La crisis económica y social
La inflación de 6,7% de marzo fue la de mayor registro en los últimos 20 años. Este indicador refleja la grave crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Si bien bajo la pobreza unos puntos, se mantiene en niveles sumamente alarmantes (37% y 8% de indigencia). Cada punto de estos indicadores representa 467 mil personas, no son números abstractos, son familias que no llegan a fin de mes o no tienen para comer. Según los datos (elaborados sobre parámetros muy bajos que no incluyen por ejemplo el ítem de alquileres) una familia de 4 personas necesita 89 mil pesos para no ser pobre y 39 mil para no ser indigente.
A pesar de los discursos de “orden y progreso” del gobernador Suárez y del mandamás Cornejo, la situación en Mendoza es aún más grave que la nacional, la recuperación económica es más baja y los ingresos menores que la media nacional. La pobreza alcanzó en la provincia casi al 45%, es decir 7 puntos más que la del país.
Hay una recuperación económica escasa, muy concentrada en pocos sectores, si bien hay trabajo, crece el empleo en negro o informal (turismos, comercio, construcción, agro) con ingresos más bajos que los formales o en blanco y más precarizados.
El acuerdo con el FMI y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, agravarán la actual crisis. Aparte de las exigencias de ajuste del gasto (hacía bajo y no hacía arriba) y tarifazos, el Fondo ya plantea reformas estructurales que implican eliminar derechos y conquistas sociales.
Crisis para los de abajo, ganancia para los de arriba
Mientras la jubilación mínima se mantiene en 32 mil pesos y el salario promedio de un trabajador es de 55 mil, ambas cifras muy por debajo de la canasta familiar; un grupo de grandes monopolios tuvieron ganancias records: grandes exportadores de soja y alimentos, grandes petroleras, bancos y grupos especuladores, entre otros. Son los que fugaron el préstamo del FMI y que se benefician con las subas de los precios internacionales por la guerra, mientras la inmensa mayoría del pueblo paga las consecuencias de la estafa macrista y de la suba de los precios.
Por ejemplo, si tomamos el caso de la soja paso de 300 dólares la tonelada antes de la pandemia a 600 dólares en la actualidad. Lo mismo paso con el maíz que trepo de 150 a 450 dólares. Las empresas de agronegocios liquidaron el mes pasado 2.984 millones de dólares, fue el mejor marzo de los últimos 20 años. Estos grupos a pesar de ganar millones presionan para bajar retenciones y aumentar el precio de los productos a los valores internacionales, como es el precio de la carne que hoy se paga a más de 5 dólares el kilo y ha condicionado el precio nacional.
El peligro de la derecha y las ideas reaccionarias
Ante la difícil situación, vuelven a surgir los voceros del ajuste y la dependencia concentrados mayoritariamente en Juntos por el Cambio y en personajes fogoneados como Milei. Son los sectores que mientras gobernaron avanzaron en el ajuste y la entrega (ataron al país a potencias externas como EEUU e Inglaterra, endeudaron a la nación con el FMI, permitieron la fuga de capitales y la timba financiera, apoyaron el golpe de Bolivia, aplicaron un brutal tarifazo, intentaron avanzar en la reforma jubilatoria, etc). Durante la pandemia cuestionaron las medidas preventivas y de cuidado, hicieron campaña contra las vacunas y promovieron cacerolazos contra las medidas del gobierno. Como muchos compañeros/as dicen ¿qué hubiera pasado si Macri gobernaba durante la pandemia?
Ante la difícil situación, estos grupos junto a los medios de comunicación hegemónicos han metido una serie de ideas sobre el problema del país y han promovido propuestas desastrosas que han tenido eco en amplios sectores de la población y que hay que ubicar y contrarrestar con argumentos.
