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Estamos viviendo una nueva pueblada por el agua

La lucha contra la megaminería en Mendoza

Llegada de la columna de San Carlos, Tunuyan a Lujan de Cuyo- 08/12/2025

Desde que el gobernador Cornejo envió a la Legislatura provincial el proyecto de aprobación del emprendimiento megaminero San Jorge (ver HOY 2088), Mendoza atraviesa una verdadera pueblada por el agua y contra el saqueo.

Venimos de semanas de intensas protestas: concentraciones frente a la Legislatura durante el tratamiento en ambas cámaras; cacerolazos en distintos departamentos, especialmente en el Valle de Uco y el Sur provincial; múltiples puntos de reclamo en Guaymallén, Capital y la zona Este; el importante ruidazo del martes 2/12, que reunió cerca de 10 mil personas; la enorme vigilia del día 8 por la noche, previa al tratamiento en el Senado; y las históricas caminatas y caravanas desde Uspallata y el Valle de Uco, de más de 100 kilómetros, bajo el lema “La ruta de San Martín no será la ruta del saqueo”.

Todas estas acciones confluyeron en la jornada del 9, que fue verdaderamente histórica, federal, masiva y multisectorial. Resultó profundamente emotiva la llegada simultánea de las caravanas de Uspallata, el Valle de Uco y el Este al corte que se realizaba en el nudo de la Costanera, principal ingreso a la ciudad de Mendoza. Desde allí, las columnas se dirigieron a la Legislatura provincial, donde se debatía la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.


Votos de la élite, rechazo del pueblo

El gobernador, de la mano del gobierno nacional de Milei, logró imponer la aprobación mediante acuerdos por arriba. De los 38 senadores, el oficialismo y sus aliados contaban con mayoría: 19 de Cambia Mendoza, 1 del PD Libertario y 7 de Unión Mendocina con base en el PRO. La oposición, que reunía 11 bancas (9 del PJ/Fuerza Patria, 1 de Encuentro Peronista y 1 del Partido Verde), terminó dividida.

Votaron en contra los cuatro legisladores más cercanos al kirchnerismo, el Partido Verde y una senadora de Unión Mendocina. En cambio, cinco legisladores del PJ, vinculados principalmente a algunos intendentes, votaron a favor del proyecto. Esta decisión generó un profundo cuestionamiento interno en el PJ y Fuerza Patria, por su complicidad con el proyecto de Cornejo y Milei. Al mismo tiempo, incluso intendentes radicales, como el de Junín, comenzaron a cuestionar públicamente el proyecto y al propio gobernador.

La aprobación en el Senado desató una enorme indignación popular. El acampe frente a la Legislatura se movilizó por las calles céntricas y se convocó a un nuevo ruidazo esa misma noche. Esta protesta se convirtió en una de las movilizaciones más grandes de la historia mendocina: se estima una extensión de más de 15 cuadras. Se destacó especialmente su carácter autoconvocado, popular y multisectorial.

Desde entonces, Mendoza vive un clima de efervescencia permanente. Se realizaron concentraciones, asambleas, volanteadas, movilizaciones y cacerolazos en la mayoría de los departamentos y localidades. Hubo cortes de ruta en Uspallata, grandes marchas en General Alvear, San Carlos, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, Lavalle, entre otros puntos. En la ciudad de Mendoza se registraron protestas casi a diario. Aunque es imposible contabilizar con precisión, han sido decenas de miles los mendocinos movilizados.

Represión, extorsión y calumnias

Tras la aprobación, el gobernador, en complicidad con los medios hegemónicos, intensificó una campaña de desprestigio contra la protesta social. Ningún medio dominante dio cuenta de la gigantesca movilización del martes por la noche. Por el contrario, reforzaron su rol desinformador y tergiversador. El canal del grupo Vila-Manzano, por ejemplo, sostuvo: “Perdió el fantasma de que con presión y violencia puede torcerse lo que votó la gente y lo que dicen las instituciones”.

Sin embargo, la protesta sacudió al gobierno, que es consciente del profundo rechazo popular que generó la medida. Teme que vuelvan a emerger los fantasmas de la rebelión del 2019, capaces de frenar su proyecto extractivista. En ese marco, el gobierno salió a pedir “calma” y “tranquilidad”, prometiendo supuestos “controles estrictos” y reforzando un discurso entreguista basado en falsos beneficios.

Paralelamente, se profundizó la represión. Se desplegaron grandes operativos de las fuerzas de seguridad: vallados en la Legislatura, presencia de infantería, policías motorizados y efectivos armados con armas largas, además de provocaciones e infiltrados. El día 11 se llevó adelante una verdadera razzia, con la detención de 13 manifestantes, entre ellos dos periodistas. También fueron detenidas cuatro personas por pintar un mural en defensa del agua.

Mucho en juego y final abierto

En un contexto de inestabilidad económica, nuevo endeudamiento y fuga de capitales, el proyecto megaminero constituye uno de los pilares del plan económico del gobierno de Milei. Para ello, se avanza en la modificación de la Ley Nacional de Glaciares, incorporando la figura de “zonas periglaciares” con el objetivo de habilitar la explotación minera a gran escala en esas áreas.

