televisivo presidencial lo primero que dijo Castillo, además de marcar a fuego su carácter de clase, venir de abajo, ser un trabajador, fue aclararle al electorado que él no iba a tocar la propiedad de nadie, que iba a respetar lo cada persona con su esfuerzo ha logrado tener, una casa o un auto. Lo que no iba a tolerar es la injusticia ancestral que sufren los peruanos. La aclaración de que no se expropiará a ningún ciudadano responde a una campaña internacional de las derechas que pone el centro en que el pueblo es vago, y los gobiernos populares son alentadores de la vagancia, y por eso recurren a quitarle a los ricos para darle a los pobres.
En esa línea los planes del gobierno nacional argentino de ayuda social contra el hambre son estigmatizados como fomento a los “planeros”, haciendo la división de la grieta profunda entre un supuesto grupo de gente bien, que trabaja, y otra mitad de la Argentina que vive de la teta del Estado. Ese argumento es muy superficial y fácil de revertir pero requiere ir al hueso de la discusión, y a eso quiero apuntar con esta nota. Si queremos que se le caiga la falacia discursiva de Suarez hay que mostrar los extremos de los argumentos: el manejo liberal de la pandemia por parte de su gobierno sólo contribuyó al aumento de muertos, en cambio las políticas nacionales, aunque limitadas y con errores, apuntaron a cuidar a la población. Si se sigue gobernando para los dueños de la provincia, vamos por el camino de Piñeira y el estallido social es el resultado. En cambio, poner en discusión el modelo de concentración y extranjerización reinante en las bodegas, en el petróleo, en los bancos, que viene beneficiando a no más del 2% de la población, y estimular una puja redistributiva para que al menos no haya niñas/os con hambre pasa a ser casi una obligación de quienes quieran ser promotores de un cambio de gobierno en la provincia. Está claro que Suarez gobierna a partir de los que le dice alguna encuestadora sobre la opinión de los mendocinos en algunos temas. El problema de eso es que las encuestas siempre son direccionadas desde el mismo momento que se formulan las preguntas. Los principales problemas de Mendoza son la pobreza creada por la injusta distribución de las riquezas, el freno de los motores del crecimiento, el agro y la industria, y la concentración y extranjerización de la economía. A esto es que hay que plantarse con soluciones audaces, con planes ambiciosos. No podemos quedarnos en mencionar los problemas sin tener respuestas ante cada tema. El mundo se está poniendo tenso, crecen las derechas, y también las izquierdas, a los que se queden en el medio los devorará su propia indefinición.
Se cumplen 6 años de aquella multitudinaria movilización en nuestro país, ese 3 de junio 2015 marcó un antes y un después. Que esto sucediera no fue sorpresivo, porque la cantidad de femicidios que se venían denunciando era alarmante y aún siguen siendo. Pero la masividad que se expresó, las ganas de gritar, las ganas de romper todo de la bronca acumulada porque son muchas las que no están, fue y es tan grande, que seguimos gritando juntas, juntes, porque sabemos que hemos avanzado en organización y unidad, pero también sabemos que falta mucho.
Te compartimos el documento elaborado en conjunto con las organizaciones hermanas que venimos en una gran unidad organizándonos y enfrentando no solo la violencia machista de este sistema, sino batallando contra la pandemia y el hambre.
En Mendoza tenemos un Gobierno al que no le importa nuestra vida y así lo demuestran de manera permanente: -No hay difusión por parte de los organismos del Estado provincial como lo es la Dirección de Género y Diversidad en relación a los recursos nacionales de programas de acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia.
No existe diálogo de la Dirección de Género y Diversidad con las compañeras y les compañeres que trabajan en el territorio realizando prevención y acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia, lo que imposibilita la búsqueda de soluciones concretas y planificación a corto, mediano y largo plazo de políticas que mejoren nuestras condiciones de vida.
En el Presupuesto Provincial 2021 no se contempla a las mujeres y diversidades, situación que recrudece la violencia por razones de género. En dicho presupuesto la vida de las mujeres y diversidades tiene un precio de $38 por persona al año. Del 13,5% del presupuesto que recibe el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del que depende la Dirección de Género y Diversidad sólo el 0,1% es destinado a ella. Esto demuestra la escasa y casi nula voluntad política que tiene el gobierno provincial de erradicar la violencia, no sólo eso, sino que son cómplices del recrudecimiento de la misma sobre todo en este contexto de pandemia que profundiza las desigualdades en todos los sentidos, pero en el que las desigualdades de género se ven aún más agravadas.
