El viernes pasado Cornejo recibió a Milei en la provincia de Mendoza, llegó a la provincia para participar del cierre de la 45° Convencional Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Los ejecutivos que asistieron al discurso del presidente, destacaron algunos de los logros de gestión en estos nueve meses, como la baja de la inflación y del déficit fiscal. Sin embargo, al terminar la exposición, que se extendió por más de una hora, las conversaciones entre empresarios dejaron en claro que todavía persisten dudas sobre dos temas claves: la recuperación económica y la esperada salida del cepo al dólar.
Mientras esto ocurría dentro del hotel Sheraton, afuera mendocinas y mendocinos se reunieron para expresar su descontento con la política de hambre, entrega y represión que viene desarrollando el presidente libertario.
Cánticos, banderas, carteles se hacían presente en manos de jubilados/as, estudiantes, comerciantes, trabajadores estatales, movimientos sociales, la asamblea popular por el agua, partidos políticos. De las organizaciones presentes estuvieron la CCC, Movimiento Evita, Somos, Ni un pibe/a menos por la Droga, y partidos políticos PCR, PTP, PO, PTS, Corriente Pueblo Unido, Movimiento Sin Trabajo ´Teresa Vive. “Milei – Cornejo: Ajuste parejo” fue la pancarta que apuntó contra las gestiones y medidas tanto para el gobierno provincial y como el nacional.
Se va entretejiendo la unidad en la provincia para enfrentar las políticas de Cornejo y Milei, la situación es grave, el hambre crece y vemos que la situación va a empeorar, ya vimos lo que sucedió estos días donde este gobierno hambreador vetó un aumento a las jubilaciones y reprimió a las y los jubilados, y destinó 100 mil millones de pesos para fortalecer el aparato represivo. Milei y sus aliados quieren una Argentina para pocos, engordando los bolsillos de imperialistas y terratenientes, y entregando nuestra soberanía. Él va por más represión si es necesario para hacer pasar su política, por eso seguimos impulsando confluencia de las luchas y la organización popular para enfrentar esta política. Hay que ir por un paro activo y multisectorial en todo el país.
Código de aguas turbias (II) o Sobre el Código de Aguas y el uso para consumo humano El agua como bien común dado por la naturaleza, desde siempre ha tenido usos básicos que aseguran la subsistencia de la vida y el género humano, el consumo directo, el uso para la producción de alimentos y el uso para conservación del ambiente de vida, derechos vitales e inalienables. Con el desarrollo se fueron agregando usos industriales y energéticos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, aprovechando este bien común que pertenece a todos por igual y no, como insinúa el combo RIGI-Mekorot-Código-DGI-Cornejo, solo a quienes traigan inversiones o tengan capacidad para ellas, compitiendo con el derecho de uso de la población y los pequeños productores del campo y la ciudad. Que tenemos hoy en el Area de agua potable. Como breve foto del tema aparece primero el mas importante de los actores: los usuarios de agua potable y saneamiento, que hoy se ven afectados por tarifas muy difíciles de pagar y un servicio que genera gran cantidad de reclamos por falta de agua, baja presión y roturas . Deficiencias que en muchos casos tienen su origen en la época de OSM SA y que muestran que no alcanza aún con el dinero aportado en obras por el gobierno provincial y sería uno de los sectores que necesitarían un impulso importante con parte de los mil millones de dólares del ex proyecto de Portezuelo del Viento. Están los barrios con mal servicio, lo pueblos de la periferia y el interior con operadores que se mantienen con buena voluntad, ayuda comunitaria y municipal y bajos recursos y otros problemas de vieja data como son el servicio en el pedemonte y el problema a solucionar del arsénico natural en Lavalle, entre otros. Siguen luego los prestadores de servicio, en primer plano AySAM etapa actual de la vieja OSM SE, que fue entregada en su dirección a una empresa francesa en los 90 que ni siquiera cumplió con sus propios planes de desarrollo y expansión pero que si le generó un juicio a la