Miles y miles llegan en autos, bici, skater, caminando desde distintos departamentos de la provincia a la casa de gobierno con cánticos, carteles,etc.
Desde que el director general de escuelas el señor José Thomas presentó, de manera incorrecta, el borrador de la «nueva» Ley provincial de educación, en el sector de la educación se generó mucho descontento y bronca. Es que el proyecto, lejos de ser un avance para la educación, es un avasallamiento más de los que se han venido realizando a los trabajadores de la educación sistemáticamente, más aún durante el gobierno de Cambia Mendoza que ya había dado el golpe fuerte con el ítem aula.
Esta vez, la docencia mendocina y la comunidad en general, salieron rápidamente a repudiar este proyecto y a exigir que no se trate en la legislatura. Desde los gremios inmediatamente se abordó el tema, y sumado a ello también se pusieron las distintas demandas adeudadas.
Luego de los debates en las diferentes instancias escolares, el plenario provincial acordó un caravanazo para mostrar el descontento.
La medida no tardó en llegar a las y los mendocinos, por lo que se está desarrollando en este instante un multitudinario caravanazo.
Miles y miles llegan en autos, bici, skater, caminando desde distintos departamentos de la provincia a la casa de gobierno con cánticos, carteles,etc.
La comunidad mendocina se expresa según el protocolo para no generar ningún motivo a multas, ya que este gobierno esta muy ocupado en sacar dinero de las multas, y más si vas a protestar contra ellos, que de garantizar un verdadero proceso de discusión democrática para realmente elaborar una ley de educación con consenso social.
Seguiremos informando sobre lo que sucede en una próxima nota.
El pueblo ya hizo su esfuerzo, y para que haya #TierraTechoTrabajo para todos y todas es necesario que quienes se enriquecieron con la timba financiera de Macri paguen lo que tengan que pagar.
El pueblo necesita que se avance en el #AporteExtraordinario a las #GrandesFortunas del país, estamos atravesando una situación inédita en los últimos años y venimos de una economía muy golpeada que nos dejó el macrismo. La situación se ve agravada por la pandemia del Covid-19 y el estado sanitario en varios puntos del país es crítico, con hospitales y clínicas colapsadas o casi al borde de este, los merenderos y comedores populares no dan abasto en el trabajo que hacen llevando el alimento a miles en los barrios más populares de la Argentina. Miles que se triplicaron desde que empezó la pandemia, millones de argentinos y argentinas están en déficit habitacional aumentando así las tomas de tierras, cae el empleo y crece el hambre con la inflación que también recorta jubilaciones, salarios y asignaciones sociales, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores siguen aún sin paritarias, con sueldos totalmente desactualizados y cada vez se les hace más difícil llegar a fin de mes.
El pueblo ya hizo su esfuerzo, y para que haya #TierraTechoTrabajo para todos y todas es necesario que quienes se enriquecieron con la timba financiera de Macri paguen lo que tengan que pagar.
Desde el PTP estamos convencidos que esa es un camino que se debe abordar para empezar resolver las graves situaciones que se vienen dando en nuestro país y sobre todo en nuestra Mendoza, donde hay un gobernador que nada de dinero a puesto para paliar esta pandemia. Decimos #AporteExtraordinario a las #GrandesFortunas ya!
El gobierno de Suárez con el Director General de Escuelas, Thomas imponen un proyecto de ley de educación en la provincia. Siendo esta un atentado a la educación pública y al conjunto del pueblo.
El gobierno de Suárez con el Director General de Escuelas, Thomas imponen un proyecto de ley de educación en la provincia. Siendo esta un atentado a la educación pública y al conjunto del pueblo. Mientras el número de contagiados por Covid 19 crece, el sistema sanitario colapsa y se agudiza aún más la crisis económica provincial, Suárez sigue atacando los derechos de nuestro pueblo, en éste caso la educación pública. Sin participación para el debate de la comunidad educativa y en el marco de la pandemia.
Los y las docentes hacen enormes esfuerzos. Han trabajado de formas precarias, con extensas jornadas, utilizando su internet y recursos propios para dictar clases en la virtualidad, sin aumento salarial, sin aguinaldo y sin paritarias. El gobierno logra, en éste proyecto, desligarse de su responsabilidad como único garante de una educación estatal, pública, gratuita, laica, de calidad y no sexista. De ésta manera evita sancionar un presupuesto que incluya infraestructura, salarios, condiciones de trabajo, materiales didácticos, etc. Y vuelve sobre su propia retórica: Una escuela con techos que se caen, paredes con agujeros, trabajadoras y trabajadores bajo la línea de pobreza y estudiantes hacinados en las aulas.
Además, Suárez y Thomas creen encontrar en el proyecto, una forma de silenciar los reclamos y la crítica, aplicando el ciberpatrullaje violando el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de alumnes y docentes.
Instalan la corresponsabilidad en el funcionamiento de las escuelas entre gobierno y cooperadora, siendo ésto una forma de tercerización y abre camino a que fundaciones y empresas financien la educación, acabando con el principio de gratuidad y permitiendo que los planes de estudios no respondan a las necesidades de las comunidades, sino a las de los empresarios.
También el proyecto de ley aborda la cuestión de la evaluación docente en relación a la cantidad de aprobados o desaprobados, responsabilizándolos de los resultados pedagógicos, y divorciando las situaciones áulicas de la realidad social de les estudiantes.
Esta ley re-edita los objetivos del plan maestro, en tanto lograr aprendizajes de matemática y lectoescritura, subestimando el valor de otras disciplinas para el desarrollo humano, disciplinas tales como el arte. Lo peor de todo es que Suárez en vez de estar preocupado por los contagios de covid 19 y el colapso del sistema sanitario que él mismo desatiende, avanza con proyectos como éste, que atenta contra el derecho del pueblo a la educación pública. Tampoco el gobernador se ocupa de la terrible situación de pobreza que su gobierno (el de Macri y Cornejo) dejó.
Desde la Juventud Comunista Revolucionaria repudiamos éste proyecto de ley y llamamos a la más amplia unidad para enfrentar los atropellos de un gobierno autoritario como lo es el de la provincia. Le decimos al gobernador Rodolfo Suárez que las y los jóvenes estamos de pie junto a nuestras y nuestros docentes y vamos a defender la educación pública.
«Estoy viviendo en carne propia lo que ha sido esta enfermedad, hasta el día de hoy estoy aislado. Estamos viendo el tsunami venir, hay que prepararnos. El virus nos está golpeando la puerta de la casa para entrar, no hay que dejar que entre. Sabíamos que la etapa más cruel sería para principios de septiembre, este mes puede ser el de los máximos contagios» (Diego Irigo, Director del Hospital Carrillo, en MDZ Radio, 3/9).
Mendoza superó ayer los 10.000 contagiados de Covid-19, una barrera que parecía inalcanzable hace apenas dos meses y que se precipitó por la explosión de julio y sobre todo agosto. Setiembre no trae buenas noticias, al contrario: ayer se detectaron 533 nuevos casos y en apenas cinco días ya acumula 2.775, más que los registrados hasta hace un mes y 27% de los 10.182 confirmados desde el 21 de marzo (Los Andes, 6 /9).
