Un nuevo escándalo de corrupción, afectando directamente al presidente Temer, estalló en Brasil.
Se conoció una grabación en la que Temer negocia un soborno ante los dueños del grupo frigorífico JBS, para comprar el silencio de un diputado preso desde octubre del año pasado.
El Supremo Tribunal Federal (STF) anunció que autorizó la apertura de una investigación contra Temer por presunto intento de obstrucción de la Justicia. Inmediatamente, por las redes sociales, se convocó a nuevas protestas contra el presidente. En San Pablo, miles de manifestantes se concentraron en la Avenida Paulista exigiendo la renuncia de Temer y la convocatoria a elecciones directas. También se producían concentraciones en otras ciudades, al momento de escribir esta nota, 21 de mayo.
Pese a que se suponía que Temer, cuyos índices de aprobación se calculan entre un 4 y un 9%, según las consultoras, iba a renunciar, pasó a la contraofensiva, diciendo que las grabaciones estaban fraguadas.
Más allá de sus contradicciones, un sector de las clases dominantes brasileñas están interesadas en que Temer complete “sus tareas”. Las reformas de Temer están en un momento clave: la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley laboral que modifica la normativa de 1943 y deja en manos de los trabajadores y no de los sindicatos la negociación salarial, además de reducir las obligaciones patronales y evitar la justicia laboral. También se quiere aprobar un régimen de tercerizaciones.
El sistema de jubilaciones y pensiones tiene que ser modificado a través de una enmienda constitucional: el tema está en comisión y debe ser votado en mayo. Aumentan, en promedio, de ¡30 a 40 años!, los aportes necesarios para tener la jubilación completa.
Tanto el ex presidente Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), como sus ex aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño PMDB, al cual pertenece Temer, como sus opositores, como Aecio Neves del Partido Socialdemócrata Brasileño PSB, y decenas de legisladores nacionales o estaduales, ministros y ex ministros, están acusados de corrupción en el llamado Petrolao, o Lava Jato.
Esta causa comenzó en el 2014, con la investigación de la corrupción en Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil. Ahí se pagaron coimas millonarias por parte de empresas de la construcción, particularmente Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, que actuaron cartelizadas, es decir, de acuerdo, para repartirse fabulosos contratos de la petrolera. Pagaron a funcionarios del gobierno y de la oposición.
La legislación brasileña permite bajar condenas y dar detención domiciliaria si se denuncia a los que recibieron coimas. Las condenas no son sólo a políticos sino también a directivos de las empresas. Así Odebrecht hijo, condenado a prisión, está delatando coimas no sólo en Brasil sino en toda América Latina.
La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar las denuncias de corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales. Ahora la denuncia del grupo JBS también alcanzó a Lula y Dilma.
En el trasfondo de la crisis política se encuentra la crisis económica que afecta a Brasil. El PBI cayó 3,8% durante 2015 y 3,6% en 2016. Una caída significativa dos años seguidos no se veía en Brasil desde la crisis del 30. La devaluación del real alcanzó un 48% durante el 2015. El desempleo ya alcanzó un 13,2% según las estadísticas oficiales, es decir 13,5 millones de desocupados. Ya en el 2012 el PBI de Brasil había crecido sólo un 0,9% y desde entonces el gobierno de Dilma Roussef aplicó una serie de medidas de ajuste antipopular como reacción a los efectos de la crisis internacional y los problemas estructurales de la economía brasileña. Estos problemas fueron agravados por una prolongada sequía. Pero el PBI y el real siguieron bajando, mientras la desocupación fue en aumento. Se gestó entonces un golpe institucional, que destituyó a Dilma y puso a Temer en la presidencia.
La huelga del 29 de abril
Los trabajadores y el pueblo brasileño están de pie ante esta situación. Además de las manifestaciones callejeras y diversas expresiones de lucha que ya habían comenzado durante el último Mundial de Fútbol, el 29 de abril se realizó una huelga general convocada por centrales obreras como la CUT, sindicatos y movimientos sociales, contra “las reformas de Temer y los banqueros”. Es decir, contra las reformas en el régimen de jubilaciones, laboral, y contra las tercerizaciones. Hubo concentraciones en las más importantes ciudades.
En San Pablo pararon el transporte y los metalúrgicos, bancarios, profesores, estatales, etc. El acceso al aeropuerto fue bloqueado por el Frente Pueblo sin Miedo. 70.000 personas participaron en una marcha hasta la residencia de Temer. Río de Janeiro, Porto Alegre, Pernambuco, Belo Horizonte, Goais, fueron escenarios de lucha. En estas dos últimas ciudades se llegó a 100.000 manifestantes.
La protesta incluyó a sectores directamente afectados por las reformas, como los pequeños comerciantes, los docentes de la red privada y colegios religiosos. Tuvo el respaldo de gran parte de los obispos de la Conferencia Episcopal brasileña. También adhirieron las iglesias evangélicas.
La votación en el Senado de la reforma laboral podrá demostrar el alcance de la huelga. Es por eso que el gobierno retiró cargos a los aliados de diputados que habían votado contra la reforma y eran considerados de la base oficialista.
Según el presidente de Unidad Popular, Leonardo Pericles, la gran adhesión a la huelga ayudará a cambiar la correlación de fuerzas en la lucha contra las reformas.
Ahora, con los mismos objetivos está llamada una Marcha a Brasilia para el 24 de Mayo. También habrá concentraciones en distintas ciudades. Una vez más, la cuestión es quién paga la crisis.
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Irene Alonso para Hoy