provincia y una estructura de funcionamiento que aún cuesta mucho seguir mejorando. Después están tres municipios prestadores de servicio y mas de cien Operadores Comunitarios, la mayoría sin posibilidades de mejorar su estructura por falta de recursos, y que merecerían otra parte de esos 1000 millones de dólares. En la foto también está el Ente Regulador, EPAS, creado por ley 6044. Aquí hay que señalar que dicho organismo, cuestionado -por desconocimiento o intencionalmente- al tener el estado provincial la mayoría accionaria de AySAM SAPEM, viene siendo desinstitucionalizado desde la asunción del primer gobierno de Cornejo: se lo bajó de categoría poniéndolo al mismo nivel de su controlado AySAM, se achicó su directorio negando la participación de directores en representación de otras fuerzas políticas, nunca se nombró Presidente dado que debía ser aprobado por el senado y se lo viene ahogando financieramente desde hace varios años. Dicha campaña de desprestigio oculta las funciones principales de : auditoría de AySAM y especialmente el apoyo técnico-administrativo-legal y control de calidad sobre los Operadores Municipales y más de un centenar de Operadores Comunitarios que sirven a cerca de 300.000 mendocinos. En el Artículo 241 se establece la creación de una autoridad de aplicación que se llamaría Departamento General de Aguas que tendrá ingerencia en todos los usos, incluido el agua potable, asumiendo funciones que hoy cumple el EPAS, que entonces ¿ pasaría de ser un Ente Autárquico, según Ley de creación, a una oficina mas de dicho Departamento?. El agua para qué y para quién? Es claro que en el caso del agua potable para consumo directo y el saneamiento hay costos, dado que se requiere de tratamientos para cumplir con normas sanitarias establecidas y obras de distribución, pero siendo el acceso al agua un derecho humano y vital, volviendo a los 1000 millones, es el lugar en donde el Estado debería garantizar su acceso en cantidad y calidad mas allá de la condición económica del consumidor. Si bien el Código establece como objetivos en el Art 2-b Regular los medios de acceso al agua como derecho humano, priorizando la satisfacción de las necesidades domésticas y el abastecimiento poblacional , conviven en el mismo Código consideraciones que pueden relativizar esta prioridad. En el mismo Articulo 2 punto g) se plantea Fortalecer la planificación hídrica general y especial, fomentando el reconocimiento del valor económico del agua, las mejores tecnologías para el uso eficiente y la producción limpia (Mekorot?); de lo cual se infiere la valoración de la importancia del agua como mercancía y por lo tanto accesible a quien pueda pagarla. También se plantea en el Código un orden de prelación de usos en el Artículo 68, siendo los tres primeros : a) Abastecimiento de población y usos domésticos b) Riego del arbolado público c) Riego agrícola y otros usos agropecuarios , pero este orden, según el ARTICULO 69 En forma fundada, a solicitud del Poder Ejecutivo provincial, las prioridades establecidas precedentemente podrán ser alteradas cuando se acreditare fehacientemente que el beneficio económico-social es notoriamente superior que el de la solicitud preferentemente competitiva, lo cual deja en manos del PE la decisión final sobre la prioridad de uso. Aquí aparece una pregunta: ¿beneficio económico-social para quién y medido con que parámetros?. Se plantea esto en un gobierno como el de Cornejo en donde el oficialismo cuenta con el PE, la mayoría en las cámaras legislativas y probadas influencias en el poder judicial, dejando casi ningún lugar para cuestionamientos a sus decisiones. Otro actor de esta trama es Mekorot, la empresa israelí que ha sido uno de las principales herramientas de la política de opresión y control sobre el pueblo de Palestina y denunciada en la ONU en 2014 por estos hechos. Con respecto a esta empresa, en notas periodísticas, un integrante del Consejo Asesor del Código muy experimentado en el tema, señala que la Provincia de Mendoza tiene una larga historia y destacados profesionales que podrían haber realizado el trabajo de esa empresa con mayor conocimiento de ”cuál es