Una reflexión motivada en el artículo de Miguel Blanco (en Diario Los Andes el 13/2/21). Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia.
¿Cuántos tambos, frigoríficos, avícolas y nuevas chacras está pensando el gobierno provincial (Suarez) en impulsar? Se ha puesto en la agenda la inflación que no para. Es una buena oportunidad para discutir el rumbo que debemos fortalecer para que no se profundicen los graves problemas económicos y sociales que atravesamos como país y provincia. Cuáles son las clavijas que el gobierno nacional debería apretar para salir del estancamiento. Y cuáles son las medidas que el gobierno provincial tiene a su alcance para ayudar en ese sentido.
Advierto que el tema de la inflación, que nos crespa a todos, es aprovechado por los grandes cerebros del liberalismo económico y político para volver sobre recetas ya probadas por Domingo Cavallo, el FMI y demás actores del gran empresariado nacional que en realidad nunca tuvieron efectos positivos para nuestro pueblo. Miguel Blanco en su artículo empieza afirmando que “los empresarios no crean la inflación”. Es una media verdad, porque hay empresarios (los menos), que sí se benefician y la estimulan, mientras el resto es víctima de la misma. Según el lugar que cada uno tenga en el aparato productivo del país será su mirada. Empecemos por los bancos, que como agentes que se benefician con la circulación del dinero, han ganado sistemáticamente en todos los procesos inflacionarios. Los monopolios formadores de precios, como sucede en el agronegocio exportador, el petróleo y el acero también se han beneficiado, porque sus costos en pesos se licúan con la inflación mientras sus ingresos asegurados por tener cooptada cierta franja del mercado se incrementan. Los exportadores obviamente se benefician con la depreciación de los pesos con los que pagan sus costos, frente al dólar que reciben por sus ventas en el extranjero.
Hay dos trincheras en el análisis económico: los que tiran de la cadena de la exportación de productos con ventajas comparativas, y los que tiramos del carro del mercado interno. En el primer esquema no entran los 40 millones de argentinos. En el segundo sí. Y en el análisis de la inflación esas trincheras se expresan de esta forma: los liberales se limitan a hablar de bajar la emisión monetaria, y bajar el déficit fiscal. Además creen que un aumento salarial va directo a generar inflación. Un análisis integral, en cambio, ubica que un aumento de la producción acompañado a un aumento del consumo (acompañado con el lubricante de la emisión monetaria correspondiente) no debería generar inflación. Si hay inflación es porque hay trabas para el aumento de la oferta de bienes producidos en el país. Esas trabas son la propiedad latifundista de la tierra que impide el acceso a nuevos actores agrarios, la falta de acceso al crédito de los pequeños industriales, los salarios deprimidos en los sectores económicos concentrados que destinan no más de un 8% de su facturación a salarios (los popes de la industria alimenticia, energética, los bancos, etc). Esto último fue estudiado por muchos economistas al observar que gran parte de las ganancias capitalistas no volvían a ser invertidas en la producción, en cambio la totalidad de lo pagado en salarios sí iba al consumo, moviendo la rueda de la economía. Por eso aumentar salarios bajando ganancias en los sectores concentrados es una medida que hay que tomar para salir de las crisis de estancamiento. Desde los que hacemos el planteo mercado internista con los trabajadores como sostén principal de ese modelo, tenemos en contra el poder fáctico de los dueños de la Argentina. Por eso, el gobierno nacional tiene que colocarse claramente de un lado y tomar medidas con firmeza.