El acompañamiento y las respuestas ante casos de urgencia es escasa. En Mendoza se cuenta sólo con 11 refugios para toda la provincia por lo que se dificulta poder brindar una solución rápida en caso de que las compañeras y les compañeres tenga que abandonar el hogar en la mayoría de los casos con sus hijes. Sumado a que en algunos refugios exigen la denuncia de la mujer para poder acceder a este derecho de protección, sin tener en cuenta que la denuncia no siempre es la única opción y que muchas veces las mujeres no quieren realizarla por miedo o por decisión propia.
Frente a una larga lista de teléfonos de las Áreas Mujer municipales y Dirección de Género y Diversidad de la Provincia casi no hay atención los fines de semana y/o feriados. En algunas Áreas de Género o Mujer municipales exigen la denuncia para empezar a atender a la mujer, como es el ejemplo del Área de Género y Diversidad de Tupungato.
No existen políticas de género trasversales a los demás espacios institucionales del Estado Provincial y esto imposibilita pensar políticas integrales que prevengan y erradiquen la violencia por razones de género en los diversos ámbitos en que transcurre la vida.
Las leyes sancionadas en materia de género en la provincia por parte del oficialismo son superficiales y no solucionan las problemáticas que padecen las mujeres y disidencias en la vida cotidiana, sólo son meras declaraciones.
La sistematización de datos que se presenta por parte del observatorio de la Dirección de Género y Diversidad no se ve reflejada en ninguna propuesta por parte de la misma para brindar soluciones concretas como el acceso a la vivienda. Los datos deben servir para pensar soluciones y brindar respuestas concretas. Dicho observatorio tampoco contempla en su composición a la voz de las y les promotoras y promotores que realizan la enorme tarea de promoción de derechos, prevención de la violencia y acompañamiento a mujeres y disidencias en cada barrio de cada departamento de la provincia. Esto no sólo invisibiliza la tarea constante que realizan las promotoras y les promotores sino que no tiene presente la información y las propuestas que se generan en el territorio, lo que imposibilita pensar políticas reales que prevengan la violencia por razones de género y la erradiquen.
El acceso a la justicia es una constante revictimización para las compañeras y compañeres, desde el primer momento se les descree, se les niega y se las violenta en las instituciones del estado como la policía. En nuestra provincia tenemos incontables femicidios que pudieron evitarse si las fuerzas de seguridad y la justicia hubieran actuado a tiempo. El caso reciente de Florencia Romano pone en evidencia la inoperancia policial y de los responsables políticos que con su inacción nos arrebatan la vida de nuestras compañeras y compañeres. Así también lo demuestra el caso del transfemicidio de Melody Barrera, invisibilizado por parte de las instituciones del Estado como también la escasa perspectiva de género en los medios de comunicación referida al caso que permiten el aumento y recrudecimiento de los crímenes de odio e incrementan la violencia de manera sistemática a las diversidades en todos los ámbitos de la vida. Y recientemente tenemos la desaparición de Abigail a quien seguimos buscando con escasa difusión por parte del estado provincial para colaborar con la búsqueda. Ante la grave situación que vivimos las mujeres y disidencias en nuestra provincia es que gritamos:
No hay Ni Una Menos sin Emergencia Provincial y Nacional en violencia de género
No hay Ni Una Menos sin reconocimiento económico a las/es Promotoras/es de Género y Diversidad
No hay Ni Una Menos si Abigail no aparece
No hay Ni Una Menos sin funcionamiento efectivo de la Dirección de Género y Diversidad Provincial, Áreas Mujer Municipales y Refugios.
No hay Ni Una Menos sin vacunas para Promotoras/es de Género y Diversidad
No hay Ni Una Menos sin el reconocimiento al trabajo de las mujeres campesina. -No hay ni una menos si no hay acceso a la tierra para producir y para vivir
No hay Ni Una Menos si el 911 en Mendoza no da respuestas Mujeres Movimiento Evita Mendoza SOMOS MAREA Feminismo Popular Partido del Trabajo y del Pueblo Corriente Clasista y Combativa APrePro-Cuyo FNC
Una reflexión motivada en el artículo de Miguel Blanco (en Diario Los Andes el 13/2/21). Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia.