-Dicen: el problema es el gasto del estado y sobre todo los planes sociales: el “gasto” en toda la política social (AUH, tarjeta alimentar, seguro desempleo, potenciar trabajo, etc) representa sólo el 4% del presupuesto nacional[1]. Aunque son insuficientes, estas políticas han permitido contar con ayudas para enfrentar el desempleo y las graves urgencias sociales y organizar una red de solidaridad comunitaria como se evidenció en la pandemia con los comedores barriales. Los voceros de Cambiemos han metido la idea de que los planes generan vagos y evitan el trabajo (utilizando los malos ejemplos de algunas organizaciones funcionales) tratando de enfrentar a trabajadores y desocupados, es decir a pobres contra pobres. La desocupación estructural es producto de las políticas que históricamente han impulsado los sectores que representa Cambiemos que, a la vez, son los que se oponen a desarrollar políticas de soberanía y trabajo. Los planes dejaran de ser necesarios si se desarrollan políticas genuinas de trabajo y si hay una verdadera recomposición salarial, que rompa con el falso dilema de optar entre sueldos miserables y en pésimas condiciones, o mantener planes que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
Para estos sectores el problema es que se “gasta” mucho en los pobres, pero con la excusa de los planes, de fondo buscan cuestionar las partidas para salud, educación y jubilación. Milei dijo que las universidades hay que cerrarlas porque son un gasto y lugares de adoctrinamiento. Macri transformó el Ministerio de salud en una secretaria y redujo su presupuesto. El FMI planteo cínicamente que “en Argentina hay muchos jubilados y cobran haberes muy altos”.
Estos sectores ven el problema en los que cobran 7 mil pesos en una AUH o 32 mil pesos en una jubilación, pero ocultan (porque defienden sus intereses) que el verdadero agujero presupuestario lo representa los gastos en los grupos a los que ellos defienden. Los pagos de interés por la fraudulenta e ilegítima deuda externa han representado históricamente un 10% del presupuesto nacional. Los bancos y grupos especulativos fugaron cerca de 400 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri (casi todo un PBI anual) y hacen fortunas con las Leliq, que consume cerca de cien mil millones de pesos al mes. El gobernador Suárez redujo a la mitad las regalías hidrocarburíferas (del 12 al 6%) y estableció un subsidio del 40% para las inversiones en petróleo y gas[2]. El estado paga 60 dólares el barril criollo de crudo cuando su costo no supera los 20 dólares. La pregunta es ¿quién vive del estado?
Dicen: para sacar al país adelante hay que traer “inversiones extranjeras”: es decir plantean reforzar la dependencia de nuestro país con los monopolios extranjeros (agroexportadores, petroleros, mineros, etc), que son los responsables del saqueo de nuestras riquezas, de la contaminación de nuestro suelo, y de la explotación y precarización de los trabajadores.
Pero por sobre todo las cosas, los monopolios extranjeros junto a los grandes terratenientes latifundistas (grandes poseedores de tierra), han deformado nuestra economía impidiendo un verdadero desarrollo nacional, privilegiando el mercado externo sobre el interno, impulsando el monocultivo exportable en vez de una agricultura vinculada al consumo local, la importación de manufacturas en vez del desarrollo de la industria nacional.
En el país de las inversiones extranjeras, el principal cultivo es la soja que se exporta en un 95% y condiciona al resto de la producción. En el país de la dependencia, se estimula una industria condicionada o del ensamble, donde la mayor parte de los componentes del producto final son importados. Basta pensar en la producción tecnológica, maquinaria, herramientas, insumos agrícolas, etc. Por ejemplo, se calcula que en la industria automotriz el 70% de sus componentes son importados. Llegamos a exportar materia prima como el potasio para importar posteriormente los fertilizantes elaborados con ese producto.
La concentración y extranjerización de la economía es tal que de las 100 empresas que más facturan en el país, 78 son extranjeras. En el sector de alimentos 18 fabricantes de un total de 260 controlan el 60% del mercado. Las 10 principales agroexportadoras concentran el 90% del comercio de granos y son las que hoy están protestando por el aumento de las retenciones. El 2% de los grandes terratenientes tienen el 54% de la tierra en Argentina y 18% están en manos extranjeras. De esta forma la tierra se concentra en pocas manos e impide que la misma sea un medio accesible para vivir y trabajar.
Es decir, Juntos por el Cambio (o Juntos por la Entrega mejor dicho) proponen profundizar el ingreso de los grupos económicos que son responsables estructurales de nuestros problemas.