«En hospital Central, Lagomaggiore y El Carmen, la ocupación es de 100% más pacientes intubados en guardia. En otras palabras, el sistema de salud está absolutamente colapsado» (Mariano Antonio, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central, MDZ, 7/9).
Hasta hace una semana los medios de comunicación pintaban otra realidad. Pero, quienes estamos ligados a los trabajadores y los sectores populares, manejábamos otros datos y estábamos seriamente preocupados. Por ejemplo, en el Hospital Central solo se había testeado a una parte del personal en julio. Quienes tenían síntomas leves y medios, o eran sospechosos, se enviaban a su casa para aislamiento, sin testeos. El seguimiento y control de los enfermos era deficiente.
Uno de los testimonios recibidos: “Toda una familia en Las Heras se enfermó, les hicieron PCR y están en su casa sin monitoreo, no los llamaron nunca…, es más, el jefe de hogar no sabe cómo hacer para volver a trabajar porque no tiene quien le dé el alta.”
Otro de una trabajadora de la salud: “- Hola V. ¿cómo estás?, ¿trabajando? – Sí, está saturado, no se descansa trabajando todos los días con doble laburo. A los casos leves y medios los mandan a su casa porque no hay lugar y te atiende como el traste. – ¿y se cumplen los protocolos? – Nooo, trabajamos todos los días, sólo se descansa un día a la semana o dos, nada más. A mí nunca me hicieron el control, sólo barbijos usamos”.
Otra situación comentada por una empleada: “El shopping funcionando, hay muchos contagios, cuando aparece un caso lo mandan a su casa, desinfectan el local y al otro día los demás siguen trabajando”.
Esto sin entrar a detallar la situación desesperante de los comedores y merenderos sostenidos con un inmenso sacrificio de las organizaciones sociales, y en algunos casos cerrados por contagios, y en general sin ayuda estatal (salvo honrosas excepciones).
Durante agosto comenzaron a encenderse alarmas. El Gobernador Suárez manifestó algunas preocupaciones por la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva del orden del 75-80%. Sin embargo la orientación general del gobierno provincial, obediente a la estrategia política macri-cornejista, priorizó otras cuestiones y desestimó las recomendaciones científicas.
La curva de contagios y el estado crítico del sistema hospitalario comenzaron a hacerse evidentes hacia fines de agosto y en la primera semana de setiembre prácticamente colapsó. La situación es compleja y grave para todos, pero en especial para los sectores populares. Recordemos que ya a fines del año pasado la pobreza golpeaba al 42% de la población y al 50% de niños y adolescentes.
Lejos de las falsas sensaciones de “equilibrio entre salud y economía” emitidas desde el gobierno y replicadas hasta el cansancio por la mayoría de los medios (alineados por convicción ideológica, o estimulados por la pauta oficial), estos viraron el discurso durante la última semana y comenzaron a exigir responsabilidad a los ciudadanos mendocinos. De incitarlos a recorrer shoppings; a consumir en negocios, restaurantes y bares; de indicar destinos de turismo interno y apoyar aperturas; pasaron a sugerir “mejor quedarse en casa”; amenazar con “volver a fase 1”, etc. Durante todo este tiempo ocultaron prolijamente los reclamos justos de municipales, docentes y personal de salud; mientras difundían las marchas anticuarentena, y publicitaban el reclamo de funcionamiento de “los hoteles alojamientos, pero con protocolo”.
De una supuesta unidad nacional para enfrentar el coronavirus, que pareció predominar hacia fines de marzo y abril, se pasó a una durísima campaña mediática contra la cuarentena, llegando a difundir falsas noticias de todo tipo. Desde “Juntos por el Cambio” se comenzó a hacer responsable al gobierno nacional de usar la enfermedad de excusa para recortar libertades, de no atender la economía e incrementar la pobreza.
Con razón el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo el pasado jueves 3/9 que “ Cornejo no ha planteado nunca una alternativa» a las políticas que critica, y que «la politiquería es una discusión que no va a llevar a ningún lado». También recordó que habían advertido a Suárez (y a otros gobernadores) del crecimiento de contagios.
Se ha llegado a embrollar tanto la verdadera situación, tensada desde ciertos sectores políticos y en la discusión mediática, que nos exige replantear el proceso real de la pandemia. Y lo hacemos claramente desde la situación angustiante de grandes barriadas populares, desde el sacrificio enorme del personal de salud, del esfuerzo de trabajadores de la educación y otros servicios esenciales, desde los trabajadores privados y los precarizados; y también desde los pequeños productores y trabajadores agrarios que sostuvieron la producción alimenticia; y desde las pymes afectadas por la grave parálisis económica.
Las causas de la pandemia
No es el objetivo de esta nota pero recordemos lo fundamental: las actuales enfermedades pandémicas no son desastres naturales, sino que se relacionan con el avance de la producción capitalista sobre todo lo existente, la cual se expande destruyendo todos los ecosistemas: grandes concentraciones urbanas, industrialización contaminante, cría intensiva de animales, apropiación de los últimos bosques primigenios, deforestación, agricultura industrial, monocultivo genético de animales domésticos. A esto se suma la intensificación de viajes y contactos en todo el planeta. Es un sistema de producción que explota a los seres humanas y destruye la Naturaleza.
Por lo tanto no son Fernández ni Macri, ni Suárez ni Cornejo, en cuanto personas, los inventores del virus ni lo esparcen. Pero enfrentan la pandemia de diferentes modos, con objetivos y prioridades distintos. La pandemia no debe “partidizarse” en términos de grieta absurda e irresponsable. Pero sí debe “politizarse” en términos del necesario debate sobre políticas públicas, las que serán acertadas o erróneas para enfrentarla. Y en general, las políticas de salud se corresponden con el enfoque ideológico y las políticas económicas o sociales que se tenían en tiempos “normales”: definirán como van a transitar la enfermedad quienes necesiten del sistema de salud.
El virus enfrentado a un organismo individual no pregunta si es macrista, peronista o de izquierda. Pero la evolución de la enfermedad dependerá de las políticas adoptadas y de las previas condiciones de vida, económicas, sociales y sanitarias.
El Aislamiento no es el culpable de la crisis económica y, aunque no evita que llegue la enfermedad, resultó la medida necesaria para retrasar la llegada del pico de contagios, dando tiempo para preparar y reforzar el sistema sanitario. No es correcto ni justo hacer politiquería barata como la de Cornejo que acusaba al presidente Fernández de “enamorarse de la cuarentena”.
Se planteó erróneamente un dilema entre economía y salud, cuando se trata de economía y de política y de salud. La realidad es compleja, abarca todas esos aspectos que plantean contradicciones y prioridades. Además la economía en abstracto no existe; cuando el macri-cornejismo plantea cuidar la economía se refiere a mantener los negocios de los grupos que “se la han llevado con pala”: capital financiero, terratenientes, agro-exportadores, hiper y supermercados, telecomunicaciones, grandes bodegas, etc. El parate económico no afecta por igual a una gran bodega que a los contratistas, pequeños viticultores, cosechadores u obreros bodegueros.