¿Cuántos tambos, frigoríficos, avícolas y nuevas chacras está pensando el gobierno provincial (Suarez) en impulsar? Se ha puesto en la agenda la inflación que no para. Es una buena oportunidad para discutir el rumbo que debemos fortalecer para que no se profundicen los graves problemas económicos y sociales que atravesamos como país y provincia. Cuáles son las clavijas que el gobierno nacional debería apretar para salir del estancamiento. Y cuáles son las medidas que el gobierno provincial tiene a su alcance para ayudar en ese sentido.
Advierto que el tema de la inflación, que nos crespa a todos, es aprovechado por los grandes cerebros del liberalismo económico y político para volver sobre recetas ya probadas por Domingo Cavallo, el FMI y demás actores del gran empresariado nacional que en realidad nunca tuvieron efectos positivos para nuestro pueblo. Miguel Blanco en su artículo empieza afirmando que “los empresarios no crean la inflación”. Es una media verdad, porque hay empresarios (los menos), que sí se benefician y la estimulan, mientras el resto es víctima de la misma. Según el lugar que cada uno tenga en el aparato productivo del país será su mirada. Empecemos por los bancos, que como agentes que se benefician con la circulación del dinero, han ganado sistemáticamente en todos los procesos inflacionarios. Los monopolios formadores de precios, como sucede en el agronegocio exportador, el petróleo y el acero también se han beneficiado, porque sus costos en pesos se licúan con la inflación mientras sus ingresos asegurados por tener cooptada cierta franja del mercado se incrementan. Los exportadores obviamente se benefician con la depreciación de los pesos con los que pagan sus costos, frente al dólar que reciben por sus ventas en el extranjero.
Hay dos trincheras en el análisis económico: los que tiran de la cadena de la exportación de productos con ventajas comparativas, y los que tiramos del carro del mercado interno. En el primer esquema no entran los 40 millones de argentinos. En el segundo sí. Y en el análisis de la inflación esas trincheras se expresan de esta forma: los liberales se limitan a hablar de bajar la emisión monetaria, y bajar el déficit fiscal. Además creen que un aumento salarial va directo a generar inflación. Un análisis integral, en cambio, ubica que un aumento de la producción acompañado a un aumento del consumo (acompañado con el lubricante de la emisión monetaria correspondiente) no debería generar inflación. Si hay inflación es porque hay trabas para el aumento de la oferta de bienes producidos en el país. Esas trabas son la propiedad latifundista de la tierra que impide el acceso a nuevos actores agrarios, la falta de acceso al crédito de los pequeños industriales, los salarios deprimidos en los sectores económicos concentrados que destinan no más de un 8% de su facturación a salarios (los popes de la industria alimenticia, energética, los bancos, etc). Esto último fue estudiado por muchos economistas al observar que gran parte de las ganancias capitalistas no volvían a ser invertidas en la producción, en cambio la totalidad de lo pagado en salarios sí iba al consumo, moviendo la rueda de la economía. Por eso aumentar salarios bajando ganancias en los sectores concentrados es una medida que hay que tomar para salir de las crisis de estancamiento. Desde los que hacemos el planteo mercado internista con los trabajadores como sostén principal de ese modelo, tenemos en contra el poder fáctico de los dueños de la Argentina. Por eso, el gobierno nacional tiene que colocarse claramente de un lado y tomar medidas con firmeza.