No se trata de proyectos de desarrollo nacional, sino de enclaves extractivistas extranjeros, al mejor estilo colonial, favorecidos por los beneficios del RIGI. Lejos de traer progreso, profundizan la dependencia y la entrega. Proponen un esquema perverso: extraer nuestras materias primas estratégicas y no renovables para luego vendernos esos mismos recursos transformados en productos manufacturados. Una batería de celular o de auto eléctrico puede multiplicar entre 30 y 40 veces el valor original del cobre. Todo ello a cambio de migajas y contaminación. Parafraseando las palabras de Atahualpa Yupanqui: “La contaminación es para nosotros, los minerales son ajenos”.

Desde el PCR y el PTP hemos impulsado una amplia campaña de denuncia contra este proyecto de saqueo y contaminación, sosteniendo la necesidad de una minería nacional y estatal al servicio del pueblo y la Patria, y no de los grandes monopolios externos. Esto puede verse reflejado en el video “7 razones para decirle no al proyecto San Jorge”.

Mendoza es una de las últimas provincias que aún impedía la megaminería con uso de sustancias tóxicas. Para el gobierno y las corporaciones está en juego enormes ganancias: se estima que la empresa minera suiza-rusa recuperaría su “inversión” en apenas un año. Su explotación, además del saqueo, implica un grave riesgo de contaminación de la principal cuenca hídrica de la provincia, que abastece a tres de cada cuatro mendocinos.

Desde abajo se ha conformado un frente amplio, diverso y combativo que enfrenta en las calles esta avanzada entreguista y contaminadora. Participan intendentes, sectores de la Iglesia, asambleas por el agua y numerosas organizaciones populares. El gobierno apuesta al desgaste, la extorsión y la represión, pero la memoria de lucha del pueblo mendocino es profunda, y lo que está en juego también.

Vamos a una lucha prolongada que podrá triunfar si mantiene su carácter federal, multisectorial, popular y masivo. Desde el PCR/PTP sostenemos la necesidad de articular la lucha de la ciudad con las distintas localidades, impulsando todas las modalidades de lucha convenientes, buscando fortalecer las luchas en cada lugar con las múltiples organizaciones que hay en los territorios, sosteniendo las acciones en lugares de trabajo y estudio y planteando el pronunciamiento de sindicatos y múltiples organizaciones.

La lucha, lejos de estar derrotada, recién comienza. La gesta del agua crece desde abajo. Si la lucha es de todos, podemos pararlos. Como dice el cántico: “La cordillera qué linda está, y si la tocan, qué quilombo se va a armar.”

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Apostamos a una minería nacional y estatal

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5 razones para decirle No al Proyecto San Jorge

1 Saqueo de riquezas

El proyecto de extracción y uso de nuestros bienes comunes será llevado a cabo por la empresa suiza Zonda Metals (radicada en paraísos fiscales y con múltiples denuncias) y la empresa nacional Grupo Alberdi, que dirige el proyecto minero Cerro Amarillo. Su objetivo es la explotación de cobre, oro y otros minerales. La empresa estima una producción anual de 40.000 a 70.000 toneladas de cobre anuales. Actualmente, la tonelada de cobre cotiza en 10.000 dólares, lo que significaría ingresos promedio de 600 millones de dólares anuales. A este precio, la empresa recuperaría su inversión inicial en un año. El proyecto calcula producir 16 años, lo que implica 15 años de ganancias extraordinarias. Además, se estima la extracción de 40.000 onzas de oro anuales, equivalentes a 120 millones de dólares anuales. Por otro lado, en el proceso también se extraerían otros minerales, muchos de los cuales no suelen ser declarados.

2 Migajas para la Nación y la provincia

La provincia cobraría una regalía del 3 %, lo que equivale a 18 millones de dólares anuales. La Nación obtendría ingresos a través de impuestos y retenciones nacionales. Sin embargo, la empresa se beneficiaría del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que incluye reducción del impuesto a las ganancias, devolución de un porcentaje del IVA, disminución de impuestos a la importación y exportación, y la posibilidad de transferir sus ganancias al exterior. Mientras un trabajador minero paga impuesto a las ganancias, la empresa no. Mientras a un monotributista le aumentan la alícuota, a la minera se la reducen. Mientras un ciudadano paga el 21 % de IVA, la empresa accedería a tasas preferenciales. Cabe destacar que todos los pagos relacionados con estos minerales dependen de la declaración que haga la propia empresa.

3 Se llevan el recurso primario y nos venden el producto elaborado

El cobre es un mineral esencial para la transición energética y tiene múltiples usos en la producción industrial. Sin embargo, la política extractivista y primarizadora del gobierno impide el desarrollo local: en la provincia no se procesará nada, sino que todo el mineral en bruto será exportado para su refinamiento en el exterior. De este modo, la provincia pierde recursos y luego debe pagar elevados precios por los productos derivados del mismo mineral. Por ejemplo, una batería de auto eléctrico contiene en promedio 40 kilos de cobre, lo que equivale a casi 5.000 dólares. Sin embargo, el precio de venta de la batería asciende a 12.000 dólares en promedio. Es decir, el cobre se exporta sin procesar a 10 dólares el kilo, pero una vez industrializado su valor se multiplica por doce, alcanzando los 120 dólares por kilo. Lo mismo ocurre con las baterías de celulares, donde el incremento de valor puede llegar a quince veces su precio original. Es fundamental fomentar la producción en origen. Como decía Belgrano: “No exportemos cuero, exportemos zapatos”.

