Una reflexión motivada en el artículo de Miguel Blanco (en Diario Los Andes el 13/2/21). Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia.
¿Cuántos tambos, frigoríficos, avícolas y nuevas chacras está pensando el gobierno provincial (Suarez) en impulsar? Se ha puesto en la agenda la inflación que no para. Es una buena oportunidad para discutir el rumbo que debemos fortalecer para que no se profundicen los graves problemas económicos y sociales que atravesamos como país y provincia. Cuáles son las clavijas que el gobierno nacional debería apretar para salir del estancamiento. Y cuáles son las medidas que el gobierno provincial tiene a su alcance para ayudar en ese sentido.
Advierto que el tema de la inflación, que nos crespa a todos, es aprovechado por los grandes cerebros del liberalismo económico y político para volver sobre recetas ya probadas por Domingo Cavallo, el FMI y demás actores del gran empresariado nacional que en realidad nunca tuvieron efectos positivos para nuestro pueblo. Miguel Blanco en su artículo empieza afirmando que “los empresarios no crean la inflación”. Es una media verdad, porque hay empresarios (los menos), que sí se benefician y la estimulan, mientras el resto es víctima de la misma. Según el lugar que cada uno tenga en el aparato productivo del país será su mirada. Empecemos por los bancos, que como agentes que se benefician con la circulación del dinero, han ganado sistemáticamente en todos los procesos inflacionarios. Los monopolios formadores de precios, como sucede en el agronegocio exportador, el petróleo y el acero también se han beneficiado, porque sus costos en pesos se licúan con la inflación mientras sus ingresos asegurados por tener cooptada cierta franja del mercado se incrementan. Los exportadores obviamente se benefician con la depreciación de los pesos con los que pagan sus costos, frente al dólar que reciben por sus ventas en el extranjero.
Hay dos trincheras en el análisis económico: los que tiran de la cadena de la exportación de productos con ventajas comparativas, y los que tiramos del carro del mercado interno. En el primer esquema no entran los 40 millones de argentinos. En el segundo sí. Y en el análisis de la inflación esas trincheras se expresan de esta forma: los liberales se limitan a hablar de bajar la emisión monetaria, y bajar el déficit fiscal. Además creen que un aumento salarial va directo a generar inflación. Un análisis integral, en cambio, ubica que un aumento de la producción acompañado a un aumento del consumo (acompañado con el lubricante de la emisión monetaria correspondiente) no debería generar inflación. Si hay inflación es porque hay trabas para el aumento de la oferta de bienes producidos en el país. Esas trabas son la propiedad latifundista de la tierra que impide el acceso a nuevos actores agrarios, la falta de acceso al crédito de los pequeños industriales, los salarios deprimidos en los sectores económicos concentrados que destinan no más de un 8% de su facturación a salarios (los popes de la industria alimenticia, energética, los bancos, etc). Esto último fue estudiado por muchos economistas al observar que gran parte de las ganancias capitalistas no volvían a ser invertidas en la producción, en cambio la totalidad de lo pagado en salarios sí iba al consumo, moviendo la rueda de la economía. Por eso aumentar salarios bajando ganancias en los sectores concentrados es una medida que hay que tomar para salir de las crisis de estancamiento. Desde los que hacemos el planteo mercado internista con los trabajadores como sostén principal de ese modelo, tenemos en contra el poder fáctico de los dueños de la Argentina. Por eso, el gobierno nacional tiene que colocarse claramente de un lado y tomar medidas con firmeza.
Volviendo al análisis de Miguel Blanco, éste califica como un fracaso todos los intentos de controlar precios de los productos de la canasta básica. Pero se olvida de mencionar la política industrialista del peronismo de 1945-55 que tuvo una inflación moderada en 18,7% promedio, y que gracias al control del comercio exterior, el Instituto para la Promoción del Intercambio -IAPI- y las juntas reguladores de ciertos precios estratégicos como los granos y la carne se pudo sostener una industrialización junto con mejorar el nivel de vida de los argentinos. Tiene razón Blanco cuando dice que el hecho de poner precios máximos y desatender la oferta, con el ejemplo de la liquidación de vientres bovinos que hubo durante el gobierno de Cristina Kirchner cuando se desplazó a los sectores ganaderos beneficiando a los sojeros terminó con pocas vacas y precios altos de la carne. Es por eso que una solución debe ser integral: se debe promover el acceso a la tierra y al capital a amplios sectores de pequeños productores, con acceso al crédito, asegurándoles precios rentables a sus productos, limitar las superganancias de los exportadores controlando el comercio exterior, y así sostener la moneda nacional con base en un aumento permanente de la producción de alimentos apuntalando a su vez la industrialización del campo. No podemos conformarnos en ser el granero del mundo. Tenemos que industrializar toda la cadena productiva. Y como esto choca con los intereses estratégicos de las potencias, hay que tener la suficiente dignidad nacional para no claudicar estos intereses en las giras internacionales por más dólares o yuanes que nos ofrezcan como “préstamos del desarrollo”. En el plano local no podemos aceptar una minería como la planteada en su momento con la empresa Vale, que se propone llevar la materia prima para ser industrializada fuera del país. Lo mismo puede pasar si ahora nos proponemos exportar petróleo crudo como solución a la falta de divisas. Volviendo al artículo de Blanco, como buen liberal que ve sólo el gasto del Estado, mientras nada dice del accionar de los dueños de la Argentina, termina proponiendo ajuste fiscal como la clásica solución de manual. Nosotros enfocamos el problema en aumentar la oferta de bienes y servicios, acompañada de una distribución de los ingresos para lograr un crecimiento con desarrollo humano. Dicho en términos económicos, un keynesianismo (política de Néstor y Cristina K) que impulse la demanda puede ser el inicio de un aumento en la oferta, pero debe necesariamente ser complementado con medidas que destraben el acceso a los factores de producción, hoy prohibido a amplios sectores de la economía, junto con salarios acordes a la canasta familiar (el 75% de la población es asalariada), y captación de las rentas monopólicas del agronegocio, del petróleo, las comunicaciones, etc. como fuentes de recursos genuinos para afrontar los gastos sociales y sanitarios que el momento actual exige. La falta de ese tipo de políticas creo que es la explicación de porqué el país dejó de crecer desde el 2011 hasta la actualidad. Pero enfoquemos el problema provincial, que es donde nuestro accionar puede tener alguna incidencia. Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018 Mendoza tiene un 4,5% de su superficie implantada, y otro 4,2% apta para el cultivo pero inculta. Son 250.600 hectáreas (muchísima tierra) que deberían ser puestas bajo la lupa de políticas que ayuden a ponerlas en producción mediante la creación de un banco de tierras fiscales o en comodato.