Volviendo al análisis de Miguel Blanco, éste califica como un fracaso todos los intentos de controlar precios de los productos de la canasta básica. Pero se olvida de mencionar la política industrialista del peronismo de 1945-55 que tuvo una inflación moderada en 18,7% promedio, y que gracias al control del comercio exterior, el Instituto para la Promoción del Intercambio -IAPI- y las juntas reguladores de ciertos precios estratégicos como los granos y la carne se pudo sostener una industrialización junto con mejorar el nivel de vida de los argentinos. Tiene razón Blanco cuando dice que el hecho de poner precios máximos y desatender la oferta, con el ejemplo de la liquidación de vientres bovinos que hubo durante el gobierno de Cristina Kirchner cuando se desplazó a los sectores ganaderos beneficiando a los sojeros terminó con pocas vacas y precios altos de la carne. Es por eso que una solución debe ser integral: se debe promover el acceso a la tierra y al capital a amplios sectores de pequeños productores, con acceso al crédito, asegurándoles precios rentables a sus productos, limitar las superganancias de los exportadores controlando el comercio exterior, y así sostener la moneda nacional con base en un aumento permanente de la producción de alimentos apuntalando a su vez la industrialización del campo. No podemos conformarnos en ser el granero del mundo. Tenemos que industrializar toda la cadena productiva. Y como esto choca con los intereses estratégicos de las potencias, hay que tener la suficiente dignidad nacional para no claudicar estos intereses en las giras internacionales por más dólares o yuanes que nos ofrezcan como “préstamos del desarrollo”. En el plano local no podemos aceptar una minería como la planteada en su momento con la empresa Vale, que se propone llevar la materia prima para ser industrializada fuera del país. Lo mismo puede pasar si ahora nos proponemos exportar petróleo crudo como solución a la falta de divisas. Volviendo al artículo de Blanco, como buen liberal que ve sólo el gasto del Estado, mientras nada dice del accionar de los dueños de la Argentina, termina proponiendo ajuste fiscal como la clásica solución de manual. Nosotros enfocamos el problema en aumentar la oferta de bienes y servicios, acompañada de una distribución de los ingresos para lograr un crecimiento con desarrollo humano. Dicho en términos económicos, un keynesianismo (política de Néstor y Cristina K) que impulse la demanda puede ser el inicio de un aumento en la oferta, pero debe necesariamente ser complementado con medidas que destraben el acceso a los factores de producción, hoy prohibido a amplios sectores de la economía, junto con salarios acordes a la canasta familiar (el 75% de la población es asalariada), y captación de las rentas monopólicas del agronegocio, del petróleo, las comunicaciones, etc. como fuentes de recursos genuinos para afrontar los gastos sociales y sanitarios que el momento actual exige. La falta de ese tipo de políticas creo que es la explicación de porqué el país dejó de crecer desde el 2011 hasta la actualidad. Pero enfoquemos el problema provincial, que es donde nuestro accionar puede tener alguna incidencia. Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018 Mendoza tiene un 4,5% de su superficie implantada, y otro 4,2% apta para el cultivo pero inculta. Son 250.600 hectáreas (muchísima tierra) que deberían ser puestas bajo la lupa de políticas que ayuden a ponerlas en producción mediante la creación de un banco de tierras fiscales o en comodato.
El Gobernador debería informarnos sobre cuáles son las parcelas disponibles para ponerlas en producción: los movimientos sociales agrarios están dispuestos a trabajarlas. Otra medida que el Gobernador debería tomar es la creación de una banca provincial para captar el ahorro mendocino y volcarlo a la producción, evitando que sea una caja de negocios de los 10 empresarios amigos del poder. Esto serviría para recuperar las empresas agroindustriales en quiebra, que deberían ser rescatadas y protegidas ante las importaciones extranjeras. Siempre privilegiando a los trabajadores que las han sostenido con su fuerza de trabajo. Acompañando estas medidas que estimulan la oferta, es necesaria una reforma impositiva que alivie el consumo (sacando el IVA de los productos de la canasta familiar) y suba impuestos a las grandes fortunas, haciendo permanente la contribución que planteó el Frente de Todos y se aprobó en el Congreso de la Nación en diciembre del 2020.
Casa de gobierno-Foto: Equipo de Comunicación de la CCC
Hoy las organizaciones sociales de la UTEP, realizan una actividad en Casa de Gobierno para pedirle al gobernador que tome medidas concretas como:
Vacunación para las y los esenciales que están al frente de merenderos y comedores.
Kit sanitarios para la prevención del Covid.
Tratamiento inmediato del proyecto Tierra Techo Trabajo
No a la presencialidad en las escuelas.
Conectividad para los barrios populares y zonas rurales .
El planeo se hace a raíz de no ser escuchados por el gobierno, a quien le han planteado en varias oportunidades la situación que se vive en las barriadas y zonas rurales donde cada vez son más quienes enferman y no tienen resuelto lo básico, y en muchos casos mueren sin atención.
Lo mismo sucede con la urgencia de la vacunación a quienes son esenciales, que están al frente de merenderos y comedores que deben seguir funcionando, y si esto se no se hace, son miles las familias que quedan sin una comida o dos comidas diarias, que en la mayoría de los casos son las únicas que tienen.