Abordamos la complejidad del problema desde la posición de salvar las vidas, y desde allí prestar los auxilios económicos necesarios, buscar los mecanismos para producir los bienes esenciales en la crisis, establecer y respetar protocolos para producir con seguridad, etc. El gobierno nacional, aún con limitaciones e insufciencias, tomó ese camino. El Gobierno provincial priorizó las ganancias por ejemplo de las grandes bodegas desentendiéndose de la suerte de los obreros “golondrinas”.
No hay sinceridad cuando se protesta contra los “170 días de cuarentena”, porque en Mendoza solo hubo cuarentena real un mes, y luego se fueron relajando las limitaciones y restricciones a las actividades y circulaciones, y prácticamente sin controles. Recordemos lo que pasó el día del amigo (20 de julio), y el día de la marcha opositora al gobierno nacional (17 de agosto). El diputado nacional De Marchi se mostró desafiante ese día cuando es uno de los responsables de Luján sin hospital.
Epidemiología simplificada para enfrentar las mentiras
Este gráfico publicado en Los Andes (6/9) muestra claramente la “disparada” de los contagios en los meses de julio y agosto.
Gráfico publicado en Los Andes (6/9)
Vamos a realizar un ejercicio sumamente simplificado de los números para que se comprenda la naturaleza del nudo más grave del problema: el número limitado de recursos y de personal de salud. Comenzando setiembre en Argentina se contabilizaban 500.000 contagios y 10.000 personas fallecidas. En Mendoza se orillaban los 10.000 casos y 150 muertes.
Lo preocupante pasó a ser la velocidad de crecimiento de los contagios. Al 26 de agosto en nuestra provincia había 5.585 casos (206 en personal de salud). Al 7 de setiembre se registró un total de 10.972, es decir que en 12 días se produjeron 5.387 nuevos casos. Se desprende claramente que el aumento de las actividades, las aglomeraciones, el descuido de normas mínimas, ha provocado la mayor circulación del virus, por lo cual también se aceleró la tasa de positividad: los testeos que daban positivo en un 22% de casos a comienzos de agosto, saltaron al 49% a fin de mes.
No hace falta ser epidemiólogo, sino observar con racionalidad y realizar unos simples cálculos, a grosso modo, para entender cualitativamente la gravedad del problema. En 15 días se producen la misma cantidad de contagios que en 4 meses. Haciendo cálculos redondos sobre 1,9 millones de habitantes, un 10% de contagios son 19.000 personas. Se estima que el 2,5% va a requerir atención en UTI, lo cual significa unas 475 camas. Según la información oficial el sistema cuenta con unas 330. Además las camas y respiradores pueden aumentarse más rápidamente que el personal capacitado para atenderlas. Las camas pueden resistir; en cambio las personas sometidas a meses de trabajo exigente y angustiante se enferman y mueren.
Las conclusiones son obvias. Es un virus de baja letalidad, pero muy contagioso, que requiere asistencia para un porcentaje determinado de enfermos La tasa de letalidad promedio del COVID 19 es del 2%. Pero si faltan camas, respiradores, o personal, es decir si hay déficits de atención la tasa se eleva. El número de contagios avanza más rápido que el número de recuperados, llevando a la saturación de los centros hospitalarios. En esa condiciones se produce el colapso del sistema sanitario, expresado en pacientes intubados en la guardia de un hospital, ambulancias recorriendo horas con pacientes a bordo para conseguirle una cama, o en aparición de protocolos que crudamente indican a quien atender y a quien dejar morir. ¿Era inevitable llegar a este punto? ¿O el erróneo cálculo “económico” de nuestros gobernantes lo provoca? ¿Hay equilibrio posible entre vidas por salvar, entre muertes evitables, y costos económicos?
Llegar a discutir la aplicación de este protocolo de prioridades, claramente, se bebe a la imposibilidad de tratar todos los casos, como si estuviéramos en situación de desastre natural o algún otro hecho imprevisible. Traducido a lenguaje de la calle, quiere decir que un adulto sano, tendrá prioridad en recibir atención frente a un adulto mayor, así como lo tendrá, según se entienda el concepto de “bien común”, un empresario o un profesional frente a un desocupado o un ama de casa.
Hubo decenas de voces (sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos) que advirtieron de la gravedad de la situación. El Gobierno respondió multando a sindicatos, golpeando y encarcelando, amenazando a la oposición, imponiendo su número en la Legislatura. Ni siquiera ha explicado con claridad en qué y cómo ha gastado los supuestos 3.000 millones de pesos volcados a la emergencia.
Es el único responsable de las políticas incorrectas que desembocaron en un sistema de salud colapsado, falta de insumos, pésimos cuidados hacia el personal de salud, precariedad laboral y salarios congelados.
Los sectores populares debemos discutir la política para decidir sobre nuestros destinos
En abril planteamos que era incorrecto el dilema “economía o salud”, “economía o política”, sino que se trataba de hallar una respuesta política a la pregunta ¿Quién paga los costos de la pandemia? Un gran debate político, que ya venía recorriendo la Argentina, se agudizó desde comienzos de marzo. Quienes controlaron el anterior gobierno nacional, que mantienen el poder en nuestra provincia, se opusieron y boicotearon todas las iniciativas que rozaran intereses de los sectores y grupos económicos poderosos del país y la provincia.
El Gobernador Suárez, en línea con el Diputado nacional y presidente de la UCR Cornejo, suspendió paritarias, congeló salarios, postergó pagos de aguinaldo, ignoró los pedidos de las organizaciones sociales, se negó a constituir un Comité de Emergencia. Ambos se quejan por la baja de la recaudación, culpando a las medidas de aislamiento, y se oponen furibundamente a un impuesto a las grandes fortunas.
El Diputado De Marchi, referente del PRO mendocino y ex intendente de Luján participó irresponsablemente de la marcha del 17 Agosto (¿reclamando libertad?) mientras los lujaninos claman desde hace años un hospital para su departamento.
El intendente de Las Heras, Orozco, destinó en julio 125 millones de pesos para remodelar la Plaza Marcos Burgos y alrededores, mientras colapsan los hospitales Gailhac y Carrillo, y la pobreza golpea alrededor de 100 lasherinos y lasherinas.
El intendente de Guaymallén, Iglesias, actúa como lobista del Mendoza Plaza Shopping, cuidando los intereses y negocios del poderoso grupo IRSA. Responde con la policía a los desesperados pedidos de auxilio de los comedores y merenderos de su departamento, y se desentiende del cierre de 8 centros de salud del departamento, dejando sin la mínima atención a un sector importante de la población, varios de ellos (Cnia. Molina, Cnia. Segovia, La Primavera, Jesús Nazareno) de zonas alejadas de los hospitales y centros de más complejidad.