El Gobernador debería informarnos sobre cuáles son las parcelas disponibles para ponerlas en producción: los movimientos sociales agrarios están dispuestos a trabajarlas. Otra medida que el Gobernador debería tomar es la creación de una banca provincial para captar el ahorro mendocino y volcarlo a la producción, evitando que sea una caja de negocios de los 10 empresarios amigos del poder. Esto serviría para recuperar las empresas agroindustriales en quiebra, que deberían ser rescatadas y protegidas ante las importaciones extranjeras. Siempre privilegiando a los trabajadores que las han sostenido con su fuerza de trabajo. Acompañando estas medidas que estimulan la oferta, es necesaria una reforma impositiva que alivie el consumo (sacando el IVA de los productos de la canasta familiar) y suba impuestos a las grandes fortunas, haciendo permanente la contribución que planteó el Frente de Todos y se aprobó en el Congreso de la Nación en diciembre del 2020.
Casa de gobierno-Foto: Equipo de Comunicación de la CCC
Hoy las organizaciones sociales de la UTEP, realizan una actividad en Casa de Gobierno para pedirle al gobernador que tome medidas concretas como:
Vacunación para las y los esenciales que están al frente de merenderos y comedores.
Kit sanitarios para la prevención del Covid.
Tratamiento inmediato del proyecto Tierra Techo Trabajo
No a la presencialidad en las escuelas.
Conectividad para los barrios populares y zonas rurales .
El planeo se hace a raíz de no ser escuchados por el gobierno, a quien le han planteado en varias oportunidades la situación que se vive en las barriadas y zonas rurales donde cada vez son más quienes enferman y no tienen resuelto lo básico, y en muchos casos mueren sin atención.
Lo mismo sucede con la urgencia de la vacunación a quienes son esenciales, que están al frente de merenderos y comedores que deben seguir funcionando, y si esto se no se hace, son miles las familias que quedan sin una comida o dos comidas diarias, que en la mayoría de los casos son las únicas que tienen.
El gobierno de Cambia Mendoza no se hace cargo de lo que está produciendo la pandemia, debe tomar medidas concretas que sean en favor del pueblo, la situación es mas que angustiante plantean quienes hoy salen a exigir.
Mendocinos al borde de no recibir oxígeno a tiempo, personal de la salud desbordados de impotencia, obras sociales colapsadas, burbujas y escuelas que cierran, son relatos que se repiten, que necesitan una respuesta desde la política estatal urgente. Desde el gobierno nacional se han tomado medidas adecuadas dentro de la complejidad de la pandemia, que entendemos que serían una base correcta para aplicar en la provincia. Legisladores provinciales del frente de TODOS intentaron una visita a la ministra de salud y la Senadora Anabel F Sagasti acercó una propuesta de indicadores de alerta, entre otras acciones, mostrando la preocupación y el deseo de colaboración de los sectores que no estamos en el gobierno, pero queremos aportar en esta emergencia, y fueron rechazados. Desde las organizaciones sociales y políticas de la provincia abajo firmantes le estamos insistiendo que reaccione en consecuencia, frenando la presencialidad escolar por 21 días , armando un cronograma de vacunación masivo y ágil, y asignando presupuestos de emergencia que refuercen el sistema de salud, con médicos, equipos, etc. También que convoque a un comité de crisis, donde referentes de cada sector involucrado en la primera línea de combate puedan expresar su diagnóstico para tomar las mejores medidas dentro del margen que la pandemia permite. Este jueves gremios se movilizan en caravanas para hacer visible este reclamo, ya que por parte de Ud. parece haber bajado las persianas cerrándose en sí mismo, lo que es muy desalentador para encontrar soluciones en conjunto. El día miércoles organizaciones sociales de la UTEP buscarán una respuesta sobre la vacunación de responsables de merenderos comunitarios que están en la primera línea del trabajo social. Desde nuestra parte estamos dispuestos a colaborar en toda medida que apunte a frenar la circulación del virus y a fortalecer los dispositivos de contingencia.
Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Movimiento Evita, SOMOS BDP, Apepro Cuyo-FNC, Corriente Clasista Combativa (CCC), La Corriente Nacional de la Militancia
El gobierno provincial ha dado el visto bueno para el avance del proyecto Cerro Punta Negra, con la realización, el día 14 de mayo, de la audiencia pública no vinculante.
El proyecto, ubicado a 14 km al oeste del Manzano Histórico, incluye la construcción de 31” unidades habitacionales”, es decir un barrio residencial, con terrenos inmensos y viviendas de cerca de 700 m2 (una vivienda de barrio suele tener entre 60 y 90 m2) en plena montaña dentro un Area Natural Protegida. Además incluye un ClubHouse con restaurant, hospedaje, planta de agua potable, cloacal y de generación eléctrica y un parque de nieve con elevadores y demás servicios.