4 Contaminación

La explotación se realizará a cielo abierto, el método más depredador y riesgoso tanto para el medio ambiente como para la salud de la población. Para ello, se excavará un “tajo” de 20 cuadras de largo por 10 de ancho y tres de profundidad. Los minerales serán triturados, molidos y separados mediante sustancias que aún no han sido especificadas en el proyecto, aunque posiblemente se utilice xantato. Procesamiento que emitirá sulfuro de carbono (tan toxica como el cianuro) en niveles mayores a los permitido (según el informe de la UNCUYO, 270 veces más). Además, se construirán cuatro colectores de procesamiento o diques de cola, siendo el más grande de ellos de una extensión similar al Parque San Martín. El proyecto San Jorge demandará 12.000 m³ de agua por día, lo que equivale al 20 % del consumo diario de la ciudad de Mendoza. La explotación se ubicará a 37 km de Uspallata, y hasta el momento no hay información precisa sobre la vinculación de la cuenca Yalguaraz con la cuenca del río Mendoza. Una posible contaminación de las aguas subterráneas podría afectar el principal suministro de agua del Gran Mendoza. Por otro lado, la actividad minera también impactará la calidad del aire, generando un polvillo tóxico extremadamente fino con altos niveles de arsénico y mercurio. Por último, el proyecto se realizará en una zona de sismicidad muy elevada, lo cual complica la estructura de los diques y escombreras.

5 No hay licencia social

El proyecto de explotación minera ha intentado ser aprobado en múltiples oportunidades, pero ha sido rechazado de manera constante por la comunidad de Uspallata. En 2011, un informe de impacto ambiental realizado por la UNCUYO rechazó el proyecto y presentó múltiples observaciones. A pesar de ello, el gobernador vuelve a impulsarlo, esta vez mediante el uso de la fuerza y la represión. Ha procesado a dos militantes ambientales con falsas acusaciones, imputándolos bajo la figura de “coerción ideológica”, es decir, como terroristas por el solo hecho de defender el agua. Desde hace 20 años, el pueblo de Mendoza lucha contra la megaminería saqueante y contaminante, como lo demostró la gigantesca movilización de 2019. Como dice el cántico: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Seguimos apostando por una minería nacional y estatal (una posibilidad es con un área minera de YPF 100% estatal) basada en métodos no extractivistas, donde los organismos públicos, con participación ciudadana, garanticen los controles ambientales. Una minería que respete el uso del agua para el consumo humano y para el desarrollo de la matriz productiva agroindustrial centrada en la pequeña y mediana producción. Defendemos una minería que genere los recursos necesarios para construir un país soberano, con industrialización en origen, capaz de reducir la dependencia externa y revertir la primarización impulsada por las grandes potencias. Una minería que promueva el desarrollo, beneficie a las comunidades involucradas y cuente con licencia social. En definitiva, una minería en beneficio del pueblo y la Patria, y no de los grandes monopolios externos.

PTP/PCR – Mendoza

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Llamamiento para enfrentar el infierno mileista y pelear por una salida popular

Comunicado- Llamamiento a la unidad popular

Las políticas de ajuste y entrega de Milei han agravado, como nunca antes, la situación política y social; millones han caído en la pobreza y la indigencia; se profundiza la crisis productiva ante el incremento de insumos y la apertura indiscriminada del comercio exterior; continuamente se intenta vulnerar y eliminar derechos históricos; se profundiza una política fascista que amenaza, persigue y reprime a luchadores populares y el gobierno intenta rematar al país entregando recursos y empresas estratégicas al capital externo. Cornejo por su parte no solo avala y sostiene esta política nacional, sino que avanza con los proyectos de megamineria saqueante y contaminante.

Sin embargo, millones enfrentan en las calles las distintas formas de ajuste y represión. Se han desarrollado luchas desde la base que, en momentos claves, lograron converger y golpear el corazón de la política gubernamental. Ejemplo de ello fueron los paros nacionales, la masiva marcha universitaria y, más recientemente, la movilización en respuesta a las declaraciones fascistas, racistas y patriarcales del presidente.

La estafa de las criptomonedas ha desnudado al gobierno y ha producido un cambio en el humor social. Muchos de los que votaron a Milei han comenzado a cuestionarlo al ubicar que la “casta” en definitiva son los de abajo. No obstante, persisten sectores populares que le otorgan tiempo con distintos argumentos. Mientras los sectores más reaccionarios si bien se mantienen activos, las fuerzas de Milei no han logrado ganar las calles.

Nos encontramos en un momento histórico de inflexión en el que se abren distintas perspectivas para el pueblo y la patria. Un profundo debate atraviesa la sociedad sobre cuál es la salida a esta crisis. En este escenario hacemos un llamado a las fuerzas políticas y sociales que venimos enfrentando este infierno mileista y luchamos por otro futuro, a unirnos y construir un gran frente a partir de los siguientes puntos que dejamos a consideración:

1. Unidad en las urnas y en las calles. La gravedad de la situación exige luchar por la más amplia unidad para enfrentar las políticas del gobierno. Anteponer mezquindades electorales solo favorece la división del campo popular. Es necesario construir un gran frente que no solo dispute en las urnas el rumbo del país, sino que también coordine las luchas sociales que hoy se encuentran dispersas. No hay ni habrá una solución real a la crisis a través de un camino electoral estrecho. Reducir la pelea a las urnas significa atar nuestra suerte a las reglas del enemigo. Una verdadera política de soberanía y transformación popular requiere de fuerzas políticas y sociales que la gesten y la sostengan frente a la embestida del poder oligárquico y de las potencias imperialistas. Este frente debe articularse tanto desde arriba como desde abajo, promoviendo la organización multisectorial y la acción en fábricas, fincas, barrios y lugares de estudio.