El gobernador Suárez ha estado ocupado en cuestiones como la designación arbitraria de Teresa Day en la Suprema Corte; la reforma de la Constitución para “abaratar la política”; la modificación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura; la apertura de los bares y restaurantes de la Arísitides Villanueva para exhibir un rostro de “normalidad”; etc. Todo esto mientras da la espalda a dos centenares de barrios, villas y asentamientos donde las necesidades sanitarias y alimenticias han crecido exponencialmente.
El jefe del radicalismo y aspirante a líder de la derecha argentina se pasea por los medios estimulando maniobras desestabilizadoras del gobierno nacional, propiciando medidas a lo “Bollsonaro” para enfrentar la pandemia, lo cual significa “que mueran rápidamente los que tengan que morir para encargarnos de nuestros asuntos”. Ha defendido públicamente a los millonarios de Argentina, incluyendo a empresarios corruptos y vaciadores, como el caso de Vicetín.
Los llamados a la responsabilidad individual no sirven si el Gobierno apunta para otro lado. Claramente ha fracasado la línea de privilegiar los negocios de los grupos económicos que sostienen al gobierno provincial por sobre las prevenciones sanitarias y la atención del 50% de la población sumido en la pobreza. O ha triunfado si ese es su objetivo no declarado. Es un enfoque que tiene por finalidad acumular riquezas a costa de la explotación y los sufrimientos de una mayoría. Es una minoría poderosa, indiferente e insensible ante la muerte de sus compatriotas.
Por estas razones, los trabajadores y el pueblo debemos tomar la política en nuestras manos y discutir el rumbo.
PROPUESTAS PARA UNA POLITICA PUBLICA EN MENDOZA QUE PRIORICE LA RESERVACION DE LA VIDA
El Gobierno nacional ha tomado al inicio de la crisis sanitaria medidas acertadas para ganar tiempo y auxiliar a los sectores más afectados. Pero son insuficientes, y se han detenido (caso Vicentín) o demorado (impuesto a las fortunas) ante la terrible presión del poderoso bloque de imperialistas, oligarcas, financistas, y monopolios.
Se requieren fondos necesarios para enfrentar el colapso sanitario, la crisis económica y la emergencia social. No pueden salir de los bolsillos vacíos de los trabajadores, sino de las grandes fortunas acumuladas en los últimos años.
SE REQUIEREN MEDIDAS URGENTES QUE SOLO PUEDEN PROVENIR DE LAS POLITICAS ESTATALES; PORQUE LOS DUEÑOS DEL MERCADO SOLO PRIORIZAN SUS GANANCIAS
* POR UN IMPUESTO DE EMERGENCIA NACIONAL Y POR UNA CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA DE LAS GRANDES FORTUNAS EN LA PROVINCIA.
*AMPLIACION DEL SISTEMA HOSPITALARIO Y CAPACITACION DE PERSONAL
* PRIORIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.
* ASISTENCIA URGENTE CON ELEMENTOS DE HIGIENE Y ALIMENTOS A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.
* MEDIDAS DE RESTRICCION DE LA CIRCULACION, RESPETANDO DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
* AUXILIO ECONOMICO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL CIERRE PARCIAL DE ACTIVIDADES.
* REDOBLAR TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD POPULAR.
* ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA DESDE ABAJO, EN CADA BARRIO Y LUGAR DE TRABAJO PARA ENFRENTAR LAS MANIOBRAS DE LOS GRUPOS DOMINANTES.
Desde el Partido del Trabajo y del Pueblo, lamentamos el fallecimiento por Covid-19 de Viviana Laura, quién fue una gran trabajadora de la salud de la provincia. Nuestro compañero Nicolás Guillén, quien pudo hablar con su padre, Alejandro, recordaban del camino solidario que ella había emprendido con tanto amor, el cuidado de los demás. De lo feliz que le hacía ejercer la enfermería, de la dedicación que ponía todos los días en su arte. De los esfuerzos que hizo para poder estudiar en las difíciles condiciones que cualquier familia trabajadora rural de Ugarteche tiene que sortear para llegar a donde ella llegó. Jesús, su hermano, sigue los pasos de la enfermería también, a poco de recibirse. El otro costado de Viviana, poco conocido, es su paso por la organización de trabajadores rurales de la zona, la Corriente Clasista y Combativa, ya que toda su familia es de ese origen. Junto con cientos de vecinos allá por 2014 fueron protagonistas de una lucha que empezó a crecer y todavía sigue inconclusa por el Plan Intercosecha y otras necesidades de la zona. Su papá Alejandro, su mama Olimpia, y su hermano Daniel, junto con ella, fueron pilares de la solidaridad y de los reclamos de ese sector tan olvidado del sur de Luján de Cuyo.
Por eso vaya como homenaje para Viviana también recordar ese lado tan humano como su carrera de enfermería, la organización de su clase para mejorar la vida de los demás. Te recordaremos siempre!!!
Consiste en exigir una contribuciónextraordinariaal 0,1% de la población que concentra el 50% de las riquezas.
Proyecto de Contribución Extraordinaria de las grandes fortunas provinciales para enfrentar la crisis
Desde la Junta provincial del PTP en el Frente de TODOS, hemos propuesto un “proyecto de Ley de Contribución Extraordinaria” que plantea una contribución única y especial dirigida “a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierras, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la Provincia”, como se afirma en el artículo 1°.
El proyecto propone en su artículo 4°: “Destinar los fondos recaudados para enfrentar la grave emergencia sanitaria, social, alimentaria y económica, haciendo parte a los sectores afectados, a través de la conformación de un Comité de Emergencia”.
La Contribución extraordinaria se enmarca en la grave crisis agravada por la pandemia que ha profundizado los niveles de pobreza e indigencia; la crisis alimentaria y social; el quiebre de empresas y negocios; las rebajas salariales, despidos y suspensiones; sumado a los propios requerimientos del sistema sanitario que amerita considerables refuerzos tanto en los establecimientos como de insumos y medidas de protección para el personal de salud.
Mientras amplios sectores sociales y productivos han agravado su situación, un núcleo de sectores altamente concentrados han mantenido su situación económica o inclusive la han mejorado. Existe una profunda desigualdad social, mientras el 60% de la población cobra salarios menores a 30 mil pesos, las grandes empresas que superan en Mendoza los cien millones de pesos de facturación concentran en conjunto más del 50% del total del PBG (Producto Bruto Geográfico), que el año pasado (se estima) superó los 500 mil millones de pesos.
La gran desigualdad en patrimonios e ingresos, hace que la crisis se viva de diferentes modos y la contribución a su abordaje no puede ser similar entre quienes pelean por llegar a fin de mes y quienes han acumulado amplias riquezas. Ya de por si el sistema impositivo es absolutamente regresivo, por ejemplo la empresa francesa Danone paga en concepto de regalías al Estado por mil litros de agua mineral $24, mientras cientos de miles de usuarios pagan cifra inmensamente mayores por el servicio del agua en un pequeño lote.