Nuevamente, como sucede con la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel en el sur, en donde la empresa SOMINAR se hará cargo de la gestión de la misma, el gobierno de Suarez prioriza el negocio de una empresa de capital privado por sobre el interés del conjunto de los mendocinos, pasando por arriba de los derechos comunes a disfrutar de la zona y por encima del cuidado de nuestros bienes comunes, de la flora y fauna, de los cerros, del agua y con efectos “impredecibles” sobre los glaciares cercanos. Burlando, además, el objetivo de creación del Area Natural Protegida.
¿Por que el No al proyecto?
Además del impacto de cuatro años para la concreción del proyecto, la misma empresa “Uco los tres Valles SRL”, de la familia Junco, con domicilio legal en Buenos Aires, en la MGIA declara un numeroso punteo de los efectos negativos que tendrá la obra sobre el ambiente, totalmente incompatibles con los objetivos de conservación del Área Natural Protegida.
Esta empresa cuenta ya con un primer mal antecedente, dado que fue sancionada en 2016 por iniciar los trabajos sin contar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la autorización del Gobierno Provincial..
Tanto el IADIZA, como la Dirección de Recursos Naturales Renovables, han dado su dictamen negativo a la realización de la obra. Según señalan estudiosos desde las Asambleas Socio ambientales, a esto se suma tareas pendientes del Gobierno Provincial sobre la mensura y registro del Area Natural, que harían imposible la realización del proyecto. Existiendo además el problema de litigios sobre los derechos de propiedad en la zona, que se verían agravados con la realización del proyecto.
Sin embargo el Gobierno Provincial, a pesar de todos los argumentos en contra, al realizar la Audiencia Pública está dando un primer aval a un proyecto que, según las asambleas, debería haber sido rechazado de plano al contraponerse a los objetivos del Area Natural Protegida.
Manejo de nuestros bienes comunes: estatal con control o privado
Si vemos el panorama de la política aplicada en los últimos años a la zona de montaña mendocina, encontramos en la misma línea privatista las concesiones en la zona del perilago de Potrerillos, el area protegida de Villavicencio también en manos privadas, la expropiación de Penitentes para llamar a concurso de explotación con participación pública y privada, el no tratamiento de la declaración del Área natural protegida Uspallata – Polvaredas que duerme en la Comisión de Ambiente desde agosto del 2020, la concesión del manejo de la Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel, entre otros.
Con lo cual se aprecia una decisión política del gobierno provincial de dejar en otras manos, a expensas de un negocio del capital privado, el cuidado de áreas tan delicadas para la subsistencia y el desarrollo de Mendoza como son las áreas de montaña donde nacen los ríos mendocinos.
Entendemos que tanto el estado nacional, como el provincial, son quienes deben garantizar, mediante políticas de estado y con el protagonismo de las organizaciones ambientales, las universidades y las poblaciones factibles de ser afectadas, el manejo sustentable de nuestros bienes comunes y el cuidado de las áreas naturales, priorizando el bien común sobre los emprendimientos privados, con el objetivo de asegurar condiciones ambientales, de desarrollo y de vida dignas para las generaciones actuales y futuras.
Los trabajadores de viñas y bodegas lograron romper las pretensiones de las cámaras patronales de ajustar el salario de los obreros para seguir manteniendo sus superganancias a costa de la explotación y los peligros sanitarios de los trabajadores que fueron declarados esenciales para levantar la cosecha 2020 y 2021.
La organización por abajo logró arrancarle a la Federación un paro nacional de 48hs que fue desbordado por los trabajadores autoconvocados y delegados de base del FOEVA que con piquetes y bloqueos en las entradas de las bodegas garantizaron parar las líneas de producción.
La presión por abajo condicionó al sindicato que estuvo obligado a aumentar la propuesta inicial. A la vez, no generó las condiciones para que los trabajadores en sus asambleas de bodega terminaran de debatir la propuesta de aumento en cuotas.
La paritaria cerró con la firma de la Federación de un aumento del 62% escalonado, que se expresa de la siguiente manera: 27% de marzo a Julio (13% remunerativo, 13% no remunerativo y 13% en refrigerio); 55% de agosto a diciembre (27% remunerativo, 12% no remunerativo y 27% en refrigerio); 56% en enero (37% remunerativo, 15% no remunerativo y 37% refrigerio); y 62% en febrero (47% remunerativo, 10% no remunerativo y 57% refrigerio).
Si tomamos en cuenta que la propuesta inicial de las cámaras era un 28% escalonado, lo conseguido después del paro es un gran triunfo. A la vez, el aumento continúa siendo insuficiente y no alcanza al 100% que se exigía y que permitía equiparar el salario a la canasta familiar. Con el monto de la última cuota en febrero 2022 el sueldo inicial llegará a 51 mil pesos (era de 28 mil) en un año en que se pronostica una inflación del 40 al 50%. Los salarios de los trabajadores vitivinícolas son de los más bajos en la industria, mientras las empresas facturan millones en dólares. Si bien esta situación ha comenzado a revertirse, la brecha continúa siendo grande, por ejemplo un empleado de comercio llegará a febrero del 2022 a los 73.000. Por esta razón es muy posible que la lucha continúe y la situación pueda volver a encenderse en noviembre cuando se aplique la cláusula de revisión o tal vez mucho antes según como marche la situación.