2. Unidad programática y autocritica. Si bien el ascenso de Milei fue impulsado por los monopolios y grandes medios de comunicación, las vacilaciones del gobierno de Fernández y las políticas que descargaban la crisis abajo y otorgaban concesiones a los grupos de poder, fueron generando un caldo de cultivo para esta reacción. Muchas fuerzas populares y antiimperialistas, conscientes del peligro de la derecha fascista enfrentamos esas políticas vacilantes y antipopulares. En Mendoza, a UP le faltó firmeza en su rol opositor a Cornejo (fondos de Portezuelo, presupuesto, por ej.) y en impulsar una coordinación de los sectores sociales en lucha. Hoy, más que nunca, es imprescindible una unidad basada en un programa claro, que no se estructure en torno a figuras, sino en torno a propuestas y medidas concretas para salir de esta profunda crisis. Desde nuestra perspectiva, no hay salida sin investigar y suspender el pago de la fraudulenta deuda externa, sin una reforma impositiva que grave las grandes fortunas y sin medidas soberanas que impulsen la producción nacional y nacionalicen sus sectores estratégicos. Asimismo, es fundamental un posicionamiento claro contra la megaminería controlada por los monopolios extranjeros, que solo deja saqueo y contaminación en nuestros territorios.

3. Un frente equitativo y democrático. Un frente que respete las correlaciones de fuerza pero que busque integrar y hacer protagonistas a las organizaciones y sectores que vienen enfrentando desde abajo estas políticas fascistas. Un frente con instancias democráticas de debate sobre las acciones, propuestas y candidaturas.

PTP – PCR Mendoza – 5/3/2025

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Detrás del humo, está el rumbo.

Hablemos del rumbo cipayo de Milei y Cornejo.

Milei y Cornejo

Mendoza ha perdido miles de puestos de trabajo con la importación de frutas, verduras y vino.

Mientras Milei trata de reacomodarse del golpazo sufrido por el escándalo cripto, aquí en la provincia avanzan dos procesos en paralelo, por un lado se destruye la producción agroalimentaria, llegando a la triste situación de ver producción que queda tirada en la chacra por no tener valor y es destruida por la rastra del tractor, y por el otro avanzan los negocios privatizadores del agua con la firma de convenios entre la Provincia y la empresa Mekorot. El proyecto de succión de riquezas (oro y cobre) avanza. Empresarios locales, medios de comunicación, y políticos enganchados en esos negocios es el paisaje a la vista. En el marco de la fiesta de la vendimia se expresará seguramente un fuerte rechazo a esa política nacional y provincial. 

Del escándalo/estafa de Milei surge algo que muestra el rumbo cipayo de este gobierno. Cuando Milei hace su descargo de lo sucedido en la entrevista de Joni Viale ocupa muchos minutos diciendo que él quería ayudar a un grupo de emprendedores tecnológicos que suelen estar en la informalidad y necesitan de una mano. Y al mismo tiempo y sin sonrojarse, desde su gobierno recorta el presupuesto en Ciencia y Tecnología, y abre las importaciones destruyendo la industria nacional golpeando más fuerte en las industrias de mayor valor agregado, o sea, las tecnológicas. El recorte de presupuesto en estas áreas ha sido en promedio un 30% (fuente: https://ciicti.org/). En sentido inverso, en los EEUU el estado invierte como nunca en la industria tecnológica (700.000 millones de dólares por ley del Congreso).

A Mendoza le pega de lleno la importación de frutas, verduras y vino del exterior. Entre 2023 y 2024 el vino importado pasó de 8.923 a 43.885 hectolitros (fuente: INV), y el tomate de 7.899 a 23.492 toneladas, sólo por nombrar dos productos. Cuentan productores que el zapallo que entró de Brasil hace un mes hizo que el zapallo mendocino de la zona de Fray Luis Beltrán quedara tirado en las fincas. Eso repercute en que la construcción en las zonas rurales está paralizada, ya que los ingresos de los productores se destinan a mejoras en la construcción en forma inmediata. Esa es la Mendoza de Milei y Cornejo.

Lo que estamos viviendo es como el baile de la silla en los cumpleaños de los niños, cuando se para la música, uno de los participantes se queda sin silla y sale del juego. Bueno, ahora se paró la música y sale del juego la industria alimenticia mendocina. Antes, salieron los salarios de los empleados públicos, y antes, los jubilados. Y antes las universidades públicas, y así.

La cantidad de tomate que ha sido desplazada ronda las 16.000 toneladas. Serán desplazadas por trabajo importado. Con estas medidas no sólo pierden plata los productores de tomates, sino que se desarman cadenas productivas completas: persona que abandona una actividad productiva es conocimiento perdido, es tierra ociosa, es una familia más en la calle. Difícil es medir la pérdida cuando se habla de economía productiva. La historia muestra que economías que se primarizan se acercan al modelo de algunos países africanos de clases altas aristocráticas y mayorías miserables. En el medio una pequeña clase media con trabajo formal. Es el modelo de sociedades fragmentadas, segregadas, formadas por islas.

Algunos empresarios, viendo sólo el lado lleno del vaso, se entusiasman con quedarse con más porción de la torta del mercado cuando sus colegas van cayendo. No ven, sus bolsillos les tapan los ojos, que a largo plazo un mercado interno deprimido y con una población segregada con mayorías empobrecidas son la verdadera traba para el desarrollo de sus negocios. Es llamativo que muchas Cámaras empresarias se muestran preocupadas por las importaciones pero a reglón seguido piden reducción de impuestos y reforma laboral para abaratar por el lado de los salarios. Apuntan sus lanzas a sus mismos pies. Esto es una demostración más de que la ideología de cada clase se forma desde su posición en el modelo productivo, como ya lo dijera Carlos Marx. Los que tienen el timón del barco piensan sólo en hacer más plata, y no les importa estrellar la nave, porque ellos tienen botes privados.