la realidad histórica, geográfica y económica en donde debe regir el Código, que es en Mendoza, que integra lo que llamamos la cultura del desierto”, haciendo referencia a que en el año 1947, profesionales israelíes vinieron a aprender del manejo del agua en Mendoza y señalando que este Consejo Asesor no han tenido acceso a los 6 tomos de información generados por la empresa Mekorot. Hay otros cuestionamientos al papel de esta empresa en otras provincias y existe un pedido de informe en la Legislatura provincial de Mendoza para conocer los acuerdos secretos que la involucran. Hay que tener en cuenta también la reciente sanción de adhesión provincial al RIGI que prioriza las grandes inversiones para lo cual declara nula toda legislación que se oponga a su aplicación, por ejemplo la Ley 7722 que regula la minería metalífera saqueante y contaminante, junto al Código Minero y el Distrito Minero con sus 34 proyectos cuyo Informe de Impacto Ambiental está siendo cuestionado por la FaCAI (UNC). En el Código existen también algunas particularidades como son el Articulo 30 que establece caudales ambientales, de lo que se infiere que deberán solucionar el problema de la llegada del agua al secano de Lavalle y las lagunas de Guanacache por ejemplo, la garantía del uso de aguas en dominios privados en el Articulo 52, que nos hace remitir a las obras y residencia en el pedemonte del algún exitoso empresario mendocino y el artículo 61 que dice que en medio del calor del verano mendocino está prohibido refrescarse en un zanjón o una hijuela de riego pero si se puede pagar para bañarse en el tramo de un cauce o playa de un espejo de agua, concesionado a un privado (Articulo 81), de tal forma de ahorrar al estado la infraestructura de lugares públicos accesibles para todos, ¿como se podrían haber hecho en cualquiera de las bajadas de cota del Dique Potrerillos por ejemplo?.(Otra vez los 1000 millones) En resumen, como caminos que confluyen hacia un solo destino: el uso del agua como una mercancía, a este Código hay que sumarle el papel de Mekorot, la reciente sanción de adhesión provincial al RIGI, el Código Minero, el Distrito Minero y la visita de altos funcionarios de EEUU y China.¿El agua para qué y para quién? Entonces no alcanza con la participación en una página del gobierno. Es necesario que se discuta un plan Hídrico integral en beneficio de los pueblos, que tenga como objetivo prioritario, sin alteraciones, satisfacer las necesidades básicas como el consumo en cantidad y calidad y la producción de alimentos, después de lo cual analizar demás usos. Partido del Trabajo y del Pueblo -Mendoza
El día 5/6 a la madrugada intentaron incendiar el vehículo de Daniel Pérez colocando una botella plástica con combustible próxima a una cubierta y debajo del tanque de nafta y del tubo de GNC. La rápida acción de Daniel evitó que el auto pudiera no sólo incendiarse sino explotar, como advirtió el propio personal de investigaciones, lo que hubiera afectado el frente de la vivienda.
Como se ha demostrado el hecho no hace pensar que se pretendía robar la rueda ni el vehículo, que no sufrió ningún tipo de forzamientos, sino que el objetivo era hacer explotar el automóvil, con consecuencias imprevistas.
Daniel y su pareja son trabajadores de la educación, militantes docentes históricos, que vienen denunciando las políticas de ajuste en la educación, peleando por aumento presupuestario y salarios dignos. Daniel ha sido secretario gremial del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) del departamento de Las Heras, Mendoza.
Esta acción se produce en el marco del avance de las políticas de ajuste y entrega del gobierno nacional y provincial: aumento de precios y tarifas, licuación de salarios y de presupuestos educativos y sociales, y con el intento de entregar nuestro patrimonio y liquidar derechos con la aprobación de la Ley bases.
También se produce en el marco del avance represivo como se ha demostrado recientemente en el ataque a los trabajadores de la educación de Misiones. Hechos que forman parte de la criminalización de la protesta social y de los ataques y atentados a dirigentes sociales en todo el país.