Sin embargo, la principal victoria es la movilización de los trabajadores, la organización de base que se está construyendo y la experiencia acumulada que demuestra que si hay organización, unidad y lucha; se puede avanzar y ganar derechos.
La experiencia de este proceso de lucha recorre las bodegas, los trabajadores analizan el papel que jugaron las conducciones y comienzan a proyectar nuevas medidas de fuerza y nuevas formas de organización para convertir a los sindicatos en verdaderas herramientas de lucha y de resistencia.
El desborde de los obreros autoconvocados y los delegados combativos contó con la solidaridad de los obreros rurales precarizados que empalmaron con lucha salarial de los vitivinícolas en la pelea para que en Mendoza el Ministerio de Trabajo abra la inscripción del Programa Intercosecha por primera vez desde la sanción de la Ley. Los trabajadores de planta permanente, temporarios y precarizados y de otras actividades del agro, confluyeron en los bloqueos y en la histórica marcha del 31 de abril por las calles la ciudad de Mendoza.
La agrupación de Obreros Rurales “8 de Octubre” junto a los Cayetano reclamaron ante los ministerios de trabajo de Nación y Provincia por mejores condiciones laborales, por jardines materiales y por el alta automática de la AUH luego del fin de la temporada en la jornada de lucha por Techo, Tierra y Trabajo y por el Impuesto a las grandes fortunas el 17 de marzo. Esta lucha hoy continúa para que en cada departamento los Consejos Deliberantes pidan la ampliación del Intercosecha a otros cultivos de frutas y hortalizas.
La lucha de los vitivinícolas puso al descubierto la gigantesca desigualdad existente entre las hiperganancias de las bodegas y los sueldos miserables de los obreros. A la vez, ha significado un remesón para el conjunto de los trabajadores que vieron un camino para luchar por aumentos salariales que enfrenten la brutal inflación. Como dicen, nada volverá a ser igual en las bodegas y en las fincas. ¡Viva la lucha de los trabajadores vitivinícolas!
Casi mil casos de contagios diarios y aumento de los muertos a dos cifras, colas de testeo desbordadas y sistemas de las obras sociales saturados. Más del 90% de camas UTI ocupadas en el Gran Mendoza y 100% en varios departamentos como en Alvear con sólo 7 camas UTI. Escases de respiradores, atención en los pasillos de los hospitales, personal de la salud agotado y en malas condiciones de trabajo. Aplicación del protocolo de última cama y creación de la unidad de retiro de cadáveres por Covid a domicilio en Mendoza 30% de las burbujas escolares suspendidas por contagios o vínculos estrechos y aumento en los registros de docentes y estudiantes fallecidos por Covid. ¿Cuántas muertes son necesarias para que el gobierno provincial tome alguna medida de fondo?
Medidas urgentes:
Restricción de la circulación.
Suspensión temporal de las clases presenciales.
Aumento de emergencia para fortalecer el sistema sanitario.
Partidas de emergencia para enfrentar la crisis económica y social.
Promotoras de Salud-Guaymallén (Foto: Paula Lucero)
En el marco del mes de la prensa del Partido Comunista Revolucionario, compañeras y compañeros realizan actividades de lectura y difusión. El diario tiene una importancia organizativa y de debate colectivo que se demuestra en la práctica.
Es un material que aporta al debate en las diferentes reuniones barriales, y que ayuda a un análisis colectivo de la situación social, política y económica. Al calor de las jornadas de estudio de la CCC, se ha avanzado en la lectura junto a las compañeras promotoras de la salud por ejemplo, a quienes le permitió discutir la situación de pandemia y como salir.
Promotoras de Salud-Guaymallén (Foto: Paula Lucero)
Hoy la situación está compleja, es necesario debatir de manera colectiva, lo que implica tomar medidas para hacerlo y cuidarse. En la provincia como en el país los casos de covid-19 aumentan día a día, y acá todavía no se toman medidas serias que frenan los contagios.
La crisis sanitaria es lo principal, nos cuidamos porque hay mucho por hacer todavía, y desde el PCR salimos a mostrar nuestro periódico, salimos a debatir y que se conozca que hay salida, que se pueden tomar medidas para que no siga pagando el pueblo las consecuencias de esta pandemia.
Te mostramos algunas de las actividades realizadas:
Ante la compra de acciones de IMPSA por parte del estado:
Por solicitud del gobierno provincial, la legislatura de Mendoza acordó la compra de acciones (clase C) de IMPSA por 5 millones de dólares. Por su parte, la Nación compró acciones por 15 millones de dólares. La composición accionaria quedó de la siguiente manera: Nación 63,7%, provincia 21,2%, acreedores privados 9,8% (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileros, etc), y la familia Pescarmona 5,3%.
De esta forma, el estado nacional y provincial pasan a tener mayoría accionaria y mayoría en el directorio, que de los 3 integrantes originales por los acreedores privados, se suman cuatro más: tres por la Nación y uno la provincia. Aparte se agregan dos síndicos por la Nación a los dos que tenían los sectores privados.
¿Qué cambios se produjeron para que el estado pase a controlar IMPSA y qué implica para la provincia?¿Por qué el grupo de acreedores privados impulsó el ingreso del estado a la empresa?¿qué llevó a los ultraliberales de Suárez/Cornejo a impulsar esta acción?¿IMPSA se ha transformado en una empresa estatal?¿cuáles son las perspectivas de la empresa?
En primer lugar, la venta de acciones por parte del grupo privado, responde a la necesidad de capitalizarse, pagar deudas y afrontar los proyectos existentes, que sin los nuevos fondos serían imposible de concretarse. Actualmente IMPSA está trabajando en la elaboración del reactor nuclear de Atucha II, las nuevas turbinas para Yacyretá, las turbinas para el parque eólico de la Rioja, entre otros proyectos.