En el plano ideológico los libertarios te hacen creer que te salvás solo, y que tus enemigos son los que valoran la comunidad organizada, lo social, lo gremial, lo colectivo. En ese sentido trabajan tu identidad como consumidor, mostrando las bondades de la importación libre, sin aranceles, y te hacen olvidar que, además, y fundamentalmente, sos productor, sos trabajador, ya que estás brindando tus servicios en un mercado productivo y dependes de que a todos les vaya bien para que a vos te vaya bien. Si el país no tiene industria nacional, vos deberás conformarte con trabajos precarios y sin derechos. Esa es la batalla cultural y política en curso.

Escribe Nicolás Guillén- Sociólogo

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No a la privatización de IMPSA

En el marco de la Ley de Bases, el gobierno nacional y provincial han acordado la privatización de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.).

En 2021, tras una prolongada crisis financiera que se extendió por más de una década, el Estado nacional y provincial intervinieron para rescatar a la empresa adquiriendo la mayoría de sus acciones. La composición accionaria quedó de la siguiente manera: Nación 63,7 %, provincia 21,2 %, acreedores privados 9,8 % (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileños, entre otros), y la familia Pescarmona 5,3 %. Como dijimos en su momento o se avanzaba en una empresa 100% estatal, que abriera los cuadernos e hiciera pagar a sus responsables o se iba a retroceder.

Los 20 millones de dólares aportados fueron un salvavidas provisorio para pagar deudas y para financiar la concreción de proyectos claves como la elaboración del reactor nuclear de Atucha II, nuevas turbinas para Yacyretá, turbinas para el parque eólico de La Rioja, fabricación de equipos para YPF y componentes auxiliares del reactor CAREM, entre otros.

En su momento, esta decisión, apoyada tanto por el gobierno de Fernández como por el de Suárez, tenía como objetivo, entre otras cosas, viabilizar la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento en el sur provincial. Este proyecto tuvo como único oferente a una empresa china, que requería socios locales como IMPSA. Pero la oposición a este proyecto por parte de un gran abanico social que reclamaban obras indispensables de agua y riego y los cuestionamientos de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRC0), dejaron en el aire ese acuerdo provisorio.

Con la llegada de Milei y las brutales políticas de entrega, Cornejo rápidamente se fue alineando a esta nueva sintonía. El gobernador ha avanzado en proyectos con capitales extranjeros para la explotación de cobre, uno de los requisitos del Pacto de Mayo, y la provincia ha sido la primera recibir inversiones inscriptas en el RIGI. En este marco, el gobierno ha colocado a IMPSA como la primera empresa con participación estatal que intentará privatizar.

Milei habría afirmado: “Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar”. Por su parte, Cornejo señaló que IMPSA es inviable y desestimó la posibilidad de que siga siendo estatal, calificando esa idea como un sueño de “economía soviética”.

Lo cierto es que IMPSA es la única empresa en América Latina con la capacidad tecnológica, laboral y técnica para fabricar equipos hidroeléctricos de gran envergadura, parques eólicos y, especialmente, componentes para la energía nuclear. La privatización de IMPSA representa un golpe directo al desarrollo soberano del país, particularmente en el ámbito nuclear.

Entre los posibles compradores destaca la empresa estadounidense ARC Energy. Sin embargo, esta compañía, que supuestamente desembolsaría 25 millones de dólares, exige la cancelación previa de la deuda de IMPSA, que asciende a unos 500 millones de dólares. Además, pretende condiciones que incluyan despidos masivos y contratación bajo formatos laborales flexibles, es decir, con convenios de ultraexplotación. Actualmente, la empresa cuenta con 750 trabajadores y técnicos altamente calificados.

El «negocio» de Milei y Cornejo implica entregar una empresa estratégica con tecnología de punta; asumir la deuda sin responsabilizar a sus verdaderos causantes (Pescarmona y asociados); permitir despidos de trabajadores calificados; y otorgar beneficios y exenciones impositivas al nuevo propietario. Esto significa financiar la entrega de una empresa que podría producir equipamientos estratégicos, para luego tener que importarlos o adquirirlos de la misma compañía privatizada. ¡Qué negocio del libre mercado!

Este mes, IMPSA pagó solo la mitad de los salarios de sus trabajadores, y el aguinaldo está en riesgo. Hay presión para acelerar la crisis de la empresa para facilitar la venta de acciones a costos menores con coimas mayores. Ya vivimos un escenario similar en los años 90, cuando se entregó nuestro patrimonio, se vaciaron las empresas y el país quedó con deudas, compañías saqueadas y altos niveles de desempleo.

No es posible defender los puestos de trabajo sin luchar por una empresa que esté vinculada al desarrollo de la industria nacional. Necesitamos una IMPSA que priorice la soberanía energética y sea garante de la producción de insumos y partes agrícolas e industriales que actualmente dependen en gran medida de las importaciones.

El pasado 20 de noviembre se realizó un acto frente a las instalaciones de IMPSA, organizado por la Comisión en Defensa del Patrimonio Nacional, con la participación del PCR, la CCC, entre otros sectores. Los trabajadores ya han llevado a cabo varios paros para reclamar sus salarios y defender sus puestos de trabajo. Solo la unidad y la lucha conjunta de los trabajadores y el pueblo podrán frenar esta entrega y avanzar hacia un camino de soberanía.