El gobierno de Cambia Mendoza no se hace cargo de lo que está produciendo la pandemia, debe tomar medidas concretas que sean en favor del pueblo, la situación es mas que angustiante plantean quienes hoy salen a exigir.
La rebelión del hermano pueblo colombiano, enfrentando en medio de la pandemia la política reaccionaria del gobierno de Duque, muestra el camino para la lucha de los pueblos de Latinoamérica.
1. La lucha por no seguir pagando la crisis
En América Latina crece la pobreza, el hambre y la desocupación. La opresión imperialista y el latifundio terrateniente hacen sentir su poder; mientras disputan entre ellos quien se queda con la mejor tajada, crecen las luchas y el protagonismo de los pueblos como viene sucediendo en Argentina, Chile, Bolivia, Perú; entre otros. Hoy el pueblo colombiano sale masivamente a las calles para decir que no está dispuesto a seguir pagando la crisis sanitaria, social y económica que sufre.
En la Argentina seguimos luchando por resolver las emergencias. La pandemia sigue agravando los sufrimientos del pueblo. En total hay 3.165.121 contagios, 2.837.058 recuperados y 67.821 fallecidos al 10/5.
El monopolio de las vacunas en manos de un puñado de potencias muestra la podredumbre del sistema capitalista-imperialista. Se llenan la boca hablando de “vida y libertad”, cuando están cometiendo un delito de lesa humanidad: 55 países dependientes en todo el mundo son condenados a una brutal hambruna, solo han recibido el 0,2% de las vacunas.
Ya más de 100 países (entre ellos Argentina) han planteado en la Organización Mundial de Comercio la necesidad de liberar las patentes de las vacunas, para que se puedan fabricar en cualquier país. El Papa Francisco lo ha dicho públicamente. Ahora el presidente yanqui, Joe Biden, ha planteado en el Congreso de su país la suspensión temporaria de esas patentes. Esto ha provocado una gran ofensiva de los laboratorios imperialistas (principalmente los yanquis) que vuelcan cientos de millones de dólares para que el Congreso no apoye esa propuesta. La Unión Europea también rechaza esa liberación.
El imperialismo chino y el imperialismo ruso ganaron terreno, gotean vacunas en Latinoamérica a cambio de concesiones estratégicas. En esa situación, el gobierno argentino negocia con Rusia y China, también con Cuba, Israel y la India, para fabricar o comprar vacunas, para inmunizar a la población en la Argentina y exportar a otros países de América Latina. También se negocia con Estados Unidos e Inglaterra las dosis que AstraZeneca/Oxford debió entregarnos. Trump se adueñó de esas vacunas y ahora Biden negocia imposiciones para liberarlas.
La urgencia por la llegada de vacunas para todos los que habitan nuestro suelo lleva al gobierno nacional a negociar bajo el chantaje de los imperialismos. Aparecieron proyectos para fabricarlas acá, en laboratorios privados de nuestro país. Los más avanzados son los de la Sputnik V y Sinopharm. En principio solo se haría en Argentina la fase final de las vacunas, trayendo el principio activo de cada potencia. Es decir que si bien sería un avance para garantizar más vacunas, seguiríamos sometidos a los dictados de los países que tienen la propiedad de la patente.
En nuestro país crece una corriente científica para fabricar la vacuna nacional. Lo que exige que el Gobierno realice un relevamiento de los numerosos laboratorios estatales y nacionales, de la capacidad y el costo para crearla y fabricarla y garantizar los fondos necesarios para esa vacuna nacional que, en el más corto plazo, nos libere de negociar bajo chantajes imperialistas.
2. Crecen las luchas populares
Frente a esta nueva ola de la pandemia y su crecimiento en los barrios es necesario avanzar con el protagonismo popular en la primera línea, con los comités de crisis, promotores de salud y brigadas voluntarias de jóvenes. También en medio de la pandemia avanzan las promotoras contra la violencia de género con pre congresos en Quilmes- Berazategui-Varela, Mendoza, Jujuy, Salta, Mar del Plata, Echeverría y Ezeiza, entre otros, en el camino del Congreso Federal de promotoras en prevención de violencia de género, que se realizará el próximo 14 y 15 de mayo.