En segundo lugar, el actual directorio busca terminar de revertir la crisis que arrastra desde una década la empresa, cuando se sumaron los contratos impagos por las obras en Venezuela y la quiebra de su filial en Brasil (Wind Power Energía). Con una deuda de casi mil millones de dólares, Pescarmona entregó la mayoría de las acciones a los acreedores (centralmente entidades bancarias) en compensación por una parte de sus deudas. En el 2018 en medio de la crisis económica y de las denuncias de corrupción, Pescarmona dejó el cargo de CEO y comenzó una nueva restructuración de sus deudas que se han extendido en sus plazos. El nuevo CEO, Juan Carlos Fernández, es un técnico que trabajó 37 años en la empresa, es decir es una persona de Pescarmona. Con el nuevo acuerdo con el estado nacional y provincial a través de la compra de acciones, el grupo de acreedores no sólo logra obtener los fondos necesarios (20 millones de dólares) para las obras en curso, sino que obtiene implícitamente acuerdos políticos que le permitirán afrontar nuevos litigios y licitaciones.
En tercer lugar, el acuerdo tiene como principal impulsor al gobierno de Suárez y al grupo de Cornejo, que son los que tramitaron para que la Nación comprará la mayoría de las acciones y se concretará la operación. Si bien Pescarmona ha tendido relaciones con la mayoría de los gobiernos de turno, los vínculos entre IMPSA y el gobierno de Cambia Mendoza son importantes y estrechos. Entre los múltiples funcionarios que pasaron por la empresa, se destaca el ex Ministro de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, (que fuera el director de la filial brasileña de IMPSA que quebró y que mantiene múltiples juicios) y que recientemente ha sido reubicado como director de la empresa estatal que administrará el polo logístico y la mina de Potasio Rio Colorado. Pescarmona en agradecimiento a las tratativas de Cornejo, donó hace un par de años a la provincia una residencia que ha pasado a utilizarse como la residencia del gobernador en cargo.
Más allá de las personas, el objetivo reciente que unió la gestión con la empresa, ha sido la concreción del proyecto de Portezuelo del Viento, obra que supera los mil millones de dólares y que tuvo como único oferente un consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, con sus socias locales: CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. A diferencias de otras obras, la provincia dispone de los fondos que Nación ha girado en compensación por los efectos de la promoción industrial. ¿Por qué se ha planteado una megaobra y no un conjunto de obras esenciales en el marco de la crisis y la pandemia?¿Por qué no realizar las obras en su totalidad por empresas y cooperativas nacionales y locales, si el financiamiento es 100% estatal?
Lo que surge entre los vínculos de funcionarios con las grandes obras, la empresa y el gobierno provincial (y que tientan a sectores del gobierno nacional), es un tipo de proyecto que estimula la inserción de grandes monopolios (inversiones como llaman ellos) para la explotación de determinados recursos que en su mayoría serán exportados (que según ellos derrama trabajo y algunas regalías), a costa de reforzar nuestra dependencia, impedir nuestro verdadero desarrollo, facilitar el saqueo de nuestros recursos y ofrecer contratos laborales flexibles a bajo “costo”.
Como dato de color es interesante reflexionar como los sectores de Juntos por el Cambio, que se presentan como los máximos defensores del liberalismo económico y que recientemente se opusieron férreamente a la intervención de Vicentín, hoy son los paladines de la “estatización”. Cínicamente, mientras critican al gobierno nacional por acciones semejantes y mientras su principal representante solicita separar a Mendoza de la Nación, en esta ocasión no sólo piden la intervención del estado nacional, sino financiamiento para la adquisición de acciones por parte de la provincia. ¡Que grandes exponentes de la coherencia!
Por su parte, el gobierno nacional surge como el accionista mayoritario y con mayor influencia dentro del directorio, en este sentido será fundamental su participación y las políticas que llevará adelante. ¿Impulsará una empresa nacional con vistas al desarrollo industrial y agrícola o una empresa nexo de las grandes corporaciones internacionales?¿impulsará obras que sean realizadas por las PyMES nacionales y locales o continuará con un esquema similar al realizado en las represas del sur (N. Kirchner y J. Cépernic), donde los socios mayoritarios son empresas chinas?¿Acordará con el proyecto de saqueo de Suárez y Cornejo o desarrollará un proyecto que avance en un proceso de sustitución de importaciones? ¿Matriz productiva agroexportadora o desarrollo soberano de nuestra industria y recuperación de nuestros bienes y recursos estratégicos?
En cuarto lugar, en general se ha presentado el rescate de la empresa, como una empresa “provincial”, que es fundamental por su historia e importancia. Acá vale aclarar algo de su historia y de la evolución del grupo que la conforma. El inmigrante italiano Enrique Pescarmona (abuelo) funda en 1907 los Talleres Metalúrgicos Pescarmona en la provincia y se desarrolla al calor de la producción de insumos metalúrgicos para la vitivinicultura en ascenso. En 1966 el actual Enrique Pescarmona (nieto) se integra a la conducción de la compañía y al poco tiempo se casa con Lucy Pujals, hija del dueño de Acindar. “Yo sabía que la empresa no sería viable en el largo plazo si no era competitiva a nivel internacional”, dijo en una de sus biografías. Desde esta perspectiva cierran la línea de alambres y clavos y comienza el proceso de producción de obras de gran valor agregado: las grúas, las turbinas hidráulicas, los componentes para la industria nuclear, y los recipientes de presión para plantas químicas y petroquímicas.