Repudiamos este atentado. Hacemos responsable al gobierno provincial y nacional de la seguridad de la familia de Daniel y exigimos una profunda investigación para encontrar a los culpables y se haga justicia.
Agrupación verde 4 de abril
Contactos: Daniel Pérez 261-5908108 listaverdesute@gmail.com
Pablo Portuzo, Nicolás Guillén, Maria Eugenia Martín (Decana Facultad Cs.Políticas) Gabriela Lizana y Luciano Orellano.
Entre los días 16 y 17 de mayo se realizaron en Mendoza tres conversatorios titulados: “Desafíos soberanos de una patria herida”, con la presencia de Luciano Orellano que en todos los paneles abordó(con videos y graficas digitales) la importancia de la cuenca del plata, su significación en el mundo actual, el brutal saqueo de los grandes monopolios y sus consecuencias, y sobre todo la necesidad de avanzar en la conformación de un programa nacional y popular, que permita aglutinar a las distintas corrientes políticas y sociales, para enfrentar la brutal política de Milei y su plan de remate del país, y avanzar en un plan de industrialización y de desarrollo nacional para las mayorías. También contamos con la presencia de Facundo Retamoza, que colaboró con aportes esenciales sobre las actividades del Foro por la Soberanía Nacional.
El primero de ellos se realizó en San Rafael en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en el que disertaron la doctora Cecilia Muschella, secretaria de adoctrinamiento del consejo departamental del Partido Justicialista de San Rafael, abordando las terribles consecuencias de la Ley Bases; Rubén Rebolloso dirigente de APyME San Rafael, haciendo un paralelo entre la política industrial posterior al 45 y la situación posterior a la dictadura; Bruno Maximiliano Ojeda del Movimiento de Liberación Nacional, quién reflexionó sobre la marina mercante y la importancia estratégica de los ferrocarriles. Este panel fue moderado por Miguel Sorroche del Partido del Trabajo y del Pueblo de San Rafael. La charla contó con el saludo de distintas organizaciones como el Instituto Pino Solanas y del Movimiento Político y Social Proyecto Sur de San Rafael. También con la presencia de los concejales Nahuel Arscone y Sergio Ojeda, quien tramitaron la declaración de interés educativo, social y cultural de los libros «Argentina sangra por las barrancas del río Paraná» y «Crónicas soberanas de la patria herida» por parte del honorable concejo deliberante de San Rafael.
En Malargüe la charla se realizó en el sindicato de los trabajadores de la educación. La presentación estuvo a cargo de Andrés Risi, concejal mandato cumplido del Partido del Trabajo y del Pueblo de Malargüe. En esta ocasión Orellano se explayo sobre la importancia de la cuenca como de la necesidad de impulsar una verdadera política de industrialización.
El último conversatorio se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en la ciudad de Mendoza. En un aula magna repleta, la charla contó con el saludo de la decana de la facultad, María Eugenia Martín y estuvieron en el panel Pablo Portuzo, ex director de IMPSA y miembro del Centro de Economía Política Argentina, quién se refirió a la importancia de la industria nacional; Gabriela Lizana, productora vitivinícola y actual diputada provincial, que concentró su charla en la importancia de la soberanía alimentaria y el perjuicio de los oligopolios. El panel fue presentado por Nicolás Guillén, presidente del PTP de Mendoza. La charla contó con la presencia de dirigentes de distintas organizaciones políticas y sociales como Evita, Nuestra América, Soberanos, CCC, APEPRO, PCR, entre otros.
En todos los conversatorios se evidenció un gran estado deliberativo e intercambio de opiniones sobre la situación, la preocupación sobre las causas que llevaron al triunfo del actual gobierno nacional y la necesidad de avanzar en la unidad en torno a las verdaderas causas soberanas como condición no solo para enfrentar el ajuste y la entrega actual, sino para avanzar en un verdadero proyecto de emancipación nacional.
La visita dejo latente la conformación del Foro por la Soberanía Nacional en la provincia y la necesidad de participar en el segundo Encuentro Federal por la Soberanía que se realizará el 20 de junio en la ciudad de Rosario.