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Malvenida a Milei a Mendoza

El viernes pasado Cornejo recibió a Milei en la provincia de Mendoza, llegó a la provincia para participar del cierre de la 45° Convencional Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Los ejecutivos que asistieron al discurso del presidente, destacaron algunos de los logros de gestión en estos nueve meses, como la baja de la inflación y del déficit fiscal. Sin embargo, al terminar la exposición, que se extendió por más de una hora, las conversaciones entre empresarios dejaron en claro que todavía persisten dudas sobre dos temas claves: la recuperación económica y la esperada salida del cepo al dólar.

Mientras esto ocurría dentro del hotel Sheraton, afuera mendocinas y mendocinos se reunieron para expresar su descontento con la política de hambre, entrega y represión que viene desarrollando el presidente libertario.

Cánticos, banderas, carteles se hacían presente en manos de jubilados/as, estudiantes, comerciantes, trabajadores estatales, movimientos sociales, la asamblea popular por el agua, partidos políticos. De las organizaciones presentes estuvieron la CCC, Movimiento Evita, Somos, Ni un pibe/a menos por la Droga, y partidos políticos PCR, PTP, PO, PTS, Corriente Pueblo Unido, Movimiento Sin Trabajo ´Teresa Vive. “Milei – Cornejo: Ajuste parejo” fue la pancarta que apuntó contra las gestiones y medidas tanto para el gobierno provincial y como el nacional.

Se va entretejiendo la unidad en la provincia para enfrentar las políticas de Cornejo y Milei, la situación es grave, el hambre crece y vemos que la situación va a empeorar, ya vimos lo que sucedió estos días donde este gobierno hambreador vetó un aumento a las jubilaciones y reprimió a las y los jubilados, y destinó 100 mil millones de pesos para fortalecer el aparato represivo. Milei y sus aliados quieren una Argentina para pocos, engordando los bolsillos de imperialistas y terratenientes, y entregando nuestra soberanía. Él va por más represión si es necesario para hacer pasar su política, por eso seguimos impulsando confluencia de las luchas y la organización popular para enfrentar esta política. Hay que ir por un paro activo y multisectorial en todo el país.

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Código de aguas turbias (II) o Sobre el Código de Aguas y el uso para consumo humano