Pero fue durante la última dictadura militar y siendo parte de la cámara argentina-soviética de comercio, que industrias Pescarmona realiza una importante expansión, adquirió los gigantescos galpones, los tornos de última tecnología y gran envergadura, y pasa a obtener la mayoría de las “licitaciones” de las usinas hidroeléctricas. En ese periodo construye la terminal de ómnibus de la provincia y fabricar turbinas para Yaciretá. Estas obras y el equipamiento las obtiene gracias al gran endeudamiento autorizado por la dictadura, parte de las deudas que Cavallo terminó estatizando.
En momentos en que avanza un fuerte proceso de desindustrialización, Pescarmona pasó de una fábrica de clavos, a la metalúrgica que realizaba las principales obras hidráulicas en el país y a expandirse en los negocios internacionales. De una Oficina Técnica con una decena de Ingenieros a fines de los setenta a más de 400 en algo más de cinco años. Fue proveyéndose de patentes y tecnologías de punta para abordar todo tipo de Obras Metalmecánicas y lograr un crecimiento record en poco más de diez años, monopolizando la mayoría de la materia gris que egresaba de las Universidades cercanas y también lejanas.
Durante los 90, la empresa se consolida como una gran empresa con múltiples obras en distintos países (más de 20), principalmente en el sudeste asiático (Malasia, Filipinas y China, entre otras), Europa del este y América del Sur. Como anécdota de color, se comentaba en la empresa como el CEO de IMPSA, había intermediado para que el grupo anglo-malayo Walbrook, que tiene como figura al premier malayo, comprará a principio del nuevo mileno las tierras y el complejo de Las Leñas; tierras que suman cerca de medio millón de hectáreas y que transformaron al grupo en el principal latifundio de la provincia.
Durante esta época en consonancia con el modelo “neoliberal” de menemismo, Pescarmona terceriza gran parte del proceso productivo y expande las obras a la producción de energía eólica centralmente. Ya había obtenido la aerolínea Austral, con las privatizaciones de Alfonsín que al poco tiempo vendió a Iberia y contaba desde hacía décadas con una bodega en la provincia. Siendo parte del grupo Magna participó activamente en la privatización del Banco Mendoza y fue uno de los grandes beneficiados de su quiebra. La última obra importante en la provincia fue el dique Potrerillos realizado junto a Cartellone.
Con la llegada de los Kirchner, Pescarmona desarrolla una importante relación, aunque contradictoria, con el gobierno nacional. Varios factores contribuyeron a esta relación, como los estrechos vínculos de Enrique con China (sus negocios datan de mediados de los 80 en ese país) y sus enfrentamientos con Techint, entre otras cosas. Fue un ferviente impulsor de la candidatura de Julio Cobos como vice de Cristina, en épocas en la que Cornejo era el principal asesor de Julio. Durante este periodo la empresa ganó varias licitaciones en Venezuela, Ecuador, Brasil y Paraguay, muchas de las que posteriormente entraron en crisis.
La relación entre los Kirchner y Pescarmona se fue tensando ante los distintos intentos de adquisición de la empresa por parte de sectores vinculados al matrimonio presidencial o para incorporar socios a las licitaciones. Enrique se quejaba que lo habían excluido de las obras energéticas en San Juan y repetía en público que lo único que le habían dado los Kirchner era la entrada a Venezuela. Durante el gobierno de Cristina gana la licitación de las represas «Néstor Kirchner» y «Jorge Cepernic», que implican una orden de compra record en la historia de la empresa en el ámbito nacional por 4.500 M de dólares. La relación termina de romperse cuando el gobierno nacional anula la licitación, y pasa a ser adjudicada a monopolios chinos en asociación con Electroingienieria. También coincide en momentos en que China anula contratos con la empresa, luego de obtener por izquierda las patentes para la fabricación de determinados componentes que realizaba la empresa.
La empresa Pescarmona, que comenzó como una empresa familiar, bajo la dirección de Enrique supo adaptarse a los distintos gobiernos de turno, cambiando radicalmente su carácter y función. Sus posturas ideológicas fueron acompañando esos ambivalentes acuerdos. Entre sus frases célebres se puede mencionar las siguientes: “Yo no hago filosofía sino negocios, no me pregunto lo que está bien y lo que está mal, sino cómo se hace para ser más competitivo”. En 1997 en pleno proceso de ajuste y de precarización laboral planteaba: “Las chicas filipinas que trabajan en nuestras oficinas de Hong Kong están siempre dispuestas, no hay sábados ni domingos, si hay licitaciones y se tienen que quedar varios días sin dormir lo hacen y no cobran horas extras ni piden nunca nada. Los asiáticos trabajan todos los días 20 horas por día, por ochenta dólares por mes y además están preparados, son educados y buena mano de obra”. En el 2006 en medio de un coloquio de IDEAS y cuando era ferviente kirchnerista dijo: “Yo estuve 45 días secuestrado (en 1985) y estoy vivo gracias a la prensa libre (…) Les pido a todos que no se olviden de Jorge Julio López, que la Gendarmería y la policía lo sigan buscando. No volvamos al pasado”. En el 2016 y ya producidas las rupturas con el kirchnerismo planteo: «las chicas de 14 años se hacen preñar para tener bebes y cobrar unos mangos de la asignación«. En el 2018 y en medio de las denuncias por las coimas de las obras públicas, y mientras Pescarmona y su segundo (Francisco Valenti) solicitaban incluirse bajo la figura de “arrepentidos”, planteo: “tuve que pagar porque si no me mataban…”, tratando de justificar sus propias acciones.
