LAS POLITICAS DESPLEGADAS HASTA HOY PRODUJERON 205 VILLAS Y 63.000 INDIGENTES. AHORA EL PUEBLO DEBE CONQUISTAR TIERRA, TECHO Y TRABAJO.
La noticia cruda: Un 10 % de la población, o sea más de 810.000 familias, alrededor o más de 3,5 millones de personas, viven en las 4.100 villas, asentamientos y urbanizaciones informales.
Estas “se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal) (Decreto PEN 358/2017)
Son poblaciones “distribuidas en todo el país, casi la mitad de sus habitantes son niños y jóvenes menores de 20 años”, según el Relevamiento de Barrios Populares realizado por el Estado nacional junto a cinco organizaciones sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) entre octubre de 2016 y mayo de 2017.
¿Sorpresa? ¿No lo sabíamos? Si hay al menos 30% de pobres ¿Dónde vivirían? Siendo esto muy grave, más preocupantes aún son algunos comentarios de quienes tienen poder y toman decisiones. Tomamos tres expresiones que naturalizan y hasta justifican esta situación en nuestra provincia, supuestamente más rica que otras.
1. Mendoza ocupa el 5to lugar en cantidad de asentamientos.
El gobernador Cornejo dixit “Si Mendoza es el cuarto en población, ser el quinto en villas es lo lógico, eso no quiere decir que esté bien. La Argentina se ha empobrecido y Mendoza se ha empobrecido”. Esa lógica es incorrecta porque Chaco y Misiones, con menos habitantes, tienen más villas; en tanto Córdoba tiene casi el doble de nuestros habitantes y tiene menos asentamientos. Pero además, no es motivo de mayor o menor lógica la ubicación en semejante ranking del deterioro de las condiciones de vida.
2. El informe “sólo cuenta villas”.
El gobernador también se quejó del informe porque “cuenta las villas, pero no la cantidad de familias”, sugiriendo que podrían ser unas pocas familias y personas por asentamiento. Sin embargo, el decreto señala que según datos “proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, más de QUINIENTOS MIL (500.000) hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de DOS MILLONES (2.000.000) de personas”.
Ese es el piso mínimo de partida. Porque repasando estadísticas ya conocidas, y obviamente disponibles para los gobiernos, encontramos los números de hogares y población en pobreza e indigencia. La Encuesta Deuda Social Argentina de la UCA mostraba que la población en condiciones de indigencia, por ingresos, había oscilado entre 6,4% en 2010 y el 5,4% en 2015, lo cual implicó siempre más de 2 millones de personas. Una evolución similar se da para las cifras de pobreza que tuvieron en esos años un piso mínimo de 10 millones de personas.
Es decir que ya para fines del 2015 se hizo visible un problema estructural muy serio: había más de 11 millones de argentinos en la pobreza, y de ellos 2,5 millones en la indigencia, los cuales ascendieron a 13,3 millones y 2,7 millones respectivamente al finalizar el año 2016.
Indicadores de la gravedad de la situación son las brechas entre los ingresos promedios de indigentes y de pobres para alcanzar respectivamente una Canasta Básica de Alimentos y una Canasta Básica Total, calculadas para una familia tipo de 4 integrantes. El nuevo INDEC retomó estas mediciones para el 2do semestre de 2016. En promedio, los hogares pobres cubrieron el 63% de la CBT ($13.945), con una brecha de $ 5.156. Los indigentes cubrieron un 60% de una CBA ($5.548). Si les falta $ 2.224 para alimentar su familia ¿cómo y con qué llegarán a los servicios básicos, a superar el hacinamiento, y a lograr una vivienda digna? Repitámoslo: hay vastos sectores que la están pasando muy mal, y se hallan (sobre todo con la actual política económica) muy lejos de resolver su situación.
La desigualdad social y económica es, desde siempre, un factor de desigualdad territorial; deja huellas marcadas en el hábitat. Los pobres no podrían estar viviendo en un barrio privado; los indigentes, ni siquiera en un típico hogar de clase media.