Código de aguas turbias (II) o
Sobre el Código de Aguas y el uso para consumo humano
El agua como bien común dado por la naturaleza, desde siempre ha tenido usos básicos que aseguran la subsistencia de la vida y el género humano, el consumo directo, el uso para la producción de alimentos y el uso para conservación del ambiente de vida, derechos vitales e inalienables. Con el desarrollo se fueron agregando usos industriales y energéticos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, aprovechando este bien común que pertenece a todos por igual y no, como insinúa el combo RIGI-Mekorot-Código-DGI-Cornejo, solo a quienes traigan inversiones o tengan capacidad para ellas, compitiendo con el derecho de uso de la población y los pequeños productores del campo y la ciudad.
Que tenemos hoy en el Area de agua potable.
Como breve foto del tema aparece primero el mas importante de los actores: los usuarios de agua potable y saneamiento, que hoy se ven afectados por tarifas muy difíciles de pagar y un servicio que genera gran cantidad de reclamos por falta de agua, baja presión y roturas . Deficiencias que en muchos casos tienen su origen en la época de OSM SA y que muestran que no alcanza aún con el dinero aportado en obras por el gobierno provincial y sería uno de los sectores que necesitarían un impulso importante con parte de los mil millones de dólares del ex proyecto de Portezuelo del Viento. Están los barrios con mal servicio, lo pueblos de la periferia y el interior con operadores que se mantienen con buena voluntad, ayuda comunitaria y municipal y bajos recursos y otros problemas de vieja data como son el servicio en el pedemonte y el problema a solucionar del arsénico natural en Lavalle, entre otros.
Siguen luego los prestadores de servicio, en primer plano AySAM etapa actual de la vieja OSM SE, que fue entregada en su dirección a una empresa francesa en los 90 que ni siquiera cumplió con sus propios planes de desarrollo y expansión pero que si le generó un juicio a la provincia y una estructura de funcionamiento que aún cuesta mucho seguir mejorando. Después están tres municipios prestadores de servicio y mas de cien Operadores Comunitarios, la mayoría sin posibilidades de mejorar su estructura por falta de recursos, y que merecerían otra parte de esos 1000 millones de dólares.
En la foto también está el Ente Regulador, EPAS, creado por ley 6044. Aquí hay que señalar que dicho organismo, cuestionado -por desconocimiento o intencionalmente- al tener el estado provincial la mayoría accionaria de AySAM SAPEM, viene siendo desinstitucionalizado desde la asunción del primer gobierno de Cornejo: se lo bajó de categoría poniéndolo al mismo nivel de su controlado AySAM, se achicó su directorio negando la participación de directores en representación de otras fuerzas políticas, nunca se nombró Presidente dado que debía ser aprobado por el senado y se lo viene ahogando financieramente desde hace varios años. Dicha campaña de desprestigio oculta las funciones principales de : auditoría de AySAM y especialmente el apoyo técnico-administrativo-legal y control de calidad sobre los Operadores Municipales y más de un centenar de Operadores Comunitarios que sirven a cerca de 300.000 mendocinos. En
el Artículo 241 se establece la creación de una autoridad de aplicación que se llamaría Departamento General de Aguas que tendrá ingerencia en todos los usos, incluido el agua potable, asumiendo funciones que hoy cumple el EPAS, que entonces ¿ pasaría de ser un Ente Autárquico, según Ley de creación, a una oficina mas de dicho Departamento?.
El agua para qué y para quién?
Es claro que en el caso del agua potable para consumo directo y el saneamiento hay costos, dado que se requiere de tratamientos para cumplir con normas sanitarias establecidas y obras de distribución, pero siendo el acceso al agua un derecho humano y vital, volviendo a los 1000 millones, es el lugar en donde el Estado debería garantizar su acceso en cantidad y calidad mas allá de la condición económica del consumidor.
Si bien el Código establece como objetivos en el Art 2-b Regular los medios de acceso al agua como derecho humano, priorizando la satisfacción de las necesidades domésticas y el abastecimiento poblacional , conviven en el mismo Código consideraciones que pueden relativizar esta prioridad. En el mismo Articulo 2 punto g) se plantea Fortalecer la planificación hídrica general y especial, fomentando el reconocimiento del valor económico del agua, las mejores tecnologías para el uso eficiente y la producción limpia (Mekorot?); de lo cual se infiere la valoración de la importancia del agua como mercancía y por lo tanto accesible a quien pueda pagarla.
También se plantea en el Código un orden de prelación de usos en el Artículo 68, siendo los tres primeros : a) Abastecimiento de población y usos domésticos b) Riego del arbolado público c) Riego agrícola y otros usos agropecuarios , pero este orden, según el ARTICULO 69 En forma fundada, a solicitud del Poder Ejecutivo provincial, las prioridades establecidas precedentemente podrán ser alteradas cuando se acreditare fehacientemente que el beneficio económico-social es notoriamente superior que el de la solicitud preferentemente competitiva, lo cual deja en manos del PE la decisión final sobre la prioridad de uso. Aquí aparece una pregunta: ¿beneficio económico-social para quién y medido con que parámetros?. Se plantea esto en un gobierno como el de Cornejo en donde el oficialismo cuenta con el PE, la mayoría en las cámaras legislativas y probadas influencias en el poder judicial, dejando casi ningún lugar para cuestionamientos a sus decisiones. Otro actor de esta trama es Mekorot, la empresa israelí que ha sido uno de las principales herramientas de la política de opresión y control sobre el pueblo de Palestina y denunciada en la ONU en 2014 por estos hechos. Con respecto a esta empresa, en notas periodísticas, un integrante del Consejo Asesor del Código muy experimentado en el tema, señala que la Provincia de Mendoza tiene una larga historia y destacados profesionales que podrían haber realizado el trabajo de esa empresa con mayor conocimiento de ”cuál es la realidad histórica, geográfica y económica en donde debe regir el Código, que es en Mendoza, que integra lo que llamamos la cultura del desierto”, haciendo referencia a que en el año 1947, profesionales israelíes vinieron a aprender del manejo del agua en Mendoza y señalando que este Consejo Asesor no han tenido
acceso a los 6 tomos de información generados por la empresa Mekorot. Hay otros cuestionamientos al papel de esta empresa en otras provincias y existe un pedido de informe en la Legislatura provincial de Mendoza para conocer los acuerdos secretos que la involucran. Hay que tener en cuenta también la reciente sanción de adhesión provincial al RIGI que prioriza las grandes inversiones para lo cual declara nula toda legislación que se oponga a su aplicación, por ejemplo la Ley 7722 que regula la minería metalífera saqueante y contaminante, junto al Código Minero y el Distrito Minero con sus 34 proyectos cuyo Informe de Impacto Ambiental está siendo cuestionado por la FaCAI (UNC). En el Código existen también algunas particularidades como son el Articulo 30 que establece caudales ambientales, de lo que se infiere que deberán solucionar el problema de la llegada del agua al secano de Lavalle y las lagunas de Guanacache por ejemplo, la garantía del uso de aguas en dominios privados en el Articulo 52, que nos hace remitir a las obras y residencia en el pedemonte del algún exitoso empresario mendocino y el artículo 61 que dice que en medio del calor del verano mendocino está prohibido refrescarse en un zanjón o una hijuela de riego pero si se puede pagar para bañarse en el tramo de un cauce o playa de un espejo de agua, concesionado a un privado (Articulo 81), de tal forma de ahorrar al estado la infraestructura de lugares públicos accesibles para todos, ¿como se podrían haber hecho en cualquiera de las bajadas de cota del Dique Potrerillos por ejemplo?.(Otra vez los 1000 millones)
En resumen, como caminos que confluyen hacia un solo destino: el uso del agua como una mercancía, a este Código hay que sumarle el papel de Mekorot, la reciente sanción de adhesión provincial al RIGI, el Código Minero, el Distrito Minero y la visita de altos funcionarios de EEUU y China.¿El agua para qué y para quién?
Entonces no alcanza con la participación en una página del gobierno. Es necesario que se discuta un plan Hídrico integral en beneficio de los pueblos, que tenga como objetivo prioritario, sin alteraciones, satisfacer las necesidades básicas como el consumo en cantidad y calidad y la producción de alimentos, después de lo cual analizar demás usos.
Partido del Trabajo y del Pueblo -Mendoza

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO MENDOZA

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Repudiamos el atentado a militante de la agrupación verde (SUTE)

El día 5/6 a la madrugada intentaron incendiar el vehículo de Daniel Pérez colocando una botella plástica con combustible próxima a una cubierta y debajo del tanque de nafta y del tubo de GNC. La rápida acción de Daniel evitó que el auto pudiera no sólo incendiarse sino explotar, como advirtió el propio personal de investigaciones, lo que hubiera afectado el frente de la vivienda.