Dicen: hay que hacer reformas estructurales para reducir la intervención del Estado y facilitar el ingreso de las inversiones extranjeras: estos grupos buscan reducir la intervención del Estado en favor del mercado controlado por los grandes monopolios, es decir dejar librado a que los grandes grupos económicos impongan las reglas de juego, donde prevalecen las corporaciones sobre las PyMES, los intermediarios sobre los productores y los formadores de precio sobre los consumidores.
Entre otras cosas, para los Macri esto quiere decir eliminar aún más las trabas para el ingreso de productos importados (una de las grandes exigencias de los monopolios) lo que implica agudizar la crisis de la industria nacional y las economías regionales. Eliminar retenciones a las exportaciones en general (no segmentándolas) favoreciendo aún más a las grandes corporaciones con la excusa de que estas “traban” la inversión en el campo. Eliminar los controles de precio y la escasa intervención del Estado en la producción y comercialización. Esta idea de terminar con todo tipo de regulación llega al extremo de plantear la dolarización completa de la economía[3] (como lo ha propuesto Milei, Cobos y diversos dirigentes de Cambiemos), lo que implica sepultar cualquier tipo de control soberano de nuestra economía y quedar atado a los destinos de EEUU, experiencia que ya vivimos con la convertibilidad y que termino con el estallido del 2001.
Y cundo hablan de “reformas” lo que verdaderamente plantean es eliminar los derechos adquiridos en años y años de lucha. Ya en su gobierno Macri había planteado las cinco reformas fundamentales para ellos: trabajo, jubilación, salud, educación y política. Bajo el término de reforma laboral, se plantea eliminar los convenios colectivos y que los empresarios negocien directamente con cada trabajador cuánto le paga, cuánto trabaja, de qué forma y en qué horarios, entre otras desastrosas cosas (eliminar indemnización por despido, avanzar en la precarización y tercerización del trabajo como el modelo delibery). Cuando hablan de reforma jubilatoria plantean subir la edad jubilatoria (hoy 60 mujeres, 65 hombres) y avanzar en sistemas privados como los AFJP que implicaron un brutal negociados para los privados y las estafas para millones de jubilados (este modelo jubilatorio fue una de las causas del estallido en Chile, en donde un jubilado cobraba con suerte un tercio de su sueldo activo). Cuando hablan de reforma de la salud y la educación, de fondo lo que buscan es terminar con el sistema público y gratuito y avanzar en formas de arancelamiento y privatización. Con reforma política y bajo el planteo del gasto de la política (que tiene aspectos reales como los altos haberes de funcionarios y jueces y el sistema podrido que ellos defienden) de fondo lo que buscan es avanzar en el control político y jurídico como se evidencia en las maniobras realizadas en el Concejo de la Magistratura. En general buscan volver a una Argentina de hace 100 años atrás sin derechos para el pueblo.
La debilidad del gobierno y la crisis política
Las propuestas de Junto por el Cambio agravarán drásticamente la situación económica y social. Sin embargo, las actuales políticas del gobierno nacional (que se agravaran por el acuerdo con el FMI), no sólo son ineficaces para enfrentar la embestida de los sectores más conservadores, sino que actualmente permiten descargar la crisis en la espalda del pueblo y la producción nacional.
Desde el PTP somos parte del Frente de Todos, pero no somos parte del gobierno. Peleamos por mantener unido el Frente de Todos y por avanzar en una salida popular. No somos ni cristinistas, ni albertistas, es decir no apoyamos a uno contra otro, aunque no somos indiferentes a las discusiones planteadas, por lo que sostenemos que es imprescindible medidas de emergencia que resuelvan las graves urgencias del pueblo y la patria, y para esto es clave la organización y lucha del pueblo. La grave situación no se resolverá con personalismos o candidaturas sino con proyectos y políticas verdaderamente nacionales y populares.
Tenemos la cualidad de poder abordar el gigantesco debate con independencia, criticando lo incorrecto del gobierno, advirtiendo y mostrando el peligro del macrismo, y argumentando en la necesidad de sumar al proyecto de soberanía, trabajo y producción que venimos impulsando desde abajo.
Medidas de emergencia
En este sentido, desde el PTP/PCR sostenemos que hay un camino para resolver la grave crisis, adoptando medidas de emergencia a nivel provincial y nacional que impulsen el trabajo y la producción nacional como condición para enfrentar la inflación y la pobreza. Síntesis y expresión de nuestras 10 medidas nacionales[4].