Ante este agravamiento de la crisis y la caída de la recaudación, surgen distintas políticas y posiciones. O se ajustan las partidas sociales y se continúa buscando recaudar sobre los que menos tienen, o se abordan las graves emergencias sociales impulsando una contribución extraordinaria sobre los grandes grupos que concentran la riqueza provincial.
Continuar con la actual política significa reducir sueldos del estado, eliminar contratos labores, postergar aguinaldos, negar partidas de emergencia en salud (lo que implica escatimar testeos o no proveer de medidas de protección al personal sanitario), congelar ayudas sociales (mientras desbordan comedores y merenderos comunitarios), y no brindar ayudas concretas a la pequeña y mediana empresa, negocios y producción agropecuaria.
La contribución extraordinaria podría alcanzar los 10 mil millones de pesos, que representa el 50% del actual presupuesto de salud. Urge un debate sobre este y otras medidas de emergencia que permitan afrontar la grave crisis sanitaria, social y económica.
Esquema de la “Contribución Extraordinaria provincial”:
a) Una contribución extraordinaria a las personas y asociaciones que hayan superado los cien millones de pesos anuales de facturación en el 2019, a los que se les cobrará una alícuota que tomará como parámetro los ingresos brutos abonados en ese año, que será progresiva y escalonada partiendo de 25% de los mismo y alcanzando el 100% a los que hayan superado los diez mil millones de pesos.
b) A las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 500 y de secanos mayores de 5.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota progresiva y escalonada tomando como parámetro el impuesto inmobiliario anual del 2019, que partirá del 50% y alcanzará el 100% según la superficie y la zona de la propiedad.
c) A las empresas o entes que abonan regalías, ya sean privatizadas de servicios públicos o de sectores de usufructo de recursos y bienes comunes de la Provincia, a los que se le aplicará una cuota extraordinaria equivalente al 50% sobre los pagos de regalías efectuados en el 2019.
Junta Provincial del PTP
Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de TODOS
Este 7 de agosto 2020 se viene una gran Jornada Nacional en todo el país y en Mendoza se hará un acto virtual en la fábrica recuperada La Terre. A 4 años de la primera marcha de los Cayetanos por Techo, Tierra y Trabajo, que permitió avanzar hacia la ley de Emergencia Social y selló la unidad de los Cayetanos que permitió derrotar a Macri en las calles y en las urnas, se siguen movilizando, aunque de manera diferente debido a la grave situación sanitaria provocada por el COVID-19.
Esta unidad gestada en las calles se replicó en las urnas, y fué así que el Frente TODOS derrotó a Macri. Tal como lo dijo Otto Vargas, en su momento, es la nueva izquierda en la Argentina.
Hoy, a 4 años de esa gigantesca marcha, los movimientos sociales están en la primera línea enfrentando la pandemia y dando batalla a la crisis sanitaria, económica y social que se profundizó con el COVID-19. Pero sobre todo porque están discutiendo quién paga la crisis, y es ahí donde vienen demostrando que ya no se aguanta más y que el gobierno de Suárez cambiemos, debe dar respuestas urgentes.
Desde el PTP Mendoza celebramos la unidad e impulsamos a trabajar juntos para que la crisis realmente la paguen los que se han enriquecido aún en pandemia. Por ello hemos elaborado un proyecto de Ley de Contribución extraordinaria a esas grandes fortunas, porque estamos convencidos que no podemos pagar lo mismo los que peleamos por llegar a fin de mes, que los que han ganado millones.
Legislatura de Mendoza: Proyecto de ley de contribución extraordinaria a las grandes fortunas provinciales para afrontar las graves urgencias sanitarias, sociales y económicas
Lee el proyecto
Considerando: Que producto de la grave crisis social, sanitaria, económica y alimentaria, agravadas por el virus COVID-19, es imprescindible adoptar medidas extraordinarias para recaudar fondos necesarios para afrontar dichas emergencias. Que el presupuesto 2020 de la Provincia de Mendoza no podrá ser ejecutado como fue proyectado debido a la crisis derivada de la merma económica producida por la pandemia, ya que la baja en la recaudación será de una magnitud considerable si no se toman medidas extraordinarias. Que de no adoptarse medidas extraordinarias, la crisis afectará en mayor profundidad a los sectores vulnerables que ya soportan situaciones de emergencia por la falta de trabajo, despidos, rebajas salariales, que han provocado un incremento de la pobreza y de la indigencia en la Provincia. Que existe una difícil situación en la pequeña y mediana empresa, en la producción agropecuaria, en los negocios y comercios, que debe atenderse con ayudas económicas que eviten la quiebra, los despidos y el riesgo de aperturas comerciales que no son indispensables. Que hay grandes disparidades en la capacidad para afrontar la crisis entre los distintos sectores económicos debido a las diferentes posiciones en el mercado y en el sistema productivo, por lo que se requiere que su aporte sea diferencial. Que el sistema impositivo de la Provincia es altamente regresivo, por gravar proporcionalmente más a los que menos tienen y que el alto nivel de desigualdades sociales nos obliga a discutir cómo se generan las riquezas y cómo se distribuyen los beneficios en la Provincia. Que los sectores altamente concentrados como el sistema financiero; el comercio minorista controlado por súper e hipermercados; las telecomunicaciones; la extracción y refinación del petróleo; la propiedad territorial de las explotaciones agropecuarias; la vitivinicultura, especialmente las grandes bodegas exportadoras en su mayoría de capitales extranjeros; los grandes complejos y propietarios inmobiliarios; entre otros, son quienes deben realizar una contribución extraordinaria ante la situación de emergencia social, sanitaria y económica. Que es fundamental adoptar las medidas necesarias para evitar que la contribución extraordinaria se traslade a los precios perjudicando a los consumidores finales. Que esta medida requiere un profundo análisis y replanteó de la estructura impositiva provincial y su relación con el ámbito nacional en relación a la coparticipación en un futuro próximo, para avanzar en una reforma impositiva integral que modifique el sistema impositivo regresivo y avance hacia una estructura progresiva y diferencial según sector, origen y facturación para hacer realidad la premisa de que paguen más los que más tienen. Que en tanto se estudie esta reforma integral deben tomarse medidas de carácter coyuntural sobre los recursos de origen provincial. Que el proyecto se articule y relacione con proyectos similares como el presentado por la diputada provincial Laura Soto, que busca gravar en un 100% la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) a bancos e instituciones financieras privadas que operen en la provincia. Resuelve: Art. 1 Establecer una contribución extraordinaria a las grandes fortunas, grandes propietarios de tierras, sectores de mayores ingresos y actividades altamente lucrativas que residen en la Provincia. Art. 2 La contribución extraordinaria se realizaría por única vez sobre la base del siguiente esquema y de los datos, facturaciones y registros del 2019: a) Una contribución extraordinaria a las personas, asociaciones y entidades económicas que hayan superado los cien millones de pesos anuales de facturación en el 2019 o su equivalente en moneda extranjera. Según la facturación anual, se cobrará la siguiente cuota tomando como parámetro los ingresos brutos del año mencionado: una alícuota del 25% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cien millones de pesos ($100.000.000); una alícuota del 50% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de mil millones de pesos ($1.000.000.000); una alícuota del 75% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000); una alícuota del 100% de los ingresos brutos del 2019 a quienes hayan facturado más de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). b) A las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 500 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 50% del impuesto inmobiliario anual del 2019 y a las propiedades de zonas rurales irrigadas mayores de 1.