Como se ha demostrado el hecho no hace pensar que se pretendía robar la rueda ni el vehículo, que
no sufrió ningún tipo de forzamientos, sino que el objetivo era hacer explotar el automóvil, con
consecuencias imprevistas.


Daniel y su pareja son trabajadores de la educación, militantes docentes históricos, que vienen
denunciando las políticas de ajuste en la educación, peleando por aumento presupuestario y salarios
dignos. Daniel ha sido secretario gremial del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) del departamento de Las Heras, Mendoza.


Esta acción se produce en el marco del avance de las políticas de ajuste y entrega del gobierno
nacional y provincial: aumento de precios y tarifas, licuación de salarios y de presupuestos educativos y sociales, y con el intento de entregar nuestro patrimonio y liquidar derechos con la aprobación de la Ley bases.


También se produce en el marco del avance represivo como se ha demostrado recientemente en el ataque a los trabajadores de la educación de Misiones. Hechos que forman parte de la criminalización de la protesta social y de los ataques  y atentados a dirigentes sociales en todo el país.


Repudiamos este atentado. Hacemos responsable al gobierno provincial y nacional de la seguridad de la familia de Daniel y exigimos una profunda investigación para encontrar a los culpables y se haga justicia.


Agrupación verde 4 de abril


Contactos:
Daniel Pérez 261-5908108
listaverdesute@gmail.com

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Conversatorios en Mendoza sobre soberanía

Pablo Portuzo, Nicolás Guillén, Maria Eugenia Martín (Decana Facultad Cs.Políticas) Gabriela Lizana y Luciano Orellano.

Entre los días 16 y 17 de mayo se realizaron en Mendoza tres conversatorios titulados: “Desafíos soberanos de una patria herida”, con la presencia de Luciano Orellano que en todos los paneles abordó(con videos y graficas digitales) la importancia de la cuenca del plata, su significación en el mundo actual, el brutal saqueo de los grandes monopolios y sus consecuencias, y sobre todo la necesidad de avanzar en la conformación de un programa nacional y popular, que permita aglutinar a las distintas corrientes políticas y sociales, para enfrentar la brutal política de Milei y su plan de remate del país, y avanzar en un plan de industrialización y de desarrollo nacional para las mayorías. También contamos con la presencia de Facundo Retamoza, que colaboró con aportes esenciales sobre las actividades del Foro por la Soberanía Nacional.

El primero de ellos se realizó en San Rafael en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en el que disertaron la doctora Cecilia Muschella, secretaria de adoctrinamiento del consejo departamental del Partido Justicialista de San Rafael, abordando las terribles consecuencias de la Ley Bases; Rubén Rebolloso dirigente de APyME San Rafael, haciendo un paralelo entre la política industrial posterior al 45 y la situación posterior a la dictadura; Bruno Maximiliano Ojeda del Movimiento de Liberación Nacional, quién reflexionó sobre la marina mercante y la importancia estratégica de los ferrocarriles. Este panel fue moderado por Miguel Sorroche del Partido del Trabajo y del Pueblo de San Rafael. La charla contó con el saludo de distintas organizaciones como el Instituto Pino Solanas y del Movimiento Político y Social Proyecto Sur de San Rafael. También con la presencia de los concejales Nahuel Arscone y Sergio Ojeda, quien tramitaron la declaración de interés educativo, social y cultural de los libros «Argentina sangra por las barrancas del río Paraná» y «Crónicas soberanas de la patria herida» por parte del honorable concejo deliberante de San Rafael.

En Malargüe la charla se realizó en el sindicato de los trabajadores de la educación. La presentación estuvo a cargo de Andrés Risi, concejal mandato cumplido del Partido del Trabajo y del Pueblo de Malargüe. En esta ocasión Orellano se explayo sobre la importancia de la cuenca como de la necesidad de impulsar una verdadera política de industrialización.

El último conversatorio se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en la ciudad de Mendoza. En un aula magna repleta, la charla contó con el saludo de la decana de la facultad, María Eugenia Martín y estuvieron en el panel Pablo Portuzo, ex director de IMPSA y miembro del Centro de Economía Política Argentina, quién se refirió a la importancia de la industria nacional; Gabriela Lizana, productora vitivinícola y actual diputada provincial, que concentró su charla en la importancia de la soberanía alimentaria y el perjuicio de los oligopolios. El panel fue presentado por Nicolás Guillén, presidente del PTP de Mendoza. La charla contó con la presencia de dirigentes de distintas organizaciones políticas y sociales como Evita, Nuestra América, Soberanos, CCC, APEPRO, PCR, entre otros.

En todos los conversatorios se evidenció un gran estado deliberativo e intercambio de opiniones sobre la situación, la preocupación sobre las causas que llevaron al triunfo del actual gobierno nacional y la necesidad de avanzar en la unidad en torno a las verdaderas causas soberanas como condición no solo para enfrentar el ajuste y la entrega actual, sino para avanzar en un verdadero proyecto de emancipación nacional.

La visita dejo latente la conformación del Foro por la Soberanía Nacional en la provincia y la necesidad de participar en el segundo Encuentro Federal por la Soberanía que se realizará el 20 de junio en la ciudad de Rosario.