Desde la propagación del Coronavirus se ha producido un gran debate de masas condicionado por las disputas políticas y por la falsa información que ha circulado, desde la subestimación de la enfermedad hasta situaciones de pánico.
Si realizáramos un diagnostico al momento actual, las muertes por enfermedades como el dengue en nuestro país son numéricamente más grandes que las del coronavirus; sin embargo, el tema es la peligrosidad del virus de origen asiático y su propagación masiva en un región y país con el 40% de pobreza y altos niveles de indigencia y con un sistema sanitario saturado producto de años de políticas de desfinanciamiento.
Por otra parte, se incrementan los casos de virus en momentos de cambió estacional y de periodo de aumento de enfermedades respiratorias, en el marco de la llegada del invierno; por lo que todo indica que la pandemia no será de corto plazo, sino más bien prolongada.
Además se produce en un contexto de una crisis internacional que agudizo el propio virus, con caídas de las bolsas del mundo, derrumbe del precio del petróleo, párate económico y cierre de fronteras, que repercutirá en la economía dependiente del país y ponen a foco las condiciones sociales de la población que son propicias para el surgimiento y la expansión del virus.
En este marco las medidas adoptadas por el gobierno nacional son adecuadas, buscando reducir la circulación del virus, reforzando el sistema sanitario, protegiendo a los sectores más vulnerables, incrementando beneficios para los trabajadores formales e informales y políticas de apoyo a la industria local. Por su parte se evidencian medidas limitadas en el ámbito provincial, reducidas a la responsabilidad individual del autocuarentena pero sin atender la situación sanitaria y social, el impacto económico en los trabajadores informales y de la economía en general, ya que no es lo mismo realizar cuarentena en un barrio privado que en un asentamiento.
La situación de extrema precariedad en la que quedó el país producto de las políticas de ajuste y entrega del macrismo, en el contexto de las condiciones de un país dependiente y profundamente desigual; agravan las consecuencias de la pandemia en la región, requieren un plan de emergencia integral a fondo que posibilite, no sólo enfrentar la propagación del virus, sino también las consecuencias sociales y económicas que se producirán en el marco de la enfermedad, para que el dilema no sea morirse por el virus o morirse de hambre.
En este sentido, en sintonía con las medidas del gobierno nacional hay que analizar un plan integral que partiendo de la emergencia sanitaria, aborde el conjunto de las emergencias que se agravaran, priorizando el destino de los fondos necesarios sobre la base de investigar el endeudamiento fraudulento y replantearse la actual estructura productiva, impositiva y financiera actual:
Salud: aumento de presupuesto para los centros de salud y hospitales con recursos e insumos y personal para enfrentar la pandemia. Intervención del estado del conjunto de los centros sanitarios privados. Adoptando medidas para proteger a los trabajadores de la salud. Incorporación de mayor personal sanitario, intervención de facultades de medicina y capacitación de agentes sanitarios sociales que aseguren prevención, detección y atención en zonas vulnerables.
Obras: plan de emergencia y partida presupuestaria extraordinaria para garantizar el suministro de agua potable a las grandes barriadas y zonas rurales. Desarrolló de las obras necesarias tanto hídricas como sanitarias con la participación de organizaciones de la comunidad y de los organismos responsables del estado
Viviendas: priorizar la creación y refacción de viviendas reduciendo el hacinamiento y garantizando que las mismas se encuentren en condiciones para albergar a las familias en invierno.
Servicios: intervenir las empresas para asegurar el suministro de los servicios públicos y un precio social que permita que ninguna familia se quede sin agua, gas o luz. Regulación en función de las necesidades nacionales del precio de los combustibles.
Trabajo: abordar la situación de los trabajadores informales y sus condiciones de trabajo. Impulsar cooperativas y proyectos para la realización de las obras necesarias garantizando fuentes laborales para los trabajadores precarizados y desocupados de cada comunidad.
Despidos: garantizar la fuente de trabajo, impidiendo despidos y apoyando a las PyMEs y actividades afectadas con políticas especificas.
Impuestos: segmentación de los mismos diferenciando, sector y condición social, ingresos, tipo de producción y carácter del agente económico, diferenciando la pequeña y mediana producción nacional, de los grandes monopolios locales y extranjeros. Aplicación de un impuesto extraordinario a las 100 grandes empresas de Mendoza para aplicar la emergencia.
Alimentos: regular la producción y comercialización para garantizar el suministro de alimentos, apoyando la pequeña y medina producción agropecuaria y controlando la especulación de precios.
Insumos: garantizar el suministro de alcohol 70% y alcohol en gel y de elementos desinfectantes, impulsando la creación de cooperativas de trabajo y de centros de producción estatal.
Comedores: reforzar los comedores sociales y garantizar el funcionamiento de los mismos en escuelas e instituciones proveyendo de alimentos a los sectores más vulnerables, articulando el apoyo y la solidaridad de toda la comunidad.
Educación: garantizar las condiciones de salubridad de los trabajadores de la educación. Suministro gratis de internet y tecnología para toda la comunidad para garantizar la tarea educativa en nuevas condiciones.
Estas medidas no se realizan sin la imprescindible participación de todos los sectores populares, conformando comités de crisis en los barrios y lugares de trabajo y estudio, que garanticen la planificación y ejecución de estas medidas y la lucha para destinar los fondos necesarios para aplicarlas.
Partido del Trabajo y del Pueblo de Mendoza
Partido Comunista Revolucionario de Mendoza
17 de marzo de 2020