Ante el crecimiento del hambre y los sufrimientos populares, el gobierno amplió la tarjeta Alimentar y a partir de junio las jubilación mínima aumentará a $23.064, entre otras medidas. Pero son insuficientes, porque aumentan las tarifas, continúan los despidos y aumentan los precios de los alimentos básicos. La pobreza castiga a 57 de cada 100 niñas y niños menores de 14 años. El consumo de la carne de vaca es el más bajo en 100 años.
Crecen los contagios en las fábricas, como sufren, denuncian y enfrentan los trabajadores de Mondelez. Sigue la lucha de los trabajadores de la salud de Río Negro. Los limoneros de Tucumán conquistaron un triunfo parcial, pese a la traición de algunos de sus dirigentes, y se preparan para seguir su lucha.
Crece el movimiento por la recuperación de la soberanía del Río Paraná, el Río de la Plata, y las islas y aguas del Atlántico Sur. Surgió en Neuquén un movimiento para recuperar la soberanía de las hidroeléctricas del Comahue. En Chubut, el pueblo se moviliza contra la megaminería, con cortes en Esquel y Trevelín.
La pelea por la defensa de la soberanía nacional es parte de la lucha que va creciendo en todo el país contra el hambre y por trabajo para todas y todos los que habitan nuestro suelo.
3. Unir al pueblo en la lucha por la soberanía nacional
El macrismo y sus socios dieron un nuevo paso en sus planes de desestabilización con el fallo de la Corte Suprema contra el decreto presidencial de medidas frente a la pandemia.
Es un tema que no se puede subestimar, porque detrás de este fallo, que se opuso a las medidas para contener la pandemia, se sienta un precedente donde se pone a la Corte Suprema por encima del gobierno nacional. Es un antecedente para un golpe institucional.
Este fallo de la Corte recuerda el año 45, cuando los gorilas que festejaban la detención de Perón proclamaban “todo el poder a la Corte Suprema”.
Quieren sembrar el caos sanitario, como provocó Bolsonaro en Brasil, que ahora amenaza con firmar un decreto para intervenir militarmente e interrumpir la cuarentena en ciudades y estados que adoptaron las medidas para controlar el colapso hospitalario, y rechazó las vacunas SputnikV por presión de EEUU.
Macri y sus amigos -como Galperín y el agente inglés Joseph Lewis- y sus socios como Larry Fink de BlackRock, se llenan la boca con “la libertad, la democracia y la república”. Mauricio Macri en Miami, además de vacunarse, participó del foro «Defensa de la democracia en las Américas». También participó vía zoom el presidente de Colombia Iván Duque, y no se hizo referencia a la represión sangrienta y las torturas en Colombia.
Por otro lado, el presidente Alberto Fernández llamó al gobierno colombiano a que: “…en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”. Son dos posiciones frente a lo que está sucediendo en Colombia.
Alberto Fernández, junto al ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá y otros funcionarios han viajado a Europa buscando apoyo para negociar con el Club de París y el FMI. El Senado aprobó una declaración justa: que esos fondos sean para la lucha contra la pandemia, no para pagar deuda.
La deuda con el Club de París fue contraída por la dictadura genocida que se impuso con el golpe de Estado en 1976, para la compra de armas y lanzar la guerra contra Chile. Es una deuda odiosa, no corresponde pagarla, como ya hicieron otros países. La deuda con el FMI es también el producto de un robo de las finanzas públicas por el macrismo y el FMI. Nosotros peleamos para que se suspenda el pago, recuperar esos fondos y castigar a Macri y sus socios.
Ahora el gobierno prorrogó por 90 días la concesión sobre el Río Paraná y el Río de la Plata. El nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, declaró: “No vamos por el camino de la estatización”. Nosotros no acordamos con esta decisión. Así se le daría continuidad a la entrega del menemismo. Esta entrega fue mantenida a lo largo de 25 años. Recuperar la soberanía nacional de esa zona estratégica, es una necesidad y haría que las empresas extranjeras dejen de robarnos miles de millones de dólares.
En la pelea por vacunas para todos, seguimos la lucha por una vacuna nacional, por tierra, techo y trabajo para todas y todos los que habitan nuestro suelo; por recuperar el Río Paraná, el Río de la Plata y las islas y aguas del Atlántico Sur y la Antártida; y recuperar nuestros recursos como el litio y por la suspensión del pago e investigación de estas deudas ilegítimas y fraudulentas que han sido una estafa al pueblo y la nación.