En síntesis, es un empresario poco interesado en el desarrollo nacional y provincial, como a veces tratan de presentarlo. Su expansión está claramente relacionada con la dictadura y su crecimiento estrechamente vinculado a los favores del gobierno de turno. A pesar de cuestionar las políticas asistenciales, es una empresa que ha crecido por la “ayuda” del estado, autorización de endeudamiento y financiamiento del mismo, licitaciones dirigidas, préstamos y subsidios millonarios, ayudas para pagar sueldos como los REPRO (mientras él despedía obreros), etc. Recientemente la CECIM (Cámara Empresarial da la Construcción Independiente de Mendoza), planteó que la ayuda del estado no se tendría que reducir a una mega empresa, sino atender la situación del conjunto de las PyMEs locales, y en un comunicado sostuvieron que con los fondos que se destinarán a IMPSA, se podrían rescatar 150 empresas pequeñas y medianas.
En quinto lugar, se encuentra el dilema sobre la compra de acciones por parte del estado que básicamente presenta dos grandes caminos. La empresa rescatada por el estado, puede ratificar y profundizar el rol de empresa intermediaria de los monopolios externos para avanzar en los proyectos de saqueo de nuestras riquezas que refuerzan la dependencia externa e impiden un verdadero desarrollo provincial. Este carácter se pondrá de relieve tanto en la elección del tipo de obras (en función de los intereses externos o internos), en los sectores participantes (grandes monopolios o las PyMES locales) y en la forma en que se realizaran las mismas (es decir el cuidado de nuestro medio ambiente y recursos). Si este es el camino, el estado sólo servirá como financista y rescatista de los grupos privados, que aprovecharan las múltiples influencias que esta situación permite. Esta historia los mendocinos ya la hemos conocido con el famoso caso Greco, entre otros. En este sentido será clave, indagar como serán los mecanismos de decisión en la empresa que es una sociedad anónima con mayoría estatal, donde las acciones clase C no tienen derecho a voto y se entremezclan las instancias de decisión entre los síndicos, el directorio y la asamblea de accionista.
El otro camino, es avanzar en una empresa 100% estatal, que priorice las obras indispensables para un desarrollo industrial y agrícola provincial en función de las necesidades de las grandes mayorías. Una empresa que coloque su capacidad técnica en función de las obras de ampliación e impermeabilización de riego que permitan el acceso al agua a los pequeños y medianos productores, que emprenda obras necesarias como el dique los Blancos en Tunuyán, el dique La Estrechura con el trasvase al río Atuel, obras de tratamiento de aguas en Lavalle que afrontan altos niveles de arsénico, la realización de cloacas y red de gas en Malargüe, obras intermedias que permitan el abastecimiento de agua suficiente para el este y norte de la provincia, el estudio y desarrollo de emprendimientos de energías renovables en nuestro territorio, el posible impulso y desarrollo para la fabricación de insumos y partes industriales que actualmente dependen de las importaciones, el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos, la imprescindible renovación y expansión de la red de agua y cloacas en la provincia, la producción de materiales para la producción agrícola local, etc.
A la vez, que se coloque como bastión principal para el abastecimiento y cooperación del conjunto de las pequeñas y medianas industrias locales, y de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales, trabajando en conjunto y transformándose en la proveedora de los insumos y elementos necesarios para las obras locales.
Para esto es necesario, que el estado tenga un rol activo de control y decisión, solicitando la apertura de los libros de la empresa, regulando y supervisando los contratos y cláusulas de obra, derivando las ganancias a las necesidades de la empresa y no al grupo de acreedores privados, fijando los criterios salariales del personal jerárquico y de los trabajadores, estableciendo pautas de control que eviten coimas, sobresueldos e hiperganancias a costa de la quiebra de la empresa. Este camino será imposible si no se avanza en una verdadera empresa estatal, que permite el control directo del estado y evita las múltiples normas que utilizan los fondos de inversión para proteger sus negocios a través de los mecanismos de las sociedades anónimas. A la vez, sin la participación en las instancias de decisión de los técnicos y trabajadores, y de los sectores interesados en el desarrollo de una verdadera empresa provincial de producción local, será muy difícil la concreción de este proyecto.
En síntesis, la compra de acciones por parte del estado, que se ha realizado con múltiples intereses, en sí es un paso positivo, siempre y cuando avance en un camino de desarrollo industrial local. De las fuerzas y sectores populares y patrióticos dependerá que la empresa avance en un camino de soberanía o de nueva dependencia.
Foto: gentileza de Alberto del Movimiento Evita Mendoza
Fortalecer la unidad para poner a Mendoza de Pie
Este fin de semana nos reunimos el Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie y el Partido del Trabajo y del Pueblo, para conformar una mesa política que permita analizar la difícil situación que atraviesa nuestra provincia y la Argentina en el marco de la pandemia, potenciar los esfuerzos que venimos realizando en el trabajo social y fortalecer un proyecto de soberanía, trabajo, producción que permita una verdadera distribución de la riqueza.
Junto a los movimientos sociales, venimos de años de lucha contra las políticas de ajuste y entrega que han profundizado la pobreza y la miseria. En medio de una difícil situación, hemos sido parte del conjunto de fuerzas que han enfrentado los efectos de la pandemia, en comedores sociales, a través de cooperativas de trabajo, buscando la solidaridad y la organización de la comunidad.
Sabemos de los esfuerzos enormes que hace el Estado Nacional con Alberto Fernández a la cabeza para sortear la pandemia y la crisis económica que dejó el macrismo. En esa misma línea, los movimientos populares trabajamos codo a codo con el Estado Nacional para poner a la Argentina de pie y avanzar en un proyecto de soberanía plena y trabajo. A la vez, sabemos que es necesario seguir avanzando en propuestas políticas para nuestro pueblo y nuestra patria, fortaleciendo y ampliando la unidad en el Frente de Todos, por lo que abrimos este llamamiento al conjunto de fuerzas que lo integran o buscan avanzar en un proyecto verdaderamente nacional y popular.