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 75% del impuesto inmobiliario anual del 2019. A las propiedades de zonas irrigadas y de secanos mayores de 5.000 hectáreas, a las que se les aplicará una cuota extraordinaria igual al 100% del impuesto inmobiliario anual del 2019. c) A las empresas o entes que abonan regalías, ya sean privatizadas de servicios públicos o de sectores de usufructo de recursos y bienes comunes de la Provincia, a los que se le aplicará una cuota extraordinaria equivalente al 50% sobre los pagos de regalías efectuados en el 2019. Art. 3 Se exceptuarán de las contribuciones extraordinarias a aquellas empresas, asociaciones y personas que atraviesen una situación financiera crítica producto de la crisis económica en el marco de la pandemia, y que estén en condiciones de justificar dicha situación. Art. 4 Las empresas, asociaciones, personas y actividades que superen el umbral de facturación de los cien millones de pesos y que cuenten con el beneficio de Tasa 0 en relación a los ingresos brutos u otros beneficios, también serán incluidos en la Contribución Extraordinaria y la alícuota se establecerá calculando los porcentajes que tendrían que haber abonado si no contarán con dicho beneficio. Art. 5 Destinar los fondos recaudados para enfrentar la grave emergencia sanitaria, social, alimentaria y económica, haciendo parte a los sectores afectados, a través de la conformación de un Comité de Emergencia con la participación del Gobierno, las intendencias, asociaciones de la pequeña y mediana producción, las organizaciones sociales y los sindicatos de los sectores afectados para mejor distribución, seguimiento y control del uso y destino de los fondos. Fundamentos De carácter excepcional, por única vez, con destino a la emergencia económica, social y sanitaria, arrastrada desde fines de 2019, agravada por la pandemia, y como contribución al relanzamiento productivo de la Provincia de Mendoza. De carácter provincial, independiente de los gravámenes nacionales que se estuviesen estudiando (como el Proyecto de Impuesto a las grandes riquezas presentado por el Frente de Todos, que prevé establecer una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos). a) Crisis económica y social: En el marco de la pandemia la situación social y económica se ha agravado considerablemente, aumentando los niveles de pobreza e indigencia, la desocupación y la caída de la actividad económica con el cierre de negocios y empresas. Esta situación tiene como precedente un contexto previo de gravedad estructural. En la ley tributaria 2020 se anexa el documento “Consenso Fiscal 2019” firmado por el Presidente y los gobernadores, incluido Rodolfo Suárez. Allí se explicita que la “grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad. Entre los años 2015 y 2019 el PIB se contrajo más de un 5% y el PIB per cápita un 8%”. Se citan los niveles de pobreza (superiores al 35% de la población) y la tasa de desempleo (10,6%), la alarmante tasa de inflación, las altas tasas de interés, los incrementos en las tarifas de servicios públicos y el enorme peso de la deuda pública, “en su mayor parte contraída durante los últimos cuatro años”. Todas esas razones fundamentaron las modificaciones en los anteriores consensos fiscales. La Provincia de Mendoza no escapa a las características generales e incluso presenta números más graves en muchos casos. Un PBG 2019 menor al de 2015; un 29,7% de hogares y un 42,1% de población en condiciones de pobreza, lo cual significa unos 800.000 mendocinos y mendocinas; vencimientos de capital e intereses de deuda imposibles de afrontar, entre otros. b) Sistema impositivo regresivo Según el presupuesto aprobado para 2020 los recursos de origen provincial representan el 54% (el resto, 46%, son de origen nacional). La Provincia puede legislar sobre los primeros, clasificados en Tributarios (54%), y No Tributarios (46%). En los recursos Tributarios la distinción central es entre Patrimoniales (Inmobiliario, Automotor) y los relacionados con la actividad económica (Ingresos Brutos, Sellos, etc.). Vistos históricamente, los relacionados con actividad económica crecieron de un 72 a un 78% en 2007/2011, y llegar al 87,6 en 2018.
En tanto los impuestos patrimoniales eran el 18% en 2007 y fueron disminuyendo en importancia hasta representar el 9,5% en 2014 y quedar en 12,1% en 2018. En los recursos No Tributarios, la distinción central es entre las regalías que representan un 21,5%, mientras que otros recursos no tributarios trepan al 72% de este rubro. Las regalías por hidrocarburos están reguladas por la ley 27.007 (modificatoria de la ley de Hidrocarburos 17319), establecidas en un 12% con posibilidades de reducirlas a un 5% o incrementarlas a un 18%. En relación al origen de los fondos provinciales, en primer lugar se encuentran los ingresos brutos que representan el 53% de los recursos provinciales; el segundo lugar el rubro “otros no tributarios” que representa casi el 16%, y en tercer lugar las regalías con un poco más de 12% (principalmente las de origen petrolero); en cuarto lugar “Sellos y tasas” representa el 6,7% de los ingresos de origen provincial; en quinto lugar automotor con el 5%; en sexto lugar “tasas retributivas de servicios con un 3,6%; en séptimo lugar inmobiliario con un 2,9%; entre otros. El análisis presupuestario refleja que la estructura impositiva es totalmente regresiva, paga más el que menos tiene. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el 45,5% de los ingresos de las familias están destinados a pagar impuestos. La mayor parte del presupuesto proviene de la actividad y el trabajo de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediana producción agropecuaria y de los contribuyentes asalariados. En relación a los ingresos brutos, si bien hay diferencias por actividad, no presentan diferencias según tipo de empresa o facturación (excepto algunos casos específicos), ni progresividad en general. Esta estructura impositiva no grava a las grandes riquezas o facturaciones, que son las que concentran las principales actividades económicas, Pese a la necesidad de una reforma impositiva integral, dado el carácter ineficiente y regresivo del sistema actual, la grave emergencia impone una recaudación excepcional y rápida, basada en la estructura impositiva actual, y que solo afecte en la Provincia a un número reducido de grandes empresas líderes en sectores económicos concentrados y una pequeña cantidad de personas propietarias de importantes patrimonios. Esta premisa parte de un principio de justicia y equidad toda vez que no puede imponerse mayores cargas a ciudadanos sumidos en la pobreza (42% en el último registro de la DEIE, octubre 2019), desempleados, precarizados o con muy bajos salarios. La Contribución Patriótica, de carácter excepcional, por única vez y con destino específico que proponemos, combina una base de cálculo basada en impuestos de carácter económico (Ingresos Brutos) y patrimonial (inmobiliario y automotor). No modifica estos impuestos (ni en su naturaleza, ni en sus disposiciones establecidas en la ley tributaria 2020) sino que toma esas bases para calcular el monto de este tributo de emergencia. c) Concentración de la riqueza Junto a esos datos duros debe destacarse la gran desigualdad en patrimonios e ingresos, lo cual hace que la crisis se viva de diferentes modos. En el periodo 2015/2019 algunos sectores continuaron acumulando capital y propiedades mientras más de 20.000 hogares y de 100.000 habitantes caían en la pobreza. La gigantesca concentración de la riqueza en la Provincia se puede observar a través del análisis del PBG (Producto Bruto Geográfico) y las facturaciones de los rubros más importantes (1). . Utilizaremos los datos del 2017 ya que los restantes son provisorios. En comparación, se estima que el PBG del 2019 fue de $500 mil millones.