La EPH-INDEC (2do semestre 2016) estimó para el aglomerado Gran Mendoza (295.000 hogares y unos 935.000 habitantes) lo siguiente:
Estimación Gran Mza. Hogares Población
Pobreza 72.476 313.284
Indigencia 8.567 34.805
Extrapolando datos para la población total de la provincia podríamos estimar con bastante aproximación unos 570.000 pobres, de los cuales 63.000 viven en condiciones de indigencia.
El estudio citado de la EDSA-UCA afirma que la dinámica de la pobreza se correlaciona estrechamente con las variaciones del PBI per cápita y del salario real; destacando la dificultad histórica de perforar un piso estructural de pobreza del 25-30%.
La reciente investigación de nuestro equipo en la UNCuyo (2016) llegó a similares conclusiones:
Todo indicaría entonces que las mejoras en la redistribución no han alterado la distribución primaria, aquella marcada por una matriz básica de desigualdad económica y social propia de una estructura capitalista dependiente. Por eso, como muestran los acontecimientos de los últimos meses, un cambio de gobierno puede desarmar rápidamente mecanismos de redistribución, arrojando a la desocupación y la pobreza a millones de habitantes, mientras la estructura de propiedad (concentrada y extranjerizada) no cambia.
3. Estado y sector privado
El comentario del gobernador remata con “La pobreza no solo se mitiga con un trabajo del Estado, en principio debe crecer el sector privado. Para distribuir la riqueza, hay que generarla”
La pregunta para el gobernador es ¿acaso la política económica, el marco regulatorio, las condiciones macroeconómicas, son fijadas por el sector privado? ¿Acaso no hubo años de crecimiento económico a tasas chinas sin perforar el piso estructural de precariedad laboral y núcleos duros de pobreza? ¿Acaso no hay 370 mil millones de dólares de argentinos en el exterior? Todo demuestra que sí hubo creación de riquezas, pero acompañada de una distribución profundamente desigual y de una fuga hacia paraísos fiscales, fondos off shore o directamente en valijas o inversiones en el exterior.
No vamos por buen camino: Cada semana hay más hambre, más pobres y son más los que no llegan a fin de mes. El presidente sigue prometiendo “pobreza cero con trabajo de calidad”. Sufre de noche pensando en los pobres, pero durante el día genera pobreza. Unos pocos poderosos cada vez más ricos, y más pobreza para las mayorías populares.
Macri ahora dice “Construir un país se trata de que cada argentino se esfuerce por dar lo mejor que tenga de sí;… que cada argentino por lo menos contribuya con lo mismo que consume”.
Pero resulta que, bien miradas las cosas, millones de trabajadores argentinos están peleando porque no les alcanza el salario para consumir lo que producen. Lo que crean con su trabajo alimenta a parásitos terratenientes y especuladores financieros, sustenta las superganancias de los grupos monopolistas, contribuye a pagar intereses de la deuda eterna y engrosa los nichos de la corruptela política necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. Una parte pequeña de lo que producen queda para consumo de sus familias.
Un futuro posible: Macri y Cornejo impulsan la compra de casas prefabricadas chinas, restringiendo aún más la producción local, las fuentes de trabajo y los salarios. Por ese camino no accederemos a condiciones dignas de trabajo y de vida, ni desaparecerán las miles de villas y asentamientos.
Un camino viable es enfrentar la especulación inmobiliaria, y emprender un masivo plan de construcción de viviendas populares, apelando a la mano de obra desocupada o subocupada de los mismos habitantes de estas zonas, lo cual constituiría un circulo virtuoso que atiende a la demanda laboral y la necesidad de vivienda.
Fondos para invertir existen. Hoy se destinan a la construcción suntuaria, o para embellecer las plazas y calles céntricas para deleite de turistas. No se trata de no hacerlo, sino del orden de prioridades. Y eso es una decisión de política económica del Estado.
En los últimos años transitamos primero por la supuesta concesión de derechos “desde arriba”; para luego descubrir la absoluta precariedad de los mismos con un nuevo gobierno de “orden y orden” que desde arriba exige sólo cumplir deberes. Ahora el pueblo, “desde abajo”, debe desplegar su acción colectiva para conquistar de manera segura y estable condiciones dignas de vida y de trabajo.