Más de 40.000 personas participaron de la Marcha que partió desde el Centro Universitario, en el Parque San Martín, hasta la Plaza Independencia en el centro de la Ciudad. Hay que retroceder a la gigantesca pueblada del agua, de fines de 2019, para encontrar una movilización popular de tal magnitud. Fue impactante y emotivo el apoyo y acompañamiento de trabajadores de sindicatos (de la CGT y las CTA), de la UTEP y otros movimientos sociales, y de autoconvocados. Padres y madres, estudiantes secundarios, personas de diferentes extracciones sociales y contradictorias posiciones políticas (votantes y opositores a Milei) acompañaron a autoridades, docentes, no docentes y graduados, porque siguen valorando la importancia de contar con una Universidad pública, gratuita, autónoma, laica, de calidad, plural e inclusiva.
La Marcha estuvo abonada por los debates, actividades, paros y resistencias previas, entre las que se destacan el Banderazo del jueves 11 de abril, donde unas 4.000 personas manifestaron en defensa de la educación, la investigación y la extensión de la Universidad Pública. Allí quedó plasmado el rechazo de gran parte de los presentes “a las gestiones del rectorado para incluir a la educación en el Pacto de Mayo de Javier Milei” (diario Sitio Andino). También fue clave la firme posición del Frente Sindical Universitario (FADIUNC, SIDUNCU y ATUNCU) para impulsar y sostener la Marcha frente a las maniobras y presiones para desactivarla.
La Jornada culminó en el Acto realizado en la Plaza, donde hablaron dirigentes estudiantiles de la FUC y de la FES, la secretaria de Siduncu (CONADU), la secretaria general de Conadu Histórica, y el Vicerrector de la UN de Cuyo.
El desafío político planteado para las organizaciones docentes, no docentes y estudiantiles pasa no solo por mantener la unidad lograda y reforzar la movilización, sino principalmente por desbaratar las maniobras en curso del radicalismo gobernante en la provincia, aliado de Milei. Eso implica ampliar el campo de lucha económica (presupuesto) al plano político e ideológico (una Universidad ¿al servicio de quién?, ¿qué contenidos?, etc.); no aislar nuestra lucha e inscribirla en el enfrentamiento general al plan de ajuste y entrega nacional.
Mesa debate con: Lautaro Cruciani. Secretario Gral. del Movimiento Evita Mza, Rolando Firmani. Secretario Gral. ATILRA Secc Mza. Secretario De Interior CGT Regional Mza. Secretario Político MPA Nestor Kirchner Mza. y -Facundo Guerra secretario Gral. del PCR Mza.
El pasado viernes 19 de abril se realizó el lanzamiento oficial del mes de la prensa del semanario Hoy en el salón de Unión Ferroviaria Mendoza. Una charla debate fué el marco para poder dar a conocer nuestro semanario y la revista Chispa de la JCR, y sobre todo para poder debatir sobre la situación política y las perspectivas para el pueblo. Estuvieron presentes camaradas, compañeros y compañeras aliados del campo popular, también referentes sindicales entre ellos el secretario Emiliano Diez secretario general del sindicato de docentes universitarios FADIUNC, quien en su intervención puso en común la situación en la universidad y los preparativos de la marcha del próximo 23.
Las exposiciones de los panelistas abrieron debate para que las y los presentes pudieran dar su opinión y sobre todo para plantear un camino de unidad que pueda unir todo lo posible de ser unido, estudiantes, jubilados, trabajadores rurales, docentes, mujeres, etc.
Sin dudas que el debate es necesario, sobre todo escuchar mucho a las grandes masas que hoy están confundidas. La situación de la universidad, los debates que se están dando al calor de la lucha muestran como hoy las calles empiezan a unir al pueblo en un reclamo contundente sobre la educación pública.
Queda claro que hoy las luchas van creciendo para repudiar la política de Milei, falta mucho pero el camino es la unidad en las calles para terminar con esta política que solo beneficia a la casta con el hambre del pueblo.