(1) Los datos se obtuvieron de los informes de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) y del Ministerio de Hacienda y la Legislatura de Mendoza.
Hidrocarburos: La facturación petrolera y gasífera provincial en su conjunto (explotación, destilación y comercialización) durante el 2017 fue de 42 mil millones de pesos aproximadamente. La actividad total estaría representada por el 95% del sector de minas y canteras (trabajo en yacimientos), el 42% del sector industrial (refinación del petróleo) y aproximadamente el 14% del sector comercial por la venta de combustibles. Esta actividad que se encuentra concentrada por un puñado de operadoras, varias de ellas de origen extranjero. Vitivinicultura: La vitivinicultura en su conjunto (cultivo y elaboración de vinos) representa el 40% del sector agrario y el 30% del sector industrial (bodegas); en conjunto moviliza una gran cantidad de actividades. Se calcula que la facturación vitivinícola en el 2017 fue de 20 mil millones de pesos. Las 15 bodegas más importantes concentran el 40% de la producción y las 8 principales concentran el 60% de las exportaciones. Supermercados: La actividad minorista y mayorista está incluida en el PBG junto al rubro de restaurantes y hoteles, así como también la venta de vehículos y naftas. El conjunto de estos sectores facturaron en el 2017 $61.371 millones. De este total el 52,5% lo concentran las ventas minoristas, canalizadas principalmente a través de los supermercados, la mayoría monopolios extranjeros; el 30,6% directamente por los grandes comercios mayoristas; la venta de autos y combustibles representa el 5,8%, y los hoteles y restaurantes el 11,2%. Es decir que un puñado de supermercados concentró casi 50 mil millones de pesos. Transporte y Comunicaciones: Este rubro facturó en el 2017 $10.971 millones. En relación a los ingresos del sector de transporte: correo 10,8%, transporte provincial de pasajeros 9,8%, aerolíneas 6,4%, cargas 4,5%, transporte interprovincial de pasajeros 1,8%, ferrocarriles 0,2%, y otros 9,6% (taxis, almacenamiento, playas, turismo). En comunicaciones se distribuye entre telefonía 44,5% y medios (radio, tv, etc.) 12,8%. Ocho empresas concentran el transporte de pasajeros con una facturación superior a los mil millones de pesos. Unas pocas aerolíneas concentraron en el 2017 más de 700 millones de pesos. En el área del correo (concentrado en tres empresas) se produjo una facturación de $1.200 millones. Las comunicaciones están concentradas en tres empresas con mayoría de capital extranjero. Sólo el sector de la telefonía facturó ese año 5 mil millones de pesos. El sector de medios y publicidad alcanzó en el 2017 una facturación de $1.500 millones. Finanzas: En el PBG el sector de establecimientos financieros incluye entidades financieras, seguros, bienes inmuebles y servicios comerciales. Las tres principales actividades son la inmobiliaria con el 52% del total del sector; las netamente financieras realizadas en bancos y entidades con el 24,7% (préstamos, créditos, depósitos, etc.), seguros con el 8,5% y servicios a las empresas 14,5%. El conjunto de este sector facturó en el 2017 $44.535 millones. Sólo el sector de bancos y seguros alcanzó los 15 mil millones de pesos, casi un 6% del PBG. Empresas de servicios: El sector de Electricidad, Gas y Agua facturó el 2017 más de 6 mil millones de pesos. La participación de cada rubro es la siguiente: 82% electricidad, 5,7% gas y 11,9% agua. En proporción Edemsa paga menos del 2% en concepto de regalías. La empresa francesa Danone paga en concepto de regalías al Estado por el agua mineral $24 por mil litros de agua. Construcción: El rubro Construcciones facturó en el 2017 $12.554 millones. Es sector abarca las actividades privadas (67% de la misma) y públicas (33% restante). Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Mendoza dijo: “Mendoza tiene aproximadamente 900 empresas registradas, nosotros como Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza tenemos 50 empresas, que hacemos el 60% de inversión de obra pública”. Explotaciones agropecuarias: El último elemento que tomamos para graficar la desigualdad existente (fundamento principal para un tributo especial a quienes acumulan propiedades e ingresos) está referido a las explotaciones agropecuarias.
Cuadro: Explotaciones agropecuarias con límites definidos y mixtas por escala de extensión, en unidades y hectáreas. Al 31 de diciembre de 2017. Mendoza, CNA 2018.
La radiografía actual de la concentración de las tierras en las EAP de mayor extensión, sin entrar a considerar la evolución de este proceso, es notable. El 84,1 % de las explotaciones son pequeñas y medianas de hasta 50 hectáreas, y ocupan sólo el 3,21% de la superficie total. En el otro extremo se ubican las explotaciones de más de 5.000 hectáreas, las que representan el 1,5% del total y concentran el 70,35% de la superficie. La contribución extraordinaria sólo abarcaría al 4,7% de las explotaciones agropecuarias que son las que concentran el 92,14% de las tierras. Partido del Trabajo y del Pueblo Mendoza, 27 de julio de 2020
A diez días de abierta la primera etapa de la licitación de la obra de Portezuelo del Viento, van saliendo a la luz nuevos cuestionamientos e irregularidades del proceso y de la obra.
Desde aquel uso electoral que hizo Cambia Mendoza, ilusionando con una inscripción para capacitación que no era otra cosa que “contar como era el proyecto” -lo cual le ayudó a ganar las elecciones instrumentando la necesidad de trabajo de muchos mendocinos- hasta los últimos cuestionamientos provenientes de sectores no opositores, el proyecto va mostrando su orientación y debilidades.
Entendemos que, de fondo, el gran debate es sobre el modelo de desarrollo y los beneficiarios principales del mismo. Un desarrollo basado en la lógica capitalista de acumulación a todo precio, que alienta y construye mega emprendimientos que le reportan buenas ganancias a quienes participan, abasteciendo a otros grandes proyectos que luego muy poco derraman para abajo. O un desarrollo orientado a satisfacer, primero, las necesidades básicas de la población en este marco de 50% de pobreza, desocupación y pandemia, generando empleo masivo, trabajo para las pymes, beneficios a los usuarios de los sectores populares; y en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible.
No son nada despreciables los 5000 puestos de trabajo prometidos. Sin embargo está aún latente la estafa de los puestos prometidos con el fracking en Malargüe; y el recuerdo de la huída de la Minera Vale, dejando miles de desocupados. También entusiasma que nos hablen de energía para 130.000 hogares, pero nos preguntamos –sin respuestas- ¿energía para el correspondiente plan de viviendas? ¿O solo se trata de dar una idea de la cantidad de energía generada, ya que la misma va al sistema interconectado nacional con diferentes destinos?