1 Revisión del acuerdo con el FMI: que legitimó la estafa macrista, ni un solo dólar se usó para beneficio del pueblo y la patria. Los 44 mil millones de dólares del préstamo son equiparables a un plan de 2 millones de viviendas. Rechazar las imposiciones de ajuste y entrega que plantea el Fondo (aumento de tarifas, ajuste presupuestario, reformas). Suspender e investigar esta deuda, recuperar los fondos mal habidos, y castigar legal y económicamente a los responsables.
2 Que paguen los que la juntaron con pala: Establecer el impuesto a las grandes fortunas en forma permanente en camino a una reforma impositiva con impuesto progresivos a las superganancias y rentas y diferenciados para las PyMES, productores y trabajadores. En Mendoza se presentó un proyecto para gravar a las 100 empresas que más facturan concentran la mitad de la producción provincial[5]. En la provincia aumentar las regalías hidrocarburíferas a un 25% (hoy están en 6%). Terminar con los subsidios a las grandes y destinarla a proyectos de vivienda y trabajo.
3 Enfrentar la inflación: Desacoplar los precios nacionales de los internacionales, terminar con la fuga de capitales y sacar los pesos de la especulación y volcarlos a la producción. Acabar con el chantaje de los “precios del mercado mundial”; precios y tarifas basados en el costo de producción nacional. Creación de Juntas de productos y alimentos (o proyectos provinciales similares como el ente regulador de la producción hortícola[6]), para garantizar un precio sostén a los productores, terminar con la especulación y el saqueo de los exportadores e intermediario y garantizar alimentos accesibles al pueblo. No es posible que los productos tengan recargas entre 5 y 10 veces de lo que se paga al productor.
4 Soberanía y desarrollo nacional: Recuperar nuestras riquezas y empresas estratégicas como el petróleo, litio, ferrocarriles, hidrovía, etc.Por una YPF 100% nacional (hoy YPF controla la mitad del petróleo y menos de un tercio del gas y la mitad de esta empresa está en manos de capitales privados). Impulso a la producción nacional y sustitución de importaciones. En el ámbito provincial reorientar la megaobra de Portezuelo del Viento para destinarla a la realización de obras indispensables para agua, riego, energía, como se solicita en pedido de múltiples organizaciones[7].
5 Defensa del trabajo y el salario: Reapertura de paritaria y aumento de emergenciade salarios y jubilaciones acorde a la canasta familiar para contrarrestar la embestida inflacionaria. Aprobar el Programa de “Tierra, Techo y Trabajo[8]” o de “Trabajo y Vivienda” provincial que implican plan de soluciones habitacionales y nuevas viviendas, acceso a lotes para producir y vivir, y generación de fuentes de trabajo.
PTP / PCR de Mendoza
9 de mayo 2022
[1] https://www.economia.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/seccion2.php#seso
[2] http://ptpmendoza.com.ar/politica/mal-acuerdo-para-la-provincia-con-ypf/
[3] http://ptpmendoza.com.ar/notas/una-entrega-sin-limites-julio-cobos-planteo-dolarizar-la-economia/
[4] 10 medidas del PCR/PTP: https://pcr.org.ar/nota/medidas-para-enfrentar-las-crisis-con-el-protagonismo-del-pueblo/
[5] Proyecto presentado en la Legislatura provincial: https://drive.google.com/file/d/1plP73sgFkG-i0UX_Le95PoSKx16GHFXb/view?usp=sharing
[6] Proyecto de Ente regulador: https://drive.google.com/file/d/1TMlG6mhRwf9SjUs3FLPCBTtCqKC1FqLV/view?usp=sharing
[7] Propuesta de reorientación de Portezuelo del Viento: https://drive.google.com/file/d/1iypSMDDm0kkWBFS0M7EHlD0urvtcBtwz/view?usp=sharing
[8] Proyecto completo presentado por las organizaciones sociales en la Legislatura de Mendoza: https://drive.google.com/file/d/1xgK8CHVwad_sc3WmGWBYaj0yDemP7uWM/view?usp=sharing