El gobierno le permitió a Mercado Pago cobrar las ayudas sociales desde su plataforma. Intentando justificar un claro negocio, Galperin (MP) dijo cínicamente: “Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”.
Por una parte, Galperin miente porque los beneficiarios de la AUH y los programas sociales nunca han tenido “intermediarios”, ya que se depositan en las cuentas bancarias de cada beneficiado. Ahora si habrá un intermediario (Galperín) que hará un gigantesco negociado utilizando la plata de los más pobres en la bicicleta financiera.
Por otra parte, es tal la hipocresía de este personaje, que esconde que su empresa fue una de las mayores beneficiadas por los subsidios del estado. Recibió por año cerca de 100 millones de dólares anuales. ¿Quién es el mayor subsidiado por el estado? La diferencia es que las ayudas sociales están destinadas a sectores vulnerables, a víctimas de violencia de género e incluían cooperativas de trabajo, comedores sociales, etc.
Ahora no solo se mantendrán los subsidios para Galperin, mientras se recorta toda ayuda social, se ajustan los presupuestos de educación y salud, sino que también le “entregarán” el negocio de especular con la plata de los pobres.
Una vez más Milei demuestra que sus políticas tienen beneficiarios: los grandes monopolios, y perjudicados: el pueblo. Superganancias para los de arriba a costa del hambre y la miseria de los de abajo.
El decreto de Milei y la nueva ley implican: privatización de empresas públicas, pérdida de derechos laborales, extranjerización de tierras, declive de la industria nacional por la apertura indiscriminada de importaciones, ataque a las libertades democráticas como el derecho a la protesta, etc.
La inmensa mayoría de las medidas favorecen a los monopolios locales y extranjeros y a la concentración económica en desmedro de los trabajadores, pequeños productores y el pueblo en general. La aprobación de la ley ómnibus y del DNU, representan un retroceso de más de 100 años de conquistas de derechos del pueblo argentino.
La ley le otorga a Milei facultades especiales en materia económica, política y social. Las mismas permiten que el presidente adopte medidas sin la necesidad de pasar por el Congreso, por ejemplo, podrá endeudar o aumentar impuestos en forma unilaterar.
Llamamos a enfrentar este tremendo avasallamiento a los derechos del pueblo que solo tendrán como consecuencia más pobreza para las mayorías, más riqueza para las minorías privilegiadas y un brutal ataque a nuestra soberanía.
A continuación, comentaremos algunos de los puntos más destacados de del DNU y de la llamada ley ómnibus:
Soberanía
-Eliminación de la ley de compre nacional, que favorecía a los proveedores locales en las licitaciones.
-Deroga la ley de tierras, que establecía un límite del 15% de las tierras para los propietarios extranjeros. Si bien la ley nunca fue retroactiva y fue modificada por el macrismo, constituía en la actualidad un límite a la extranjerización de tierras. Entre sus artículos planteaba la prohibición de que extranjeros sean propietarios de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera.
-Propone el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino, lo que implica liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina.
-Deroga la ley de endeudamiento, que sostenía que nuevos endeudamientos extranjeros tenían que ser aprobados por el Congreso, para evitar acuerdos como el que Macri realizó con el FMI.
Privatizaciones
Son 41 empresas «sujetas a privatización»: YPF, Banco de la Nación, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, la administración general de puertos, entre otras. A la vez, se elimina la figura de sociedades estatales transformándolas en sociedades anónimas.
Muchas de estas empresas prestan servicios esenciales y estratégicos que no pueden solo regularse por el criterio de la ganancia, sino por la necesidad de otorgar servicio a la comunidad. Estas empresas controlan o regulan bienes estratégicos o fundamentales para la soberanía del país. A la vez, muchas de ellas tienen superávit comercial. Las privatizaciones ya la vivimos en los 90°, desguazaron y vaciaron las empresas dejándolas al borde de la quiebra y retrocediendo en la calidad de los servicios.