Los sectores de derecha en la conducción de la UCR y Cambiemos, que han llevado adelante políticas neoliberales de concentración económica, actualmente niegan la gravedad de la pandemia y a través de medios de comunicación afines, mediante desinformación y demagogia, apuestan a la desunión. En sintonía con estas políticas, el gobernador Rodolfo Suarez no sólo no ha adoptado ninguna medida significativa para enfrentar la pandemia, sino que ha rechazado las medidas nacionales, permitiendo en los hechos el avance abrupto de casos, en una provincia en donde la pobreza ha crecido más que la media nacional. En este sentido planteamos la necesidad de adoptar medidas de emergencia para enfrentar la grave crisis sanitaria, social y económica; a través de partidas presupuestarias extraordinadias que permitan enfrentar la grave situación:
Emergencia sanitaria: fortalecimientos del sistema sanitario y de las condiciones de los trabajadores de la salud. Emergencia laboral: implementación del programa de “Tierra, Techo y Trabajo” en la provincia, con planes de vivienda y urbanización, tierra para producir y trabajar, y fortaleciendo las cooperativas de la economía popular y garantizando salarios acordes a la canasta familiar. Emergencia social: fortalecimiento de los comedores comunitarios, escolares e implementación de planes alimentarios. Creación de Ferias Populares en espacios públicos para evitar intermediarios. Emergencia Provincial por violencia de género: mayor presupuesto para asistencia y acompañamientos en situaciones de violencia contra las mujeres. Modificación de los deficitarios dispositivos de atención y acompañamiento. Reconocimiento institucional y económico a promotorxs de género y diversidad en los barrios. Emergencia en educación: suspensión temporaria de las clases presenciales, garantizar conectividad para docentes y alumnos y refaccionar escuelas para garantizar la presenciabilidad.
Vamos a construir MAS UNIDAD para que Mendoza sea para todxs
El avance del virus es preocupante, en dos semanas pasamos de menos de 200 casos diarios de contagios a más de mil, superando los niveles de contagios del año pasado. Vuelve a saturarse el sistema sanitario y a ser preocupante la disponibilidad de camas de internación. Desbordan las colas de testeos y se han conocido casos de enfermos que no consiguieron camas de internación.
A pesar de los esfuerzos las vacunas conseguidas por el país son muy pocas, lo que demuestra la necesidad de avanzar en políticas de soberanía nacional en este terreno. Hay un gran debate sobre las medidas necesarias para enfrentar la nueva ola, ¿restricciones si o restricciones no?, ¿economía o salud?, ¿responsabilidad individual o política de estado?¿medidas aisladas o plan integral?
Ante esta situación y en medio de este debate, ¿por qué el gobernador no realizó inversiones importantes para fortalecer el sistema sanitario? ¿por qué solo se han aplicado 200 mil vacunas de las 300 mil recibidas, siendo una de las provincias con menor porcentaje de vacunación?¿por qué mientras desborda el transporte público no se implementan nuevas frecuencias que eviten que el mismo sea un caldero de contagios?¿por qué mientras se sostiene la necesidad de la presencialidad educativa, no se pusieron las escuelas en condiciones?¿cuánto más soportará el sistema sanitario sin medidas de fondo?
Parecería que la única preocupación del gobernador es que no haya restricciones para que la “economía” siga funcionando a cualquier costo y que la responsabilidad de enfrentar el virus sea sólo un problema de conducta individual.
Suárez contrapone salud y economía como si se pudiera vivir sin trabajo o trabajar sin salud. Lo que no dice es que no está pensando en la “economía” de los trabajadores, desocupados, monotributistas y pequeños y medianos productores, comerciantes y empresarios; a los que no les destina ayuda concreta para enfrentar las consecuencias de la pandemia. En lo que piensa es en mantener y “ayudar” la actividad de los grandes ganadores de la economía provincial: grandes bodegas, supermercados, monopolios petroleros, bancos, etc.
Estas medidas corresponden con el posicionamiento político del gobernador, que es parte del espacio (liderado por Macri/Cornejo) que planteó que las vacunas eran veneno, que se opusieron al impuesto a las riquezas que está destinado a enfrentar la pandemia, que organizaron marchas anticuarentana y colgaron bolsas de cadáveres en Plaza de Mayo.
Esta es la diferencia que se evidencia entre el gobierno nacional y provincial, mientras uno se preparó y adoptó medidas, que aunque insuficientes, permitieron evitar el colapso del sistema sanitario; otro pareciera que solo se está preocupado en las campañas mediáticas.
Más que nunca es necesario adoptar una política diametralmente opuesta a la actual, un plan integral que ponga el centro en enfrentar esta pandemia, que adopte medidas de emergencia para fortalecer el sistema sanitario, ayude a mantener puestos de trabajo y sostener a la pequeña y mediana producción y que aborde el gigantesco drama social que se ha agudizado con la pandemia.
Es necesario avanzar en la unidad y la lucha para enfrentar la política que descarga la crisis sobre el pueblo y que plantea que la misma la paguen sus verdaderos responsables. A la par de exigir que el gobernador convoque a un comité de emergencia provincial, unir desde abajo los distintos reclamos que surgen como los realizados por los trabajadores de la salud y educación, la campaña contra la violencia a las mujeres, la jornada de tierra-techo y trabajo, y el gigantesco paro de los trabajadores vitivinícolas.
PTP de Mendoza en el Frente de Todos – PCR Mendoza