4. El ejemplo del pueblo colombiano
Hierve Colombia. El protagonismo del pueblo colombiano es extraordinario. Desde el 28 de abril se decretó un paro nacional que sigue, con movilizaciones y cortes de rutas en cientos de localidades, con comités y asambleas populares autoconvocadas. La rebelión unió a los sindicatos, estudiantes, originarios, ambientalistas, artistas, etc.
Conquistaron un triunfo parcial, impidiendo una reforma de los impuestos contra el pueblo, y siguen peleando. El gobierno fascista de Duque enfrenta la rebelión popular con una policía militarizada y las Fuerzas Armadas. Hay más de 1.000 heridos, muchos de ellos graves, 831 presos, 37 asesinados y más de 300 desaparecidos. Cientos de personas son llevadas a polideportivos, en donde son torturados y hay violaciones de mujeres.
Duque no pudo, hasta ahora, derrotar esa grandiosa y amplia rebelión popular. “Estamos viviendo una situación revolucionaria de desarrollo desigual, que dio lugar al levantamiento que el pueblo llama Paro Nacional”, nos dice un corresponsal (ver contratapa).
El apoyo a la rebelión del pueblo colombiano va creciendo en la Argentina. Los comunistas revolucionarios somos solidarios con su lucha y venimos llevando esa discusión en todos los ámbitos en los que trabajamos. Peleamos pronunciamientos solidarios en cada organismo de masas de los que participamos y en cada instancia de frente único. También de personalidades, intelectuales y figuras de la cultura nacional. Seguiremos esa batalla tomando el ejemplo de los lugares que ya se han pronunciado.
¡Viva la heroica lucha del hermano pueblo colombiano!
5. Avanzar en la lucha y el protagonismo popular
La heroica rebelión del pueblo colombiano, como ya ocurrió en nuestro país y otros países hermanos, es un faro que ilumina el camino.
Realizamos el mes de la prensa comunista, el hoyy la Chispa, en un momento favorable para dar un nuevo salto en el crecimiento y la construcción orgánica. Haremos un balance en cada provincia y zona, para aprender y generalizar las mejores experiencias. Es un paso más –como planteó nuestro Comité Central- en la campaña de reempadronamiento y crecimiento del PCR y su JCR.
En el país acumulamos fuerzas, crecimos, somos más conocidos y ganamos prestigio. Estamos orgullosos del papel jugado por el PCR, su JCR y los movimientos de frente único de los que formamos parte, desde el inicio de la pandemia.
A partir de ubicar bien el momento político, peleamos iniciativas para la lucha por las necesidades que hoy sufre nuestro pueblo. Aprovechando las contradicciones y la disputa imperialista que se agudizan para el avance de la lucha popular. Tenemos que avanzar en nuestra política de frente único junto a los Cayetanos y otras fuerzas con las que coincidimos. Somos parte del Frente de Todos con nuestras posiciones. Seguimos la lucha por aislar al macrismo y avanzar en la unidad de las fuerzas populares, patrióticas y democráticas, que hoy enfrentan al macrismo y otros sectores reaccionarios.
En todos los terrenos, jerarquizamos la necesidad de avanzar en la acumulación de fuerzas y construir un gran Partido, en el camino de la revolución que acabe con la dependencia, el latifundio y el Estado oligárquico- imperialista que los sostiene.
La Corte Suprema en algunos hechos de nuestra historia
En el golpe de 1930 la dictadura fascista de José Félix Uriburu derrocó a Irigoyen y desató una gran represión dando inicio a la década infame, hubo una vergonzosa acordada de la Corte Suprema que convalidó y legalizó ese golpe. Claro que esta UCR de Juntos por el Cambio no lo recuerda, porque poco tiene que ver con Irigoyen, y hoy defiende a los Uriburu del siglo 21.
En 1945, cuando fue detenido Juan Domingo Perón, entonces ministro de Trabajo, los partidos que después confluirían en la Unión Democrática se unieron con la consigna “Todo el poder a la Corte Suprema”. En definitiva fue la pueblada del 17 de octubre la que permitió derrotar esas maniobras y que en las elecciones de febrero de 1946 se derrote a ese frente timoneado por el embajador yanqui Braden.
También en 1962 fue la Corte Suprema la que declaró una acefalía del presidente Frondizi que no existía, y le tomó juramento al presidente provisional del Senado José María Guido, concretando un golpe institucional y un gobierno títere sostenido por los golpistas de las Fuerzas Armadas.
Escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro
Foto: El Paro Nacional en Colombia se mantiene con fuerza pese a la feroz represión del gobierno de Duque
Los trabajadores de viñas y bodegas lograron romper las pretensiones de las cámaras patronales de ajustar el salario de los obreros para seguir manteniendo sus superganancias a costa de la explotación y los peligros sanitarios de los trabajadores que fueron declarados esenciales para levantar la cosecha 2020 y 2021.
La organización por abajo logró arrancarle a la Federación un paro nacional de 48hs que fue desbordado por los trabajadores autoconvocados y delegados de base del FOEVA que con piquetes y bloqueos en las entradas de las bodegas garantizaron parar las líneas de producción.
La presión por abajo condicionó al sindicato que estuvo obligado a aumentar la propuesta inicial. A la vez, no generó las condiciones para que los trabajadores en sus asambleas de bodega terminaran de debatir la propuesta de aumento en cuotas.
La paritaria cerró con la firma de la Federación de un aumento del 62% escalonado, que se expresa de la siguiente manera: 27% de marzo a Julio (13% remunerativo, 13% no remunerativo y 13% en refrigerio); 55% de agosto a diciembre (27% remunerativo, 12% no remunerativo y 27% en refrigerio); 56% en enero (37% remunerativo, 15% no remunerativo y 37% refrigerio); y 62% en febrero (47% remunerativo, 10% no remunerativo y 57% refrigerio).
Si tomamos en cuenta que la propuesta inicial de las cámaras era un 28% escalonado, lo conseguido después del paro es un gran triunfo. A la vez, el aumento continúa siendo insuficiente y no alcanza al 100% que se exigía y que permitía equiparar el salario a la canasta familiar. Con el monto de la última cuota en febrero 2022 el sueldo inicial llegará a 51 mil pesos (era de 28 mil) en un año en que se pronostica una inflación del 40 al 50%. Los salarios de los trabajadores vitivinícolas son de los más bajos en la industria, mientras las empresas facturan millones en dólares. Si bien esta situación ha comenzado a revertirse, la brecha continúa siendo grande, por ejemplo un empleado de comercio llegará a febrero del 2022 a los 73.000. Por esta razón es muy posible que la lucha continúe y la situación pueda volver a encenderse en noviembre cuando se aplique la cláusula de revisión o tal vez mucho antes según como marche la situación.
Sin embargo, la principal victoria es la movilización de los trabajadores, la organización de base que se está construyendo y la experiencia acumulada que demuestra que si hay organización, unidad y lucha; se puede avanzar y ganar derechos.
La experiencia de este proceso de lucha recorre las bodegas, los trabajadores analizan el papel que jugaron las conducciones y comienzan a proyectar nuevas medidas de fuerza y nuevas formas de organización para convertir a los sindicatos en verdaderas herramientas de lucha y de resistencia.
El desborde de los obreros autoconvocados y los delegados combativos contó con la solidaridad de los obreros rurales precarizados que empalmaron con lucha salarial de los vitivinícolas en la pelea para que en Mendoza el Ministerio de Trabajo abra la inscripción del Programa Intercosecha por primera vez desde la sanción de la Ley. Los trabajadores de planta permanente, temporarios y precarizados y de otras actividades del agro, confluyeron en los bloqueos y en la histórica marcha del 31 de abril por las calles la ciudad de Mendoza.
La agrupación de Obreros Rurales “8 de Octubre” junto a los Cayetano reclamaron ante los ministerios de trabajo de Nación y Provincia por mejores condiciones laborales, por jardines materiales y por el alta automática de la AUH luego del fin de la temporada en la jornada de lucha por Techo, Tierra y Trabajo y por el Impuesto a las grandes fortunas el 17 de marzo. Esta lucha hoy continúa para que en cada departamento los Consejos Deliberantes pidan la ampliación del Intercosecha a otros cultivos de frutas y hortalizas.
La lucha de los vitivinícolas puso al descubierto la gigantesca desigualdad existente entre las hiperganancias de las bodegas y los sueldos miserables de los obreros. A la vez, ha significado un remesón para el conjunto de los trabajadores que vieron un camino para luchar por aumentos salariales que enfrenten la brutal inflación. Como dicen, nada volverá a ser igual en las bodegas y en las fincas. ¡Viva la lucha de los trabajadores vitivinícolas!