Desregulación económica
El proyecto y el DNU, buscan eliminar todas las normas (que aunque precarias) regulan la actividad económica. Modifica el código aduanero, eliminando los aranceles a las importaciones, licitaciones y normativas esenciales para la importación/exportación, lo que impactará en la destrucción de la industria nacional y de las economías regionales.
-Elimina los cupos de exportación y la necesidad de abastecer el mercado interno (podrán exportar combustibles, carnes, etc, sin límites).
-Favorece con reducciones impositivas y otras facilidades el ingreso de capitales extranjeros (proyecto grandes inversiones), promoviendo el saqueo y la entrega.
-Deroga la “Ley de Abastecimiento”, que permitía regular la comercialización, imponer sanciones ante situaciones de desabastecimiento y especulación por parte de los monopolios, establecer precios máximos y mínimos, etc.
-Elimina la “Ley de Góndolas”, que impedía que una empresa no tuviera más del 30% de los productos en las góndolas.
– Elimina el “Observatorio de Precios”, que permitía monitorear los precios en toda la cadena productiva y comercial.
-Derogación de las regulaciones de las producciones regionales (azúcar, yerba, algodón, olivicultura, vitivinicultura, etc), suprimiendo las escasas normativas existentes (precios, cupos de producción, contratos, comercialización, etc).
-Faculta a la Secretaria de Energía a redefinir los precios y subsidios de electricidad, gas y barril de crudo, posibilitando el anunciado tarifazo.
“Liberalización” y mercantilización
El proyecto y el DNU, plantean que no tiene que haber ninguna regulación para ámbitos de comercialización, contratos, favoreciendo a los monopolios y los grandes capitales.
-Elimina la “Ley de Alquileres”, beneficiando aún más a los propietarios e inmobiliarias, posibilitando contratos en moneda extranjera, y permitiendo que los propietarios definan plazos y montos, etc.
-Permite que los clubes deportivos se transformen en SA, mercantilizando aún más el deporte; lo que implica que las entidades deportivas dejaran de ser de sus socios.
-Desregula los contratos de señales satelitales, permitiendo el ingreso de monopolios extranjeros como el de Elon Musk.
-Introduce la Ley de “cielos abiertos”, para que las empresas monopólicas accedan a las distintas rutas aeronavegables sin restricción.
-El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito (ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios), beneficiando las entidades financieras y en perjuicio de los usuarios. También se elimina la cuenta sueldo y sus beneficios de gratuidad.
Laborales
-Deroga la actualización automática de jubilaciones y pensiones, que aumentan por decreto.
-Modifica la Ley de Contrato de Trabajo y el Principio de Inrrenunciabilidad, permitiendo que las partes acuerden pautas (jornada, salario, aportes, etc) fuera del convenio colectivo de trabajo. Esto implica que las empresas tendrán un poder de extorsión muy grande sobre el trabajador y barre con un siglo de conquistas laborales.
-Reduce indemnizaciones por despidos, eliminando distintos ítems que eran considerados anteriormente como el SAC. A la vez, crea la opción de indemnización por el Fondo de Cese Laboral al estilo UOCRA. Se elimina la doble indemnización para situaciones paraticulares.
-Eliminan las horas extras, posibilitando la creación de un banco de horas, que no contarán con un valor especial.
-Se crea la figura del “trabajador independiente” con colaboradores. Permite que un trabajador “autónomo” pueda contar con cinco “colaboradores” sin que supuestamente haya relación de dependencia. De esta forma se avanza en los contratos informales, donde los trabajadores siguen siendo “autónomos” como venían exigiendo las aplicaciones digitales.
-Elimina la responsabilidad solidaria, que implicaba que las empresas centrales que contrataban a empresas terceras (tercerizadas), tuvieran responsabilidad compartida en la situación de los trabajadores tercerizados.
-Eliminan o reducen multas por trabajo no registrado, favoreciendo en los hechos el mismo.
-Permite el pase a disponibilidad de los trabajadores estatales por un año, en las áreas que hayan sido reestructuradas o eliminadas.