Volviendo al análisis de Miguel Blanco, éste califica como un fracaso todos los intentos de controlar precios de los productos de la canasta básica. Pero se olvida de mencionar la política industrialista del peronismo de 1945-55 que tuvo una inflación moderada en 18,7% promedio, y que gracias al control del comercio exterior, el Instituto para la Promoción del Intercambio -IAPI- y las juntas reguladores de ciertos precios estratégicos como los granos y la carne se pudo sostener una industrialización junto con mejorar el nivel de vida de los argentinos. Tiene razón Blanco cuando dice que el hecho de poner precios máximos y desatender la oferta, con el ejemplo de la liquidación de vientres bovinos que hubo durante el gobierno de Cristina Kirchner cuando se desplazó a los sectores ganaderos beneficiando a los sojeros terminó con pocas vacas y precios altos de la carne. Es por eso que una solución debe ser integral: se debe promover el acceso a la tierra y al capital a amplios sectores de pequeños productores, con acceso al crédito, asegurándoles precios rentables a sus productos, limitar las superganancias de los exportadores controlando el comercio exterior, y así sostener la moneda nacional con base en un aumento permanente de la producción de alimentos apuntalando a su vez la industrialización del campo. No podemos conformarnos en ser el granero del mundo. Tenemos que industrializar toda la cadena productiva. Y como esto choca con los intereses estratégicos de las potencias, hay que tener la suficiente dignidad nacional para no claudicar estos intereses en las giras internacionales por más dólares o yuanes que nos ofrezcan como “préstamos del desarrollo”. En el plano local no podemos aceptar una minería como la planteada en su momento con la empresa Vale, que se propone llevar la materia prima para ser industrializada fuera del país. Lo mismo puede pasar si ahora nos proponemos exportar petróleo crudo como solución a la falta de divisas. Volviendo al artículo de Blanco, como buen liberal que ve sólo el gasto del Estado, mientras nada dice del accionar de los dueños de la Argentina, termina proponiendo ajuste fiscal como la clásica solución de manual. Nosotros enfocamos el problema en aumentar la oferta de bienes y servicios, acompañada de una distribución de los ingresos para lograr un crecimiento con desarrollo humano. Dicho en términos económicos, un keynesianismo (política de Néstor y Cristina K) que impulse la demanda puede ser el inicio de un aumento en la oferta, pero debe necesariamente ser complementado con medidas que destraben el acceso a los factores de producción, hoy prohibido a amplios sectores de la economía, junto con salarios acordes a la canasta familiar (el 75% de la población es asalariada), y captación de las rentas monopólicas del agronegocio, del petróleo, las comunicaciones, etc. como fuentes de recursos genuinos para afrontar los gastos sociales y sanitarios que el momento actual exige. La falta de ese tipo de políticas creo que es la explicación de porqué el país dejó de crecer desde el 2011 hasta la actualidad. Pero enfoquemos el problema provincial, que es donde nuestro accionar puede tener alguna incidencia. Si queremos contribuir con bajar la inflación hablemos de aumentar la oferta de alimentos en todos los cordones verdes de la provincia. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018 Mendoza tiene un 4,5% de su superficie implantada, y otro 4,2% apta para el cultivo pero inculta. Son 250.600 hectáreas (muchísima tierra) que deberían ser puestas bajo la lupa de políticas que ayuden a ponerlas en producción mediante la creación de un banco de tierras fiscales o en comodato.
El Gobernador debería informarnos sobre cuáles son las parcelas disponibles para ponerlas en producción: los movimientos sociales agrarios están dispuestos a trabajarlas. Otra medida que el Gobernador debería tomar es la creación de una banca provincial para captar el ahorro mendocino y volcarlo a la producción, evitando que sea una caja de negocios de los 10 empresarios amigos del poder. Esto serviría para recuperar las empresas agroindustriales en quiebra, que deberían ser rescatadas y protegidas ante las importaciones extranjeras. Siempre privilegiando a los trabajadores que las han sostenido con su fuerza de trabajo. Acompañando estas medidas que estimulan la oferta, es necesaria una reforma impositiva que alivie el consumo (sacando el IVA de los productos de la canasta familiar) y suba impuestos a las grandes fortunas, haciendo permanente la contribución que planteó el Frente de Todos y se aprobó en el Congreso de la Nación en diciembre del 2020.
Escribe: Nicolas Guillén, sociólogo- Mayo 2021