Se debe agregar también el entusiasta anuncio de la futuras regalías para Mendoza, lo cual en realidad desnuda que, en la etapa de recolectar las ganancias para amortizar el dinero invertido por la provincia, será una empresa o un consorcio privado quién manejara la Central y venderá la energía. ¿Tendrá ya nombre y apellido puesto, como ocurrió con la licitación de la obra? ¿No es mejor propuesta que una empresa pública provincial se haga cargo, obteniendo así una fuente de recursos genuinos?
Todo esto en un marco político complejo, con pésimas condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares, fruto en gran medida de los cuatro años de Macri y Cornejo. Ahora agravadas en la situación de pandemia, con necesidades de recursos frescos inmediatos, para protección del personal de salud, para mejorar servicios de hospitales y salas, para garantizar los controles sanitarios y para la infraestructura básica para llevarlo a cabo.
Un defensor de este proyecto es Cornejo, el separatista aspirante a nuevo líder de la derecha argentina, que no para de alentar la grieta y el rencor contra las provincias hermanas, contra el gobierno nacional y contra cualquiera que piense en las necesidades populares. Ocultando su responsabilidad en esta crisis.
Otro es el gobierno provincial de Suarez ( y Suarez) que, con matices, va en el mismo sentido, castigando a estatales con sueldos de enero/20 pero haciéndolos trabajar como si fueran bien reconocidos, o reprimiéndolos abiertamente mientras mienten con su gobierno de diálogo y genera muchísimas dudas sobre sus datos de pandemia.
Para continuar están las irregularidades de la obra.
Un elemento es la variación en el presupuesto de la obra. Era de 493 MD en 2011 (Jaque-CFK) y en este momento se habla de 1023 MD en letras intransferibles que depositará la Nación y un presupuesto de cerca de 850 MD. En el acuerdo de 2011, se hacía mención al trasvase del río Grande al río Atuel como obra complementaria, con el fin de mejorar la generación en los Nihuiles y abrir nuevas hectáreas a la actividad agrícola-ganadera. Hoy no se menciona esa obra y no figura en el proyecto licitado.
Todo esto relativizando el hecho de que nuestros ríos vienen de varios años de sequía y hoy los caudales del río Grande, no son los originales del proyecto.
Se continuó con una licitación, a todas luces dirigida a un sector de empresas o un consorcio, el que ganó, pese al escándalo de la salida del subsecretario de Obras Publicas Chicahuala, presunto gestor de los pliegos y a la queja, entre otros, de la Cámara Argentina de la Construcción por la misma razón. Funcionarios impunes, como el responsable de filtrar datos de la obra del acueducto Monte Comán –La Horqueta que originó la caída del préstamo del BID.
Sobre las empresas del Consorcio, único oferente de la obra llave en mano: Sinohydro, con el 40 % de la UTE, una empresa estatal china, aunque les moleste a los que se quejan por el reclamo de estatización de Vicentin, además de su particularidad de ser una empresa del imperialismo chino y como tal, parte de su penetración en nuestro país, viene siendo cuestionada por una obra similar en Ecuador, con presuntas fallas y costo final casi duplicando el presupuesto inicial. Lo cual nos trae a la memoria lo que se dice entre quienes conocen de obra pública: cuando hay un solo oferente, el costo final es el que quiere el oferente.
La segunda empresa es “China Gezhouba Group Corporation«, 40% estatal china, que por ejemplo tiene a su cargo la construcción de la represa «Néstor Kirchner» en Santa Cruz.
De las empresas mendocinas la más importante es IMPSA, con una vasta trayectoria mundial en obras similares, especialmente a nivel generación de energía, pero que hoy se encuentra en una situación particular, manejada por sus bancos acreedores, lista para ser vendida, o, pensamos nosotros, lista para ser declarada de utilidad pública y expropiable como Vicentin.
Para el final CEOSA, muy beneficiada por la obra pública provincialy OASA del grupo Alvarez, que está enroscado en una gran campaña chauvinista contra La Pampa mediante sus diarios digitales. Estas empresas también eran uno de los oferentes del, ahora frustrado, acueducto M. Comán –La Horqueta.
Completarían el grupo de trabajo, unas 50 pymes, de un total de casi 300 inscriptas, que irían como subcontratistas.
La pregunta es entonces, quienes son los mayores beneficiarios de la obra y quienes serán los futuros beneficiarios del proyecto funcionando?. Para quién es Portezuelo del Viento? Cuáles son las inversiones necesarias que estimulen la actividad económica- productiva de la provincia?
La provincia necesita de muchas pequeñas y medianas obras de infraestructura, vial, viviendas, hospitales como el de Luján, cloacas y agua potable como en Malargüe (proyecto AySAM) y Lavalle (que consta en el presupuesto 2020). Malargüe, siendo el primer productor provincial de gas no tiene red de gas natural en su villa cabecera y necesita también caminos internos en buenas condiciones, para comunicación, para comercio y turismo. Están también esperando las obras señaladas en el presupuesto 2020 sujetas a financiación. O el señalado acueducto M. Comán –La Horqueta que beneficiará a 75 productores ganaderos, con 376 kilómetros de cañería y que, en total, irrigarán una superficie de 434.580 hectáreas. Las obras eléctricas eólicas y solares del plan RenovAr, algunas en Mendoza, son una opción para la generación limpia de energía domiciliaria a bajo costo por MW instalado.
Esta claro que la deuda de la Nación con la Provincia, originada en el juicio iniciado por Mendoza por la promoción industrial que la perjudicó, juicio al cual se renuncia en 2006 a cambio de los recursos para el plan de «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, y que fue ratificado por los acuerdos sucesivos, es dinero de la provincia de Mendoza y debe cobrarse y recibirse.
También es correcto utilizarlo para proyectos integrales de desarrollo y de infraestructura en beneficio de la provincia y la región y sus pobladores, con empresas locales, pymes, cooperativas, con la participación y control del estado provincial. Asi como es necesaria la regulación de los ríos para energía, mejor aprovechamiento del agua, ampliación de la zona productiva, turismo y demás posibilidades, en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible en el tiempo. Y en el caso de cuencas interprovinciales, en acuerdo con las provincias vecinas.
Lo que entendemos es que no es, ésta megaobra, la que va a salvar a la provincia de la crisis. A su vez, en este momento, hay posibilidades inmediatas de enfrentar otros déficit de desarrollo a largo, mediano y corto plazo, con inversiones menores y medias, como las que se han planteado, en las que el estado provincial sea protagonista, con una fuerte participación de empresas de la región, pymes, cooperativas, organizaciones sociales y mano de obra locales.
Es necesario abrir este debate, ante un proyecto que va enturbiándose cada día más. El tipo de desarrollo y en beneficio de quién, es la gran discusión que debemos hacer los mendocinos.