-Extensión de los contratos de prueba de 3 a 8 meses. Se elimina el artículo que planteaba que este periodo se computara como tiempo de servicio.
-Se deroga la prohibición que impedía a las agencias de colocación, proveer trabajadores para la realización de actividades laborales.
Ambientales
-Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas protegidas y de gran importancia para los ecosistemas, y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones dejándola casi insulsa.
-Altera la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares, lo que implicaría una catástrofe ambiental en momentos de escases mundial de agua.
-Elimina la Ley de Manejo de Fuego, que incluía normativas y presupuestos para proteger las zonas afectadas por incendios (por ejemplo, impidiendo su comercialización inmediata ante el loby que impulsaba la deforestación).
Educación
-Plantea distribuir el presupuesto universitario en función de la matrícula de cada carrera y del tiempo de egreso de los estudiantes. Modifica los requisitos de ingreso posibilitando los exámenes restrictivos. Arancela la educación «de extranjeros no residentes». Posibilita los acuerdos lucrativos de las universidades con el sector privado.
-propone la evaluación docente cada 5 años (sin especificar sus alcances) y examen evaluatorio al final del ciclo secundario para los estudiantes. Se propone difundir los resultados estandarizados por escuela, abriendo la posibilidad de establecer políticas discriminatorias según los resultados académicos.
Salud
-Pierde el Ministerio de Salud (hoy secretaria) su rol de regulador y controlador de las prepagas. Se “libera” el precio de las medicinas prepagas y los criterios para establecer sus actualizaciones, como la posibilidad de establecer canones especiales para usuarios indeseables por edad o historial médico.
-Desregula los laboratorios públicos, que fueron lo que más aporte hicieron en el programa REMEDIAR que garantizaba acceso a medicamentos esenciales.
-Perjudica a las obras sociales (en beneficio de las prepagas) que podrían recibir peores servicios por el desfinanciamiento de las mismas que supone el DNU.
Criminalización de la protesta
-La ley plantea que una reunión de tres o más personas puede entenderse como una “manifestación”, lo que requiere “permiso” del ministerio de seguridad.
-Limita el derecho a huelga según el servicio o producción. Las actividades consideradas “esenciales” tienen que garantizar el 75% del servicio (salud, educación, servicios públicos, etc) y las “transcendentales” el 50% (bancos, transporte, producción de alimentos, etc).
-Eleva las penas por corte de ruta (de 2 a 5 años) o por convocar a cortes de rutas (de 2 a 6 años), transformándolas en no excarcelables. También elevan las penas por protestas en lugares de trabajo, como piquetes en puertas de fábricas.
Mujeres y diversidades
-Elimina el Ministerio de Mujeres y Diversidad y se crea una secretaría de “protección contra la violencia de género”, desvirtuando y limitando su carácter, alcance y presupuesto.
-Propone acotar la Ley Micaela solo para funcionarios en áreas vinculadas. Antes implicaba la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
-Modifica la Ley de los Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia. Cambia conceptos como «violencia familiar» en vez de violencia de género que incluía distintos ámbitos sociales. Introduce el término “mujer embarazada” en vez de “persona gestante” que incluía a las diversidades. Incorpora la figura de «niños por nacer» en discrepancia con la ECI y la IVE.
-Se elimina el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Cultura
El proyecta deroga el Fondo Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y reemplaza el mecanismo de asignación de fondos de las Bibliotecas Populares. Desfinancia el INCAA y el Instituto Nacional de la Música (Inamu).
Tenemos una dufícil situación por delante, sobre todo de mucho debate con nuestras amigas y amigos, compañeras y compañeros de los distintos lugares de trabajo, en cada barrio, en cada escuela, facultades, fábricas, fincas, etc. Para esta batalla es clave llenarse de argumentos, estudiar el DNU y la Ley ómnibus, explicar el gigantesco peligro que representa para el pueblo y la Patria, y mostrar un camino de unidad y lucha para enfrentarlo.
